J. C. García Fajardo*
“Hay palabras suaves, palabras que sirven para calmar el corazón y otras que hieren. Hay palabras que emocionan a un pueblo y cambian el mundo. Y hay palabras que son veneno, palabras que se infiltran en la sangre como una droga, pervierten el deseo y oscurecen el juicio. ‘Desarrollo’ es una de esas palabras tóxicas”. Con estas palabras de Serge Latouche, en Sobrevivir al desarrollo, encabeza Miguel Jara el epílogo a su ensayo, “La salud que viene. Nuevas enfermedades y el marketing del miedo”.
Libro estimulante desde las primeras páginas, presididas por la afirmación de Tocqueville: “Las sociedades deben juzgarse por su capacidad para hacer que la gente sea feliz”.
Con este rumbo como referente despliega el autor su estudio sobre las personas hipersensibles como centinelas de la vida.
Así aborda el marketing del miedo, el negocio de crear temor para vender tratamientos. Ofrecer un malestar confortable en lugar de un bienestar saludable.
Hace años que denuncio la afirmación neoliberal de que el objeto principal del Estado es ofrecer seguridad. Esto es una falacia porque el objeto y sentido del Estado es el bienestar de los ciudadanos mediante la justicia y la primacía de la paz como fruto de esta justicia. Lo contrario ocurre en los cementerios bajo la luna, donde hay quietud porque nadie se mueve.
Todo esto, exasperado por los medios de comunicación, se convierte en un mercado sin límites. Han creado una sociedad de mercado en el que los productos somos los seres humanos.
Ya vemos con qué naturalidad los dueños de grandes equipos de fútbol o de rugby hablan estos días de “aprovechar el mercado de invierno, para vender los jugadores que nos sobran y comprar lo que necesitamos”. Para después traspasarlos, cederlos, cambiarlos, como si retratasen de herramientas que hablan, que es como Aristóteles describió a los esclavos.
Seguimos tocando en la orquesta mientras se hunde nuestro modelo de desarrollo elevado a categoría. De un modelo económico hemos derivado a una metafísica, sin atrevernos a cuestionar la premisa mayor. Huxley pronosticó la dictadura perfecta con apariencia de democracia. “Una cárcel sin muros donde nadie quiere irse ya que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos sienten amor por la esclavitud”.
Bienvenidas estas llamadas a la reflexión, a la resistencia y a la rebelión ante un modelo de sociedad en el que ya no nos enfrentamos a un mero “reajuste” de la economía, pues es el propio modelo económico global el que está en crisis. La crisis, escribe Jara, “es el estado normal de funcionamiento del modelo. No puede ser de otro modo cuando dicho proyecto económico se cimenta en el crecimiento infinito en un espacio finito como es el planeta Tierra, la casa común que nos acoge”.
Es preciso reflexionar sobre las estrategias de marketing del miedo que son testimonio del fracaso del “producto”.
Asistir impasibles al derrumbe de una civilización que ha fracasado nos sitúa en un escenario esperanzador: podemos convertir lo que es un problema en una oportunidad para evolucionar hacia algo mejor. “Es la crisis la que ofrece al individuo elegir entre seguridad y libertad; entre comodidad e imaginación; entre delegación y autonomía; elegir entre lamentarnos por los problemas o encontrar soluciones. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura”, alerta M. Jara, porque tenemos que replantear los conceptos de calidad de vida, progreso o bienestar. La verdad es que nuestra sociedad ha denominado crecimiento, desarrollo y progreso a lo que es consumir a ciegas los recursos que ofrece la naturaleza, lo que es igual a consumirnos a nosotros mismos.
Y todo esto en un mundo en el que más de mil millones de personas pasan hambre, padecen enfermedades, vegetan en la ignorancia mientras se destroza el medioambiente. Una economía social asoma la cabeza entre los residuos provocados por una economía de despilfarro que pretendía hacerse “sostenible” sin reducir su actividad, escribe con esperanza nuestro autor, porque se trata de superar la crisis perenne con valores como la austeridad, la sobriedad, la belleza de lo pequeño; el decrecimiento sostenible.
Cuando nadie ni nada te necesita, ¿qué sentido tiene sobrevivir sin referencia ni esperanza? Pero tiene que ser posible la esperanza en otro mundo posible porque es necesario.
* http://nesemu.blogia.com/
jueves, 7 de enero de 2010
lunes, 4 de enero de 2010
desplazamientos en masa provocados por conflictos y violencia unilateral
Roberta Cohen y Francis M. Deng*
Los desplazamientos masivos de personas dentro de los países y a través de sus fronteras se han convertido en una característica común del mundo de la posguerra fría. También es un causal mayor de inseguridad humana. Las causas subyacentes a los desplazamientos masivos son los conflictos en torno al poder, la riqueza y la apropiación de recursos. Por lo tanto existen oportunidades para que tanto las autoridades nacionales como internacionales hagan frente a las más profundas divisiones estructurales en las sociedades cuando traten de poner fin a los conflictos y a los desplazamientos a través de procesos de paz.
La necesidad de protección internacional para las personas desplazadas internamente (PDI) fue uno de los factores que aceleró un cambio en la política internacional y el pensamiento en torno a la responsabilidad del estado. El sistema estato-céntrico en el que la soberanía era absoluta ha evolucionado en uno en que la conducta de los Estados respecto a sus ciudadanos se ha convertido en un asunto de preocupación y escrutinio internacional. El movimiento por los derechos humanos ha postulado por mucho tiempo la visión de que los derechos de las personas trascienden las fronteras y que la comunidad internacional debe hacer responsable al gobierno cuando éste no cumpla con sus obligaciones. El despliegue de más operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz para proteger a los civiles refleja esta nueva realidad, al igual que los esfuerzos de prevención y construcción de la paz.
Sin embargo, conceptos como la soberanía como responsabilidad y la responsabilidad de proteger (R2P) están muy lejos de la voluntad y la capacidad internacionales para ser aplicados. Es muy importante que las Naciones Unidas, los gobiernos involucrados, los organismos regionales y la sociedad civil (a) ayuden a los Estados a desarrollar sus propias capacidades y (b) presionen por el desarrollo de herramientas necesarias para lograr que la comunidad internacional desarrolle acciones
efectivas cuando las medidas persuasivas fracasen y grandes cantidades de personas se mantengan bajo la amenaza de la violencia y la tragedia humanitaria.
Los acuerdos de paz recientes cuentan con algunas disposiciones para el regreso, el reasentamiento y la reintegración de los desplazados. Involucrar a las PDI y a los refugiados repatriados en las discusiones puede evitar la violencia, prevenir la explotación y el abuso continuo, crear mayor confianza y promover la recuperación de las economías locales.
Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades en torno a las PDI y la Comisión de Construcción de la Paz de la ONU debe trabajar más activamente con ellos para garantizar regresos seguros y sostenibles, eliminar la marginación de los diferentes grupos y enfrentar las causas profundas de las disputas, remediando las injusticias pasadas.
http://www.sipri.org/
http://www.sipri.org/yearbook/2009/files/SIPRIYB09summaryES.pdf
Los desplazamientos masivos de personas dentro de los países y a través de sus fronteras se han convertido en una característica común del mundo de la posguerra fría. También es un causal mayor de inseguridad humana. Las causas subyacentes a los desplazamientos masivos son los conflictos en torno al poder, la riqueza y la apropiación de recursos. Por lo tanto existen oportunidades para que tanto las autoridades nacionales como internacionales hagan frente a las más profundas divisiones estructurales en las sociedades cuando traten de poner fin a los conflictos y a los desplazamientos a través de procesos de paz.
La necesidad de protección internacional para las personas desplazadas internamente (PDI) fue uno de los factores que aceleró un cambio en la política internacional y el pensamiento en torno a la responsabilidad del estado. El sistema estato-céntrico en el que la soberanía era absoluta ha evolucionado en uno en que la conducta de los Estados respecto a sus ciudadanos se ha convertido en un asunto de preocupación y escrutinio internacional. El movimiento por los derechos humanos ha postulado por mucho tiempo la visión de que los derechos de las personas trascienden las fronteras y que la comunidad internacional debe hacer responsable al gobierno cuando éste no cumpla con sus obligaciones. El despliegue de más operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz para proteger a los civiles refleja esta nueva realidad, al igual que los esfuerzos de prevención y construcción de la paz.
Sin embargo, conceptos como la soberanía como responsabilidad y la responsabilidad de proteger (R2P) están muy lejos de la voluntad y la capacidad internacionales para ser aplicados. Es muy importante que las Naciones Unidas, los gobiernos involucrados, los organismos regionales y la sociedad civil (a) ayuden a los Estados a desarrollar sus propias capacidades y (b) presionen por el desarrollo de herramientas necesarias para lograr que la comunidad internacional desarrolle acciones
efectivas cuando las medidas persuasivas fracasen y grandes cantidades de personas se mantengan bajo la amenaza de la violencia y la tragedia humanitaria.
Los acuerdos de paz recientes cuentan con algunas disposiciones para el regreso, el reasentamiento y la reintegración de los desplazados. Involucrar a las PDI y a los refugiados repatriados en las discusiones puede evitar la violencia, prevenir la explotación y el abuso continuo, crear mayor confianza y promover la recuperación de las economías locales.
Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades en torno a las PDI y la Comisión de Construcción de la Paz de la ONU debe trabajar más activamente con ellos para garantizar regresos seguros y sostenibles, eliminar la marginación de los diferentes grupos y enfrentar las causas profundas de las disputas, remediando las injusticias pasadas.
http://www.sipri.org/
http://www.sipri.org/yearbook/2009/files/SIPRIYB09summaryES.pdf
lunes, 28 de diciembre de 2009
si banqueros y políticos fueran ángeles
Víctor Lapuente
Qué tienen en común los escándalos financieros en Estados Unidos que han desencadenado la crisis económica mundial con los escándalos de corrupción política que hacen que la mayoría de sociedades de la Europa del Sur y del Este estén cayendo en los índices internacionales de buen gobierno por debajo de países como Chile, Botswana o Qatar?
El factor más repetido a ambos lados del Atlántico es "la avaricia de unos pocos". Es un argumento muy útil para los políticos. Queda bien en los mítines disertar sobre la avaricia como resultado de la idolatría a las fuerzas del mercado desregulado o la cultura del pelotazo. Además, apelando a la avaricia humana, los políticos pueden imponer la solución más fácil de vender al electorado: mayor regulación pública (más procedimientos administrativos y registros más detallados de las actividades de todo tipo de instituciones públicas y privadas) y más organismos públicos que actúen como controles externos de las instituciones potencialmente peligrosas. Destinemos más recursos públicos a agencias reguladoras de las instituciones financieras y a fiscalías o agencias anticorrupción.
Sin embargo, hay motivos para dudar sobre la funcionalidad de esta creciente industria del control público -más allá obviamente de ayudar a ganar elecciones para los que la defienden-. Por una parte, los estudios de corrupción política muestran que aumentar el número de procedimientos administrativos (para llevar a cabo cualquier actividad económica privada o pública) o introducir agencias específicas para la lucha contra la corrupción no tiene efectos positivos significativos. Por ejemplo, la mayoría de países con bajos niveles de corrupción ni tienen agencias anticorrup-ción ni las tenían cuando estaban combatiendo activamente la corrupción.
Por otra, si analizamos los escándalos financieros que han afectado a tantos bancos americanos, vemos que el origen de los mismos no reside tanto en la ausencia de agencias reguladoras -pues siempre es posible encontrar fórmulas creativas para sortear casi todo tipo de regulaciones- como en la excesiva tolerancia hacia el riesgo de los directivos de algunas instituciones financieras. Los ejecutivos adoptaron (o toleraron que sus subordinados adoptaran) decisiones de mucho riesgo que no habrían tomado con su propio dinero. Pero eran los ahorros de los accionistas. En otras palabras, una lectura alternativa de la crisis financiera es la de un abuso sistemático de los intereses de los accionistas de las propias instituciones afectadas por parte de los ejecutivos de las mismas, que sabían que no pagarían las consecuencias plenas de sus actos y jugaron con fuego o, en este caso, con hipotecas basura.
Por tanto, lo que tienen en común las instituciones del sector privado americanas responsables de la crisis financiera con las instituciones del sector público responsables de la crisis de corrupción política en el Sur y Este de Europa es un abuso de los intereses de los accionistas (inversores en el primer caso y ciudadanos en el segundo) por parte de unos directivos (ejecutivos y políticos electos, respectivamente) que no están limitados por pesos y contrapesos dentro de sus propias organizaciones. Ambas instituciones sufren el denominado "dilema madisoniano", ya que fue James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución americana, quien estableció la formulación clásica del problema: "Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al Gobierno serían necesarios. Al diseñar un gobierno de hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto: primero debes capacitar al Gobierno para controlar a los gobernados y, segundo, obligarle a controlarse a sí mismo". Los trabajos de científicos sociales contemporáneos, como Gary Miller, demuestran que todos los gobiernos -tanto del sector público como del privado- sufren este dilema. Los gobernantes de cualquier organización, independientemente de las regulaciones que les impongamos desde fuera, siempre tendrán oportunidades para sacar ventaja de su autonomía. Por ejemplo, aprovechando que saben más que los accionistas, los ejecutivos privados siempre pueden adquirir un coche (o un jet) extra a cargo de la empresa o exponer el dinero de los accionistas a un riesgo de más a cambio de un bono. Y los gobernantes públicos siempre pueden construir una carretera o un polideportivo de más u ofrecer un trato de favor (camuflado de forma perfectamente legal) a un amigo. La solución que Miller y otros apuntan para minimizar este oportunismo inherente a las posiciones ejecutivas es crear un relativo nivel de conflicto en la cúpula de las organizaciones. Que personas con intereses distintos tengan que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones más importantes, aquellas que pueden acarrear un mayor abuso de los intereses de los accionistas.
En el sector privado, esto es lo que ocurre en aquellas empresas en las que existe un chairman of the board que es independiente del chief executive. Esta separación de intereses (o, como mínimo, la existencia de estos dos cargos de forma independiente) es habitual en empresas e instituciones financieras europeas. Por el contrario, la norma en Estados Unidos es que una misma persona acumule ambos cargos, lo que podría explicar por qué la gran mayoría de escándalos financieros se han dado en ese país. Muchos chief executives controlaban a placer los órganos que deberían controlarlos a ellos. Como señala The Economist, una de las primeras reformas que los bancos americanos más afectados por la crisis (como Citigroup, Washington Mutual o Wells Fargo) han adoptado ha sido separar los cargos de chairman of the board y de chief executive. Ésa es también la exigencia de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, el noruego NBIM: si queréis que invirtamos en vosotros, deberéis separar estos cargos para evitar que todo el poder se acumule en unas mismas manos.
En el sector público, el ejemplo por excelencia de separación de poderes es el Gobierno federal americano. Diseñado por pensadores como Madison, conscientes de que los gobernantes no son ángeles, un sofisticado sistema de pesos y contrapesos hace que el político más poderoso del mundo (el presidente de EE UU) tenga menos oportunidades para beneficiarse de actividades corruptas que cualquier político regional o local en un país como España -como podemos comprobar a diario-.
Diferentes versiones de este sistema madisoniano de separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas se ha implantado en las administraciones occidentales que ahora son menos corruptas. En muchos gobiernos locales y regionales americanos (o de la Europa del Norte) los políticos electos monopolizan el equivalente al consejo de administración de una empresa (como el pleno o comités de área) y unos gestores profesionales, en ocasiones procedentes del mundo privado, ocupan las posiciones directivas.
Como en las "buenas empresas" europeas, el chairman of the board (alcalde o máximo representante político) no es al mismo tiempo el chief executive officer (máximo gestor público). Como políticos de partido tienen que ponerse de acuerdo con gestores con intereses distintos (unos preocupados por su reelección y los otros por su reputación profesional), las posibilidades de connivencia para llevar a cabo actividades corruptas se reducen al mínimo. Por el contrario, en los gobiernos locales y regionales (y en algunos casos incluso en los centrales), de la Europa del Sur y del Este sucede algo similar a las "malas empresas" americanas: el chairman of the board (alcalde o consejero regional) es al mismo tiempo el único y todopoderoso chief executive officer. Los intereses de los accionistas (es decir, los ciudadanos) quedan así desprotegidos porque las mismas manos (o del mismo partido) toman las decisiones con mayor margen para el abuso, como la construcción de un velódromo o la organización de la visita del Papa.
En resumen, son cambios organizativos internos y no sólo los controles externos, los que deberíamos empezar a debatir seriamente a ambos lados del Atlántico. Tanto europeos como americanos podemos aprender mucho los unos de los otros. Los europeos sobre cómo instaurar una efectiva separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas y los americanos, en las del sector privado. Ya que ni los banqueros ni los políticos son ángeles, no les dejemos margen de maniobra para que actúen como seres divinos.
Víctor Lapuente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
Qué tienen en común los escándalos financieros en Estados Unidos que han desencadenado la crisis económica mundial con los escándalos de corrupción política que hacen que la mayoría de sociedades de la Europa del Sur y del Este estén cayendo en los índices internacionales de buen gobierno por debajo de países como Chile, Botswana o Qatar?
El factor más repetido a ambos lados del Atlántico es "la avaricia de unos pocos". Es un argumento muy útil para los políticos. Queda bien en los mítines disertar sobre la avaricia como resultado de la idolatría a las fuerzas del mercado desregulado o la cultura del pelotazo. Además, apelando a la avaricia humana, los políticos pueden imponer la solución más fácil de vender al electorado: mayor regulación pública (más procedimientos administrativos y registros más detallados de las actividades de todo tipo de instituciones públicas y privadas) y más organismos públicos que actúen como controles externos de las instituciones potencialmente peligrosas. Destinemos más recursos públicos a agencias reguladoras de las instituciones financieras y a fiscalías o agencias anticorrupción.
Sin embargo, hay motivos para dudar sobre la funcionalidad de esta creciente industria del control público -más allá obviamente de ayudar a ganar elecciones para los que la defienden-. Por una parte, los estudios de corrupción política muestran que aumentar el número de procedimientos administrativos (para llevar a cabo cualquier actividad económica privada o pública) o introducir agencias específicas para la lucha contra la corrupción no tiene efectos positivos significativos. Por ejemplo, la mayoría de países con bajos niveles de corrupción ni tienen agencias anticorrup-ción ni las tenían cuando estaban combatiendo activamente la corrupción.
Por otra, si analizamos los escándalos financieros que han afectado a tantos bancos americanos, vemos que el origen de los mismos no reside tanto en la ausencia de agencias reguladoras -pues siempre es posible encontrar fórmulas creativas para sortear casi todo tipo de regulaciones- como en la excesiva tolerancia hacia el riesgo de los directivos de algunas instituciones financieras. Los ejecutivos adoptaron (o toleraron que sus subordinados adoptaran) decisiones de mucho riesgo que no habrían tomado con su propio dinero. Pero eran los ahorros de los accionistas. En otras palabras, una lectura alternativa de la crisis financiera es la de un abuso sistemático de los intereses de los accionistas de las propias instituciones afectadas por parte de los ejecutivos de las mismas, que sabían que no pagarían las consecuencias plenas de sus actos y jugaron con fuego o, en este caso, con hipotecas basura.
Por tanto, lo que tienen en común las instituciones del sector privado americanas responsables de la crisis financiera con las instituciones del sector público responsables de la crisis de corrupción política en el Sur y Este de Europa es un abuso de los intereses de los accionistas (inversores en el primer caso y ciudadanos en el segundo) por parte de unos directivos (ejecutivos y políticos electos, respectivamente) que no están limitados por pesos y contrapesos dentro de sus propias organizaciones. Ambas instituciones sufren el denominado "dilema madisoniano", ya que fue James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución americana, quien estableció la formulación clásica del problema: "Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al Gobierno serían necesarios. Al diseñar un gobierno de hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto: primero debes capacitar al Gobierno para controlar a los gobernados y, segundo, obligarle a controlarse a sí mismo". Los trabajos de científicos sociales contemporáneos, como Gary Miller, demuestran que todos los gobiernos -tanto del sector público como del privado- sufren este dilema. Los gobernantes de cualquier organización, independientemente de las regulaciones que les impongamos desde fuera, siempre tendrán oportunidades para sacar ventaja de su autonomía. Por ejemplo, aprovechando que saben más que los accionistas, los ejecutivos privados siempre pueden adquirir un coche (o un jet) extra a cargo de la empresa o exponer el dinero de los accionistas a un riesgo de más a cambio de un bono. Y los gobernantes públicos siempre pueden construir una carretera o un polideportivo de más u ofrecer un trato de favor (camuflado de forma perfectamente legal) a un amigo. La solución que Miller y otros apuntan para minimizar este oportunismo inherente a las posiciones ejecutivas es crear un relativo nivel de conflicto en la cúpula de las organizaciones. Que personas con intereses distintos tengan que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones más importantes, aquellas que pueden acarrear un mayor abuso de los intereses de los accionistas.
En el sector privado, esto es lo que ocurre en aquellas empresas en las que existe un chairman of the board que es independiente del chief executive. Esta separación de intereses (o, como mínimo, la existencia de estos dos cargos de forma independiente) es habitual en empresas e instituciones financieras europeas. Por el contrario, la norma en Estados Unidos es que una misma persona acumule ambos cargos, lo que podría explicar por qué la gran mayoría de escándalos financieros se han dado en ese país. Muchos chief executives controlaban a placer los órganos que deberían controlarlos a ellos. Como señala The Economist, una de las primeras reformas que los bancos americanos más afectados por la crisis (como Citigroup, Washington Mutual o Wells Fargo) han adoptado ha sido separar los cargos de chairman of the board y de chief executive. Ésa es también la exigencia de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, el noruego NBIM: si queréis que invirtamos en vosotros, deberéis separar estos cargos para evitar que todo el poder se acumule en unas mismas manos.
En el sector público, el ejemplo por excelencia de separación de poderes es el Gobierno federal americano. Diseñado por pensadores como Madison, conscientes de que los gobernantes no son ángeles, un sofisticado sistema de pesos y contrapesos hace que el político más poderoso del mundo (el presidente de EE UU) tenga menos oportunidades para beneficiarse de actividades corruptas que cualquier político regional o local en un país como España -como podemos comprobar a diario-.
Diferentes versiones de este sistema madisoniano de separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas se ha implantado en las administraciones occidentales que ahora son menos corruptas. En muchos gobiernos locales y regionales americanos (o de la Europa del Norte) los políticos electos monopolizan el equivalente al consejo de administración de una empresa (como el pleno o comités de área) y unos gestores profesionales, en ocasiones procedentes del mundo privado, ocupan las posiciones directivas.
Como en las "buenas empresas" europeas, el chairman of the board (alcalde o máximo representante político) no es al mismo tiempo el chief executive officer (máximo gestor público). Como políticos de partido tienen que ponerse de acuerdo con gestores con intereses distintos (unos preocupados por su reelección y los otros por su reputación profesional), las posibilidades de connivencia para llevar a cabo actividades corruptas se reducen al mínimo. Por el contrario, en los gobiernos locales y regionales (y en algunos casos incluso en los centrales), de la Europa del Sur y del Este sucede algo similar a las "malas empresas" americanas: el chairman of the board (alcalde o consejero regional) es al mismo tiempo el único y todopoderoso chief executive officer. Los intereses de los accionistas (es decir, los ciudadanos) quedan así desprotegidos porque las mismas manos (o del mismo partido) toman las decisiones con mayor margen para el abuso, como la construcción de un velódromo o la organización de la visita del Papa.
En resumen, son cambios organizativos internos y no sólo los controles externos, los que deberíamos empezar a debatir seriamente a ambos lados del Atlántico. Tanto europeos como americanos podemos aprender mucho los unos de los otros. Los europeos sobre cómo instaurar una efectiva separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas y los americanos, en las del sector privado. Ya que ni los banqueros ni los políticos son ángeles, no les dejemos margen de maniobra para que actúen como seres divinos.
Víctor Lapuente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
jueves, 24 de diciembre de 2009
epílogo: "el acuerdo de copenhague"
Alejandro Nadal
¿Qué sucedió en Copenhague? El consenso es que la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático se saldó con un estrepitoso fracaso. Sin embargo ese descalabro es el de los gobiernos y sus cómplices en el mundo corporativo y financiero. Las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, lograron quitarle el disfraz a la mentira diplomática y pusieron al desnudo la madeja de intereses que son el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo serio, vinculante y con plazos adecuados. Por eso no es casualidad que se les haya reprimido e impedido el acceso a la conferencia, aún a aquéllas organizaciones debidamente acreditadas.
En las últimas horas de la conferencia se llegó a un acuerdo extraño. En él se reconoce la opinión de los científicos sobre la necesidad de mantener el incremento de la temperatura promedio global por debajo de los 2 grados centígrados y se reafirma un compromiso de mantener los esfuerzos de largo plazo para lograr este objetivo. Sin embargo, nada en este documento permite pensar que los aumentos de temperatura se van a limitar a ese rango.
También se establece un compromiso sobre financiamiento: 10 mil millones de dólares (mmdd) anuales entre 2010 y 2012 para asistir a los países menos desarrollados en sus esfuerzos para reducir emisiones y para adaptarse al cambio climático.
Esta suma deberá alcanzar los cien mil millones de dólares en 2020. Esas cifras son irrisorias frente a lo que se va a necesitar y no se dice nada sobre quién las va a administrar, ni con qué criterios.
Lo más grave es lo que se pierde en este "acuerdo de Copenhague".
Primero: Las metas cuantitativas como compromiso obligatorio. Eso era lo más importante del protocolo de Kioto y por el momento, no queda nada de eso. Cierto, nada impide que en el futuro se definan metas cuantitativas vinculantes, pero si después de años de negociaciones sólo se llegó a este documento tan débil, no hay muchas razones para el optimismo. Por cierto, tampoco se definió una fecha para alcanzar acuerdos futuros. Simplemente se dice que hay que enfrentar el desafío del cambio climático "lo antes posible", lo que no es muy alentador.
Segundo: Se abandona definitivamente la meta de 350 partes por millón (ppm) de bióxido de carbono equivalente (CO2e). Ese nivel es el recomendado por un número creciente de científicos para estabilizar el aumento de temperatura y consignarlo a niveles inofensivos. Por encima de este nivel, el cambio climático acarrearía daños gravísimos para una parte significativa de la población. No importa: el acuerdo recoge la meta de 2º C que los científicos asocian a niveles cercanos a las 450 ppm de CO2e. Los países africanos y muchas repúblicas isleñas se verán severamente afectados por este incremento.
Tercero: A pesar de algunos pasajes, la negociación del acuerdo sacrificó la idea de equidad. Todas las delegaciones nacionales pensaban que estaban participando en una negociación sobre el calentamiento global. Pero el documento final resultó de un encuentro entre los jefes de Estado de un puñado de países (Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica) al que se unió (un poco a regañadientes y al final) la Unión Europea.
Esto significa que los términos del debate sobre el cambio climático y la forma de enfrentarlo fueron secuestrados por un pequeño grupo de países. Es cierto que están entre los principales emisores de GEI, pero precisamente por eso no pueden quedarse ellos solos para definir los contornos de un nuevo acuerdo sobre cambio climático.
Los países cuya agricultura se verá más afectada, cuyos glaciares se derriten y las islas que corren el riesgo de desaparecer, simplemente no tuvieron acceso a la negociación del "acuerdo". En los hechos, sin demasiado ruido, los autores del nuevo "acuerdo" consagraron la división entre países ricos y pobres, grandes y pequeños, débiles y poderosos.
El precedente es nefasto: en el futuro, los países que dominaron la conferencia serán también los que van a definir los mecanismos para alcanzar "lo antes posible" las reducciones de emisiones. Y en el centro de esos instrumentos se encontrará el mercado de carbono y los llamados mecanismos de compensación.
No cabe duda: eso de los "países reunidos en Copenhague" es una abstracción. Lo que se reunió en la capital danesa fueron los representantes de sociedades en las que existen corporaciones industriales y entidades financieras, y en las que los ricos tienen acceso al poder, mientras los pobres sólo tienen derecho a un ingreso deprimido, a la amenaza del desempleo y a la comida chatarra.
Al final de la conferencia, las delegaciones de 194 países estuvieron de acuerdo en "tomar nota" del "acuerdo de Copenhague". Ese documento sin compromisos vinculantes, ni fue votado, ni fue firmado por nadie. Simplemente se tomó nota.
La decepción de Copenhague era esperada por muchos. Es una señal de alarma: no se puede continuar con un sistema de negociaciones diseñado para salvaguardar los intereses de los poderosos.
http://nadal.com.mx
¿Qué sucedió en Copenhague? El consenso es que la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático se saldó con un estrepitoso fracaso. Sin embargo ese descalabro es el de los gobiernos y sus cómplices en el mundo corporativo y financiero. Las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, lograron quitarle el disfraz a la mentira diplomática y pusieron al desnudo la madeja de intereses que son el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo serio, vinculante y con plazos adecuados. Por eso no es casualidad que se les haya reprimido e impedido el acceso a la conferencia, aún a aquéllas organizaciones debidamente acreditadas.
En las últimas horas de la conferencia se llegó a un acuerdo extraño. En él se reconoce la opinión de los científicos sobre la necesidad de mantener el incremento de la temperatura promedio global por debajo de los 2 grados centígrados y se reafirma un compromiso de mantener los esfuerzos de largo plazo para lograr este objetivo. Sin embargo, nada en este documento permite pensar que los aumentos de temperatura se van a limitar a ese rango.
También se establece un compromiso sobre financiamiento: 10 mil millones de dólares (mmdd) anuales entre 2010 y 2012 para asistir a los países menos desarrollados en sus esfuerzos para reducir emisiones y para adaptarse al cambio climático.
Esta suma deberá alcanzar los cien mil millones de dólares en 2020. Esas cifras son irrisorias frente a lo que se va a necesitar y no se dice nada sobre quién las va a administrar, ni con qué criterios.
Lo más grave es lo que se pierde en este "acuerdo de Copenhague".
Primero: Las metas cuantitativas como compromiso obligatorio. Eso era lo más importante del protocolo de Kioto y por el momento, no queda nada de eso. Cierto, nada impide que en el futuro se definan metas cuantitativas vinculantes, pero si después de años de negociaciones sólo se llegó a este documento tan débil, no hay muchas razones para el optimismo. Por cierto, tampoco se definió una fecha para alcanzar acuerdos futuros. Simplemente se dice que hay que enfrentar el desafío del cambio climático "lo antes posible", lo que no es muy alentador.
Segundo: Se abandona definitivamente la meta de 350 partes por millón (ppm) de bióxido de carbono equivalente (CO2e). Ese nivel es el recomendado por un número creciente de científicos para estabilizar el aumento de temperatura y consignarlo a niveles inofensivos. Por encima de este nivel, el cambio climático acarrearía daños gravísimos para una parte significativa de la población. No importa: el acuerdo recoge la meta de 2º C que los científicos asocian a niveles cercanos a las 450 ppm de CO2e. Los países africanos y muchas repúblicas isleñas se verán severamente afectados por este incremento.
Tercero: A pesar de algunos pasajes, la negociación del acuerdo sacrificó la idea de equidad. Todas las delegaciones nacionales pensaban que estaban participando en una negociación sobre el calentamiento global. Pero el documento final resultó de un encuentro entre los jefes de Estado de un puñado de países (Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica) al que se unió (un poco a regañadientes y al final) la Unión Europea.
Esto significa que los términos del debate sobre el cambio climático y la forma de enfrentarlo fueron secuestrados por un pequeño grupo de países. Es cierto que están entre los principales emisores de GEI, pero precisamente por eso no pueden quedarse ellos solos para definir los contornos de un nuevo acuerdo sobre cambio climático.
Los países cuya agricultura se verá más afectada, cuyos glaciares se derriten y las islas que corren el riesgo de desaparecer, simplemente no tuvieron acceso a la negociación del "acuerdo". En los hechos, sin demasiado ruido, los autores del nuevo "acuerdo" consagraron la división entre países ricos y pobres, grandes y pequeños, débiles y poderosos.
El precedente es nefasto: en el futuro, los países que dominaron la conferencia serán también los que van a definir los mecanismos para alcanzar "lo antes posible" las reducciones de emisiones. Y en el centro de esos instrumentos se encontrará el mercado de carbono y los llamados mecanismos de compensación.
No cabe duda: eso de los "países reunidos en Copenhague" es una abstracción. Lo que se reunió en la capital danesa fueron los representantes de sociedades en las que existen corporaciones industriales y entidades financieras, y en las que los ricos tienen acceso al poder, mientras los pobres sólo tienen derecho a un ingreso deprimido, a la amenaza del desempleo y a la comida chatarra.
Al final de la conferencia, las delegaciones de 194 países estuvieron de acuerdo en "tomar nota" del "acuerdo de Copenhague". Ese documento sin compromisos vinculantes, ni fue votado, ni fue firmado por nadie. Simplemente se tomó nota.
La decepción de Copenhague era esperada por muchos. Es una señal de alarma: no se puede continuar con un sistema de negociaciones diseñado para salvaguardar los intereses de los poderosos.
http://nadal.com.mx
jueves, 17 de diciembre de 2009
ni siquiera vosotros podéis controlar esta cumbre
Naomi Klein*
El sábado por la noche, después de una semana de vivir de los bares de snacks del centro de conferencias, unos cuantos de nosotros fuimos invitados a una deliciosa cena casera con una familia danesa de carne y hueso. Tras pasar la velada atónitos ante sus muebles de estilo, algunos de nosotros sentíamos curiosidad: ¿por qué los daneses son tan buenos en diseño?
“Somos frikis del control”, respondió inmediatamente nuestro anfitrión. “Viene de ser un país pequeño con no mucho poder. Tenemos que controlar lo que podamos.”
Cuando va de producir accesorios lumínicos absurdamente atractivos y sillas de escritorio alucinantemente confortables, esta forma danesa de desplazamiento (1) es clarísimamente algo muy bueno. Cuando va de organizar una cumbre mundial con intención de cambio, la necesidad de los daneses por el control se convierte en un serio problema.
Los daneses han invertido una cantidad enorme de dinero en el co-branding (2) de su ciudad capitolio (ahora “Hopenhagen” (3)) con una cumbre que supuestamente salvará el mundo. Eso estaría bien si esta cumbre de verdad estuviera en el camino de salvar el mundo. Pero como no es así, los daneses están intentando frenéticamente rediseñarnos.
Tomemos como ejemplo las protestas del fin de semana. Al final, alrededor de 1.100 personas han sido arrestadas. Esto es simple y llanamente una barbaridad. La manifestación del sábado, con aproximadamente 100.000 personas, tuvo lugar en un momento crucial de las negociaciones sobre el clima en el que todos los indicios apuntaban a un fracaso de las mismas o a un acuerdo peligrosamente débil. La marcha fue festiva y pacífica pero también tenaz. “El clima no se negocia” era el mensaje, y los negociadores occidentales necesitaban oírlo.
Cuando un puñado de personas empezó a lanzar piedras y a hacer estallar granadas sonoras (no, no fueron “disparos” como el Huffington Post alarmantemente informó), los manifestantes lo resolvieron por sí mismos pidiendo a la gente responsable de los hechos que abandonara la protesta, cosa que hicieron rápidamente. Yo estaba en ese lugar de la manifestación y aquello apenas interrumpió la conversación que estaba teniendo. Llamar a esto “disturbios”, como hizo absurdamente el British Telegraph, no es justo para los auténticos alborotadores y creadores de disturbios, de los que hay muchos en Europa.
Da igual. Los polis de Copenhague usaron un pequeño cristal roto como pretexto para detener a casi mil personas, haciendo lo propio con otras cien al día siguiente. Cientos de estos arrestados fueron acorralados juntos, forzados a sentarse en el helado pavimento durante horas, con las manos esposadas (y algunos tobillos también). De acuerdo con el organizador Tadzio Müller, ésta no fue la gente que lanzó piedras pero “el trato fue humillante”, orinándose encima algunos de los detenidos por no permitirles que se movieran.
Los arrestos, parte de un patrón reproducido durante toda la semana, sonaban como un aviso: no se tolerarán desvíos del mensaje “Hopenhagen”.
Dentro de la cumbre oficial, los delegados se congregaban alrededor de televisores de pantalla plana para ver a la policía empujar a los manifestantes contra la pared y romper la marcha. A algunos debió sonarles de algo. Después de todo, eso es en esencia lo que el gobierno danés y otras potencias occidentales han estado haciendo aquí durante toda la semana: intentar romper el bloque de los países en desarrollo, el G77, usando las clásicas tácticas del divide y vencerás, incluyendo la de empujar contra la pared a Estados especialmente vulnerables con ofertas exclusivas.
No habiendo sacado nada en claro del “texto danés filtrado”, esta tarde tuvo lugar una reunión a la que fueron invitados 40 Estados para cocinar un acuerdo; el resto de los 192 Estados representados no tienen ni idea de lo que han decidido – difícilmente es esto la democracia que la ONU había prometido.
La prueba definitiva sobre el asunto del control danés tendrá lugar el miércoles en la acción de Reclamo de Poder. Por la mañana marcharán los manifestantes hacia el Bella Center para exigir soluciones reales a la crisis climática, no la confusa matemática ni el comercio de carbono de oferta del interior. A los delegados ahí dentro que piensan de la misma manera –y los hay a miles- se les está invitando a unirse a los manifestantes.
Si todo va bien, en algún lugar cerca del Bella Center tendrá lugar una “asamblea del pueblo”, una oportunidad para resaltar algunas de las muchas soluciones de sentido común que se han obviado en las negociaciones, incluyendo la de dejar las arenas de alquitrán (4) de Alberta donde están y el pago de “reparaciones” climáticas.
Los organizadores del Reclamo de Poder han establecido con claridad que están comprometidos con una desobediencia civil no violenta. Incluso si son atacados por la policía, no responderán con violencia. Aún así, el espectro de una disidencia fuera de todo guión que desvíe la atención de la conferencia oficial del miércoles tiene locos, sin duda, a nuestros anfitriones daneses.
Esperemos que no se enfrenten a sus rollos sobre el control intentando amontonar a todo el mundo en gallineros: los manifestantes lejos del Bella Center, los delegados encerrados dentro. Porque esta acción –más que cualquier cosa que haya pasado hasta ahora– tiene el potencial de enviar un claro y mucho más necesario mensaje al mundo: sólo un acuerdo dictado por la ciencia y la justicia tendrá efecto.
Así que un recordatorio para nuestros anfitriones daneses: desde luego que Copenhague es vuestra ciudad, y nos encantáis por vuestras bicis y vuestros molinos. Pero el planeta es de todos. Dejad de diseñar la fotografía con nosotros fuera de ella.
Notas del Traductor:
(1) En psicoanálisis, la transferencia inconsciente de una emoción intensa de un objeto a otro.
(2) El concepto convencional de "co-branding" es el de asociación de dos
marcas con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las mismas.
(3) Juego de palabras con el nombre de la ciudad y el verbo “Hope”: tener esperanza
(4) También llamadas arenas bituminosas o arenas de petróleo
http://www.naomiklein.org/main
El sábado por la noche, después de una semana de vivir de los bares de snacks del centro de conferencias, unos cuantos de nosotros fuimos invitados a una deliciosa cena casera con una familia danesa de carne y hueso. Tras pasar la velada atónitos ante sus muebles de estilo, algunos de nosotros sentíamos curiosidad: ¿por qué los daneses son tan buenos en diseño?
“Somos frikis del control”, respondió inmediatamente nuestro anfitrión. “Viene de ser un país pequeño con no mucho poder. Tenemos que controlar lo que podamos.”
Cuando va de producir accesorios lumínicos absurdamente atractivos y sillas de escritorio alucinantemente confortables, esta forma danesa de desplazamiento (1) es clarísimamente algo muy bueno. Cuando va de organizar una cumbre mundial con intención de cambio, la necesidad de los daneses por el control se convierte en un serio problema.
Los daneses han invertido una cantidad enorme de dinero en el co-branding (2) de su ciudad capitolio (ahora “Hopenhagen” (3)) con una cumbre que supuestamente salvará el mundo. Eso estaría bien si esta cumbre de verdad estuviera en el camino de salvar el mundo. Pero como no es así, los daneses están intentando frenéticamente rediseñarnos.
Tomemos como ejemplo las protestas del fin de semana. Al final, alrededor de 1.100 personas han sido arrestadas. Esto es simple y llanamente una barbaridad. La manifestación del sábado, con aproximadamente 100.000 personas, tuvo lugar en un momento crucial de las negociaciones sobre el clima en el que todos los indicios apuntaban a un fracaso de las mismas o a un acuerdo peligrosamente débil. La marcha fue festiva y pacífica pero también tenaz. “El clima no se negocia” era el mensaje, y los negociadores occidentales necesitaban oírlo.
Cuando un puñado de personas empezó a lanzar piedras y a hacer estallar granadas sonoras (no, no fueron “disparos” como el Huffington Post alarmantemente informó), los manifestantes lo resolvieron por sí mismos pidiendo a la gente responsable de los hechos que abandonara la protesta, cosa que hicieron rápidamente. Yo estaba en ese lugar de la manifestación y aquello apenas interrumpió la conversación que estaba teniendo. Llamar a esto “disturbios”, como hizo absurdamente el British Telegraph, no es justo para los auténticos alborotadores y creadores de disturbios, de los que hay muchos en Europa.
Da igual. Los polis de Copenhague usaron un pequeño cristal roto como pretexto para detener a casi mil personas, haciendo lo propio con otras cien al día siguiente. Cientos de estos arrestados fueron acorralados juntos, forzados a sentarse en el helado pavimento durante horas, con las manos esposadas (y algunos tobillos también). De acuerdo con el organizador Tadzio Müller, ésta no fue la gente que lanzó piedras pero “el trato fue humillante”, orinándose encima algunos de los detenidos por no permitirles que se movieran.
Los arrestos, parte de un patrón reproducido durante toda la semana, sonaban como un aviso: no se tolerarán desvíos del mensaje “Hopenhagen”.
Dentro de la cumbre oficial, los delegados se congregaban alrededor de televisores de pantalla plana para ver a la policía empujar a los manifestantes contra la pared y romper la marcha. A algunos debió sonarles de algo. Después de todo, eso es en esencia lo que el gobierno danés y otras potencias occidentales han estado haciendo aquí durante toda la semana: intentar romper el bloque de los países en desarrollo, el G77, usando las clásicas tácticas del divide y vencerás, incluyendo la de empujar contra la pared a Estados especialmente vulnerables con ofertas exclusivas.
No habiendo sacado nada en claro del “texto danés filtrado”, esta tarde tuvo lugar una reunión a la que fueron invitados 40 Estados para cocinar un acuerdo; el resto de los 192 Estados representados no tienen ni idea de lo que han decidido – difícilmente es esto la democracia que la ONU había prometido.
La prueba definitiva sobre el asunto del control danés tendrá lugar el miércoles en la acción de Reclamo de Poder. Por la mañana marcharán los manifestantes hacia el Bella Center para exigir soluciones reales a la crisis climática, no la confusa matemática ni el comercio de carbono de oferta del interior. A los delegados ahí dentro que piensan de la misma manera –y los hay a miles- se les está invitando a unirse a los manifestantes.
Si todo va bien, en algún lugar cerca del Bella Center tendrá lugar una “asamblea del pueblo”, una oportunidad para resaltar algunas de las muchas soluciones de sentido común que se han obviado en las negociaciones, incluyendo la de dejar las arenas de alquitrán (4) de Alberta donde están y el pago de “reparaciones” climáticas.
Los organizadores del Reclamo de Poder han establecido con claridad que están comprometidos con una desobediencia civil no violenta. Incluso si son atacados por la policía, no responderán con violencia. Aún así, el espectro de una disidencia fuera de todo guión que desvíe la atención de la conferencia oficial del miércoles tiene locos, sin duda, a nuestros anfitriones daneses.
Esperemos que no se enfrenten a sus rollos sobre el control intentando amontonar a todo el mundo en gallineros: los manifestantes lejos del Bella Center, los delegados encerrados dentro. Porque esta acción –más que cualquier cosa que haya pasado hasta ahora– tiene el potencial de enviar un claro y mucho más necesario mensaje al mundo: sólo un acuerdo dictado por la ciencia y la justicia tendrá efecto.
Así que un recordatorio para nuestros anfitriones daneses: desde luego que Copenhague es vuestra ciudad, y nos encantáis por vuestras bicis y vuestros molinos. Pero el planeta es de todos. Dejad de diseñar la fotografía con nosotros fuera de ella.
Notas del Traductor:
(1) En psicoanálisis, la transferencia inconsciente de una emoción intensa de un objeto a otro.
(2) El concepto convencional de "co-branding" es el de asociación de dos
marcas con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las mismas.
(3) Juego de palabras con el nombre de la ciudad y el verbo “Hope”: tener esperanza
(4) También llamadas arenas bituminosas o arenas de petróleo
http://www.naomiklein.org/main
jueves, 10 de diciembre de 2009
ultimátum a la tierra
Ignacio Ramonet
Representantes de todos los países del mundo se reúnen en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar que, de aquí a 2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados. Si la Tierra fuese un balón de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico invernadero.
El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos internacionales, miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEEC) (1), lo han confirmado de modo indiscutible. Su causa principal es la actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre todo dióxido de carbono, CO2, producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural. La deforestación acrecienta el problema (2).
Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del Protocolo de Kioto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta aumentará por lo menos en cuatro grados. Lo cual transformará la faz de la Tierra. Los polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán...
Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables de África subsahariana, de Asia del sur y del sureste, de América Latina y de los países insulares ecuatoriales. En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de "refugiados climáticos" a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas... Las "guerras climáticas" proliferarán (3).
Para evitar esa nefasta cascada de calamidades, la colectividad científica internacional recomienda una reducción urgente del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Único modo de evitar que la situación se vuelva incontrolable.
En esa perspectiva, tres son los temas centrales que se abordan en Copenhague: 1) determinar la responsabilidad histórica de cada Estado en la actual degradación climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas por los países más desarrollados (que sólo reúnen el 20% de la población mundial), y que los países pobres, los menos responsables del desastre climático, padecen las consecuencias más graves. 2) fijar, en nombre de la justicia climática, una compensación financiera para que aquellos Estados que más han degradado el clima aporten una ayuda significativa a los países del Sur que permita a éstos luchar contra los efectos de la catástrofe climática. Aquí se sitúa uno de los principales desacuerdos: los Estados ricos proponen una suma insuficiente, cuando los países pobres reclaman una justa compensación más elevada. 3) definir con vistas al futuro un calendario vinculante que obligue política y legalmente a los actores planetarios -tanto a los países desarrollados como a las otras potencias (China, Rusia, la India, Indonesia, México, Brasil)- a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ni Estados Unidos ni China (los dos principales contaminadores) aceptan esta perspectiva.
Además de esta agenda, un fantasma recorrerá las mesas de discusión de Copenhague: el del necesario cambio de modelo económico. Existe en efecto una grave contradicción entre la lógica del capitalismo (crecimiento ininterrumpido, avidez de ganancias, explotación sin fronteras) y la nueva austeridad indispensable para evitar el cataclismo climático ( léase, p. 32, el artículo de Riccardo Petrella ).
Si el sistema soviético implosionó fue, entre otras razones, porque descansaba sobre un método de producción que valoraba principalmente el beneficio político de las empresas (creaban obreros) y no su coste económico. De igual modo, el sistema capitalista actual únicamente valora el beneficio económico de la producción, y no su coste ecológico. Con tal de obtener un beneficio, no le importa que un producto tenga que recorrer miles de kilómetros, con la emisión de toneladas de CO2 que eso supone, antes de llegar a las manos del consumidor. Aunque ello ponga en peligro, a fin de cuentas, a toda la humanidad.
Por otra parte, es un sistema despilfarrador que agota los recursos del planeta. Actualmente la Tierra ya es incapaz de regenerar un 30% de lo que cada año consumen sus habitantes. Y demográficamente éstos no cesan de crecer. Somos ya 6.800 millones, y en 2050 seremos 9.150 millones... Lo que complica el problema. Porque no hay recursos para todos. Si cada habitante consumiese como un estadounidense se necesitarían los recursos de tres planetas. Si consumiese como un europeo, los de dos planetas... Cuando no disponemos más que de una Tierra. Una diminuta isla en la inmensidad de las galaxias.
De ahí la urgencia en adoptar medidas que detengan la huida hacia el abismo. De ahí también, ante el cinismo de muchos líderes mundiales, la rabia de los miles de militantes ecologistas que convergen de todo el planeta hacia la capital danesa gritando dos consignas: "¡Cambiad el sistema, no el clima!" y "Si el clima fuese un banco ¡ya lo habrían salvado!".
Se cumplen diez años de las grandes manifestaciones de la "batalla de Seattle" que vieron nacer el movimiento altermundialista. En Copenhague, una nueva generación de contestatarios y activistas, en nombre de la justicia climática, se dispone a abrir un nuevo ciclo de luchas sociales. La movilización es enorme. La pelea va a ser grandiosa. Está en juego la supervivencia de la humanidad.
Notas: (1) Recompensado colectivamente, en 2007, con el Premio Nobel de la Paz por sus informes sobre los cambios climáticos.
(2) Los árboles, las plantas y las algas de los océanos absorben y neutralizan el CO2, y producen oxígeno; de ese modo ayudan a combatir el efecto invernadero.
(3) Léase Harald Welzer, Les Guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle , traducido del alemán por Bernard Lortholary, Gallimard, París, 2009.
Representantes de todos los países del mundo se reúnen en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar que, de aquí a 2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados. Si la Tierra fuese un balón de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico invernadero.
El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos internacionales, miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEEC) (1), lo han confirmado de modo indiscutible. Su causa principal es la actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre todo dióxido de carbono, CO2, producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural. La deforestación acrecienta el problema (2).
Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del Protocolo de Kioto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta aumentará por lo menos en cuatro grados. Lo cual transformará la faz de la Tierra. Los polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán...
Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables de África subsahariana, de Asia del sur y del sureste, de América Latina y de los países insulares ecuatoriales. En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de "refugiados climáticos" a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas... Las "guerras climáticas" proliferarán (3).
Para evitar esa nefasta cascada de calamidades, la colectividad científica internacional recomienda una reducción urgente del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Único modo de evitar que la situación se vuelva incontrolable.
En esa perspectiva, tres son los temas centrales que se abordan en Copenhague: 1) determinar la responsabilidad histórica de cada Estado en la actual degradación climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas por los países más desarrollados (que sólo reúnen el 20% de la población mundial), y que los países pobres, los menos responsables del desastre climático, padecen las consecuencias más graves. 2) fijar, en nombre de la justicia climática, una compensación financiera para que aquellos Estados que más han degradado el clima aporten una ayuda significativa a los países del Sur que permita a éstos luchar contra los efectos de la catástrofe climática. Aquí se sitúa uno de los principales desacuerdos: los Estados ricos proponen una suma insuficiente, cuando los países pobres reclaman una justa compensación más elevada. 3) definir con vistas al futuro un calendario vinculante que obligue política y legalmente a los actores planetarios -tanto a los países desarrollados como a las otras potencias (China, Rusia, la India, Indonesia, México, Brasil)- a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ni Estados Unidos ni China (los dos principales contaminadores) aceptan esta perspectiva.
Además de esta agenda, un fantasma recorrerá las mesas de discusión de Copenhague: el del necesario cambio de modelo económico. Existe en efecto una grave contradicción entre la lógica del capitalismo (crecimiento ininterrumpido, avidez de ganancias, explotación sin fronteras) y la nueva austeridad indispensable para evitar el cataclismo climático ( léase, p. 32, el artículo de Riccardo Petrella ).
Si el sistema soviético implosionó fue, entre otras razones, porque descansaba sobre un método de producción que valoraba principalmente el beneficio político de las empresas (creaban obreros) y no su coste económico. De igual modo, el sistema capitalista actual únicamente valora el beneficio económico de la producción, y no su coste ecológico. Con tal de obtener un beneficio, no le importa que un producto tenga que recorrer miles de kilómetros, con la emisión de toneladas de CO2 que eso supone, antes de llegar a las manos del consumidor. Aunque ello ponga en peligro, a fin de cuentas, a toda la humanidad.
Por otra parte, es un sistema despilfarrador que agota los recursos del planeta. Actualmente la Tierra ya es incapaz de regenerar un 30% de lo que cada año consumen sus habitantes. Y demográficamente éstos no cesan de crecer. Somos ya 6.800 millones, y en 2050 seremos 9.150 millones... Lo que complica el problema. Porque no hay recursos para todos. Si cada habitante consumiese como un estadounidense se necesitarían los recursos de tres planetas. Si consumiese como un europeo, los de dos planetas... Cuando no disponemos más que de una Tierra. Una diminuta isla en la inmensidad de las galaxias.
De ahí la urgencia en adoptar medidas que detengan la huida hacia el abismo. De ahí también, ante el cinismo de muchos líderes mundiales, la rabia de los miles de militantes ecologistas que convergen de todo el planeta hacia la capital danesa gritando dos consignas: "¡Cambiad el sistema, no el clima!" y "Si el clima fuese un banco ¡ya lo habrían salvado!".
Se cumplen diez años de las grandes manifestaciones de la "batalla de Seattle" que vieron nacer el movimiento altermundialista. En Copenhague, una nueva generación de contestatarios y activistas, en nombre de la justicia climática, se dispone a abrir un nuevo ciclo de luchas sociales. La movilización es enorme. La pelea va a ser grandiosa. Está en juego la supervivencia de la humanidad.
Notas: (1) Recompensado colectivamente, en 2007, con el Premio Nobel de la Paz por sus informes sobre los cambios climáticos.
(2) Los árboles, las plantas y las algas de los océanos absorben y neutralizan el CO2, y producen oxígeno; de ese modo ayudan a combatir el efecto invernadero.
(3) Léase Harald Welzer, Les Guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle , traducido del alemán por Bernard Lortholary, Gallimard, París, 2009.
sábado, 21 de noviembre de 2009
la influencia política y corruptora de la banca en las soluciones a la crisis
Vicenç Navarro*
El Congreso de EEUU estableció el pasado 1 de septiembre una Comisión (compuesta por seis demócratas y cuatro republicanos) con el fin de analizar las causas de la crisis financiera, asignar responsabilidades y proponer medidas legislativas que prevengan la aparición de nuevas crisis. Está Comisión está dotada de un equipo técnico dirigido por Thomas Greene, que fue fiscal del Estado de California cuando se investigó el caso Enron, entre otros.
El Presidente (en inglés Chairman) de la Comisión, el demócrata Phil Angelides, intenta que su impacto sea semejante al que tuvo la comisión Pecora (que debe su nombre a su Presidente, Fernandín Pecora), nombrada en el New Deal cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt dirigió la recuperación de la economía estadounidense durante la Gran Depresión. Tal Comisión del Congreso propuso toda una serie de leyes que, una vez aprobadas por el Congreso, pasaron a ser la arquitectura regulatoria del sistema financiero estadounidense. Una pieza clave de esta arquitectura fue la Ley Glass-Steagall Act, que separó los bancos de depósitos (commercial banks) de los bancos de inversión (investment banks), a fin de proteger a la banca comercial de los riesgos que conllevan las actividades (muchas veces especulativas) de los bancos de inversión. Esta ley fue anulada por el Presidente Clinton siguiendo el consejo de su Secretario del Tesoro (equivalente a Ministro de Economía y Hacienda en EEUU) Larry Summers, y es ampliamente reconocido que su anulación es una de las causas más importantes del desarrollo de la crisis financiera.
Además de esta Comisión, en la Cámara Baja del Congreso existe un Comité, el Comité de la Reforma y Supervisión del Gobierno (House Committee on Oversight and Government Reform), presidido por Edolphus Towns, demócrata de Brooklin, Nueva York, que también está analizando las causas de la crisis. Tal Comité tiene el poder de llamar a cualquier miembro de la Administración Pública para que dé testimonio, incluidos miembros del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board - FRB), habiendo puesto en situaciones incómodas a los representantes del Banco. Tal Comité ha sido muy crítico con el comportamiento del FRB, no sólo en la génesis de la crisis, sino también en la manera como se ha llevado a cabo el rescate de la Banca en EEUU (centrada en Wall Street).
Cuatro son las conclusiones que se derivan de estas investigaciones. Una es que la eliminación de la citada ley Glass-Steagall que facilitó la aparición de enormes megabancos que han gozado de una enorme influencia en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el FRB. La mayor motivación de la Administración Bush y la Administración Obama ha sido salvar a estos megabancos a toda costa bajo el argumento de que son demasiado grandes para permitir que quiebren. Han considerado que su colapso dañaría a la economía estadounidense y a la mundial. Las medidas de apoyo a tales bancos han ido encaminadas a mantenerlos con el tamaño actual, y ello a costa de permitirles que sigan con sus prácticas habituales. Una pieza clave para su mantenimiento era salvar la compañía de seguros AIG (pues era la que aseguraba los instrumentos con mayor riesgo o derivativos, que poseían aquellos megabancos). La ayuda que significó el control de AIG por el Gobierno federal ha permitido canalizar gran número de productos tóxicos hacia tal compañía de seguros, así como hacia las compañías federalizadas como Fannie Mae y Federal Reserve Look. Tal canalización de dichos productos tóxicos se ha hecho de una manera opaca sin el conocimiento de la ciudadanía, pues el Ministerio de Economía y Hacienda era plenamente consciente de que se estaba salvando a los megabancos mediante la absorción de los productos tóxicos por parte de las instituciones bancarias federales.
Una segunda conclusión es que había un fraude generalizado en las prácticas de los megabancos, fraudes que eran conocidos por las agencias de regulación federal que mantuvieron una actitud laxa en su responsabilidad reguladora. La Comisión y el Comité explican este comportamiento por la enorme influencia que ejercen los megabancos sobre el gobierno federal, tanto a nivel del ejecutivo como a nivel del legislativo, influencia que se traduce en las conexiones existentes entre la clase política y la administración pública por un lado y los megabancos por el otro.
Una tercera conclusión importante a señalar es que la crisis financiera tiene, en realidad, causas políticas. Aunque los republicanos han sido los que han enfatizado más la desregulación de la banca y han sido los mayores responsables de la creación de una cultura de laxitud en el comportamiento de las agencias públicas reguladoras (consecuencia de sus creencias liberales), los demócratas han sido determinantes en el desarrollo de tales comportamientos. La terminación de la Glass-Steagall Act tuvo lugar en 1999, bajo la Administración Clinton, conocedora de la existencia de tales prácticas fraudulentas, pues eran conocidas por el Ministerio de Economía y Hacienda muchos años antes, desde el principio de su Administración.
Una cuarta conclusión es que la institución con mayor responsabilidad sobre esta colección de “irresponsabilidades” fue el FRB, que falló estrepitosamente en su función reguladora del sistema bancario, fallo que se atribuye a estar imbuida de una ideología liberal que sistemáticamente favorecía al capital financiero sobre el capital productivo y al mundo del capital sobre el mundo del trabajo, contribuyendo a un enorme crecimiento de la polarización de rentas, una de las causas de la crisis (ver mi artículo “La silenciada causa de la crisis”, Público, 19.03.09). El gurú de tales políticas fue su gobernador, Alan Greenspan, que había sido canonizado por el establishment financiero, político y mediático de aquel país, refiriéndose a él como el Maestro. Las políticas crediticias del FRB jugaron un papel clave en la creación de las burbujas, de las cuales, la inmobiliaria había sido la última y más destructiva.
De estas conclusiones se derivan varias reflexiones. Una de ellas, ya mencionada en las conclusiones citadas anteriormente, es que la causa de la crisis es política y toca un tema que no debe soslayarse si quiere resolverse el problema. Y es la enorme influencia que el poder financiero tiene en la democracia estadounidense (y en la mayoría de democracias, incluyendo España). La financiación de las campañas electorales de EEUU por parte del capital financiero (con millones de dólares asignados a los miembros de los Comités que supervisan el capital financiero) está corrompiendo el sistema político. Es de una enorme incoherencia que incluso articulistas que se autodefinen como progresistas en España, defienden que poderes económicos puedan aportar fondos a los partidos y a los candidatos. Esta práctica corrompe a la democracia. Y el ejemplo de EEUU es contundente.
Las propuestas que se están barajando en el citado Comité de la Cámara Baja (prohibir que los bancos puedan contribuir a las campañas electorales de los miembros de los Comités que supervisan a la banca) son necesarias, pero dramáticamente insuficientes. La influencia de la banca y de las compañías de seguros va incluso más allá de la financiación de las campañas electorales de los políticos. Incluye otras maneras de ejercer su influencia, tales como el hecho de que la mayoría de lobistas que defienden los intereses de la Banca han trabajado antes en aquellos Comités que supervisan a la Banca. Estas redes de influencia también corrompen la democracia.
Además de los lobistas, existe la puerta rotativa de cargos políticos que proceden de la banca y cargos bancarios que proceden del mundo político. Geithner (el Ministro actual de Economía de la Administración Obama, encargado de rescatar la banca) tiene como su jefe de gabinete al que había sido jefe del grupo de lobistas de Goldman Sachs (uno de los bancos más beneficiados en la tal llamada recuperación financiera federal). El secretario general de tal Ministerio había sido el delegado general de City Group (otro banco ayudado). Otro delegado de City Group trabaja en la Casa Blanca asesorando al Presidente Obama, el cual ha nombrado también a un economista que dirigió UBS (hoy en los tribunales por asesorar a ricos sobre cómo realizar fraude fiscal), como miembro del grupo de trabajo que trabaja en la recuperación económica.
Tal maridaje (bajo la administración Obama) del gobierno federal con Wall Street, continúa el existente bajo las administraciones anteriores. El Ministro de Economía de la Administración Bush junior fue Henry Paulson, presidente de Goldman Sachs, y uno de los mayores proponentes de la desregulación financiera, habiendo terminado la normativa de la Comisión de Seguridades e Intercambios (Securities and Exchange Commissions), que prohibía ciertas prácticas crediticias de tipo especulativo. Y el mismo Ministro actual de Economía, el Sr. Geithner, cuando era el director del FRB de Nueva York, fue uno de los mayores proponentes de la desregulación bancaria, conociéndose su amistad con los máximos dirigentes de Wall Street. Todos estos y otros datos explican que en una entrevista al que fue el principal economista (chief economist) del Fondo Monetario Internacional, Mr. Simon Johnson, éste definiera en un reciente artículo en Athlantic Monthly (mayo de 2009) que lo que había ocurrido en EEUU era un golpe de estado “silencioso y silenciado” del capital financiero que había tomado el gobierno federal.
El neoliberalismo facilitó tal corrupción
Es importante subrayar que tales conexiones han representado la matriz material sobre la cual se ha basado el proyecto neoliberal. La fortaleza de este último es el síntoma del poder del capital financiero. Tal neoliberalismo ha sido la justificación de unas políticas enormemente corruptas, desarrolladas predominantemente en beneficio de los intereses del capital financiero. Creerse que los que promueven el neoliberalismo están equivocados es asumir que no saben lo que hacen. Lo saben y les está yendo muy bien. Como siempre ha hecho cualquier clase o élite dominante, ha identificado sus intereses con los intereses del país. Un ejemplo de ello es el Sr. Summers, uno de los diseñadores de las políticas de rescate de la banca. Summers es el chief economic advisor del Presidente Obama, que no tuvo ninguna duda en desarrollar el mayor programa de beneficencia asistencial que se haya conocido en la historia de cualquier país, beneficencia de asistencia, no a los pobres, sino a los bancos. El Sr. Summers, que fue uno de los arquitectos del programa de privatizaciones en los países del Este de Europa (responsable de que la esperanza de vida de Rusia descendiera dramáticamente) defendió sus políticas bajo el argumento de que defendía los intereses del país. En realidad, los únicos que se beneficiaron fueron los intereses bancarios (y empresariales) de EEUU, para los cuales trabajaba, incluyendo el City Group y los hedge funds (de los cuales ha recibido, en estos últimos años, cinco millones de dólares).
La pregunta que se han hecho sectores progresistas que apoyaron a Obama, es cómo pudo el presidente Obama nombrar a estas personas tan próximas a Wall Street, algunas de las cuales eran responsables de las medidas desreguladoras que habían desencadenado la crisis. La respuesta que dio Obama es que necesitaba nombrar a personas que conocían bien el sistema financiero para poder resolver la crisis, subrayando que él sería quien dictaría las políticas a seguir. Obama, sin embargo, había aceptado el marco ideológico, el neoliberalismo, que había promovido las causas de la crisis. De ahí que el resultado ha sido que se han desarrollado políticas que han fortalecido a los megabancos. Podría haber nombrado a otros economistas, también conocedores del sistema financiero, que podrían haber seguido políticas distintas. Pero, escogió a aquellos economistas liberales porque encajaban con su percepción de lo que era necesario para resolver la crisis. Identificó los intereses de la banca con los intereses del país.
La relevancia de estos hechos en España
En la lectura de este artículo, el lector habrá podido ver algunas semejanzas con el caso español. El enorme fallo del Banco de España en la supervisión y regulación de la banca, en su laxitud reguladora, en su incapacidad de prevenir la burbuja inmobiliaria (la mayor responsable de la crisis financiera en España), su excesiva complicidad con la banca, su liberalismo financiero y económico, su falta de transparencia y responsabilidad pública, son todos ellos datos que debieran exigir el establecimiento de una comisión parlamentaria de análisis de cuáles han sido las causas de tal crisis en España, incluyendo también un estudio de las relaciones entre la Administración Pública por una parte y los intereses económicos y financieros por otra. La gran tolerancia hacia la existencia de estas relaciones (tipificada por el caso David Taguas, procedente de la Banca, que pasó de trabajar en La Moncloa diseñando políticas económicas y financieras, a dirigir el lobby inmobiliario constructor) es también síntoma de esta política corrupta que está dañando enormemente a la democracia española.
Por otra parte, la misma pregunta que las fuerzas progresistas estadounidenses le hacen a Obama, debiera hacerse al Presidente Zapatero. ¿Cómo es que muchos de los economistas de los sucesivos equipos económicos del gobierno socialista han pertenecido a la sensibilidad liberal (Taguas favorece la privatización de la Seguridad Social, como ha ocurrido en Chile), procedentes muchos de ellos de los centros de estudios de la Banca o del Banco de España? ¿Cómo es que el Gobierno nombró a Fernández Ordóñez, conocido liberal, Gobernador del Banco de España, institución que ha confundido los intereses de la Banca con los intereses de España y que ha sido uno de los agentes que han fallado más en esta crisis? Una respuesta a estas preguntas es que el Gobierno aceptó por demasiado tiempo las premisas liberales que causaron la crisis y que ahora están dificultando la recuperación económica. Sería de desear que el Gobierno recuperara plenamente su vocación transformadora que quedaba reflejada en su programa y que todavía necesita desarrollarse plenamente. Para ello debe aliarse con las fuerzas a su izquierda que le permitan neutralizar a las fuerzas conservadoras y liberales promovidas por el capital financiero en España.
* Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
El Congreso de EEUU estableció el pasado 1 de septiembre una Comisión (compuesta por seis demócratas y cuatro republicanos) con el fin de analizar las causas de la crisis financiera, asignar responsabilidades y proponer medidas legislativas que prevengan la aparición de nuevas crisis. Está Comisión está dotada de un equipo técnico dirigido por Thomas Greene, que fue fiscal del Estado de California cuando se investigó el caso Enron, entre otros.
El Presidente (en inglés Chairman) de la Comisión, el demócrata Phil Angelides, intenta que su impacto sea semejante al que tuvo la comisión Pecora (que debe su nombre a su Presidente, Fernandín Pecora), nombrada en el New Deal cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt dirigió la recuperación de la economía estadounidense durante la Gran Depresión. Tal Comisión del Congreso propuso toda una serie de leyes que, una vez aprobadas por el Congreso, pasaron a ser la arquitectura regulatoria del sistema financiero estadounidense. Una pieza clave de esta arquitectura fue la Ley Glass-Steagall Act, que separó los bancos de depósitos (commercial banks) de los bancos de inversión (investment banks), a fin de proteger a la banca comercial de los riesgos que conllevan las actividades (muchas veces especulativas) de los bancos de inversión. Esta ley fue anulada por el Presidente Clinton siguiendo el consejo de su Secretario del Tesoro (equivalente a Ministro de Economía y Hacienda en EEUU) Larry Summers, y es ampliamente reconocido que su anulación es una de las causas más importantes del desarrollo de la crisis financiera.
Además de esta Comisión, en la Cámara Baja del Congreso existe un Comité, el Comité de la Reforma y Supervisión del Gobierno (House Committee on Oversight and Government Reform), presidido por Edolphus Towns, demócrata de Brooklin, Nueva York, que también está analizando las causas de la crisis. Tal Comité tiene el poder de llamar a cualquier miembro de la Administración Pública para que dé testimonio, incluidos miembros del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board - FRB), habiendo puesto en situaciones incómodas a los representantes del Banco. Tal Comité ha sido muy crítico con el comportamiento del FRB, no sólo en la génesis de la crisis, sino también en la manera como se ha llevado a cabo el rescate de la Banca en EEUU (centrada en Wall Street).
Cuatro son las conclusiones que se derivan de estas investigaciones. Una es que la eliminación de la citada ley Glass-Steagall que facilitó la aparición de enormes megabancos que han gozado de una enorme influencia en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el FRB. La mayor motivación de la Administración Bush y la Administración Obama ha sido salvar a estos megabancos a toda costa bajo el argumento de que son demasiado grandes para permitir que quiebren. Han considerado que su colapso dañaría a la economía estadounidense y a la mundial. Las medidas de apoyo a tales bancos han ido encaminadas a mantenerlos con el tamaño actual, y ello a costa de permitirles que sigan con sus prácticas habituales. Una pieza clave para su mantenimiento era salvar la compañía de seguros AIG (pues era la que aseguraba los instrumentos con mayor riesgo o derivativos, que poseían aquellos megabancos). La ayuda que significó el control de AIG por el Gobierno federal ha permitido canalizar gran número de productos tóxicos hacia tal compañía de seguros, así como hacia las compañías federalizadas como Fannie Mae y Federal Reserve Look. Tal canalización de dichos productos tóxicos se ha hecho de una manera opaca sin el conocimiento de la ciudadanía, pues el Ministerio de Economía y Hacienda era plenamente consciente de que se estaba salvando a los megabancos mediante la absorción de los productos tóxicos por parte de las instituciones bancarias federales.
Una segunda conclusión es que había un fraude generalizado en las prácticas de los megabancos, fraudes que eran conocidos por las agencias de regulación federal que mantuvieron una actitud laxa en su responsabilidad reguladora. La Comisión y el Comité explican este comportamiento por la enorme influencia que ejercen los megabancos sobre el gobierno federal, tanto a nivel del ejecutivo como a nivel del legislativo, influencia que se traduce en las conexiones existentes entre la clase política y la administración pública por un lado y los megabancos por el otro.
Una tercera conclusión importante a señalar es que la crisis financiera tiene, en realidad, causas políticas. Aunque los republicanos han sido los que han enfatizado más la desregulación de la banca y han sido los mayores responsables de la creación de una cultura de laxitud en el comportamiento de las agencias públicas reguladoras (consecuencia de sus creencias liberales), los demócratas han sido determinantes en el desarrollo de tales comportamientos. La terminación de la Glass-Steagall Act tuvo lugar en 1999, bajo la Administración Clinton, conocedora de la existencia de tales prácticas fraudulentas, pues eran conocidas por el Ministerio de Economía y Hacienda muchos años antes, desde el principio de su Administración.
Una cuarta conclusión es que la institución con mayor responsabilidad sobre esta colección de “irresponsabilidades” fue el FRB, que falló estrepitosamente en su función reguladora del sistema bancario, fallo que se atribuye a estar imbuida de una ideología liberal que sistemáticamente favorecía al capital financiero sobre el capital productivo y al mundo del capital sobre el mundo del trabajo, contribuyendo a un enorme crecimiento de la polarización de rentas, una de las causas de la crisis (ver mi artículo “La silenciada causa de la crisis”, Público, 19.03.09). El gurú de tales políticas fue su gobernador, Alan Greenspan, que había sido canonizado por el establishment financiero, político y mediático de aquel país, refiriéndose a él como el Maestro. Las políticas crediticias del FRB jugaron un papel clave en la creación de las burbujas, de las cuales, la inmobiliaria había sido la última y más destructiva.
De estas conclusiones se derivan varias reflexiones. Una de ellas, ya mencionada en las conclusiones citadas anteriormente, es que la causa de la crisis es política y toca un tema que no debe soslayarse si quiere resolverse el problema. Y es la enorme influencia que el poder financiero tiene en la democracia estadounidense (y en la mayoría de democracias, incluyendo España). La financiación de las campañas electorales de EEUU por parte del capital financiero (con millones de dólares asignados a los miembros de los Comités que supervisan el capital financiero) está corrompiendo el sistema político. Es de una enorme incoherencia que incluso articulistas que se autodefinen como progresistas en España, defienden que poderes económicos puedan aportar fondos a los partidos y a los candidatos. Esta práctica corrompe a la democracia. Y el ejemplo de EEUU es contundente.
Las propuestas que se están barajando en el citado Comité de la Cámara Baja (prohibir que los bancos puedan contribuir a las campañas electorales de los miembros de los Comités que supervisan a la banca) son necesarias, pero dramáticamente insuficientes. La influencia de la banca y de las compañías de seguros va incluso más allá de la financiación de las campañas electorales de los políticos. Incluye otras maneras de ejercer su influencia, tales como el hecho de que la mayoría de lobistas que defienden los intereses de la Banca han trabajado antes en aquellos Comités que supervisan a la Banca. Estas redes de influencia también corrompen la democracia.
Además de los lobistas, existe la puerta rotativa de cargos políticos que proceden de la banca y cargos bancarios que proceden del mundo político. Geithner (el Ministro actual de Economía de la Administración Obama, encargado de rescatar la banca) tiene como su jefe de gabinete al que había sido jefe del grupo de lobistas de Goldman Sachs (uno de los bancos más beneficiados en la tal llamada recuperación financiera federal). El secretario general de tal Ministerio había sido el delegado general de City Group (otro banco ayudado). Otro delegado de City Group trabaja en la Casa Blanca asesorando al Presidente Obama, el cual ha nombrado también a un economista que dirigió UBS (hoy en los tribunales por asesorar a ricos sobre cómo realizar fraude fiscal), como miembro del grupo de trabajo que trabaja en la recuperación económica.
Tal maridaje (bajo la administración Obama) del gobierno federal con Wall Street, continúa el existente bajo las administraciones anteriores. El Ministro de Economía de la Administración Bush junior fue Henry Paulson, presidente de Goldman Sachs, y uno de los mayores proponentes de la desregulación financiera, habiendo terminado la normativa de la Comisión de Seguridades e Intercambios (Securities and Exchange Commissions), que prohibía ciertas prácticas crediticias de tipo especulativo. Y el mismo Ministro actual de Economía, el Sr. Geithner, cuando era el director del FRB de Nueva York, fue uno de los mayores proponentes de la desregulación bancaria, conociéndose su amistad con los máximos dirigentes de Wall Street. Todos estos y otros datos explican que en una entrevista al que fue el principal economista (chief economist) del Fondo Monetario Internacional, Mr. Simon Johnson, éste definiera en un reciente artículo en Athlantic Monthly (mayo de 2009) que lo que había ocurrido en EEUU era un golpe de estado “silencioso y silenciado” del capital financiero que había tomado el gobierno federal.
El neoliberalismo facilitó tal corrupción
Es importante subrayar que tales conexiones han representado la matriz material sobre la cual se ha basado el proyecto neoliberal. La fortaleza de este último es el síntoma del poder del capital financiero. Tal neoliberalismo ha sido la justificación de unas políticas enormemente corruptas, desarrolladas predominantemente en beneficio de los intereses del capital financiero. Creerse que los que promueven el neoliberalismo están equivocados es asumir que no saben lo que hacen. Lo saben y les está yendo muy bien. Como siempre ha hecho cualquier clase o élite dominante, ha identificado sus intereses con los intereses del país. Un ejemplo de ello es el Sr. Summers, uno de los diseñadores de las políticas de rescate de la banca. Summers es el chief economic advisor del Presidente Obama, que no tuvo ninguna duda en desarrollar el mayor programa de beneficencia asistencial que se haya conocido en la historia de cualquier país, beneficencia de asistencia, no a los pobres, sino a los bancos. El Sr. Summers, que fue uno de los arquitectos del programa de privatizaciones en los países del Este de Europa (responsable de que la esperanza de vida de Rusia descendiera dramáticamente) defendió sus políticas bajo el argumento de que defendía los intereses del país. En realidad, los únicos que se beneficiaron fueron los intereses bancarios (y empresariales) de EEUU, para los cuales trabajaba, incluyendo el City Group y los hedge funds (de los cuales ha recibido, en estos últimos años, cinco millones de dólares).
La pregunta que se han hecho sectores progresistas que apoyaron a Obama, es cómo pudo el presidente Obama nombrar a estas personas tan próximas a Wall Street, algunas de las cuales eran responsables de las medidas desreguladoras que habían desencadenado la crisis. La respuesta que dio Obama es que necesitaba nombrar a personas que conocían bien el sistema financiero para poder resolver la crisis, subrayando que él sería quien dictaría las políticas a seguir. Obama, sin embargo, había aceptado el marco ideológico, el neoliberalismo, que había promovido las causas de la crisis. De ahí que el resultado ha sido que se han desarrollado políticas que han fortalecido a los megabancos. Podría haber nombrado a otros economistas, también conocedores del sistema financiero, que podrían haber seguido políticas distintas. Pero, escogió a aquellos economistas liberales porque encajaban con su percepción de lo que era necesario para resolver la crisis. Identificó los intereses de la banca con los intereses del país.
La relevancia de estos hechos en España
En la lectura de este artículo, el lector habrá podido ver algunas semejanzas con el caso español. El enorme fallo del Banco de España en la supervisión y regulación de la banca, en su laxitud reguladora, en su incapacidad de prevenir la burbuja inmobiliaria (la mayor responsable de la crisis financiera en España), su excesiva complicidad con la banca, su liberalismo financiero y económico, su falta de transparencia y responsabilidad pública, son todos ellos datos que debieran exigir el establecimiento de una comisión parlamentaria de análisis de cuáles han sido las causas de tal crisis en España, incluyendo también un estudio de las relaciones entre la Administración Pública por una parte y los intereses económicos y financieros por otra. La gran tolerancia hacia la existencia de estas relaciones (tipificada por el caso David Taguas, procedente de la Banca, que pasó de trabajar en La Moncloa diseñando políticas económicas y financieras, a dirigir el lobby inmobiliario constructor) es también síntoma de esta política corrupta que está dañando enormemente a la democracia española.
Por otra parte, la misma pregunta que las fuerzas progresistas estadounidenses le hacen a Obama, debiera hacerse al Presidente Zapatero. ¿Cómo es que muchos de los economistas de los sucesivos equipos económicos del gobierno socialista han pertenecido a la sensibilidad liberal (Taguas favorece la privatización de la Seguridad Social, como ha ocurrido en Chile), procedentes muchos de ellos de los centros de estudios de la Banca o del Banco de España? ¿Cómo es que el Gobierno nombró a Fernández Ordóñez, conocido liberal, Gobernador del Banco de España, institución que ha confundido los intereses de la Banca con los intereses de España y que ha sido uno de los agentes que han fallado más en esta crisis? Una respuesta a estas preguntas es que el Gobierno aceptó por demasiado tiempo las premisas liberales que causaron la crisis y que ahora están dificultando la recuperación económica. Sería de desear que el Gobierno recuperara plenamente su vocación transformadora que quedaba reflejada en su programa y que todavía necesita desarrollarse plenamente. Para ello debe aliarse con las fuerzas a su izquierda que le permitan neutralizar a las fuerzas conservadoras y liberales promovidas por el capital financiero en España.
* Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
¿hay soluciones para afganistán?
Alberto Piris*
El profesor Marc W. Herold, del departamento de Economía de la Universidad de New Hampshire (EEUU), no es un recién llegado al círculo de analistas internacionales preocupados por Afganistán y por la guerra que viene asolando este país durante más de ocho años. Su original y completo análisis geopolítico ( Afganistán como un espacio vacío - El perfecto estado colonial del siglo XXI, ed. Foca, Madrid 2007) es quizá, por ahora, el más completo manual de referencia sobre Afganistán disponible en lengua española.
El pasado 15 de octubre pronunció una conferencia en la Harvard Law School, con el título "Afganistán, resistiendo a la ocupación y al fundamentalismo", que hubiera sido de mucha utilidad para los ministros de Defensa de la OTAN reunidos en Bratislava la semana pasada. Éstos intentaron ponerse de acuerdo sobre la estrategia más conveniente que permita vislumbrar un final aceptable para esta guerra que amenaza con eternizarse. Y que amenaza, también, con poner en serias dificultades a los Gobiernos involucrados en ella a través de la OTAN, ante unas opiniones públicas cada vez más opuestas a la continuación del esfuerzo bélico, y a la misma Alianza Atlántica, que ha acabado por hacer del éxito militar de sus armas en Oriente Medio una cuestión de vida o muerte para su credibilidad y su discutible supervivencia como tal organización militar.
Inició su intervención exponiendo unos puntos básicos, que luego desarrolló, de entre los que merece la pena extractar lo siguiente:
"La guerra de EEUU en Afganistán no puede ganarse ni militarmente ni en términos de contrainsurgencia. Los bombardeos y la ocupación han reforzado a Al Qaeda, en vez de debilitarla, promoviendo su descentralización al menos en dos continentes (Asia y África). Gracias a EEUU, Al Qaeda es ahora un organización global".
"La Historia nos muestra claramente que el principal factor que obliga a EEUU a retirarse de un conflicto es el aumento de sus bajas militares, como ocurrió en Indochina (1965-75), en Líbano en 1983 -con el ataque terrorista que mató a 241 soldados en Beirut- o en Somalia en 1993, con el derribo de dos helicópteros estadounidenses".
La conclusión a la que llega es: "La única solución para EEUU es retirarse lo más rápidamente posible, como hizo la URSS en 1989, y dejar que los afganos encuentren una solución viable de compromiso, lo mismo que hicieron los vietnamitas en 1975". Opina que el planteamiento de Obama y del general McChrystal -refuerzo militar y "afganización" de la seguridad- conducirá a una guerra interminable; y que, por otra parte, el del vicepresidente Biden -utilizar masivamente aviones no tripulados para destruir a Al Qaeda en las zonas fronterizas con Pakistán- crearía en los más fanáticos islamistas pashtunes una sensación tal de impotencia y ansias de venganza que propiciaria nuevas acciones terroristas, al estilo de las de Bombay, Londres, Madrid y EEUU.
Herold rechaza la extendida opinión de que la retirada de las fuerzas aliadas convertiría a Afganistán en un refugio para Al Qaeda y que EEUU volvería a ser víctima de un ataque como el sufrido el 11-S. Aduce que esta organización no necesita refugios; la preparación para los atentados contra Washington y Nueva York se realizó en unas escuelas aeronáuticas de EEUU y en unos domicilios situados en ciudades alemanas. Más que una estructura jerarquizada de mando, Al Qaeda provee una brújula que orienta a sus terroristas, que no necesitan ocultarse en recónditas guaridas.
Tampoco cree Herold que a los talibanes se les pueda aplicar el "divide y vencerás", suponiendo que haya entre ellos quienes podrían ser captados por las fuerzas de ocupación: "Los talibanes quizá no sean un bloque monolítico, pero tienen el control político de sus fuerzas. Reforzar las de EEUU favorecerá el poder de los talibanes y su capacidad de reclutamiento".
Insiste en que los talibanes y Al Qaeda no son lo mismo; las preocupaciones de aquéllos son principalmente domésticas, mientras que Al Qaeda y otros grupos similares se consideran implicados en una yihad universal. Además, recuerda Herold, los talibanes "aprendieron a finales de 2001 la violencia que puede desencadenar el poder militar de EEUU, y no desean volver a acoger entre ellos a los activistas de Al Qaeda", opinión en la que coinciden los más reflexivos analistas occidentales.
Muy poco de lo hasta aquí expuesto forma parte del actual pensamiento estratégico de la OTAN, pero no le vendría mal prestar atención a lo que el profesor Herold sugiere. No basta con repetir, como se hace a menudo, que el problema de Afganistán ha llegado a un punto donde no hay solución viable: tan erróneo parece perseverar en la ocupación militar como concluirla lo antes posible. Pero, aunque así fuese, la peor opción sería adoptar una decisión basada en la exasperación y la irritación que produce el no encontrar soluciones razonables. A veces parece obligado sospechar que esto es precisamente lo que está ocurriendo.
* General de Artillería en la reserva y analista de política internacional del Centro de Educación e Investigación para la Paz
El profesor Marc W. Herold, del departamento de Economía de la Universidad de New Hampshire (EEUU), no es un recién llegado al círculo de analistas internacionales preocupados por Afganistán y por la guerra que viene asolando este país durante más de ocho años. Su original y completo análisis geopolítico ( Afganistán como un espacio vacío - El perfecto estado colonial del siglo XXI, ed. Foca, Madrid 2007) es quizá, por ahora, el más completo manual de referencia sobre Afganistán disponible en lengua española.
El pasado 15 de octubre pronunció una conferencia en la Harvard Law School, con el título "Afganistán, resistiendo a la ocupación y al fundamentalismo", que hubiera sido de mucha utilidad para los ministros de Defensa de la OTAN reunidos en Bratislava la semana pasada. Éstos intentaron ponerse de acuerdo sobre la estrategia más conveniente que permita vislumbrar un final aceptable para esta guerra que amenaza con eternizarse. Y que amenaza, también, con poner en serias dificultades a los Gobiernos involucrados en ella a través de la OTAN, ante unas opiniones públicas cada vez más opuestas a la continuación del esfuerzo bélico, y a la misma Alianza Atlántica, que ha acabado por hacer del éxito militar de sus armas en Oriente Medio una cuestión de vida o muerte para su credibilidad y su discutible supervivencia como tal organización militar.
Inició su intervención exponiendo unos puntos básicos, que luego desarrolló, de entre los que merece la pena extractar lo siguiente:
"La guerra de EEUU en Afganistán no puede ganarse ni militarmente ni en términos de contrainsurgencia. Los bombardeos y la ocupación han reforzado a Al Qaeda, en vez de debilitarla, promoviendo su descentralización al menos en dos continentes (Asia y África). Gracias a EEUU, Al Qaeda es ahora un organización global".
"La Historia nos muestra claramente que el principal factor que obliga a EEUU a retirarse de un conflicto es el aumento de sus bajas militares, como ocurrió en Indochina (1965-75), en Líbano en 1983 -con el ataque terrorista que mató a 241 soldados en Beirut- o en Somalia en 1993, con el derribo de dos helicópteros estadounidenses".
La conclusión a la que llega es: "La única solución para EEUU es retirarse lo más rápidamente posible, como hizo la URSS en 1989, y dejar que los afganos encuentren una solución viable de compromiso, lo mismo que hicieron los vietnamitas en 1975". Opina que el planteamiento de Obama y del general McChrystal -refuerzo militar y "afganización" de la seguridad- conducirá a una guerra interminable; y que, por otra parte, el del vicepresidente Biden -utilizar masivamente aviones no tripulados para destruir a Al Qaeda en las zonas fronterizas con Pakistán- crearía en los más fanáticos islamistas pashtunes una sensación tal de impotencia y ansias de venganza que propiciaria nuevas acciones terroristas, al estilo de las de Bombay, Londres, Madrid y EEUU.
Herold rechaza la extendida opinión de que la retirada de las fuerzas aliadas convertiría a Afganistán en un refugio para Al Qaeda y que EEUU volvería a ser víctima de un ataque como el sufrido el 11-S. Aduce que esta organización no necesita refugios; la preparación para los atentados contra Washington y Nueva York se realizó en unas escuelas aeronáuticas de EEUU y en unos domicilios situados en ciudades alemanas. Más que una estructura jerarquizada de mando, Al Qaeda provee una brújula que orienta a sus terroristas, que no necesitan ocultarse en recónditas guaridas.
Tampoco cree Herold que a los talibanes se les pueda aplicar el "divide y vencerás", suponiendo que haya entre ellos quienes podrían ser captados por las fuerzas de ocupación: "Los talibanes quizá no sean un bloque monolítico, pero tienen el control político de sus fuerzas. Reforzar las de EEUU favorecerá el poder de los talibanes y su capacidad de reclutamiento".
Insiste en que los talibanes y Al Qaeda no son lo mismo; las preocupaciones de aquéllos son principalmente domésticas, mientras que Al Qaeda y otros grupos similares se consideran implicados en una yihad universal. Además, recuerda Herold, los talibanes "aprendieron a finales de 2001 la violencia que puede desencadenar el poder militar de EEUU, y no desean volver a acoger entre ellos a los activistas de Al Qaeda", opinión en la que coinciden los más reflexivos analistas occidentales.
Muy poco de lo hasta aquí expuesto forma parte del actual pensamiento estratégico de la OTAN, pero no le vendría mal prestar atención a lo que el profesor Herold sugiere. No basta con repetir, como se hace a menudo, que el problema de Afganistán ha llegado a un punto donde no hay solución viable: tan erróneo parece perseverar en la ocupación militar como concluirla lo antes posible. Pero, aunque así fuese, la peor opción sería adoptar una decisión basada en la exasperación y la irritación que produce el no encontrar soluciones razonables. A veces parece obligado sospechar que esto es precisamente lo que está ocurriendo.
* General de Artillería en la reserva y analista de política internacional del Centro de Educación e Investigación para la Paz
el punto de vista ruso
Alberto Piris*
Tanto las percepciones asumidas durante un pasado de prolongado enfrentamiento, como las realidades del momento actual, obstruyen el deseable camino de entendimiento entre los dos grandes polos de poder militar que coexisten hoy en el continente europeo: Rusia y la OTAN.
Por parte de la Alianza, son conocidas las tres propuestas básicas expuestas por su secretario general, Anders Rasmussen, el mismo día de su toma de posesión, para mejorar el entendimiento entre ambas partes. Pueden resumirse así:
- Un esfuerzo conjunto de la OTAN y Rusia para reforzar su cooperación práctica en aquellos asuntos en que ambas afrontan riesgos y amenazas comunes.
- Reactivar el Consejo OTAN-Rusia, para que pueda servir como foro de diálogo sobre el modo de mejorar la paz y la estabilidad europeas.
- Una revisión conjunta de los nuevos peligros que habrá que afrontar en el siglo XXI, a fin de establecer las bases para una sólida cooperación futura.
Todo esto fue bien acogido por la opinión pública europea, pero la realidad cotidiana apenas muestra ninguna repercusión práctica de tan positivas intenciones. Como ha sucedido a menudo en la Alianza Atlántica, la interacción de países con distintos intereses y las a menudo divergentes opiniones de los altos dirigentes políticos y militares crean una cierta confusión interna que puede paralizar algunos de sus mejores propósitos.
Parece imprescindible, sin embargo, recoger también el punto de vista ruso sobre esta cuestión, tal como lo ha expuesto recientemente Vladimir Kozin, analista del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, en un artículo publicado en el diario The Moscow Times. Según él, los principales obstáculos que dificultan la cooperación de Rusia con la OTAN son ocho:
1) El sentimiento antirruso de algunos miembros de la OTAN, que se concreta en las políticas abiertamente hostiles de seis países fronterizos con Rusia y las antiguas repúblicas ex soviéticas.
2) La constante tendencia de ampliación de la OTAN, que incluye a Ucrania y Georgia, como recordó Rasmussen en el acto antes aludido.
3) La tendencia de la OTAN a reforzar sus armas nucleares y convencionales, a pesar de que en ambos tipos de armamento supera a Rusia, agravada por el hecho de que los miembros de la OTAN no han ratificado el tratado de fuerzas convencionales en Europa, lo que Rusia sí ha hecho.
4) El aumento del número de bases militares de la OTAN próximas a la frontera rusa (nueve bases más tras la primera ampliación de la Alianza).
5) Los nuevos planes que han sustituido al abortado "escudo antimisiles" de Bush, para configurar lo que Obama ha denominado la nueva arquitectura europea de defensa antimisiles, desplegarán nuevos sistemas en todos los países de la OTAN, aumentando el número de armas próximas a la frontera rusa. La vaga oferta de Rasmussen de estudiar las posibilidades de vincular los sistemas de defensa de EEUU, la OTAN y Rusia deja en el aire asuntos vitales sobre la contribución de cada uno de ellos y sobre cómo se determinará quiénes serán los enemigos a afrontar.
6) La creciente actividad de las fuerzas aéreas y navales, a veces provistas de armamento nuclear, de varios países de la OTAN en las proximidades del territorio ruso, incluyendo los mares Báltico y Negro.
7) El hecho de que Rusia sigue siendo el principal enemigo potencial de la OTAN en lo relativo a su orientación estratégica y su doctrina militar.
8) El rechazo de la OTAN a la propuesta de Medvedev de establecer un nuevo pacto de seguridad europeo que incluya a Rusia en pie de igualdad con los restante socios.
Tras esta lista de agravios, que muchos políticos rusos comparten y otros discuten, el artículo citado revela, en sus líneas finales, una constante que viene determinando la política rusa desde el tiempo de los zares, cuando aconseja a la OTAN que "tenga en cuenta que Rusia nunca consentirá ser relegada a los márgenes del mundo civilizado, en sentido político, económico o militar".
El lector estará de acuerdo en que para alcanzar un arreglo satisfactorio es necesario conocer las opiniones de las partes enfrentadas, como se hace en este comentario. Pero es probable que no haya advertido en esta cuestión una grave anomalía de fondo que todo lo perturba. Tan acostumbrados estamos ya a la situación actual, que no nos choca que, para alcanzar un entendimiento sobre cuestiones relativas a la seguridad y la defensa en nuestro continente, la Unión Europea tenga que hablar a través de la OTAN -una alianza donde el indiscutible socio hegemónico no es europeo- y no tenga voz para entenderse directamente con Rusia.
La Europa que en breve se transformará con el Tratado de Lisboa no sólo adolece de un serio déficit democrático, sino que también está lastrada desde sus más remotos orígenes por haber dejado un aspecto tan importante como el de su seguridad militar en manos de una organización militar que nació y creció durante la Guerra Fría, para oponerse a la extinta URSS. La Rusia de hoy poco tiene que ver con la URSS del pasado, pero a la burocracia de la OTAN le costará olvidar la época en que las cosas estaban muy claras y el temible enemigo a batir era ostensible para todos.
* General de Artillería en la reserva y analista de política internacional del Centro de Educación e Investigación para la Paz
Tanto las percepciones asumidas durante un pasado de prolongado enfrentamiento, como las realidades del momento actual, obstruyen el deseable camino de entendimiento entre los dos grandes polos de poder militar que coexisten hoy en el continente europeo: Rusia y la OTAN.
Por parte de la Alianza, son conocidas las tres propuestas básicas expuestas por su secretario general, Anders Rasmussen, el mismo día de su toma de posesión, para mejorar el entendimiento entre ambas partes. Pueden resumirse así:
- Un esfuerzo conjunto de la OTAN y Rusia para reforzar su cooperación práctica en aquellos asuntos en que ambas afrontan riesgos y amenazas comunes.
- Reactivar el Consejo OTAN-Rusia, para que pueda servir como foro de diálogo sobre el modo de mejorar la paz y la estabilidad europeas.
- Una revisión conjunta de los nuevos peligros que habrá que afrontar en el siglo XXI, a fin de establecer las bases para una sólida cooperación futura.
Todo esto fue bien acogido por la opinión pública europea, pero la realidad cotidiana apenas muestra ninguna repercusión práctica de tan positivas intenciones. Como ha sucedido a menudo en la Alianza Atlántica, la interacción de países con distintos intereses y las a menudo divergentes opiniones de los altos dirigentes políticos y militares crean una cierta confusión interna que puede paralizar algunos de sus mejores propósitos.
Parece imprescindible, sin embargo, recoger también el punto de vista ruso sobre esta cuestión, tal como lo ha expuesto recientemente Vladimir Kozin, analista del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, en un artículo publicado en el diario The Moscow Times. Según él, los principales obstáculos que dificultan la cooperación de Rusia con la OTAN son ocho:
1) El sentimiento antirruso de algunos miembros de la OTAN, que se concreta en las políticas abiertamente hostiles de seis países fronterizos con Rusia y las antiguas repúblicas ex soviéticas.
2) La constante tendencia de ampliación de la OTAN, que incluye a Ucrania y Georgia, como recordó Rasmussen en el acto antes aludido.
3) La tendencia de la OTAN a reforzar sus armas nucleares y convencionales, a pesar de que en ambos tipos de armamento supera a Rusia, agravada por el hecho de que los miembros de la OTAN no han ratificado el tratado de fuerzas convencionales en Europa, lo que Rusia sí ha hecho.
4) El aumento del número de bases militares de la OTAN próximas a la frontera rusa (nueve bases más tras la primera ampliación de la Alianza).
5) Los nuevos planes que han sustituido al abortado "escudo antimisiles" de Bush, para configurar lo que Obama ha denominado la nueva arquitectura europea de defensa antimisiles, desplegarán nuevos sistemas en todos los países de la OTAN, aumentando el número de armas próximas a la frontera rusa. La vaga oferta de Rasmussen de estudiar las posibilidades de vincular los sistemas de defensa de EEUU, la OTAN y Rusia deja en el aire asuntos vitales sobre la contribución de cada uno de ellos y sobre cómo se determinará quiénes serán los enemigos a afrontar.
6) La creciente actividad de las fuerzas aéreas y navales, a veces provistas de armamento nuclear, de varios países de la OTAN en las proximidades del territorio ruso, incluyendo los mares Báltico y Negro.
7) El hecho de que Rusia sigue siendo el principal enemigo potencial de la OTAN en lo relativo a su orientación estratégica y su doctrina militar.
8) El rechazo de la OTAN a la propuesta de Medvedev de establecer un nuevo pacto de seguridad europeo que incluya a Rusia en pie de igualdad con los restante socios.
Tras esta lista de agravios, que muchos políticos rusos comparten y otros discuten, el artículo citado revela, en sus líneas finales, una constante que viene determinando la política rusa desde el tiempo de los zares, cuando aconseja a la OTAN que "tenga en cuenta que Rusia nunca consentirá ser relegada a los márgenes del mundo civilizado, en sentido político, económico o militar".
El lector estará de acuerdo en que para alcanzar un arreglo satisfactorio es necesario conocer las opiniones de las partes enfrentadas, como se hace en este comentario. Pero es probable que no haya advertido en esta cuestión una grave anomalía de fondo que todo lo perturba. Tan acostumbrados estamos ya a la situación actual, que no nos choca que, para alcanzar un entendimiento sobre cuestiones relativas a la seguridad y la defensa en nuestro continente, la Unión Europea tenga que hablar a través de la OTAN -una alianza donde el indiscutible socio hegemónico no es europeo- y no tenga voz para entenderse directamente con Rusia.
La Europa que en breve se transformará con el Tratado de Lisboa no sólo adolece de un serio déficit democrático, sino que también está lastrada desde sus más remotos orígenes por haber dejado un aspecto tan importante como el de su seguridad militar en manos de una organización militar que nació y creció durante la Guerra Fría, para oponerse a la extinta URSS. La Rusia de hoy poco tiene que ver con la URSS del pasado, pero a la burocracia de la OTAN le costará olvidar la época en que las cosas estaban muy claras y el temible enemigo a batir era ostensible para todos.
* General de Artillería en la reserva y analista de política internacional del Centro de Educación e Investigación para la Paz
domingo, 8 de noviembre de 2009
poder de clase en españa
Vicenç Navarro*
Dos hechos ocurridos estos días (hechos que pasaron desapercibidos en los medios de información de mayor difusión del país) muestran lo retrasada que está España en su sensibilidad laboral y social. O dicho de otra manera, estos hechos documentan lo enormemente poderoso que es el mundo empresarial en nuestro país. Veamos.
El primer hecho es la decisión del National Board of Industrial Injuries (el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Seguridad Social) de Dinamarca, el cual ha decidido dar indemnizaciones a las mujeres con cáncer de mama, que lo hayan tenido como consecuencia de trabajar durante muchos años en turnos de noche, una condición laboral que se considera de alto riesgo para desarrollar tal enfermedad. El cáncer de mama es la causa de muerte más frecuente entre mujeres de 40 a 55 años, y representa el 45% de todos los cánceres que sufren las mujeres. En Dinamarca, una mujer con cáncer de mama, y que haya trabajado durante un largo periodo de su vida laboral en turnos de noche, y no tenga otros factores de riesgo que puedan haberle causado el cáncer, recibe automáticamente tal indemnización.
No así en España, donde tal causa de cáncer no es ni siquiera reconocida. Es más, aunque lo estuviera, el proceso que decide sobre indemnizaciones a los trabajadores que han enfermado por causas laborales es extremadamente favorable al mundo empresarial, el cual controla las Mutuas Laborales, las cuales usan todo tipo de intervenciones legales, habidas y por haber, exigiendo pruebas imposibles de proveer, para negar las indemnizaciones a los pacientes o a sus familiares. Cualquier médico que haya aportado evidencia a favor de sus pacientes en los tribunales sabe lo costoso, difícil, extenuante e injusto que es el sistema legal español, sesgado en contra del trabajador (que contrajo la enfermedad laboral) y a favor del mundo empresarial.
Prueba de lo que digo es el segundo caso al cual quiero hacer referencia. Mientras el Instituto Nacional de Seguridad Social de Dinamarca daba automáticamente la indemnización a 38 trabajadoras con cáncer de mama, que habían trabajado en turnos nocturnos más de veinte años, sin que tuvieran otros factores de riesgo, un Juzgado de lo Social (que decide en casos laborales) en Huesca, fallaba en contra de un trabajador que había contraído cáncer de páncreas como resultado de haber estado trabajando veinte años con compuestos químicos organoclonados, que se conoce causan este tipo de cáncer. Varios expertos declararon que las causas más importantes de este tipo de cáncer son el tabaco, la diabetes y la exposición a tales sustancias químicas. El paciente, el obrero Fernando Martínez (que falleció este junio), no fumaba, no tenía diabetes, ni ninguna otra condición que pudiera haberle causado tal tipo de cáncer. La causa era haber estado expuesto a estas sustancias químicas sin ninguna protección (que la empresa no proveyó). Ello no le fue suficiente a la juez titular del Juzgado Social de Huesca, que negó que la Mutua Laboral debiera proveer indemnización al Sr. Martínez pues, aunque estuviera expuesto a una sustancia que podía haberle causado tal cáncer, no había evidencia de causa directa y exclusiva, siendo razonable –dijo la juez- que una persona, en ausencia de una relación de causa-efecto, pudiera tener dudas sobre el caso. Es más, en España no se reconocía el cáncer de páncreas como posible enfermedad laboral. Y así terminó el caso.
Varias conclusiones se derivan de estos hechos (narrados por Berta Chulvi, Neus Moreno y Benito Carrera en la Revista de Salud Laboral de CCOO, uno de los forums más creíbles en cuanto a condiciones laborales en España). Una, es el enorme poder de la patronal en España y el sesgo sistemático y sistémico de los tribunales, llamados de justicia, a favor de la patronal. Es una situación que debiera indignar a cualquier persona con sensibilidad democrática. La transición inmodélica que tuvimos en España significó un cambio de una dictadura (enormemente favorable a la clase empresarial) a un sistema democrático sumamente insuficiente, en que tal poder de clase se muestra en la gran desprotección de la clase trabajadora, desprotección que se reproduce en los tribunales.
La segunda conclusión es que este excesivo poder de la clase empresarial interfiere en la eficiencia de la economía española. Dinamarca, como los otros países nórdicos de tradición socialdemócrata (en este momento Dinamarca está gobernada por una coalición de partidos conservadores y liberales que han respetado las conquistas sociales adquiridas durante muchos años de gobierno socialdemócrata), es uno de los países que ofrece mayor protección y seguridad al trabajador, siendo, a la vez, uno de los países con mayor eficiencia económica. Incluso Davos (el Vaticano liberal) así lo reconoce. Tales países están entre los que tienen mayor eficiencia económica, y mayor flexibilidad laboral. La famosa flexiseguridad se inventó en Dinamarca. En aquel sistema, el trabajador y los sindicatos que les representan colaboran en flexibilizar el mercado de trabajo. Y lo hacen porque tal flexibilidad no afecta a su seguridad y protección social. El gasto público social (30% del PIB) y la legislación laboral protegen al trabajador. Aquí en España (el gasto en protección social es el 19% del PIB), el excesivo poder empresarial, mal acostumbrado al régimen dictatorial, quiere imponer la flexibilidad a base de desregular y empobrecer el mercado de trabajo, haciéndole incluso difícil al trabajador el recibir compensación por un daño que, en la mayoría de casos, se debe a la negligencia empresarial. El contraste entre los dos casos que cito en este artículo es abrumador y ofende a cualquier persona que haya luchado por tener un país más justo y democrático del que tenemos.
Y una tercera consecuencia es la escasa visibilidad mediática que tienen estos temas laborales, reflejo de un excesivo poder empresarial. Los medios de mayor difusión en el país ignoran estas realidades que alcanzan niveles de crueldad.
* http://www.vnavarro.org
Dos hechos ocurridos estos días (hechos que pasaron desapercibidos en los medios de información de mayor difusión del país) muestran lo retrasada que está España en su sensibilidad laboral y social. O dicho de otra manera, estos hechos documentan lo enormemente poderoso que es el mundo empresarial en nuestro país. Veamos.
El primer hecho es la decisión del National Board of Industrial Injuries (el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Seguridad Social) de Dinamarca, el cual ha decidido dar indemnizaciones a las mujeres con cáncer de mama, que lo hayan tenido como consecuencia de trabajar durante muchos años en turnos de noche, una condición laboral que se considera de alto riesgo para desarrollar tal enfermedad. El cáncer de mama es la causa de muerte más frecuente entre mujeres de 40 a 55 años, y representa el 45% de todos los cánceres que sufren las mujeres. En Dinamarca, una mujer con cáncer de mama, y que haya trabajado durante un largo periodo de su vida laboral en turnos de noche, y no tenga otros factores de riesgo que puedan haberle causado el cáncer, recibe automáticamente tal indemnización.
No así en España, donde tal causa de cáncer no es ni siquiera reconocida. Es más, aunque lo estuviera, el proceso que decide sobre indemnizaciones a los trabajadores que han enfermado por causas laborales es extremadamente favorable al mundo empresarial, el cual controla las Mutuas Laborales, las cuales usan todo tipo de intervenciones legales, habidas y por haber, exigiendo pruebas imposibles de proveer, para negar las indemnizaciones a los pacientes o a sus familiares. Cualquier médico que haya aportado evidencia a favor de sus pacientes en los tribunales sabe lo costoso, difícil, extenuante e injusto que es el sistema legal español, sesgado en contra del trabajador (que contrajo la enfermedad laboral) y a favor del mundo empresarial.
Prueba de lo que digo es el segundo caso al cual quiero hacer referencia. Mientras el Instituto Nacional de Seguridad Social de Dinamarca daba automáticamente la indemnización a 38 trabajadoras con cáncer de mama, que habían trabajado en turnos nocturnos más de veinte años, sin que tuvieran otros factores de riesgo, un Juzgado de lo Social (que decide en casos laborales) en Huesca, fallaba en contra de un trabajador que había contraído cáncer de páncreas como resultado de haber estado trabajando veinte años con compuestos químicos organoclonados, que se conoce causan este tipo de cáncer. Varios expertos declararon que las causas más importantes de este tipo de cáncer son el tabaco, la diabetes y la exposición a tales sustancias químicas. El paciente, el obrero Fernando Martínez (que falleció este junio), no fumaba, no tenía diabetes, ni ninguna otra condición que pudiera haberle causado tal tipo de cáncer. La causa era haber estado expuesto a estas sustancias químicas sin ninguna protección (que la empresa no proveyó). Ello no le fue suficiente a la juez titular del Juzgado Social de Huesca, que negó que la Mutua Laboral debiera proveer indemnización al Sr. Martínez pues, aunque estuviera expuesto a una sustancia que podía haberle causado tal cáncer, no había evidencia de causa directa y exclusiva, siendo razonable –dijo la juez- que una persona, en ausencia de una relación de causa-efecto, pudiera tener dudas sobre el caso. Es más, en España no se reconocía el cáncer de páncreas como posible enfermedad laboral. Y así terminó el caso.
Varias conclusiones se derivan de estos hechos (narrados por Berta Chulvi, Neus Moreno y Benito Carrera en la Revista de Salud Laboral de CCOO, uno de los forums más creíbles en cuanto a condiciones laborales en España). Una, es el enorme poder de la patronal en España y el sesgo sistemático y sistémico de los tribunales, llamados de justicia, a favor de la patronal. Es una situación que debiera indignar a cualquier persona con sensibilidad democrática. La transición inmodélica que tuvimos en España significó un cambio de una dictadura (enormemente favorable a la clase empresarial) a un sistema democrático sumamente insuficiente, en que tal poder de clase se muestra en la gran desprotección de la clase trabajadora, desprotección que se reproduce en los tribunales.
La segunda conclusión es que este excesivo poder de la clase empresarial interfiere en la eficiencia de la economía española. Dinamarca, como los otros países nórdicos de tradición socialdemócrata (en este momento Dinamarca está gobernada por una coalición de partidos conservadores y liberales que han respetado las conquistas sociales adquiridas durante muchos años de gobierno socialdemócrata), es uno de los países que ofrece mayor protección y seguridad al trabajador, siendo, a la vez, uno de los países con mayor eficiencia económica. Incluso Davos (el Vaticano liberal) así lo reconoce. Tales países están entre los que tienen mayor eficiencia económica, y mayor flexibilidad laboral. La famosa flexiseguridad se inventó en Dinamarca. En aquel sistema, el trabajador y los sindicatos que les representan colaboran en flexibilizar el mercado de trabajo. Y lo hacen porque tal flexibilidad no afecta a su seguridad y protección social. El gasto público social (30% del PIB) y la legislación laboral protegen al trabajador. Aquí en España (el gasto en protección social es el 19% del PIB), el excesivo poder empresarial, mal acostumbrado al régimen dictatorial, quiere imponer la flexibilidad a base de desregular y empobrecer el mercado de trabajo, haciéndole incluso difícil al trabajador el recibir compensación por un daño que, en la mayoría de casos, se debe a la negligencia empresarial. El contraste entre los dos casos que cito en este artículo es abrumador y ofende a cualquier persona que haya luchado por tener un país más justo y democrático del que tenemos.
Y una tercera consecuencia es la escasa visibilidad mediática que tienen estos temas laborales, reflejo de un excesivo poder empresarial. Los medios de mayor difusión en el país ignoran estas realidades que alcanzan niveles de crueldad.
* http://www.vnavarro.org
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