Francisco Herreros*
Cualquier análisis que pretenda rigor y seriedad debe partir del reconocimiento de la intensidad y la extensión geográfica del terremoto seguido de tsunamis en numerosas localidades costeras de tres regiones, la madrugada del 27 de febrero, inscrito ya entre las peores de las muchas tragedias que ha sufrido este país a lo largo y ancho de su historia.
Pero eso no alcanza para justificar la pasmosa ineficacia, la descoordinación, la tardanza en la respuesta e incluso la crisis de diagnóstico que mostraron por igual las instancias de gobierno central, regional, local y municipal; la institucionalidad dispuesta para la emergencia; las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y los servicios de salud; los servicios básicos como electricidad, agua potable, telefonía y telecomunicaciones, e incluso los medios de comunicación; lo cual no obstó para que en el nivel del discurso todo estuviera, en todo momento, “bajo control”.
Dos imágenes bastan para demostrar ese juicio, en general compartido por la ciudadanía.
Tal vez la más emblemática haya sido la descoordinación entre la Armada y la Oficina Nacional de Emergencia acerca de la existencia o no de riesgo de tsunami, transmitida profusamente por el sistema mediático, cuando éste ya había borrado de la faz de la tierra a poblados costeros completos y sembrado destrucción en ciudades más importantes, como Constitución y Talcahuano, donde barrió con una base naval, sin que hasta el momento haya una evaluación medianamente aproximada del número de desaparecidos.
Incluso el alcalde de Tomé, Eduardo Aguilera, denunció esta confusión como causa de la muerte de pobladores que desde los cerros regresaron a sus viviendas confiando en la información difundida por los medios.
La segunda no es menos elocuente. La primera ayuda que recibieron alrededor del mediodía del martes 2 los primeros habitantes de la traumatizada población de Concepción, consistente en víveres de la más elemental necesidad, tardó más de 72 horas después de producida la tragedia. Se trata de la segunda ciudad del país, y no de poblados remotos de los que no se tuviera noticia.
Y hay una tercera, que encierra ominosas interrogantes sobre el país que hemos construido, relativa al hecho de que en el primer plano de las preocupaciones de la autoridad, los políticos, la prensa e incluso de la población de las regiones afectadas haya estado la seguridad pública y por tanto la exigencia del despliegue de las Fuerzas Armadas; en lugar de la solidaridad de un ayer no tan lejano, el reconocerse como pueblo en la tragedia y el inicio de las tareas de la reconstrucción.
En suma, las dolorosas consecuencias de una catástrofe natural a las que este país está habitualmente expuesto, dejaron al descubierto no sólo la pedante insustancialidad del discurso de la modernidad, la eficiencia y el desarrollo, sino también las profundas fracturas de nuestra estratificada sociedad.
Carácter de clase de la tragedia
Por de pronto, y como siempre ocurre en estos desastres, el mayor castigo se abatió sobre los sectores más modestos y vulnerables de la población; sea por el material ligero de sus viviendas; por la ubicación de las mismas, en zonas periféricas, mayormente expuestas a las calamidades naturales, o por carencia de recursos para soportarlas una vez que se presentan. Más aún en este caso, cuando la tragedia llegó a fin de mes, con los hogares precariamente abastecidos y sin haber recibido ingresos salariales.
Una imagen proyectada por los medios de comunicación ilustra el carácter de clase que rápidamente asumen eventos como un sismo de estas proporciones. Casi sin excepción, los periodistas que relataban las impresionantes secuencias de los primeros saqueos de supermercados en Concepción colocaban el énfasis en el derecho de propiedad de los dueños de las cadenas, en lugar del hambre y la necesidad de la gente, en circunstancias de que ya habían pasado más de 36 horas desde el sismo, sin que hubiese llegado no ya ayuda, sino tan siquiera una orientación a esa martirizada población. Tanto es así, que el propio Horst Paulmann, todopoderoso dueño de la cadena Cencosud, llamó al orden a los periodistas a la salida de La Moneda, y les rogó encarecidamente omitir la palabra “saqueo”, por sus potenciales efectos de demostración y contagio.
Lo dijo después de haberse reunido por más de una hora con las autoridades de mayor rango del país en la propia sede del Gobierno, posibilidad que por cierto no tenían las masas desesperadas, lanzadas a la acción directa. Aunque de manera ambigua, quedó flotando la versión de que el Gobierno se haría cargo del costo de la mercadería saqueada. Por tanto cabe la pregunta ¿qué hubiera pasado si los dueños de las grandes cadenas de supermercados toman tempranamente la decisión de olvidarse por un momento de sus ganancias y distribuir la mercadería en la población? Tal vez se hubieran conjurado muchas de las impresionantes escenas que se pudieron observar en directo, o hubiesen descendido los niveles de tensión social, pero a esta altura eso queda en el terreno de la especulación.
En el mismo lodo todos revolcados
Otra cosa muy distinta son los saqueos perpetrados por bandas de lumpen organizado y armado, no sólo a grandes tiendas y pequeños establecimientos, sino también a atemorizados vecinos que intentaban defender sus pertenencias, tema que se verá más adelante, en otro contexto.
Pero ¿es saqueo o libre mercado la conducta de aquellos comerciantes que, aprovechando el contexto de la tragedia, elevaron productos como el pan hasta diez veces su valor? ¿es aceptable que personas de condición acomodada acapararan productos básicos que necesitaban los afectados, mientras otros, en regiones no castigadas por el sismo continuaban su vida como si nada? ¿qué pasa con la condena social a esas conductas igualmente deleznables?
Y una pregunta ineludible: ¿quién le responde a la gente por el enorme sufrimiento social derivado de tan manifiesta inoperancia en el manejo de la crisis?
Pavorosa ineficacia
Quizá convenga aclarar que no se trata de una crítica a conductas individuales. Nadie podría desconocer la oportuna reacción de la Presidenta de la República, que se puso personalmente a la cabeza del dispositivo de emergencia, o a la Directora de la ONEMI, que pasó a lo menos 48 horas ininterrumpidas sin dormir. Distinto es el caso de la alcaldesa de Concepción, que para disimular su propia ineptitud, incapacidad y falta de conducción, le endosó la responsabilidad al gobierno central, con argumentos de tan dudoso gusto como sugerir que éste había sido más expedito en enviar tropas a Haití que a las zonas afectadas por el cataclismo de la madrugada del 27 de febrero.
El problema es que el dispositivo no funcionó, o más bien lo hizo sólo en un sentido mediático, virtual, que en no pocas ocasiones causó más descoordinación y desconcierto, que sensación de orientación y liderazgo, sin perjuicio de la fractura entre la realidad y el discurso.
Y no podía ser de otra forma, porque lo primero que colapsó en este país, supuesto ejemplo de modernidad, fue toda la infraestructura de comunicaciones, incluidas las redes radiales de Carabineros y las Fuerzas Armadas, y las redes inalámbricas de telefonía celular. Con asombro, se pudo comprobar que ni la institucionalidad de la emergencia, ni siquiera las fuerzas policiales o las fuerzas armadas, contaban con una red de respaldo.
Todo bajo control
Sin embargo, a falta de comunicaciones efectivas, emergieron al punto tanto el prurito autoritario heredado de la dictadura, consistente en la obsesión de mantener todo bajo control así el mundo se esté cayendo, como la tendencia posmoderna de hacer pasar la realidad por el tamiz del marketing político, de forma que durante las primeras 24 horas predominó el discurso triunfalista en virtud del cual Chile, debido a su organización e infraestructura, había soportado de una manera más que aceptable un sismo que a otros países hubiera dejado literalmente en el suelo. Fue el día en que se discutió si lo que hubo fue marejada o tsunami, y que, como se encargó de señalar el diario The Washington Post, “la Mandataria sugirió que Chile no necesitaría ayuda internacional”.
Fuego cruzado
El punto de inflexión ocurrió a mediodía del domingo, con la imagen del desvalijamiento de un supermercado Líder en Concepción, ante una fuerza policial largamente sobrepasada, y a partir de ese momento, casi sin pausa, con los informes periodísticos y las imágenes de destrucción, que empezaron a llegar desde las áreas más lejanas, particularmente del borde costero de las regiones del Maule y el Bío-Bío.
La profusión de testimonios unánimes e inapelables de damnificados clamando por ayuda y reclamando por abandono hizo que el sentido del discurso cambiara hasta el extremo opuesto. Se empezó a hablar de una “tragedia sin parangón en nuestra historia”, mientras cada cual intentó salvar sus responsabilidades. Así, el Ministro de Defensa, calificó derechamente de erróneo el comportamiento de la Armada, respecto al aviso de tsunami; “gentileza” devuelta primero por el Comandante en Jefe de la FACh, quién aseguró que la institución tenía listos los aviones dos horas después del siniestro, pero "el problema fue que no nos llegó la orden; son otros los que deben indicar dónde ir y con qué ayuda”, (a lo que ésta replicó que había esperado por cuatro horas un helicóptero la mañana del terremoto) y luego por el Comandante en Jefe de la propia Armada, quién aseguró que se había enviado a la ONEMI un aviso radial por la banda de alta frecuencia alertando sobre la posibilidad de tsunami veinte minutos después del terremoto, reiterado doce minutos después por fax, tal como establecen los protocolos, sin perjuicio de lo cual reconoció que no se le informó con claridad a la Presidenta cuando ésta llamó por teléfono, a las 05:15 de la madrugada. El detalle es crítico, pues los reportes de las distintas localidades afectadas indican que el primero de los tsunami ocurrió a las O4:20 h. en Iloca, y el último a las 06:30 h. en Constitución.
Estado de excepción
La derecha, como de costumbre, a través de personajes como la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados Jovino Novoa y Rodrigo Alvarez, y el propio Presidente electo Sebastián Piñera, redujeron el problema a “pillaje y vandalismo”, y por tanto dedicaron el resto del domingo a exigir despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, lo cual hizo la Presidenta al día siguiente. Decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las dos regiones más afectadas, por un período de 30 días, y designó como responsable de garantizar el orden público en la región del Bío Bío, al jefe del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército, General Guillermo Ramírez Chovar, y al General de Brigada Bosco Pesce Quappe, en la del Maule.
A partir de ese momento, el tema de la seguridad pública empezó a predominar sin contrapeso en el discurso oficial: “van a recibir todo el rigor que la ley contempla”, advirtió la mandataria; “las Fuerzas Armadas no se van a inhibir en el cumplimiento de su deber, usando las armas si fuese necesario”, tronó el Ministro de Hacienda. El día martes ya había doce mil efectivos militares en la zona del desastre.
Pérdida de musculatura
En el nivel del discurso, la cadena de desaciertos, descoordinaciones y declaraciones contradictorias se intentó conjurar, de una parte, con la apelación al colapso de los sistemas de comunicaciones, tesis enarbolada por la Ministra Armanet, y de otra, mediante la invocación de que este “no es el momento del análisis, sino el momento de la acción”, tesis de la Presidenta Bachelet, ni el momento de buscar responsabilidades, tesis del Ministro Pérez Yoma.
Sin embargo, es del todo evidente que la gravedad de la emergencia exige un análisis minucioso. Y en un primer nivel no puede resultar tan sorprendente la crisis en el manejo de la emergencia, si se consideran las tres décadas de impugnación a conceptos como planificación o proceso de toma de decisiones a nivel centralizado, así como las diatribas y descalificaciones contra el Estado, perpetradas en nombre de la eficiencia de un mercado tanto más eficiente cuanto mayormente desregulado. De esa manera cuando el aparato del Estado fue interpelado a fondo por una catástrofe de semejantes proporciones, quedó en evidencia que no sólo había perdido entrenamiento, sino también musculatura. En consecuencia, el resultado no podía ser muy distinto.
Lucro y rentabilidad
Enseguida, no se puede eludir las responsabilidades en el colapso de las redes de comunicación, de energía eléctrica, de agua potable y de infraestructura vial, así como en la caída o daño estructural irreparable en numerosos edificios de reciente construcción, incluso en el centro de uno de los símbolos de la arrogancia neoliberal, como la ciudad empresarial; más aún cuando desde hace tres décadas se viene machacando sobre la eficiencia de la empresa privada.
Seriamente no se puede especular acerca de qué hubiese pasado si esos servicios básicos e indispensables estuviesen en poder del Estado o bajo algún régimen de administración pública. Pero el hecho es que estaban en poder de conglomerados privados, cuya primera prioridad, si es que no única finalidad, es la ganancia, y la segunda, la rentabilidad de su inversión. Y el hecho es que 72 horas después de ocurrido el sismo, las zonas más afectadas por el desastre seguían sin energía eléctrica ni agua potable, lo cual generaba numerosos efectos en cascada, incluyendo, naturalmente, la violencia social.
Ciertamente, la debilidad del sistema de energía eléctrica, que ya se ha manifestado en múltiples ocasiones, es el problema principal, pues fue el detonante de la falla de los otros sistemas, como las redes de comunicaciones, las redes de agua potable, las redes de abastecimiento de combustible y las cadenas de supermercados. Es evidente que esa debilidad obedece, al menos en parte, a la huelga de inversiones que sostuvieron los consorcios transnacionales entre 2002 y 2007, mientras no lograron que el gobierno les asegurara la rentabilidad de las mismas, por la vía del incremento de las tarifas.
Las empresas sanitarias aducen que sin energía eléctrica no pueden hacer funcionar las redes de agua potable. Pero ¿qué otra cosa aparte de la ausencia de rentabilidad, les impidió distribuir agua potable mediante camiones cisterna? Claro, podrían argumentar la falta de combustible, y los distribuidores de combustibles alegarán la falta de energía eléctrica, tal como el gobierno imputó su impotencia a la caída del sistema de comunicaciones, y así recursivamente.
En este orgulloso Chile de la modernidad, nadie quiere aceptar sus responsabilidades.
No es accesorio reiterar la interrogante ¿qué hubiese pasado si el gremio de cadenas de supermercados decide el día sábado repartir mercadería en los sectores más azotados por la catástrofe? Con su nivel de interlocución con el Gobierno, igual hubieran logrado el pago de la cuenta, y así y todo, habría sido socialmente más barato para todos. Pero, como en un inmenso tablero de teoría de los juegos, cada cual eligió apostar por su interés individual.
Detrás del derrumbe
El mismo juicio merece el colapso de modernas autopistas concesionadas y la implosión o daños estructurales irremediables en centenares de elevados edificios recién entregados o incluso aún en construcción.
El obispo de Rancagua, Alejandro Goic, fue tajante: “ El hombre usa mal su libertad y por ganar unos pesos más llegamos a esta triste tragedia”, dijo en referencia a los innumerables casos de fallas estructurales en carreteras y edificios. Es evidente que esa fue una de las causas. Pero también están en las normas y protocolos de construcción, y en la supervisión de las mismas. Los ingentes recursos que orbitan en torno al negocio de la construcción parecen haber relajado el cumplimiento de la normativa por parte de ciertas empresas y la fiscalización de ciertos funcionarios de la institucionalidad supervisora.
Como fuere, los resultados están a la vista y nadie los puede desmentir.
Resulta irónico observar que los desvíos de la emblemática ruta sur concesionada pasan por antiguas rutas hoy relegadas a la condición de caleteras, construidas cuando la finalidad de las carreteras era la conectividad vial y no el pretexto para el lucro de grandes consorcios transnacionales, las que resistieron incólumes el terremoto.
En el caso de las autopistas hay por contrato seguros comprometidos. Pero en el caso de los edificios, ¿quién responderá a los propietarios de los departamentos?
El segundo terremoto
Queda para el final el análisis del problema más delicado, aquél que el Obispo de Concepción, Ricardo Ezzati denominó “un segundo terremoto” y que los más lúcidos reporteros de televisión describieron como un “terremoto social” de consecuencias casi más devastadoras que el de condición natural, y que obliga a interrogarnos acerca del tipo de sociedad hemos construido.
José Luis Ugarte, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, formuló acertadamente la interrogante de la siguiente manera:
“¿Por qué en Chile apenas el orden se retira –cuando el brazo armado de la ley deja de atemorizar- los sectores más pobres se sienten con el legitimo derecho de saquear y tomar aquello que de otro modo –los legales- no alcanzan?”. Y la respondió también de manera atinada: “la sensación de injusticia y de exclusión altamente extendida entre los pobres –que tantas veces se ha diagnosticado como “escandalosa desigualdad”- hace que nuestra sociedad esté pegada con el mismo pegamento que esos edificios nuevos que hoy se derrumban”. E incluso da un paso más allá: “el terremoto –quién lo iba a decir- ha desnudado al capitalismo chileno mostrando vergonzosamente sus pies de barro. Ni nuestra mejor propaganda ni la de los organismos financieros puede esconder que a la hora de repartir entre todos nuestros beneficios, nos parecemos más a los países africanos que a los del primer mundo con los que nos gustaría compararnos”.
En ese cuadro, no sorprende que la derecha reduzca la complejidad del problema a “pillaje y vandalismo”, lo cual, consecuentemente, puede ser resuelto con mano dura y represión, porque eso está en su naturaleza genética.
Incluso tampoco es sorprendente que sectores de modesta condición, la clase más golpeada por la represión dictatorial, haya clamado por la presencia militar en las calles, puesto que la sensación de peligro, inseguridad y desamparo ante la eclosión social, fue una experiencia dramáticamente real.
También es cierto que el análisis fino debe distinguir entre el robo por necesidad y el saqueo del lumpen organizado, sin omitir que el Jefe de la Plaza de Concepción, general Ramírez, declaró que más del 60% de los llamados a las patrullas militares correspondían a psicosis colectiva.
Anomia social
En términos sociológicos, en las regiones asoladas por el terremoto se verificó de manera amplificada lo que Durkheim y Merton caracterizaron como anomia social, referida a la desviación o ruptura de las normas sociales, en concepto del primero, o a la disociación entre los objetivos culturales y el acceso de ciertos sectores a los medios necesarios, por lo que la relación entre los medios y los fines se debilita, en opinión del segundo. O en palabras de Ugarte, una falta de lealtad con la sociedad.
Pero ¿qué lealtad con la sociedad pueden sentir sectores triplemente marginados; marginados del reparto de los recursos; marginados de las oportunidades y marginados de la participación política y social? ¿Y quién puede lanzar la primera piedra en cuanto al respeto a las normas o exigir lealtad social después de tres décadas de prédica de individualismo, de loas al consumismo desenfrenado, de disolvente práctica del sálvese quién pueda y de descarada impunidad de los delincuentes de cuello y corbata?
Una vez más es útil la reflexión del profesor Ugarte: “es que pedir a tanto chileno que recibe el sueldo mínimo, que no tiene mayores derechos laborales ni quienes lo representen -en Chile los sindicatos no existen-; que no tienen ni salud ni educación pública de calidad, que de súbito muestre lealtad y compromiso -y no sólo miedo a la cárcel- con un modelo que los excluye, respetando el sagrado derecho de propiedad, es simplemente una ingenuidad que el terremoto ha hecho caer como la cúpula de la Divina Providencia”. A la inversa, agrega, “no es difícil entender por qué los ganadores en nuestro modelo –unos pocos- exhiben y exigen alta lealtad a las reglas, incluidas las que protegen de mejor manera sus triunfos, como es la propiedad. Lo difícil es pretender que los perdedores de siempre –nuestros eternos pobres- tengan lealtad hacia reglas que no sólo no han diseñado sino que mirada nuestra historia, han estado marcadas desde siempre a favor de los mismos”.
En suma, en primer y último término el problema es político y se inscribe en el proyecto de sociedad que han impuesto las elites en los últimos 35 años.
En sociedades desarrolladas, como Suecia u Holanda, o igualitarias, como Cuba, que han hecho ingentes esfuerzos por incluir y distribuir el producto entre todos, y donde existe alto grado de lealtad y cohesión social, son inimaginables escenas que dieron la vuelta al mundo como la convulsión social que sucedió a la convulsión telúrica, en este país ejemplo de modernidad.
Fascismo agazapado
A la inversa, en sociedades altamente desiguales, la cohesión y la lealtad social son sustituidas por la fuerza, la represión y el temor, que como se sabe, constituyen el caldo de cultivo para el desarrollo del fascismo, el cual, aunque en ciernes, no ha estado ausente en estos días de tragedia.
Expresiones filofascistas son aquellas imágenes que muestran hombres y muchachos enarbolando garrotes y armas arrojadizas para defenderse de las turbas vandálicas. A lo menos protofascista es el siguiente titular de un diario de circulación nacional: “Militares de toman las calles en Concepción: Se Acabó el Webeo, Siñures”, de intencionada connotación pinochetista; y derechamente fascista, es el afiebrado argumento de un columnista de la misma cadena periodística, para quién el origen del problema está en la “hegemonía ideológica de las doctrinas acerca de los derechos humanos” y en el hecho de que “por veinte años la Concertación no hizo sino debilitar el concepto mismo de "orden público".
Para decirlo en breve, el terremoto no fue sino un fogonazo de advertencia, a la luz del cual podemos observar el modo cómo treinta años de modelo económico excluyente y desigual han colocado a este país al borde del abismo.
No es fatal que caigamos en él. No es cierto que el hombre es el lobo del hombre, como muestra la correlación entre la llegada de la ayuda y el cese de los “zaqueoz”, para decirlo en palabras de un majadero reportero de televisión. No es cierto que la “cuestión social” se soluciona con mano dura y represión. A lo más posterga el problema al precio de profundizarlo en su base. No hay mejor garantía para la seguridad pública, e incluso para el derecho a la propiedad, que la justicia distributiva y un contrato social equitativo para todos los contratantes. Ergo, la única solución es el esfuerzo incesante, incansable, insobornable, de los sectores más lúcidos de la sociedad, orientado a generar las correlaciones que permitan avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias, en el ambiente más democrático que sea posible.
El problema consiste en que al menos por los próximos cuatro años, esa tarea se hará mucho más cuesta arriba.
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