Vicenç Navarro*
Uno de los argumentos más utilizados en defensa de la disminución de los impuestos por autores liberales es que tal descenso de la carga impositiva da más libertad a la ciudadanía para hacer lo que desee con su dinero. La ciudadanía –según tal argumento- no necesita al Estado, cuyas intervenciones se presentan motivadas por un deseo de control y consecuente pérdida de libertad del individuo. De ahí su énfasis en la privatización de los servicios públicos, incluyendo los servicios del Estado del bienestar tales como la Sanidad, la Educación, las pensiones, los servicios domiciliarios y las escuelas de infancia, entre otros. El sector privado permite –según el credo liberal- la libertad que el sector público niega. Consecuencia de este entendimiento liberal, se afirma que la carga fiscal limita la libertad, concluyéndose que a menor carga fiscal en un país, mayor es el grado de libertad existente. Tal postura ha sido promovida por los partidos conservadores y liberales así como por economistas liberales (que gozan de grandes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión liberales, que son mayoría en nuestro país).
Lo que es sorprendente es que este discurso se reproduce constantemente a pesar de que la evidencia sobre política fiscal comparada muestra precisamente lo contrario. El último trabajo publicado en tal literatura científica es un estudio realizado por André Barilari y Thomas Brand que analiza la relación existente en 130 países entre el nivel de libertad individual existente en un país (definida por la institución de sensibilidad liberal conocida como Freedom House) y su carga impositiva (obtenida de los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional). El Estudio publicado en el último número (nº 108, octubre 2009) de la revista “Revue Française de Finances Publiques”, muestra que a mayor libertad existente en un país, y a mayores facilidades para expresarla a través de las instituciones representativas, mayor es su carga fiscal. Los datos no pueden ser más claros y convincentes.
Los autores de tal Estudio agrupan a los 130 países en tres grupos. El primero incluye aquellos países que tienen una carga fiscal muy baja (entre un 10% y un 12% del PIB). La mayoría de estos países son dictaduras, en los que la libertad es muy reducida, casi inexistente. Varias de estas dictaduras, por cierto, han sido apoyadas por economistas liberales, siendo el caso más conocido el de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía del año 1976, uno de los economistas con mayor influencia sobre el movimiento liberal, que apoyó activamente el golpe militar del General Pinochet y la dictadura que estableció y que bajó los impuestos. El último caso –de esta larga lista de casos- es el apoyo de la Internacional Liberal al reciente golpe militar de Honduras y al sistema escasamente democrático que se estableció, donde las libertades resultaron muy mermadas (y que también bajó los impuestos).
El segundo grupo de países incluye países cuya carga fiscal está entre un 10-12% del PIB y un 25% del PIB. La mayoría son países con limitada democracia, donde las libertades aunque existentes están muy limitadas. Y el tercer grupo son países cuya carga fiscal es superior al 25% del PIB y en los que existe democracia. Pero lo que es interesante señalar es que en este último grupo de países, la carga fiscal está relacionada, en general, con la calidad del sistema democrático, medido por el grado de representatividad de sus instituciones representativas. Según los trabajos dirigidos por Pablo Beramendi y Christopher J. Anderson publicados en el libro Democracy, Inequality and Representation, los países que son más democráticos son aquellos que desarrollan más el principio de representatividad y proporcionalidad en su sistema electoral. Es decir que el voto de cada persona que participa en el proceso electoral tiene igual peso al escoger a sus representantes, los cuales reflejan proporcionalmente el voto recibido. Si el electorado de la opción política A recibe, por ejemplo, el 20% de los votos, sus miembros representan el 20% de la cámara legislativa. Pues bien, estos países son los que tienen mayor carga fiscal, con mayor progresividad y mayor impacto redistributivo en las intervenciones del estado. Los países nórdicos de Europa son un ejemplo de ello. En el otro polo de calidad del sistema democrático están aquellos países que no tienen sistemas proporcionales sino mayoritarios (es decir, que son bipartidistas) y que se basan en sistemas electorales en los que no todos los votantes tienen igual capacidad decisoria. España es un ejemplo de ello, pues, aún cuando el sistema electoral es en teoría proporcional, en la práctica es mayoritario. Existe un sesgo en el sistema electoral que favorece a los territorios conservadores y al bipartidismo. Soria, territorio tradicionalmente conservador necesita sólo 30.000 votos para elegir un miembro de las Cortes. Barcelona y Madrid más de 150.000. Dentro de estos países, el que es más bipartidista es EE.UU., el sistema electoral menos representativo y proporcional, lo cual explica también su enorme abstención (Véase mi artículo en PÚBLICO, La muy limitada democracia en EE.UU., 24.09.09). Pues bien, estos últimos países son los que tienen una carga fiscal menor. España es uno de los países con menor carga fiscal en la UE y EE.UU. es el país con menor carga fiscal entre los países de la OCDE.
De estos hechos, podemos concluir que a mayor libertad para que cada persona pueda hacer valer su poder de decisión en las instituciones representativas, mayor es la calidad democrática de su sistema político, y mayor es su carga fiscal (y menores son las desigualdades sociales en un país). La explicación de este hecho es fácil de entender. La mayoría de la ciudadanía, y muy en particular, las clases populares, hacen valer el poder democrático que les da el voto, para garantizar a través de sus representantes en el estado, el poder desarrollar los servicios, transferencias e intervenciones que aseguren su propia libertad y protección social. De ahí se deriva que el escaso desarrollo social de España se debe precisamente a su limitada democracia.
* http://www.vnavarro.org/
sábado, 23 de enero de 2010
sábado, 16 de enero de 2010
en europa ha calado la estúpida idea de ser una fortaleza
Miguel Mora, entrevista a Mauro Palma
Mauro Palma (Roma, 1948) es matemático de formación y jurista por afición y obligación. Dedicó su tesis a la lógica del sistema penal italiano, luego creó Antígona, una asociación dedicada a controlar las prisiones, y colaboró con Argentina en la investigación de los desaparecidos. En 2000 se incorporó como experto al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, del que hoy es presidente. El comité, que acaba de cumplir 20 años, visita cada año centenares de centros de detención para supervisar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad en 47 países.
La situación, explica Palma ante un café y un cornetto (cruasán), es que "en Europa aún se producen casos de tortura y malos tratos, hay un creciente problema de masificación en las cárceles, las condiciones de retención de los inmigrantes son tremendas en muchos casos y algunos países aún colaboran en dar impunidad a los torturadores".
Palma recuerda que venía a este café de pequeño porque sus padres tomaban aquí el aperitivo ("hacían un turrón muy bueno, a veces venía Fellini"). Hoy pasa buena parte de su tiempo fuera de Roma, donde la realidad es menos agradable que la memoria. "El hacinamiento en las prisiones italianas ha llegado a límites intolerables". El Gobierno de Berlusconi le ha dado la razón y ha aprobado un plan para habilitar 21.000 nuevas plazas y aplicar arrestos domiciliarios al final de las condenas.
Palma tiene el dudoso privilegio de entrar sin anunciarse en las prisiones de los países firmantes de la convención. Ha estado en España. Recuerda Intxaurrondo como "un sitio donde podía pasar de todo y daba miedo entrar". Pero, más allá de los fallos particulares de cada país, Palma quiere subrayar cómo la industria del miedo se ha convertido en una moda política. "Europa está pasando del derecho penal del reo al derecho penal del enemigo. Sobre todo con los inmigrantes. La Liga del Norte lo vio antes que nadie, pero en muchos sitios se impone ese mismo discurso demagógico que acaba legitimando el maltrato. La trampa consiste en decir que es más eficaz y barato encerrar a una persona que reinsertarla. Es mentira, el circuito carcelario sólo genera más crimen. Como dijo Poincaré, 'entran cerdos y salen salchichas".
Así y todo, prosigue, "en Europa ha calado la estúpida idea de que debemos ser una fortaleza. La ampliación a seis meses del plazo de retención de los inmigrantes fue una decisión equivocada y, sobre todo, inhumana".
Palma y su equipo han elaborado un informe reservado porque creen que Italia incumple tres exigencias de la Convención Europea de Derechos Humanos. "No sabemos si Roma informa de sus derechos de asilo a los inmigrantes, si toma las decisiones de manera individual, ni si se ocupa de garantizar que Libia no tortura a los sin papeles o los manda a otro país". Antes de despedirse, deja otras noticias inquietantes. "En Europa se sigue torturando. Estamos llenos de casos y denuncias muy creíbles. El momento peor es el que sigue a los arrestos. Puedo decir que un Guantánamo en Europa no es posible, pero temo que sigue habiendo cárceles secretas". ¿Dónde exactamente? "Eso no puedo decirlo. Digamos que en el Cáucaso hay centros, lugares de paso... Pero el gran agujero negro es Bielorrusia, allí se ejecuta todavía".
http://www.cpt.coe.int/spanish.htm
Mauro Palma (Roma, 1948) es matemático de formación y jurista por afición y obligación. Dedicó su tesis a la lógica del sistema penal italiano, luego creó Antígona, una asociación dedicada a controlar las prisiones, y colaboró con Argentina en la investigación de los desaparecidos. En 2000 se incorporó como experto al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, del que hoy es presidente. El comité, que acaba de cumplir 20 años, visita cada año centenares de centros de detención para supervisar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad en 47 países.
La situación, explica Palma ante un café y un cornetto (cruasán), es que "en Europa aún se producen casos de tortura y malos tratos, hay un creciente problema de masificación en las cárceles, las condiciones de retención de los inmigrantes son tremendas en muchos casos y algunos países aún colaboran en dar impunidad a los torturadores".
Palma recuerda que venía a este café de pequeño porque sus padres tomaban aquí el aperitivo ("hacían un turrón muy bueno, a veces venía Fellini"). Hoy pasa buena parte de su tiempo fuera de Roma, donde la realidad es menos agradable que la memoria. "El hacinamiento en las prisiones italianas ha llegado a límites intolerables". El Gobierno de Berlusconi le ha dado la razón y ha aprobado un plan para habilitar 21.000 nuevas plazas y aplicar arrestos domiciliarios al final de las condenas.
Palma tiene el dudoso privilegio de entrar sin anunciarse en las prisiones de los países firmantes de la convención. Ha estado en España. Recuerda Intxaurrondo como "un sitio donde podía pasar de todo y daba miedo entrar". Pero, más allá de los fallos particulares de cada país, Palma quiere subrayar cómo la industria del miedo se ha convertido en una moda política. "Europa está pasando del derecho penal del reo al derecho penal del enemigo. Sobre todo con los inmigrantes. La Liga del Norte lo vio antes que nadie, pero en muchos sitios se impone ese mismo discurso demagógico que acaba legitimando el maltrato. La trampa consiste en decir que es más eficaz y barato encerrar a una persona que reinsertarla. Es mentira, el circuito carcelario sólo genera más crimen. Como dijo Poincaré, 'entran cerdos y salen salchichas".
Así y todo, prosigue, "en Europa ha calado la estúpida idea de que debemos ser una fortaleza. La ampliación a seis meses del plazo de retención de los inmigrantes fue una decisión equivocada y, sobre todo, inhumana".
Palma y su equipo han elaborado un informe reservado porque creen que Italia incumple tres exigencias de la Convención Europea de Derechos Humanos. "No sabemos si Roma informa de sus derechos de asilo a los inmigrantes, si toma las decisiones de manera individual, ni si se ocupa de garantizar que Libia no tortura a los sin papeles o los manda a otro país". Antes de despedirse, deja otras noticias inquietantes. "En Europa se sigue torturando. Estamos llenos de casos y denuncias muy creíbles. El momento peor es el que sigue a los arrestos. Puedo decir que un Guantánamo en Europa no es posible, pero temo que sigue habiendo cárceles secretas". ¿Dónde exactamente? "Eso no puedo decirlo. Digamos que en el Cáucaso hay centros, lugares de paso... Pero el gran agujero negro es Bielorrusia, allí se ejecuta todavía".
http://www.cpt.coe.int/spanish.htm
domingo, 10 de enero de 2010
guerra y paz para "populares"
Alberto Piris*
Produce bastante cansancio la frecuencia con la que determinados políticos del Partido Popular, que se tienen a sí mismos por especialistas en defensa o en política internacional, en su constante esfuerzo de acoso y hostigamiento al Gobierno, le exigen a éste que defina en sede parlamentaria si las tropas españolas desplegadas en Afganistán se hallan o no en una situación de guerra.
Deben creer, se supone, que una vez conocida la respuesta todo se aclarará y quedarán desveladas las incógnitas e incertidumbres que el conflicto afgano presenta a todos los Gobiernos de los países que contribuyen al esfuerzo bélico dirigido por EEUU y la OTAN. Podría recordárseles, además, que en este caso ni el Presidente del Gobierno español ni el partido en el poder son responsables del caos que en los últimos años han causado las intervenciones militares de Occidente en el Oriente Medio, caos que ahora parece extenderse también a Yemen.
A esos autoproclamados expertos bélicos habría que sugerirles que los conceptos que han leído en los viejos textos de estrategia o de historia de las guerras se han modificado sustancialmente. Y que a la confusión en la que parecen encontrarse contribuye en mucho el hecho de que se viene dando un equívoco sentido a la palabra "guerra" en acepciones hoy usuales, como guerra contra el narcotráfico, guerra contra la Mafia, contra el crimen organizado o, Bush dixit, guerra contra el terror.
Soy consciente de que los simples comentarios de un columnista, aunque sea un veterano observador de la realidad política internacional como el que firma estas líneas, no harán mella alguna en la tenaz cerrazón de quienes no desean reflexionar sobre conceptos tan importantes. El Parlamento español ha perdido la oportunidad de abrir un debate sobre éstos, a propósito precisamente de la participación militar y de cooperación española en Afganistán. Dada la perpetua pugna electoralista, que es casi el único motor que suscita la esgrima dialéctica entre nuestros parlamentarios, las esperanzas de alcanzar algunas conclusiones inteligentes no parecen muchas.
Por eso voy a reproducir un extenso párrafo de un prestigioso historiador, que me supera en conocimientos y en veteranía, el británico Eric Hobsbawm. Se refiere en él a la distinta actividad teórica de soldados y policías, aquéllos para ganar la guerra y éstos para restablecer el imperio de la Ley, lo que tiene una connotación moral de la que carece la guerra, aunque esta distinción es difícil de llevar a la práctica: "...el homicidio que un soldado comete en acto de servicio no es delito.
Pero, ¿y si un miembro del IRA se ve a sí mismo como un soldado, a pesar de ser, según las leyes del Reino Unido, un asesino? ¿Eran las operaciones en Irlanda del Norte una guerra tal y como sostenía el IRA, o un intento por mantener el orden frente a un grupo de malhechores en una provincia del Reino Unido? A la vista de que, durante más de treinta años, la movilización contra el IRA no afectó únicamente a un contingente policial numeroso sino también al ejército, podemos concluir que sí fue una guerra, aunque siguió un plan sistemático, como si de una operación policial se tratara, para minimizar el número de bajas y no perturbar el día a día de la provincia. Al final, se alcanzó una solución negociada que, como es habitual, no ha traído consigo de momento la paz; tan solo la ausencia de enfrentamientos. Así de complejas son las relaciones entre guerra y paz al comienzo de este nuevo siglo".
¿Cabe imaginar a nuestros parlamentarios de las comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores, dejando por un momento de lado el habitual y estéril enfrentamiento partidista y discutiendo razonadamente sobre un texto tan claro y enjundioso como el que arriba se reproduce?
La plantilla esbozada por la argumentación del profesor británico puede servir para razonar, sea sobre la lucha contra ETA, sea sobre la situación actual en Afganistán, Iraq, Colombia, Israel, etc. Allí donde las armas sigan matando, donde la injusticia siga provocando desigualdades y odios, donde la explotación de unos pueblos por otros o de unas clases sociales por otras siga siendo un fermento de inestabilidad y violencia.
Hoy el Parlamento quiere discutir sobre Afganistán; mañana, quizá sobre Yemen... y en esas discusiones superficiales, que pueden ser votos para mañana pero fracasos para pasado mañana, se van despilfarrando las oportunidades de encontrar soluciones a los verdaderos problemas de fondo, los que agobiarán a nuestros hijos y nietos, como acabamos de contemplar, avergonzados, en la opereta que ha tenido lugar recientemente en Copenhague.
*Alberto Piris es General de Artillería en la Reserva
Produce bastante cansancio la frecuencia con la que determinados políticos del Partido Popular, que se tienen a sí mismos por especialistas en defensa o en política internacional, en su constante esfuerzo de acoso y hostigamiento al Gobierno, le exigen a éste que defina en sede parlamentaria si las tropas españolas desplegadas en Afganistán se hallan o no en una situación de guerra.
Deben creer, se supone, que una vez conocida la respuesta todo se aclarará y quedarán desveladas las incógnitas e incertidumbres que el conflicto afgano presenta a todos los Gobiernos de los países que contribuyen al esfuerzo bélico dirigido por EEUU y la OTAN. Podría recordárseles, además, que en este caso ni el Presidente del Gobierno español ni el partido en el poder son responsables del caos que en los últimos años han causado las intervenciones militares de Occidente en el Oriente Medio, caos que ahora parece extenderse también a Yemen.
A esos autoproclamados expertos bélicos habría que sugerirles que los conceptos que han leído en los viejos textos de estrategia o de historia de las guerras se han modificado sustancialmente. Y que a la confusión en la que parecen encontrarse contribuye en mucho el hecho de que se viene dando un equívoco sentido a la palabra "guerra" en acepciones hoy usuales, como guerra contra el narcotráfico, guerra contra la Mafia, contra el crimen organizado o, Bush dixit, guerra contra el terror.
Soy consciente de que los simples comentarios de un columnista, aunque sea un veterano observador de la realidad política internacional como el que firma estas líneas, no harán mella alguna en la tenaz cerrazón de quienes no desean reflexionar sobre conceptos tan importantes. El Parlamento español ha perdido la oportunidad de abrir un debate sobre éstos, a propósito precisamente de la participación militar y de cooperación española en Afganistán. Dada la perpetua pugna electoralista, que es casi el único motor que suscita la esgrima dialéctica entre nuestros parlamentarios, las esperanzas de alcanzar algunas conclusiones inteligentes no parecen muchas.
Por eso voy a reproducir un extenso párrafo de un prestigioso historiador, que me supera en conocimientos y en veteranía, el británico Eric Hobsbawm. Se refiere en él a la distinta actividad teórica de soldados y policías, aquéllos para ganar la guerra y éstos para restablecer el imperio de la Ley, lo que tiene una connotación moral de la que carece la guerra, aunque esta distinción es difícil de llevar a la práctica: "...el homicidio que un soldado comete en acto de servicio no es delito.
Pero, ¿y si un miembro del IRA se ve a sí mismo como un soldado, a pesar de ser, según las leyes del Reino Unido, un asesino? ¿Eran las operaciones en Irlanda del Norte una guerra tal y como sostenía el IRA, o un intento por mantener el orden frente a un grupo de malhechores en una provincia del Reino Unido? A la vista de que, durante más de treinta años, la movilización contra el IRA no afectó únicamente a un contingente policial numeroso sino también al ejército, podemos concluir que sí fue una guerra, aunque siguió un plan sistemático, como si de una operación policial se tratara, para minimizar el número de bajas y no perturbar el día a día de la provincia. Al final, se alcanzó una solución negociada que, como es habitual, no ha traído consigo de momento la paz; tan solo la ausencia de enfrentamientos. Así de complejas son las relaciones entre guerra y paz al comienzo de este nuevo siglo".
¿Cabe imaginar a nuestros parlamentarios de las comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores, dejando por un momento de lado el habitual y estéril enfrentamiento partidista y discutiendo razonadamente sobre un texto tan claro y enjundioso como el que arriba se reproduce?
La plantilla esbozada por la argumentación del profesor británico puede servir para razonar, sea sobre la lucha contra ETA, sea sobre la situación actual en Afganistán, Iraq, Colombia, Israel, etc. Allí donde las armas sigan matando, donde la injusticia siga provocando desigualdades y odios, donde la explotación de unos pueblos por otros o de unas clases sociales por otras siga siendo un fermento de inestabilidad y violencia.
Hoy el Parlamento quiere discutir sobre Afganistán; mañana, quizá sobre Yemen... y en esas discusiones superficiales, que pueden ser votos para mañana pero fracasos para pasado mañana, se van despilfarrando las oportunidades de encontrar soluciones a los verdaderos problemas de fondo, los que agobiarán a nuestros hijos y nietos, como acabamos de contemplar, avergonzados, en la opereta que ha tenido lugar recientemente en Copenhague.
*Alberto Piris es General de Artillería en la Reserva
jueves, 7 de enero de 2010
el marketing del miedo prueba el fracaso del producto
J. C. García Fajardo*
“Hay palabras suaves, palabras que sirven para calmar el corazón y otras que hieren. Hay palabras que emocionan a un pueblo y cambian el mundo. Y hay palabras que son veneno, palabras que se infiltran en la sangre como una droga, pervierten el deseo y oscurecen el juicio. ‘Desarrollo’ es una de esas palabras tóxicas”. Con estas palabras de Serge Latouche, en Sobrevivir al desarrollo, encabeza Miguel Jara el epílogo a su ensayo, “La salud que viene. Nuevas enfermedades y el marketing del miedo”.
Libro estimulante desde las primeras páginas, presididas por la afirmación de Tocqueville: “Las sociedades deben juzgarse por su capacidad para hacer que la gente sea feliz”.
Con este rumbo como referente despliega el autor su estudio sobre las personas hipersensibles como centinelas de la vida.
Así aborda el marketing del miedo, el negocio de crear temor para vender tratamientos. Ofrecer un malestar confortable en lugar de un bienestar saludable.
Hace años que denuncio la afirmación neoliberal de que el objeto principal del Estado es ofrecer seguridad. Esto es una falacia porque el objeto y sentido del Estado es el bienestar de los ciudadanos mediante la justicia y la primacía de la paz como fruto de esta justicia. Lo contrario ocurre en los cementerios bajo la luna, donde hay quietud porque nadie se mueve.
Todo esto, exasperado por los medios de comunicación, se convierte en un mercado sin límites. Han creado una sociedad de mercado en el que los productos somos los seres humanos.
Ya vemos con qué naturalidad los dueños de grandes equipos de fútbol o de rugby hablan estos días de “aprovechar el mercado de invierno, para vender los jugadores que nos sobran y comprar lo que necesitamos”. Para después traspasarlos, cederlos, cambiarlos, como si retratasen de herramientas que hablan, que es como Aristóteles describió a los esclavos.
Seguimos tocando en la orquesta mientras se hunde nuestro modelo de desarrollo elevado a categoría. De un modelo económico hemos derivado a una metafísica, sin atrevernos a cuestionar la premisa mayor. Huxley pronosticó la dictadura perfecta con apariencia de democracia. “Una cárcel sin muros donde nadie quiere irse ya que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos sienten amor por la esclavitud”.
Bienvenidas estas llamadas a la reflexión, a la resistencia y a la rebelión ante un modelo de sociedad en el que ya no nos enfrentamos a un mero “reajuste” de la economía, pues es el propio modelo económico global el que está en crisis. La crisis, escribe Jara, “es el estado normal de funcionamiento del modelo. No puede ser de otro modo cuando dicho proyecto económico se cimenta en el crecimiento infinito en un espacio finito como es el planeta Tierra, la casa común que nos acoge”.
Es preciso reflexionar sobre las estrategias de marketing del miedo que son testimonio del fracaso del “producto”.
Asistir impasibles al derrumbe de una civilización que ha fracasado nos sitúa en un escenario esperanzador: podemos convertir lo que es un problema en una oportunidad para evolucionar hacia algo mejor. “Es la crisis la que ofrece al individuo elegir entre seguridad y libertad; entre comodidad e imaginación; entre delegación y autonomía; elegir entre lamentarnos por los problemas o encontrar soluciones. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura”, alerta M. Jara, porque tenemos que replantear los conceptos de calidad de vida, progreso o bienestar. La verdad es que nuestra sociedad ha denominado crecimiento, desarrollo y progreso a lo que es consumir a ciegas los recursos que ofrece la naturaleza, lo que es igual a consumirnos a nosotros mismos.
Y todo esto en un mundo en el que más de mil millones de personas pasan hambre, padecen enfermedades, vegetan en la ignorancia mientras se destroza el medioambiente. Una economía social asoma la cabeza entre los residuos provocados por una economía de despilfarro que pretendía hacerse “sostenible” sin reducir su actividad, escribe con esperanza nuestro autor, porque se trata de superar la crisis perenne con valores como la austeridad, la sobriedad, la belleza de lo pequeño; el decrecimiento sostenible.
Cuando nadie ni nada te necesita, ¿qué sentido tiene sobrevivir sin referencia ni esperanza? Pero tiene que ser posible la esperanza en otro mundo posible porque es necesario.
* http://nesemu.blogia.com/
“Hay palabras suaves, palabras que sirven para calmar el corazón y otras que hieren. Hay palabras que emocionan a un pueblo y cambian el mundo. Y hay palabras que son veneno, palabras que se infiltran en la sangre como una droga, pervierten el deseo y oscurecen el juicio. ‘Desarrollo’ es una de esas palabras tóxicas”. Con estas palabras de Serge Latouche, en Sobrevivir al desarrollo, encabeza Miguel Jara el epílogo a su ensayo, “La salud que viene. Nuevas enfermedades y el marketing del miedo”.
Libro estimulante desde las primeras páginas, presididas por la afirmación de Tocqueville: “Las sociedades deben juzgarse por su capacidad para hacer que la gente sea feliz”.
Con este rumbo como referente despliega el autor su estudio sobre las personas hipersensibles como centinelas de la vida.
Así aborda el marketing del miedo, el negocio de crear temor para vender tratamientos. Ofrecer un malestar confortable en lugar de un bienestar saludable.
Hace años que denuncio la afirmación neoliberal de que el objeto principal del Estado es ofrecer seguridad. Esto es una falacia porque el objeto y sentido del Estado es el bienestar de los ciudadanos mediante la justicia y la primacía de la paz como fruto de esta justicia. Lo contrario ocurre en los cementerios bajo la luna, donde hay quietud porque nadie se mueve.
Todo esto, exasperado por los medios de comunicación, se convierte en un mercado sin límites. Han creado una sociedad de mercado en el que los productos somos los seres humanos.
Ya vemos con qué naturalidad los dueños de grandes equipos de fútbol o de rugby hablan estos días de “aprovechar el mercado de invierno, para vender los jugadores que nos sobran y comprar lo que necesitamos”. Para después traspasarlos, cederlos, cambiarlos, como si retratasen de herramientas que hablan, que es como Aristóteles describió a los esclavos.
Seguimos tocando en la orquesta mientras se hunde nuestro modelo de desarrollo elevado a categoría. De un modelo económico hemos derivado a una metafísica, sin atrevernos a cuestionar la premisa mayor. Huxley pronosticó la dictadura perfecta con apariencia de democracia. “Una cárcel sin muros donde nadie quiere irse ya que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos sienten amor por la esclavitud”.
Bienvenidas estas llamadas a la reflexión, a la resistencia y a la rebelión ante un modelo de sociedad en el que ya no nos enfrentamos a un mero “reajuste” de la economía, pues es el propio modelo económico global el que está en crisis. La crisis, escribe Jara, “es el estado normal de funcionamiento del modelo. No puede ser de otro modo cuando dicho proyecto económico se cimenta en el crecimiento infinito en un espacio finito como es el planeta Tierra, la casa común que nos acoge”.
Es preciso reflexionar sobre las estrategias de marketing del miedo que son testimonio del fracaso del “producto”.
Asistir impasibles al derrumbe de una civilización que ha fracasado nos sitúa en un escenario esperanzador: podemos convertir lo que es un problema en una oportunidad para evolucionar hacia algo mejor. “Es la crisis la que ofrece al individuo elegir entre seguridad y libertad; entre comodidad e imaginación; entre delegación y autonomía; elegir entre lamentarnos por los problemas o encontrar soluciones. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura”, alerta M. Jara, porque tenemos que replantear los conceptos de calidad de vida, progreso o bienestar. La verdad es que nuestra sociedad ha denominado crecimiento, desarrollo y progreso a lo que es consumir a ciegas los recursos que ofrece la naturaleza, lo que es igual a consumirnos a nosotros mismos.
Y todo esto en un mundo en el que más de mil millones de personas pasan hambre, padecen enfermedades, vegetan en la ignorancia mientras se destroza el medioambiente. Una economía social asoma la cabeza entre los residuos provocados por una economía de despilfarro que pretendía hacerse “sostenible” sin reducir su actividad, escribe con esperanza nuestro autor, porque se trata de superar la crisis perenne con valores como la austeridad, la sobriedad, la belleza de lo pequeño; el decrecimiento sostenible.
Cuando nadie ni nada te necesita, ¿qué sentido tiene sobrevivir sin referencia ni esperanza? Pero tiene que ser posible la esperanza en otro mundo posible porque es necesario.
* http://nesemu.blogia.com/
lunes, 4 de enero de 2010
desplazamientos en masa provocados por conflictos y violencia unilateral
Roberta Cohen y Francis M. Deng*
Los desplazamientos masivos de personas dentro de los países y a través de sus fronteras se han convertido en una característica común del mundo de la posguerra fría. También es un causal mayor de inseguridad humana. Las causas subyacentes a los desplazamientos masivos son los conflictos en torno al poder, la riqueza y la apropiación de recursos. Por lo tanto existen oportunidades para que tanto las autoridades nacionales como internacionales hagan frente a las más profundas divisiones estructurales en las sociedades cuando traten de poner fin a los conflictos y a los desplazamientos a través de procesos de paz.
La necesidad de protección internacional para las personas desplazadas internamente (PDI) fue uno de los factores que aceleró un cambio en la política internacional y el pensamiento en torno a la responsabilidad del estado. El sistema estato-céntrico en el que la soberanía era absoluta ha evolucionado en uno en que la conducta de los Estados respecto a sus ciudadanos se ha convertido en un asunto de preocupación y escrutinio internacional. El movimiento por los derechos humanos ha postulado por mucho tiempo la visión de que los derechos de las personas trascienden las fronteras y que la comunidad internacional debe hacer responsable al gobierno cuando éste no cumpla con sus obligaciones. El despliegue de más operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz para proteger a los civiles refleja esta nueva realidad, al igual que los esfuerzos de prevención y construcción de la paz.
Sin embargo, conceptos como la soberanía como responsabilidad y la responsabilidad de proteger (R2P) están muy lejos de la voluntad y la capacidad internacionales para ser aplicados. Es muy importante que las Naciones Unidas, los gobiernos involucrados, los organismos regionales y la sociedad civil (a) ayuden a los Estados a desarrollar sus propias capacidades y (b) presionen por el desarrollo de herramientas necesarias para lograr que la comunidad internacional desarrolle acciones
efectivas cuando las medidas persuasivas fracasen y grandes cantidades de personas se mantengan bajo la amenaza de la violencia y la tragedia humanitaria.
Los acuerdos de paz recientes cuentan con algunas disposiciones para el regreso, el reasentamiento y la reintegración de los desplazados. Involucrar a las PDI y a los refugiados repatriados en las discusiones puede evitar la violencia, prevenir la explotación y el abuso continuo, crear mayor confianza y promover la recuperación de las economías locales.
Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades en torno a las PDI y la Comisión de Construcción de la Paz de la ONU debe trabajar más activamente con ellos para garantizar regresos seguros y sostenibles, eliminar la marginación de los diferentes grupos y enfrentar las causas profundas de las disputas, remediando las injusticias pasadas.
http://www.sipri.org/
http://www.sipri.org/yearbook/2009/files/SIPRIYB09summaryES.pdf
Los desplazamientos masivos de personas dentro de los países y a través de sus fronteras se han convertido en una característica común del mundo de la posguerra fría. También es un causal mayor de inseguridad humana. Las causas subyacentes a los desplazamientos masivos son los conflictos en torno al poder, la riqueza y la apropiación de recursos. Por lo tanto existen oportunidades para que tanto las autoridades nacionales como internacionales hagan frente a las más profundas divisiones estructurales en las sociedades cuando traten de poner fin a los conflictos y a los desplazamientos a través de procesos de paz.
La necesidad de protección internacional para las personas desplazadas internamente (PDI) fue uno de los factores que aceleró un cambio en la política internacional y el pensamiento en torno a la responsabilidad del estado. El sistema estato-céntrico en el que la soberanía era absoluta ha evolucionado en uno en que la conducta de los Estados respecto a sus ciudadanos se ha convertido en un asunto de preocupación y escrutinio internacional. El movimiento por los derechos humanos ha postulado por mucho tiempo la visión de que los derechos de las personas trascienden las fronteras y que la comunidad internacional debe hacer responsable al gobierno cuando éste no cumpla con sus obligaciones. El despliegue de más operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz para proteger a los civiles refleja esta nueva realidad, al igual que los esfuerzos de prevención y construcción de la paz.
Sin embargo, conceptos como la soberanía como responsabilidad y la responsabilidad de proteger (R2P) están muy lejos de la voluntad y la capacidad internacionales para ser aplicados. Es muy importante que las Naciones Unidas, los gobiernos involucrados, los organismos regionales y la sociedad civil (a) ayuden a los Estados a desarrollar sus propias capacidades y (b) presionen por el desarrollo de herramientas necesarias para lograr que la comunidad internacional desarrolle acciones
efectivas cuando las medidas persuasivas fracasen y grandes cantidades de personas se mantengan bajo la amenaza de la violencia y la tragedia humanitaria.
Los acuerdos de paz recientes cuentan con algunas disposiciones para el regreso, el reasentamiento y la reintegración de los desplazados. Involucrar a las PDI y a los refugiados repatriados en las discusiones puede evitar la violencia, prevenir la explotación y el abuso continuo, crear mayor confianza y promover la recuperación de las economías locales.
Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades en torno a las PDI y la Comisión de Construcción de la Paz de la ONU debe trabajar más activamente con ellos para garantizar regresos seguros y sostenibles, eliminar la marginación de los diferentes grupos y enfrentar las causas profundas de las disputas, remediando las injusticias pasadas.
http://www.sipri.org/
http://www.sipri.org/yearbook/2009/files/SIPRIYB09summaryES.pdf
lunes, 28 de diciembre de 2009
si banqueros y políticos fueran ángeles
Víctor Lapuente
Qué tienen en común los escándalos financieros en Estados Unidos que han desencadenado la crisis económica mundial con los escándalos de corrupción política que hacen que la mayoría de sociedades de la Europa del Sur y del Este estén cayendo en los índices internacionales de buen gobierno por debajo de países como Chile, Botswana o Qatar?
El factor más repetido a ambos lados del Atlántico es "la avaricia de unos pocos". Es un argumento muy útil para los políticos. Queda bien en los mítines disertar sobre la avaricia como resultado de la idolatría a las fuerzas del mercado desregulado o la cultura del pelotazo. Además, apelando a la avaricia humana, los políticos pueden imponer la solución más fácil de vender al electorado: mayor regulación pública (más procedimientos administrativos y registros más detallados de las actividades de todo tipo de instituciones públicas y privadas) y más organismos públicos que actúen como controles externos de las instituciones potencialmente peligrosas. Destinemos más recursos públicos a agencias reguladoras de las instituciones financieras y a fiscalías o agencias anticorrupción.
Sin embargo, hay motivos para dudar sobre la funcionalidad de esta creciente industria del control público -más allá obviamente de ayudar a ganar elecciones para los que la defienden-. Por una parte, los estudios de corrupción política muestran que aumentar el número de procedimientos administrativos (para llevar a cabo cualquier actividad económica privada o pública) o introducir agencias específicas para la lucha contra la corrupción no tiene efectos positivos significativos. Por ejemplo, la mayoría de países con bajos niveles de corrupción ni tienen agencias anticorrup-ción ni las tenían cuando estaban combatiendo activamente la corrupción.
Por otra, si analizamos los escándalos financieros que han afectado a tantos bancos americanos, vemos que el origen de los mismos no reside tanto en la ausencia de agencias reguladoras -pues siempre es posible encontrar fórmulas creativas para sortear casi todo tipo de regulaciones- como en la excesiva tolerancia hacia el riesgo de los directivos de algunas instituciones financieras. Los ejecutivos adoptaron (o toleraron que sus subordinados adoptaran) decisiones de mucho riesgo que no habrían tomado con su propio dinero. Pero eran los ahorros de los accionistas. En otras palabras, una lectura alternativa de la crisis financiera es la de un abuso sistemático de los intereses de los accionistas de las propias instituciones afectadas por parte de los ejecutivos de las mismas, que sabían que no pagarían las consecuencias plenas de sus actos y jugaron con fuego o, en este caso, con hipotecas basura.
Por tanto, lo que tienen en común las instituciones del sector privado americanas responsables de la crisis financiera con las instituciones del sector público responsables de la crisis de corrupción política en el Sur y Este de Europa es un abuso de los intereses de los accionistas (inversores en el primer caso y ciudadanos en el segundo) por parte de unos directivos (ejecutivos y políticos electos, respectivamente) que no están limitados por pesos y contrapesos dentro de sus propias organizaciones. Ambas instituciones sufren el denominado "dilema madisoniano", ya que fue James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución americana, quien estableció la formulación clásica del problema: "Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al Gobierno serían necesarios. Al diseñar un gobierno de hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto: primero debes capacitar al Gobierno para controlar a los gobernados y, segundo, obligarle a controlarse a sí mismo". Los trabajos de científicos sociales contemporáneos, como Gary Miller, demuestran que todos los gobiernos -tanto del sector público como del privado- sufren este dilema. Los gobernantes de cualquier organización, independientemente de las regulaciones que les impongamos desde fuera, siempre tendrán oportunidades para sacar ventaja de su autonomía. Por ejemplo, aprovechando que saben más que los accionistas, los ejecutivos privados siempre pueden adquirir un coche (o un jet) extra a cargo de la empresa o exponer el dinero de los accionistas a un riesgo de más a cambio de un bono. Y los gobernantes públicos siempre pueden construir una carretera o un polideportivo de más u ofrecer un trato de favor (camuflado de forma perfectamente legal) a un amigo. La solución que Miller y otros apuntan para minimizar este oportunismo inherente a las posiciones ejecutivas es crear un relativo nivel de conflicto en la cúpula de las organizaciones. Que personas con intereses distintos tengan que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones más importantes, aquellas que pueden acarrear un mayor abuso de los intereses de los accionistas.
En el sector privado, esto es lo que ocurre en aquellas empresas en las que existe un chairman of the board que es independiente del chief executive. Esta separación de intereses (o, como mínimo, la existencia de estos dos cargos de forma independiente) es habitual en empresas e instituciones financieras europeas. Por el contrario, la norma en Estados Unidos es que una misma persona acumule ambos cargos, lo que podría explicar por qué la gran mayoría de escándalos financieros se han dado en ese país. Muchos chief executives controlaban a placer los órganos que deberían controlarlos a ellos. Como señala The Economist, una de las primeras reformas que los bancos americanos más afectados por la crisis (como Citigroup, Washington Mutual o Wells Fargo) han adoptado ha sido separar los cargos de chairman of the board y de chief executive. Ésa es también la exigencia de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, el noruego NBIM: si queréis que invirtamos en vosotros, deberéis separar estos cargos para evitar que todo el poder se acumule en unas mismas manos.
En el sector público, el ejemplo por excelencia de separación de poderes es el Gobierno federal americano. Diseñado por pensadores como Madison, conscientes de que los gobernantes no son ángeles, un sofisticado sistema de pesos y contrapesos hace que el político más poderoso del mundo (el presidente de EE UU) tenga menos oportunidades para beneficiarse de actividades corruptas que cualquier político regional o local en un país como España -como podemos comprobar a diario-.
Diferentes versiones de este sistema madisoniano de separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas se ha implantado en las administraciones occidentales que ahora son menos corruptas. En muchos gobiernos locales y regionales americanos (o de la Europa del Norte) los políticos electos monopolizan el equivalente al consejo de administración de una empresa (como el pleno o comités de área) y unos gestores profesionales, en ocasiones procedentes del mundo privado, ocupan las posiciones directivas.
Como en las "buenas empresas" europeas, el chairman of the board (alcalde o máximo representante político) no es al mismo tiempo el chief executive officer (máximo gestor público). Como políticos de partido tienen que ponerse de acuerdo con gestores con intereses distintos (unos preocupados por su reelección y los otros por su reputación profesional), las posibilidades de connivencia para llevar a cabo actividades corruptas se reducen al mínimo. Por el contrario, en los gobiernos locales y regionales (y en algunos casos incluso en los centrales), de la Europa del Sur y del Este sucede algo similar a las "malas empresas" americanas: el chairman of the board (alcalde o consejero regional) es al mismo tiempo el único y todopoderoso chief executive officer. Los intereses de los accionistas (es decir, los ciudadanos) quedan así desprotegidos porque las mismas manos (o del mismo partido) toman las decisiones con mayor margen para el abuso, como la construcción de un velódromo o la organización de la visita del Papa.
En resumen, son cambios organizativos internos y no sólo los controles externos, los que deberíamos empezar a debatir seriamente a ambos lados del Atlántico. Tanto europeos como americanos podemos aprender mucho los unos de los otros. Los europeos sobre cómo instaurar una efectiva separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas y los americanos, en las del sector privado. Ya que ni los banqueros ni los políticos son ángeles, no les dejemos margen de maniobra para que actúen como seres divinos.
Víctor Lapuente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
Qué tienen en común los escándalos financieros en Estados Unidos que han desencadenado la crisis económica mundial con los escándalos de corrupción política que hacen que la mayoría de sociedades de la Europa del Sur y del Este estén cayendo en los índices internacionales de buen gobierno por debajo de países como Chile, Botswana o Qatar?
El factor más repetido a ambos lados del Atlántico es "la avaricia de unos pocos". Es un argumento muy útil para los políticos. Queda bien en los mítines disertar sobre la avaricia como resultado de la idolatría a las fuerzas del mercado desregulado o la cultura del pelotazo. Además, apelando a la avaricia humana, los políticos pueden imponer la solución más fácil de vender al electorado: mayor regulación pública (más procedimientos administrativos y registros más detallados de las actividades de todo tipo de instituciones públicas y privadas) y más organismos públicos que actúen como controles externos de las instituciones potencialmente peligrosas. Destinemos más recursos públicos a agencias reguladoras de las instituciones financieras y a fiscalías o agencias anticorrupción.
Sin embargo, hay motivos para dudar sobre la funcionalidad de esta creciente industria del control público -más allá obviamente de ayudar a ganar elecciones para los que la defienden-. Por una parte, los estudios de corrupción política muestran que aumentar el número de procedimientos administrativos (para llevar a cabo cualquier actividad económica privada o pública) o introducir agencias específicas para la lucha contra la corrupción no tiene efectos positivos significativos. Por ejemplo, la mayoría de países con bajos niveles de corrupción ni tienen agencias anticorrup-ción ni las tenían cuando estaban combatiendo activamente la corrupción.
Por otra, si analizamos los escándalos financieros que han afectado a tantos bancos americanos, vemos que el origen de los mismos no reside tanto en la ausencia de agencias reguladoras -pues siempre es posible encontrar fórmulas creativas para sortear casi todo tipo de regulaciones- como en la excesiva tolerancia hacia el riesgo de los directivos de algunas instituciones financieras. Los ejecutivos adoptaron (o toleraron que sus subordinados adoptaran) decisiones de mucho riesgo que no habrían tomado con su propio dinero. Pero eran los ahorros de los accionistas. En otras palabras, una lectura alternativa de la crisis financiera es la de un abuso sistemático de los intereses de los accionistas de las propias instituciones afectadas por parte de los ejecutivos de las mismas, que sabían que no pagarían las consecuencias plenas de sus actos y jugaron con fuego o, en este caso, con hipotecas basura.
Por tanto, lo que tienen en común las instituciones del sector privado americanas responsables de la crisis financiera con las instituciones del sector público responsables de la crisis de corrupción política en el Sur y Este de Europa es un abuso de los intereses de los accionistas (inversores en el primer caso y ciudadanos en el segundo) por parte de unos directivos (ejecutivos y políticos electos, respectivamente) que no están limitados por pesos y contrapesos dentro de sus propias organizaciones. Ambas instituciones sufren el denominado "dilema madisoniano", ya que fue James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución americana, quien estableció la formulación clásica del problema: "Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al Gobierno serían necesarios. Al diseñar un gobierno de hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto: primero debes capacitar al Gobierno para controlar a los gobernados y, segundo, obligarle a controlarse a sí mismo". Los trabajos de científicos sociales contemporáneos, como Gary Miller, demuestran que todos los gobiernos -tanto del sector público como del privado- sufren este dilema. Los gobernantes de cualquier organización, independientemente de las regulaciones que les impongamos desde fuera, siempre tendrán oportunidades para sacar ventaja de su autonomía. Por ejemplo, aprovechando que saben más que los accionistas, los ejecutivos privados siempre pueden adquirir un coche (o un jet) extra a cargo de la empresa o exponer el dinero de los accionistas a un riesgo de más a cambio de un bono. Y los gobernantes públicos siempre pueden construir una carretera o un polideportivo de más u ofrecer un trato de favor (camuflado de forma perfectamente legal) a un amigo. La solución que Miller y otros apuntan para minimizar este oportunismo inherente a las posiciones ejecutivas es crear un relativo nivel de conflicto en la cúpula de las organizaciones. Que personas con intereses distintos tengan que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones más importantes, aquellas que pueden acarrear un mayor abuso de los intereses de los accionistas.
En el sector privado, esto es lo que ocurre en aquellas empresas en las que existe un chairman of the board que es independiente del chief executive. Esta separación de intereses (o, como mínimo, la existencia de estos dos cargos de forma independiente) es habitual en empresas e instituciones financieras europeas. Por el contrario, la norma en Estados Unidos es que una misma persona acumule ambos cargos, lo que podría explicar por qué la gran mayoría de escándalos financieros se han dado en ese país. Muchos chief executives controlaban a placer los órganos que deberían controlarlos a ellos. Como señala The Economist, una de las primeras reformas que los bancos americanos más afectados por la crisis (como Citigroup, Washington Mutual o Wells Fargo) han adoptado ha sido separar los cargos de chairman of the board y de chief executive. Ésa es también la exigencia de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, el noruego NBIM: si queréis que invirtamos en vosotros, deberéis separar estos cargos para evitar que todo el poder se acumule en unas mismas manos.
En el sector público, el ejemplo por excelencia de separación de poderes es el Gobierno federal americano. Diseñado por pensadores como Madison, conscientes de que los gobernantes no son ángeles, un sofisticado sistema de pesos y contrapesos hace que el político más poderoso del mundo (el presidente de EE UU) tenga menos oportunidades para beneficiarse de actividades corruptas que cualquier político regional o local en un país como España -como podemos comprobar a diario-.
Diferentes versiones de este sistema madisoniano de separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas se ha implantado en las administraciones occidentales que ahora son menos corruptas. En muchos gobiernos locales y regionales americanos (o de la Europa del Norte) los políticos electos monopolizan el equivalente al consejo de administración de una empresa (como el pleno o comités de área) y unos gestores profesionales, en ocasiones procedentes del mundo privado, ocupan las posiciones directivas.
Como en las "buenas empresas" europeas, el chairman of the board (alcalde o máximo representante político) no es al mismo tiempo el chief executive officer (máximo gestor público). Como políticos de partido tienen que ponerse de acuerdo con gestores con intereses distintos (unos preocupados por su reelección y los otros por su reputación profesional), las posibilidades de connivencia para llevar a cabo actividades corruptas se reducen al mínimo. Por el contrario, en los gobiernos locales y regionales (y en algunos casos incluso en los centrales), de la Europa del Sur y del Este sucede algo similar a las "malas empresas" americanas: el chairman of the board (alcalde o consejero regional) es al mismo tiempo el único y todopoderoso chief executive officer. Los intereses de los accionistas (es decir, los ciudadanos) quedan así desprotegidos porque las mismas manos (o del mismo partido) toman las decisiones con mayor margen para el abuso, como la construcción de un velódromo o la organización de la visita del Papa.
En resumen, son cambios organizativos internos y no sólo los controles externos, los que deberíamos empezar a debatir seriamente a ambos lados del Atlántico. Tanto europeos como americanos podemos aprender mucho los unos de los otros. Los europeos sobre cómo instaurar una efectiva separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas y los americanos, en las del sector privado. Ya que ni los banqueros ni los políticos son ángeles, no les dejemos margen de maniobra para que actúen como seres divinos.
Víctor Lapuente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
jueves, 24 de diciembre de 2009
epílogo: "el acuerdo de copenhague"
Alejandro Nadal
¿Qué sucedió en Copenhague? El consenso es que la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático se saldó con un estrepitoso fracaso. Sin embargo ese descalabro es el de los gobiernos y sus cómplices en el mundo corporativo y financiero. Las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, lograron quitarle el disfraz a la mentira diplomática y pusieron al desnudo la madeja de intereses que son el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo serio, vinculante y con plazos adecuados. Por eso no es casualidad que se les haya reprimido e impedido el acceso a la conferencia, aún a aquéllas organizaciones debidamente acreditadas.
En las últimas horas de la conferencia se llegó a un acuerdo extraño. En él se reconoce la opinión de los científicos sobre la necesidad de mantener el incremento de la temperatura promedio global por debajo de los 2 grados centígrados y se reafirma un compromiso de mantener los esfuerzos de largo plazo para lograr este objetivo. Sin embargo, nada en este documento permite pensar que los aumentos de temperatura se van a limitar a ese rango.
También se establece un compromiso sobre financiamiento: 10 mil millones de dólares (mmdd) anuales entre 2010 y 2012 para asistir a los países menos desarrollados en sus esfuerzos para reducir emisiones y para adaptarse al cambio climático.
Esta suma deberá alcanzar los cien mil millones de dólares en 2020. Esas cifras son irrisorias frente a lo que se va a necesitar y no se dice nada sobre quién las va a administrar, ni con qué criterios.
Lo más grave es lo que se pierde en este "acuerdo de Copenhague".
Primero: Las metas cuantitativas como compromiso obligatorio. Eso era lo más importante del protocolo de Kioto y por el momento, no queda nada de eso. Cierto, nada impide que en el futuro se definan metas cuantitativas vinculantes, pero si después de años de negociaciones sólo se llegó a este documento tan débil, no hay muchas razones para el optimismo. Por cierto, tampoco se definió una fecha para alcanzar acuerdos futuros. Simplemente se dice que hay que enfrentar el desafío del cambio climático "lo antes posible", lo que no es muy alentador.
Segundo: Se abandona definitivamente la meta de 350 partes por millón (ppm) de bióxido de carbono equivalente (CO2e). Ese nivel es el recomendado por un número creciente de científicos para estabilizar el aumento de temperatura y consignarlo a niveles inofensivos. Por encima de este nivel, el cambio climático acarrearía daños gravísimos para una parte significativa de la población. No importa: el acuerdo recoge la meta de 2º C que los científicos asocian a niveles cercanos a las 450 ppm de CO2e. Los países africanos y muchas repúblicas isleñas se verán severamente afectados por este incremento.
Tercero: A pesar de algunos pasajes, la negociación del acuerdo sacrificó la idea de equidad. Todas las delegaciones nacionales pensaban que estaban participando en una negociación sobre el calentamiento global. Pero el documento final resultó de un encuentro entre los jefes de Estado de un puñado de países (Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica) al que se unió (un poco a regañadientes y al final) la Unión Europea.
Esto significa que los términos del debate sobre el cambio climático y la forma de enfrentarlo fueron secuestrados por un pequeño grupo de países. Es cierto que están entre los principales emisores de GEI, pero precisamente por eso no pueden quedarse ellos solos para definir los contornos de un nuevo acuerdo sobre cambio climático.
Los países cuya agricultura se verá más afectada, cuyos glaciares se derriten y las islas que corren el riesgo de desaparecer, simplemente no tuvieron acceso a la negociación del "acuerdo". En los hechos, sin demasiado ruido, los autores del nuevo "acuerdo" consagraron la división entre países ricos y pobres, grandes y pequeños, débiles y poderosos.
El precedente es nefasto: en el futuro, los países que dominaron la conferencia serán también los que van a definir los mecanismos para alcanzar "lo antes posible" las reducciones de emisiones. Y en el centro de esos instrumentos se encontrará el mercado de carbono y los llamados mecanismos de compensación.
No cabe duda: eso de los "países reunidos en Copenhague" es una abstracción. Lo que se reunió en la capital danesa fueron los representantes de sociedades en las que existen corporaciones industriales y entidades financieras, y en las que los ricos tienen acceso al poder, mientras los pobres sólo tienen derecho a un ingreso deprimido, a la amenaza del desempleo y a la comida chatarra.
Al final de la conferencia, las delegaciones de 194 países estuvieron de acuerdo en "tomar nota" del "acuerdo de Copenhague". Ese documento sin compromisos vinculantes, ni fue votado, ni fue firmado por nadie. Simplemente se tomó nota.
La decepción de Copenhague era esperada por muchos. Es una señal de alarma: no se puede continuar con un sistema de negociaciones diseñado para salvaguardar los intereses de los poderosos.
http://nadal.com.mx
¿Qué sucedió en Copenhague? El consenso es que la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático se saldó con un estrepitoso fracaso. Sin embargo ese descalabro es el de los gobiernos y sus cómplices en el mundo corporativo y financiero. Las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, lograron quitarle el disfraz a la mentira diplomática y pusieron al desnudo la madeja de intereses que son el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo serio, vinculante y con plazos adecuados. Por eso no es casualidad que se les haya reprimido e impedido el acceso a la conferencia, aún a aquéllas organizaciones debidamente acreditadas.
En las últimas horas de la conferencia se llegó a un acuerdo extraño. En él se reconoce la opinión de los científicos sobre la necesidad de mantener el incremento de la temperatura promedio global por debajo de los 2 grados centígrados y se reafirma un compromiso de mantener los esfuerzos de largo plazo para lograr este objetivo. Sin embargo, nada en este documento permite pensar que los aumentos de temperatura se van a limitar a ese rango.
También se establece un compromiso sobre financiamiento: 10 mil millones de dólares (mmdd) anuales entre 2010 y 2012 para asistir a los países menos desarrollados en sus esfuerzos para reducir emisiones y para adaptarse al cambio climático.
Esta suma deberá alcanzar los cien mil millones de dólares en 2020. Esas cifras son irrisorias frente a lo que se va a necesitar y no se dice nada sobre quién las va a administrar, ni con qué criterios.
Lo más grave es lo que se pierde en este "acuerdo de Copenhague".
Primero: Las metas cuantitativas como compromiso obligatorio. Eso era lo más importante del protocolo de Kioto y por el momento, no queda nada de eso. Cierto, nada impide que en el futuro se definan metas cuantitativas vinculantes, pero si después de años de negociaciones sólo se llegó a este documento tan débil, no hay muchas razones para el optimismo. Por cierto, tampoco se definió una fecha para alcanzar acuerdos futuros. Simplemente se dice que hay que enfrentar el desafío del cambio climático "lo antes posible", lo que no es muy alentador.
Segundo: Se abandona definitivamente la meta de 350 partes por millón (ppm) de bióxido de carbono equivalente (CO2e). Ese nivel es el recomendado por un número creciente de científicos para estabilizar el aumento de temperatura y consignarlo a niveles inofensivos. Por encima de este nivel, el cambio climático acarrearía daños gravísimos para una parte significativa de la población. No importa: el acuerdo recoge la meta de 2º C que los científicos asocian a niveles cercanos a las 450 ppm de CO2e. Los países africanos y muchas repúblicas isleñas se verán severamente afectados por este incremento.
Tercero: A pesar de algunos pasajes, la negociación del acuerdo sacrificó la idea de equidad. Todas las delegaciones nacionales pensaban que estaban participando en una negociación sobre el calentamiento global. Pero el documento final resultó de un encuentro entre los jefes de Estado de un puñado de países (Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica) al que se unió (un poco a regañadientes y al final) la Unión Europea.
Esto significa que los términos del debate sobre el cambio climático y la forma de enfrentarlo fueron secuestrados por un pequeño grupo de países. Es cierto que están entre los principales emisores de GEI, pero precisamente por eso no pueden quedarse ellos solos para definir los contornos de un nuevo acuerdo sobre cambio climático.
Los países cuya agricultura se verá más afectada, cuyos glaciares se derriten y las islas que corren el riesgo de desaparecer, simplemente no tuvieron acceso a la negociación del "acuerdo". En los hechos, sin demasiado ruido, los autores del nuevo "acuerdo" consagraron la división entre países ricos y pobres, grandes y pequeños, débiles y poderosos.
El precedente es nefasto: en el futuro, los países que dominaron la conferencia serán también los que van a definir los mecanismos para alcanzar "lo antes posible" las reducciones de emisiones. Y en el centro de esos instrumentos se encontrará el mercado de carbono y los llamados mecanismos de compensación.
No cabe duda: eso de los "países reunidos en Copenhague" es una abstracción. Lo que se reunió en la capital danesa fueron los representantes de sociedades en las que existen corporaciones industriales y entidades financieras, y en las que los ricos tienen acceso al poder, mientras los pobres sólo tienen derecho a un ingreso deprimido, a la amenaza del desempleo y a la comida chatarra.
Al final de la conferencia, las delegaciones de 194 países estuvieron de acuerdo en "tomar nota" del "acuerdo de Copenhague". Ese documento sin compromisos vinculantes, ni fue votado, ni fue firmado por nadie. Simplemente se tomó nota.
La decepción de Copenhague era esperada por muchos. Es una señal de alarma: no se puede continuar con un sistema de negociaciones diseñado para salvaguardar los intereses de los poderosos.
http://nadal.com.mx
jueves, 17 de diciembre de 2009
ni siquiera vosotros podéis controlar esta cumbre
Naomi Klein*
El sábado por la noche, después de una semana de vivir de los bares de snacks del centro de conferencias, unos cuantos de nosotros fuimos invitados a una deliciosa cena casera con una familia danesa de carne y hueso. Tras pasar la velada atónitos ante sus muebles de estilo, algunos de nosotros sentíamos curiosidad: ¿por qué los daneses son tan buenos en diseño?
“Somos frikis del control”, respondió inmediatamente nuestro anfitrión. “Viene de ser un país pequeño con no mucho poder. Tenemos que controlar lo que podamos.”
Cuando va de producir accesorios lumínicos absurdamente atractivos y sillas de escritorio alucinantemente confortables, esta forma danesa de desplazamiento (1) es clarísimamente algo muy bueno. Cuando va de organizar una cumbre mundial con intención de cambio, la necesidad de los daneses por el control se convierte en un serio problema.
Los daneses han invertido una cantidad enorme de dinero en el co-branding (2) de su ciudad capitolio (ahora “Hopenhagen” (3)) con una cumbre que supuestamente salvará el mundo. Eso estaría bien si esta cumbre de verdad estuviera en el camino de salvar el mundo. Pero como no es así, los daneses están intentando frenéticamente rediseñarnos.
Tomemos como ejemplo las protestas del fin de semana. Al final, alrededor de 1.100 personas han sido arrestadas. Esto es simple y llanamente una barbaridad. La manifestación del sábado, con aproximadamente 100.000 personas, tuvo lugar en un momento crucial de las negociaciones sobre el clima en el que todos los indicios apuntaban a un fracaso de las mismas o a un acuerdo peligrosamente débil. La marcha fue festiva y pacífica pero también tenaz. “El clima no se negocia” era el mensaje, y los negociadores occidentales necesitaban oírlo.
Cuando un puñado de personas empezó a lanzar piedras y a hacer estallar granadas sonoras (no, no fueron “disparos” como el Huffington Post alarmantemente informó), los manifestantes lo resolvieron por sí mismos pidiendo a la gente responsable de los hechos que abandonara la protesta, cosa que hicieron rápidamente. Yo estaba en ese lugar de la manifestación y aquello apenas interrumpió la conversación que estaba teniendo. Llamar a esto “disturbios”, como hizo absurdamente el British Telegraph, no es justo para los auténticos alborotadores y creadores de disturbios, de los que hay muchos en Europa.
Da igual. Los polis de Copenhague usaron un pequeño cristal roto como pretexto para detener a casi mil personas, haciendo lo propio con otras cien al día siguiente. Cientos de estos arrestados fueron acorralados juntos, forzados a sentarse en el helado pavimento durante horas, con las manos esposadas (y algunos tobillos también). De acuerdo con el organizador Tadzio Müller, ésta no fue la gente que lanzó piedras pero “el trato fue humillante”, orinándose encima algunos de los detenidos por no permitirles que se movieran.
Los arrestos, parte de un patrón reproducido durante toda la semana, sonaban como un aviso: no se tolerarán desvíos del mensaje “Hopenhagen”.
Dentro de la cumbre oficial, los delegados se congregaban alrededor de televisores de pantalla plana para ver a la policía empujar a los manifestantes contra la pared y romper la marcha. A algunos debió sonarles de algo. Después de todo, eso es en esencia lo que el gobierno danés y otras potencias occidentales han estado haciendo aquí durante toda la semana: intentar romper el bloque de los países en desarrollo, el G77, usando las clásicas tácticas del divide y vencerás, incluyendo la de empujar contra la pared a Estados especialmente vulnerables con ofertas exclusivas.
No habiendo sacado nada en claro del “texto danés filtrado”, esta tarde tuvo lugar una reunión a la que fueron invitados 40 Estados para cocinar un acuerdo; el resto de los 192 Estados representados no tienen ni idea de lo que han decidido – difícilmente es esto la democracia que la ONU había prometido.
La prueba definitiva sobre el asunto del control danés tendrá lugar el miércoles en la acción de Reclamo de Poder. Por la mañana marcharán los manifestantes hacia el Bella Center para exigir soluciones reales a la crisis climática, no la confusa matemática ni el comercio de carbono de oferta del interior. A los delegados ahí dentro que piensan de la misma manera –y los hay a miles- se les está invitando a unirse a los manifestantes.
Si todo va bien, en algún lugar cerca del Bella Center tendrá lugar una “asamblea del pueblo”, una oportunidad para resaltar algunas de las muchas soluciones de sentido común que se han obviado en las negociaciones, incluyendo la de dejar las arenas de alquitrán (4) de Alberta donde están y el pago de “reparaciones” climáticas.
Los organizadores del Reclamo de Poder han establecido con claridad que están comprometidos con una desobediencia civil no violenta. Incluso si son atacados por la policía, no responderán con violencia. Aún así, el espectro de una disidencia fuera de todo guión que desvíe la atención de la conferencia oficial del miércoles tiene locos, sin duda, a nuestros anfitriones daneses.
Esperemos que no se enfrenten a sus rollos sobre el control intentando amontonar a todo el mundo en gallineros: los manifestantes lejos del Bella Center, los delegados encerrados dentro. Porque esta acción –más que cualquier cosa que haya pasado hasta ahora– tiene el potencial de enviar un claro y mucho más necesario mensaje al mundo: sólo un acuerdo dictado por la ciencia y la justicia tendrá efecto.
Así que un recordatorio para nuestros anfitriones daneses: desde luego que Copenhague es vuestra ciudad, y nos encantáis por vuestras bicis y vuestros molinos. Pero el planeta es de todos. Dejad de diseñar la fotografía con nosotros fuera de ella.
Notas del Traductor:
(1) En psicoanálisis, la transferencia inconsciente de una emoción intensa de un objeto a otro.
(2) El concepto convencional de "co-branding" es el de asociación de dos
marcas con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las mismas.
(3) Juego de palabras con el nombre de la ciudad y el verbo “Hope”: tener esperanza
(4) También llamadas arenas bituminosas o arenas de petróleo
http://www.naomiklein.org/main
El sábado por la noche, después de una semana de vivir de los bares de snacks del centro de conferencias, unos cuantos de nosotros fuimos invitados a una deliciosa cena casera con una familia danesa de carne y hueso. Tras pasar la velada atónitos ante sus muebles de estilo, algunos de nosotros sentíamos curiosidad: ¿por qué los daneses son tan buenos en diseño?
“Somos frikis del control”, respondió inmediatamente nuestro anfitrión. “Viene de ser un país pequeño con no mucho poder. Tenemos que controlar lo que podamos.”
Cuando va de producir accesorios lumínicos absurdamente atractivos y sillas de escritorio alucinantemente confortables, esta forma danesa de desplazamiento (1) es clarísimamente algo muy bueno. Cuando va de organizar una cumbre mundial con intención de cambio, la necesidad de los daneses por el control se convierte en un serio problema.
Los daneses han invertido una cantidad enorme de dinero en el co-branding (2) de su ciudad capitolio (ahora “Hopenhagen” (3)) con una cumbre que supuestamente salvará el mundo. Eso estaría bien si esta cumbre de verdad estuviera en el camino de salvar el mundo. Pero como no es así, los daneses están intentando frenéticamente rediseñarnos.
Tomemos como ejemplo las protestas del fin de semana. Al final, alrededor de 1.100 personas han sido arrestadas. Esto es simple y llanamente una barbaridad. La manifestación del sábado, con aproximadamente 100.000 personas, tuvo lugar en un momento crucial de las negociaciones sobre el clima en el que todos los indicios apuntaban a un fracaso de las mismas o a un acuerdo peligrosamente débil. La marcha fue festiva y pacífica pero también tenaz. “El clima no se negocia” era el mensaje, y los negociadores occidentales necesitaban oírlo.
Cuando un puñado de personas empezó a lanzar piedras y a hacer estallar granadas sonoras (no, no fueron “disparos” como el Huffington Post alarmantemente informó), los manifestantes lo resolvieron por sí mismos pidiendo a la gente responsable de los hechos que abandonara la protesta, cosa que hicieron rápidamente. Yo estaba en ese lugar de la manifestación y aquello apenas interrumpió la conversación que estaba teniendo. Llamar a esto “disturbios”, como hizo absurdamente el British Telegraph, no es justo para los auténticos alborotadores y creadores de disturbios, de los que hay muchos en Europa.
Da igual. Los polis de Copenhague usaron un pequeño cristal roto como pretexto para detener a casi mil personas, haciendo lo propio con otras cien al día siguiente. Cientos de estos arrestados fueron acorralados juntos, forzados a sentarse en el helado pavimento durante horas, con las manos esposadas (y algunos tobillos también). De acuerdo con el organizador Tadzio Müller, ésta no fue la gente que lanzó piedras pero “el trato fue humillante”, orinándose encima algunos de los detenidos por no permitirles que se movieran.
Los arrestos, parte de un patrón reproducido durante toda la semana, sonaban como un aviso: no se tolerarán desvíos del mensaje “Hopenhagen”.
Dentro de la cumbre oficial, los delegados se congregaban alrededor de televisores de pantalla plana para ver a la policía empujar a los manifestantes contra la pared y romper la marcha. A algunos debió sonarles de algo. Después de todo, eso es en esencia lo que el gobierno danés y otras potencias occidentales han estado haciendo aquí durante toda la semana: intentar romper el bloque de los países en desarrollo, el G77, usando las clásicas tácticas del divide y vencerás, incluyendo la de empujar contra la pared a Estados especialmente vulnerables con ofertas exclusivas.
No habiendo sacado nada en claro del “texto danés filtrado”, esta tarde tuvo lugar una reunión a la que fueron invitados 40 Estados para cocinar un acuerdo; el resto de los 192 Estados representados no tienen ni idea de lo que han decidido – difícilmente es esto la democracia que la ONU había prometido.
La prueba definitiva sobre el asunto del control danés tendrá lugar el miércoles en la acción de Reclamo de Poder. Por la mañana marcharán los manifestantes hacia el Bella Center para exigir soluciones reales a la crisis climática, no la confusa matemática ni el comercio de carbono de oferta del interior. A los delegados ahí dentro que piensan de la misma manera –y los hay a miles- se les está invitando a unirse a los manifestantes.
Si todo va bien, en algún lugar cerca del Bella Center tendrá lugar una “asamblea del pueblo”, una oportunidad para resaltar algunas de las muchas soluciones de sentido común que se han obviado en las negociaciones, incluyendo la de dejar las arenas de alquitrán (4) de Alberta donde están y el pago de “reparaciones” climáticas.
Los organizadores del Reclamo de Poder han establecido con claridad que están comprometidos con una desobediencia civil no violenta. Incluso si son atacados por la policía, no responderán con violencia. Aún así, el espectro de una disidencia fuera de todo guión que desvíe la atención de la conferencia oficial del miércoles tiene locos, sin duda, a nuestros anfitriones daneses.
Esperemos que no se enfrenten a sus rollos sobre el control intentando amontonar a todo el mundo en gallineros: los manifestantes lejos del Bella Center, los delegados encerrados dentro. Porque esta acción –más que cualquier cosa que haya pasado hasta ahora– tiene el potencial de enviar un claro y mucho más necesario mensaje al mundo: sólo un acuerdo dictado por la ciencia y la justicia tendrá efecto.
Así que un recordatorio para nuestros anfitriones daneses: desde luego que Copenhague es vuestra ciudad, y nos encantáis por vuestras bicis y vuestros molinos. Pero el planeta es de todos. Dejad de diseñar la fotografía con nosotros fuera de ella.
Notas del Traductor:
(1) En psicoanálisis, la transferencia inconsciente de una emoción intensa de un objeto a otro.
(2) El concepto convencional de "co-branding" es el de asociación de dos
marcas con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las mismas.
(3) Juego de palabras con el nombre de la ciudad y el verbo “Hope”: tener esperanza
(4) También llamadas arenas bituminosas o arenas de petróleo
http://www.naomiklein.org/main
jueves, 10 de diciembre de 2009
ultimátum a la tierra
Ignacio Ramonet
Representantes de todos los países del mundo se reúnen en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar que, de aquí a 2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados. Si la Tierra fuese un balón de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico invernadero.
El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos internacionales, miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEEC) (1), lo han confirmado de modo indiscutible. Su causa principal es la actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre todo dióxido de carbono, CO2, producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural. La deforestación acrecienta el problema (2).
Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del Protocolo de Kioto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta aumentará por lo menos en cuatro grados. Lo cual transformará la faz de la Tierra. Los polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán...
Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables de África subsahariana, de Asia del sur y del sureste, de América Latina y de los países insulares ecuatoriales. En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de "refugiados climáticos" a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas... Las "guerras climáticas" proliferarán (3).
Para evitar esa nefasta cascada de calamidades, la colectividad científica internacional recomienda una reducción urgente del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Único modo de evitar que la situación se vuelva incontrolable.
En esa perspectiva, tres son los temas centrales que se abordan en Copenhague: 1) determinar la responsabilidad histórica de cada Estado en la actual degradación climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas por los países más desarrollados (que sólo reúnen el 20% de la población mundial), y que los países pobres, los menos responsables del desastre climático, padecen las consecuencias más graves. 2) fijar, en nombre de la justicia climática, una compensación financiera para que aquellos Estados que más han degradado el clima aporten una ayuda significativa a los países del Sur que permita a éstos luchar contra los efectos de la catástrofe climática. Aquí se sitúa uno de los principales desacuerdos: los Estados ricos proponen una suma insuficiente, cuando los países pobres reclaman una justa compensación más elevada. 3) definir con vistas al futuro un calendario vinculante que obligue política y legalmente a los actores planetarios -tanto a los países desarrollados como a las otras potencias (China, Rusia, la India, Indonesia, México, Brasil)- a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ni Estados Unidos ni China (los dos principales contaminadores) aceptan esta perspectiva.
Además de esta agenda, un fantasma recorrerá las mesas de discusión de Copenhague: el del necesario cambio de modelo económico. Existe en efecto una grave contradicción entre la lógica del capitalismo (crecimiento ininterrumpido, avidez de ganancias, explotación sin fronteras) y la nueva austeridad indispensable para evitar el cataclismo climático ( léase, p. 32, el artículo de Riccardo Petrella ).
Si el sistema soviético implosionó fue, entre otras razones, porque descansaba sobre un método de producción que valoraba principalmente el beneficio político de las empresas (creaban obreros) y no su coste económico. De igual modo, el sistema capitalista actual únicamente valora el beneficio económico de la producción, y no su coste ecológico. Con tal de obtener un beneficio, no le importa que un producto tenga que recorrer miles de kilómetros, con la emisión de toneladas de CO2 que eso supone, antes de llegar a las manos del consumidor. Aunque ello ponga en peligro, a fin de cuentas, a toda la humanidad.
Por otra parte, es un sistema despilfarrador que agota los recursos del planeta. Actualmente la Tierra ya es incapaz de regenerar un 30% de lo que cada año consumen sus habitantes. Y demográficamente éstos no cesan de crecer. Somos ya 6.800 millones, y en 2050 seremos 9.150 millones... Lo que complica el problema. Porque no hay recursos para todos. Si cada habitante consumiese como un estadounidense se necesitarían los recursos de tres planetas. Si consumiese como un europeo, los de dos planetas... Cuando no disponemos más que de una Tierra. Una diminuta isla en la inmensidad de las galaxias.
De ahí la urgencia en adoptar medidas que detengan la huida hacia el abismo. De ahí también, ante el cinismo de muchos líderes mundiales, la rabia de los miles de militantes ecologistas que convergen de todo el planeta hacia la capital danesa gritando dos consignas: "¡Cambiad el sistema, no el clima!" y "Si el clima fuese un banco ¡ya lo habrían salvado!".
Se cumplen diez años de las grandes manifestaciones de la "batalla de Seattle" que vieron nacer el movimiento altermundialista. En Copenhague, una nueva generación de contestatarios y activistas, en nombre de la justicia climática, se dispone a abrir un nuevo ciclo de luchas sociales. La movilización es enorme. La pelea va a ser grandiosa. Está en juego la supervivencia de la humanidad.
Notas: (1) Recompensado colectivamente, en 2007, con el Premio Nobel de la Paz por sus informes sobre los cambios climáticos.
(2) Los árboles, las plantas y las algas de los océanos absorben y neutralizan el CO2, y producen oxígeno; de ese modo ayudan a combatir el efecto invernadero.
(3) Léase Harald Welzer, Les Guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle , traducido del alemán por Bernard Lortholary, Gallimard, París, 2009.
Representantes de todos los países del mundo se reúnen en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar que, de aquí a 2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados. Si la Tierra fuese un balón de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico invernadero.
El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos internacionales, miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEEC) (1), lo han confirmado de modo indiscutible. Su causa principal es la actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre todo dióxido de carbono, CO2, producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural. La deforestación acrecienta el problema (2).
Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del Protocolo de Kioto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta aumentará por lo menos en cuatro grados. Lo cual transformará la faz de la Tierra. Los polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán...
Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables de África subsahariana, de Asia del sur y del sureste, de América Latina y de los países insulares ecuatoriales. En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de "refugiados climáticos" a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas... Las "guerras climáticas" proliferarán (3).
Para evitar esa nefasta cascada de calamidades, la colectividad científica internacional recomienda una reducción urgente del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Único modo de evitar que la situación se vuelva incontrolable.
En esa perspectiva, tres son los temas centrales que se abordan en Copenhague: 1) determinar la responsabilidad histórica de cada Estado en la actual degradación climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas por los países más desarrollados (que sólo reúnen el 20% de la población mundial), y que los países pobres, los menos responsables del desastre climático, padecen las consecuencias más graves. 2) fijar, en nombre de la justicia climática, una compensación financiera para que aquellos Estados que más han degradado el clima aporten una ayuda significativa a los países del Sur que permita a éstos luchar contra los efectos de la catástrofe climática. Aquí se sitúa uno de los principales desacuerdos: los Estados ricos proponen una suma insuficiente, cuando los países pobres reclaman una justa compensación más elevada. 3) definir con vistas al futuro un calendario vinculante que obligue política y legalmente a los actores planetarios -tanto a los países desarrollados como a las otras potencias (China, Rusia, la India, Indonesia, México, Brasil)- a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ni Estados Unidos ni China (los dos principales contaminadores) aceptan esta perspectiva.
Además de esta agenda, un fantasma recorrerá las mesas de discusión de Copenhague: el del necesario cambio de modelo económico. Existe en efecto una grave contradicción entre la lógica del capitalismo (crecimiento ininterrumpido, avidez de ganancias, explotación sin fronteras) y la nueva austeridad indispensable para evitar el cataclismo climático ( léase, p. 32, el artículo de Riccardo Petrella ).
Si el sistema soviético implosionó fue, entre otras razones, porque descansaba sobre un método de producción que valoraba principalmente el beneficio político de las empresas (creaban obreros) y no su coste económico. De igual modo, el sistema capitalista actual únicamente valora el beneficio económico de la producción, y no su coste ecológico. Con tal de obtener un beneficio, no le importa que un producto tenga que recorrer miles de kilómetros, con la emisión de toneladas de CO2 que eso supone, antes de llegar a las manos del consumidor. Aunque ello ponga en peligro, a fin de cuentas, a toda la humanidad.
Por otra parte, es un sistema despilfarrador que agota los recursos del planeta. Actualmente la Tierra ya es incapaz de regenerar un 30% de lo que cada año consumen sus habitantes. Y demográficamente éstos no cesan de crecer. Somos ya 6.800 millones, y en 2050 seremos 9.150 millones... Lo que complica el problema. Porque no hay recursos para todos. Si cada habitante consumiese como un estadounidense se necesitarían los recursos de tres planetas. Si consumiese como un europeo, los de dos planetas... Cuando no disponemos más que de una Tierra. Una diminuta isla en la inmensidad de las galaxias.
De ahí la urgencia en adoptar medidas que detengan la huida hacia el abismo. De ahí también, ante el cinismo de muchos líderes mundiales, la rabia de los miles de militantes ecologistas que convergen de todo el planeta hacia la capital danesa gritando dos consignas: "¡Cambiad el sistema, no el clima!" y "Si el clima fuese un banco ¡ya lo habrían salvado!".
Se cumplen diez años de las grandes manifestaciones de la "batalla de Seattle" que vieron nacer el movimiento altermundialista. En Copenhague, una nueva generación de contestatarios y activistas, en nombre de la justicia climática, se dispone a abrir un nuevo ciclo de luchas sociales. La movilización es enorme. La pelea va a ser grandiosa. Está en juego la supervivencia de la humanidad.
Notas: (1) Recompensado colectivamente, en 2007, con el Premio Nobel de la Paz por sus informes sobre los cambios climáticos.
(2) Los árboles, las plantas y las algas de los océanos absorben y neutralizan el CO2, y producen oxígeno; de ese modo ayudan a combatir el efecto invernadero.
(3) Léase Harald Welzer, Les Guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle , traducido del alemán por Bernard Lortholary, Gallimard, París, 2009.
sábado, 21 de noviembre de 2009
la influencia política y corruptora de la banca en las soluciones a la crisis
Vicenç Navarro*
El Congreso de EEUU estableció el pasado 1 de septiembre una Comisión (compuesta por seis demócratas y cuatro republicanos) con el fin de analizar las causas de la crisis financiera, asignar responsabilidades y proponer medidas legislativas que prevengan la aparición de nuevas crisis. Está Comisión está dotada de un equipo técnico dirigido por Thomas Greene, que fue fiscal del Estado de California cuando se investigó el caso Enron, entre otros.
El Presidente (en inglés Chairman) de la Comisión, el demócrata Phil Angelides, intenta que su impacto sea semejante al que tuvo la comisión Pecora (que debe su nombre a su Presidente, Fernandín Pecora), nombrada en el New Deal cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt dirigió la recuperación de la economía estadounidense durante la Gran Depresión. Tal Comisión del Congreso propuso toda una serie de leyes que, una vez aprobadas por el Congreso, pasaron a ser la arquitectura regulatoria del sistema financiero estadounidense. Una pieza clave de esta arquitectura fue la Ley Glass-Steagall Act, que separó los bancos de depósitos (commercial banks) de los bancos de inversión (investment banks), a fin de proteger a la banca comercial de los riesgos que conllevan las actividades (muchas veces especulativas) de los bancos de inversión. Esta ley fue anulada por el Presidente Clinton siguiendo el consejo de su Secretario del Tesoro (equivalente a Ministro de Economía y Hacienda en EEUU) Larry Summers, y es ampliamente reconocido que su anulación es una de las causas más importantes del desarrollo de la crisis financiera.
Además de esta Comisión, en la Cámara Baja del Congreso existe un Comité, el Comité de la Reforma y Supervisión del Gobierno (House Committee on Oversight and Government Reform), presidido por Edolphus Towns, demócrata de Brooklin, Nueva York, que también está analizando las causas de la crisis. Tal Comité tiene el poder de llamar a cualquier miembro de la Administración Pública para que dé testimonio, incluidos miembros del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board - FRB), habiendo puesto en situaciones incómodas a los representantes del Banco. Tal Comité ha sido muy crítico con el comportamiento del FRB, no sólo en la génesis de la crisis, sino también en la manera como se ha llevado a cabo el rescate de la Banca en EEUU (centrada en Wall Street).
Cuatro son las conclusiones que se derivan de estas investigaciones. Una es que la eliminación de la citada ley Glass-Steagall que facilitó la aparición de enormes megabancos que han gozado de una enorme influencia en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el FRB. La mayor motivación de la Administración Bush y la Administración Obama ha sido salvar a estos megabancos a toda costa bajo el argumento de que son demasiado grandes para permitir que quiebren. Han considerado que su colapso dañaría a la economía estadounidense y a la mundial. Las medidas de apoyo a tales bancos han ido encaminadas a mantenerlos con el tamaño actual, y ello a costa de permitirles que sigan con sus prácticas habituales. Una pieza clave para su mantenimiento era salvar la compañía de seguros AIG (pues era la que aseguraba los instrumentos con mayor riesgo o derivativos, que poseían aquellos megabancos). La ayuda que significó el control de AIG por el Gobierno federal ha permitido canalizar gran número de productos tóxicos hacia tal compañía de seguros, así como hacia las compañías federalizadas como Fannie Mae y Federal Reserve Look. Tal canalización de dichos productos tóxicos se ha hecho de una manera opaca sin el conocimiento de la ciudadanía, pues el Ministerio de Economía y Hacienda era plenamente consciente de que se estaba salvando a los megabancos mediante la absorción de los productos tóxicos por parte de las instituciones bancarias federales.
Una segunda conclusión es que había un fraude generalizado en las prácticas de los megabancos, fraudes que eran conocidos por las agencias de regulación federal que mantuvieron una actitud laxa en su responsabilidad reguladora. La Comisión y el Comité explican este comportamiento por la enorme influencia que ejercen los megabancos sobre el gobierno federal, tanto a nivel del ejecutivo como a nivel del legislativo, influencia que se traduce en las conexiones existentes entre la clase política y la administración pública por un lado y los megabancos por el otro.
Una tercera conclusión importante a señalar es que la crisis financiera tiene, en realidad, causas políticas. Aunque los republicanos han sido los que han enfatizado más la desregulación de la banca y han sido los mayores responsables de la creación de una cultura de laxitud en el comportamiento de las agencias públicas reguladoras (consecuencia de sus creencias liberales), los demócratas han sido determinantes en el desarrollo de tales comportamientos. La terminación de la Glass-Steagall Act tuvo lugar en 1999, bajo la Administración Clinton, conocedora de la existencia de tales prácticas fraudulentas, pues eran conocidas por el Ministerio de Economía y Hacienda muchos años antes, desde el principio de su Administración.
Una cuarta conclusión es que la institución con mayor responsabilidad sobre esta colección de “irresponsabilidades” fue el FRB, que falló estrepitosamente en su función reguladora del sistema bancario, fallo que se atribuye a estar imbuida de una ideología liberal que sistemáticamente favorecía al capital financiero sobre el capital productivo y al mundo del capital sobre el mundo del trabajo, contribuyendo a un enorme crecimiento de la polarización de rentas, una de las causas de la crisis (ver mi artículo “La silenciada causa de la crisis”, Público, 19.03.09). El gurú de tales políticas fue su gobernador, Alan Greenspan, que había sido canonizado por el establishment financiero, político y mediático de aquel país, refiriéndose a él como el Maestro. Las políticas crediticias del FRB jugaron un papel clave en la creación de las burbujas, de las cuales, la inmobiliaria había sido la última y más destructiva.
De estas conclusiones se derivan varias reflexiones. Una de ellas, ya mencionada en las conclusiones citadas anteriormente, es que la causa de la crisis es política y toca un tema que no debe soslayarse si quiere resolverse el problema. Y es la enorme influencia que el poder financiero tiene en la democracia estadounidense (y en la mayoría de democracias, incluyendo España). La financiación de las campañas electorales de EEUU por parte del capital financiero (con millones de dólares asignados a los miembros de los Comités que supervisan el capital financiero) está corrompiendo el sistema político. Es de una enorme incoherencia que incluso articulistas que se autodefinen como progresistas en España, defienden que poderes económicos puedan aportar fondos a los partidos y a los candidatos. Esta práctica corrompe a la democracia. Y el ejemplo de EEUU es contundente.
Las propuestas que se están barajando en el citado Comité de la Cámara Baja (prohibir que los bancos puedan contribuir a las campañas electorales de los miembros de los Comités que supervisan a la banca) son necesarias, pero dramáticamente insuficientes. La influencia de la banca y de las compañías de seguros va incluso más allá de la financiación de las campañas electorales de los políticos. Incluye otras maneras de ejercer su influencia, tales como el hecho de que la mayoría de lobistas que defienden los intereses de la Banca han trabajado antes en aquellos Comités que supervisan a la Banca. Estas redes de influencia también corrompen la democracia.
Además de los lobistas, existe la puerta rotativa de cargos políticos que proceden de la banca y cargos bancarios que proceden del mundo político. Geithner (el Ministro actual de Economía de la Administración Obama, encargado de rescatar la banca) tiene como su jefe de gabinete al que había sido jefe del grupo de lobistas de Goldman Sachs (uno de los bancos más beneficiados en la tal llamada recuperación financiera federal). El secretario general de tal Ministerio había sido el delegado general de City Group (otro banco ayudado). Otro delegado de City Group trabaja en la Casa Blanca asesorando al Presidente Obama, el cual ha nombrado también a un economista que dirigió UBS (hoy en los tribunales por asesorar a ricos sobre cómo realizar fraude fiscal), como miembro del grupo de trabajo que trabaja en la recuperación económica.
Tal maridaje (bajo la administración Obama) del gobierno federal con Wall Street, continúa el existente bajo las administraciones anteriores. El Ministro de Economía de la Administración Bush junior fue Henry Paulson, presidente de Goldman Sachs, y uno de los mayores proponentes de la desregulación financiera, habiendo terminado la normativa de la Comisión de Seguridades e Intercambios (Securities and Exchange Commissions), que prohibía ciertas prácticas crediticias de tipo especulativo. Y el mismo Ministro actual de Economía, el Sr. Geithner, cuando era el director del FRB de Nueva York, fue uno de los mayores proponentes de la desregulación bancaria, conociéndose su amistad con los máximos dirigentes de Wall Street. Todos estos y otros datos explican que en una entrevista al que fue el principal economista (chief economist) del Fondo Monetario Internacional, Mr. Simon Johnson, éste definiera en un reciente artículo en Athlantic Monthly (mayo de 2009) que lo que había ocurrido en EEUU era un golpe de estado “silencioso y silenciado” del capital financiero que había tomado el gobierno federal.
El neoliberalismo facilitó tal corrupción
Es importante subrayar que tales conexiones han representado la matriz material sobre la cual se ha basado el proyecto neoliberal. La fortaleza de este último es el síntoma del poder del capital financiero. Tal neoliberalismo ha sido la justificación de unas políticas enormemente corruptas, desarrolladas predominantemente en beneficio de los intereses del capital financiero. Creerse que los que promueven el neoliberalismo están equivocados es asumir que no saben lo que hacen. Lo saben y les está yendo muy bien. Como siempre ha hecho cualquier clase o élite dominante, ha identificado sus intereses con los intereses del país. Un ejemplo de ello es el Sr. Summers, uno de los diseñadores de las políticas de rescate de la banca. Summers es el chief economic advisor del Presidente Obama, que no tuvo ninguna duda en desarrollar el mayor programa de beneficencia asistencial que se haya conocido en la historia de cualquier país, beneficencia de asistencia, no a los pobres, sino a los bancos. El Sr. Summers, que fue uno de los arquitectos del programa de privatizaciones en los países del Este de Europa (responsable de que la esperanza de vida de Rusia descendiera dramáticamente) defendió sus políticas bajo el argumento de que defendía los intereses del país. En realidad, los únicos que se beneficiaron fueron los intereses bancarios (y empresariales) de EEUU, para los cuales trabajaba, incluyendo el City Group y los hedge funds (de los cuales ha recibido, en estos últimos años, cinco millones de dólares).
La pregunta que se han hecho sectores progresistas que apoyaron a Obama, es cómo pudo el presidente Obama nombrar a estas personas tan próximas a Wall Street, algunas de las cuales eran responsables de las medidas desreguladoras que habían desencadenado la crisis. La respuesta que dio Obama es que necesitaba nombrar a personas que conocían bien el sistema financiero para poder resolver la crisis, subrayando que él sería quien dictaría las políticas a seguir. Obama, sin embargo, había aceptado el marco ideológico, el neoliberalismo, que había promovido las causas de la crisis. De ahí que el resultado ha sido que se han desarrollado políticas que han fortalecido a los megabancos. Podría haber nombrado a otros economistas, también conocedores del sistema financiero, que podrían haber seguido políticas distintas. Pero, escogió a aquellos economistas liberales porque encajaban con su percepción de lo que era necesario para resolver la crisis. Identificó los intereses de la banca con los intereses del país.
La relevancia de estos hechos en España
En la lectura de este artículo, el lector habrá podido ver algunas semejanzas con el caso español. El enorme fallo del Banco de España en la supervisión y regulación de la banca, en su laxitud reguladora, en su incapacidad de prevenir la burbuja inmobiliaria (la mayor responsable de la crisis financiera en España), su excesiva complicidad con la banca, su liberalismo financiero y económico, su falta de transparencia y responsabilidad pública, son todos ellos datos que debieran exigir el establecimiento de una comisión parlamentaria de análisis de cuáles han sido las causas de tal crisis en España, incluyendo también un estudio de las relaciones entre la Administración Pública por una parte y los intereses económicos y financieros por otra. La gran tolerancia hacia la existencia de estas relaciones (tipificada por el caso David Taguas, procedente de la Banca, que pasó de trabajar en La Moncloa diseñando políticas económicas y financieras, a dirigir el lobby inmobiliario constructor) es también síntoma de esta política corrupta que está dañando enormemente a la democracia española.
Por otra parte, la misma pregunta que las fuerzas progresistas estadounidenses le hacen a Obama, debiera hacerse al Presidente Zapatero. ¿Cómo es que muchos de los economistas de los sucesivos equipos económicos del gobierno socialista han pertenecido a la sensibilidad liberal (Taguas favorece la privatización de la Seguridad Social, como ha ocurrido en Chile), procedentes muchos de ellos de los centros de estudios de la Banca o del Banco de España? ¿Cómo es que el Gobierno nombró a Fernández Ordóñez, conocido liberal, Gobernador del Banco de España, institución que ha confundido los intereses de la Banca con los intereses de España y que ha sido uno de los agentes que han fallado más en esta crisis? Una respuesta a estas preguntas es que el Gobierno aceptó por demasiado tiempo las premisas liberales que causaron la crisis y que ahora están dificultando la recuperación económica. Sería de desear que el Gobierno recuperara plenamente su vocación transformadora que quedaba reflejada en su programa y que todavía necesita desarrollarse plenamente. Para ello debe aliarse con las fuerzas a su izquierda que le permitan neutralizar a las fuerzas conservadoras y liberales promovidas por el capital financiero en España.
* Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
El Congreso de EEUU estableció el pasado 1 de septiembre una Comisión (compuesta por seis demócratas y cuatro republicanos) con el fin de analizar las causas de la crisis financiera, asignar responsabilidades y proponer medidas legislativas que prevengan la aparición de nuevas crisis. Está Comisión está dotada de un equipo técnico dirigido por Thomas Greene, que fue fiscal del Estado de California cuando se investigó el caso Enron, entre otros.
El Presidente (en inglés Chairman) de la Comisión, el demócrata Phil Angelides, intenta que su impacto sea semejante al que tuvo la comisión Pecora (que debe su nombre a su Presidente, Fernandín Pecora), nombrada en el New Deal cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt dirigió la recuperación de la economía estadounidense durante la Gran Depresión. Tal Comisión del Congreso propuso toda una serie de leyes que, una vez aprobadas por el Congreso, pasaron a ser la arquitectura regulatoria del sistema financiero estadounidense. Una pieza clave de esta arquitectura fue la Ley Glass-Steagall Act, que separó los bancos de depósitos (commercial banks) de los bancos de inversión (investment banks), a fin de proteger a la banca comercial de los riesgos que conllevan las actividades (muchas veces especulativas) de los bancos de inversión. Esta ley fue anulada por el Presidente Clinton siguiendo el consejo de su Secretario del Tesoro (equivalente a Ministro de Economía y Hacienda en EEUU) Larry Summers, y es ampliamente reconocido que su anulación es una de las causas más importantes del desarrollo de la crisis financiera.
Además de esta Comisión, en la Cámara Baja del Congreso existe un Comité, el Comité de la Reforma y Supervisión del Gobierno (House Committee on Oversight and Government Reform), presidido por Edolphus Towns, demócrata de Brooklin, Nueva York, que también está analizando las causas de la crisis. Tal Comité tiene el poder de llamar a cualquier miembro de la Administración Pública para que dé testimonio, incluidos miembros del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board - FRB), habiendo puesto en situaciones incómodas a los representantes del Banco. Tal Comité ha sido muy crítico con el comportamiento del FRB, no sólo en la génesis de la crisis, sino también en la manera como se ha llevado a cabo el rescate de la Banca en EEUU (centrada en Wall Street).
Cuatro son las conclusiones que se derivan de estas investigaciones. Una es que la eliminación de la citada ley Glass-Steagall que facilitó la aparición de enormes megabancos que han gozado de una enorme influencia en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el FRB. La mayor motivación de la Administración Bush y la Administración Obama ha sido salvar a estos megabancos a toda costa bajo el argumento de que son demasiado grandes para permitir que quiebren. Han considerado que su colapso dañaría a la economía estadounidense y a la mundial. Las medidas de apoyo a tales bancos han ido encaminadas a mantenerlos con el tamaño actual, y ello a costa de permitirles que sigan con sus prácticas habituales. Una pieza clave para su mantenimiento era salvar la compañía de seguros AIG (pues era la que aseguraba los instrumentos con mayor riesgo o derivativos, que poseían aquellos megabancos). La ayuda que significó el control de AIG por el Gobierno federal ha permitido canalizar gran número de productos tóxicos hacia tal compañía de seguros, así como hacia las compañías federalizadas como Fannie Mae y Federal Reserve Look. Tal canalización de dichos productos tóxicos se ha hecho de una manera opaca sin el conocimiento de la ciudadanía, pues el Ministerio de Economía y Hacienda era plenamente consciente de que se estaba salvando a los megabancos mediante la absorción de los productos tóxicos por parte de las instituciones bancarias federales.
Una segunda conclusión es que había un fraude generalizado en las prácticas de los megabancos, fraudes que eran conocidos por las agencias de regulación federal que mantuvieron una actitud laxa en su responsabilidad reguladora. La Comisión y el Comité explican este comportamiento por la enorme influencia que ejercen los megabancos sobre el gobierno federal, tanto a nivel del ejecutivo como a nivel del legislativo, influencia que se traduce en las conexiones existentes entre la clase política y la administración pública por un lado y los megabancos por el otro.
Una tercera conclusión importante a señalar es que la crisis financiera tiene, en realidad, causas políticas. Aunque los republicanos han sido los que han enfatizado más la desregulación de la banca y han sido los mayores responsables de la creación de una cultura de laxitud en el comportamiento de las agencias públicas reguladoras (consecuencia de sus creencias liberales), los demócratas han sido determinantes en el desarrollo de tales comportamientos. La terminación de la Glass-Steagall Act tuvo lugar en 1999, bajo la Administración Clinton, conocedora de la existencia de tales prácticas fraudulentas, pues eran conocidas por el Ministerio de Economía y Hacienda muchos años antes, desde el principio de su Administración.
Una cuarta conclusión es que la institución con mayor responsabilidad sobre esta colección de “irresponsabilidades” fue el FRB, que falló estrepitosamente en su función reguladora del sistema bancario, fallo que se atribuye a estar imbuida de una ideología liberal que sistemáticamente favorecía al capital financiero sobre el capital productivo y al mundo del capital sobre el mundo del trabajo, contribuyendo a un enorme crecimiento de la polarización de rentas, una de las causas de la crisis (ver mi artículo “La silenciada causa de la crisis”, Público, 19.03.09). El gurú de tales políticas fue su gobernador, Alan Greenspan, que había sido canonizado por el establishment financiero, político y mediático de aquel país, refiriéndose a él como el Maestro. Las políticas crediticias del FRB jugaron un papel clave en la creación de las burbujas, de las cuales, la inmobiliaria había sido la última y más destructiva.
De estas conclusiones se derivan varias reflexiones. Una de ellas, ya mencionada en las conclusiones citadas anteriormente, es que la causa de la crisis es política y toca un tema que no debe soslayarse si quiere resolverse el problema. Y es la enorme influencia que el poder financiero tiene en la democracia estadounidense (y en la mayoría de democracias, incluyendo España). La financiación de las campañas electorales de EEUU por parte del capital financiero (con millones de dólares asignados a los miembros de los Comités que supervisan el capital financiero) está corrompiendo el sistema político. Es de una enorme incoherencia que incluso articulistas que se autodefinen como progresistas en España, defienden que poderes económicos puedan aportar fondos a los partidos y a los candidatos. Esta práctica corrompe a la democracia. Y el ejemplo de EEUU es contundente.
Las propuestas que se están barajando en el citado Comité de la Cámara Baja (prohibir que los bancos puedan contribuir a las campañas electorales de los miembros de los Comités que supervisan a la banca) son necesarias, pero dramáticamente insuficientes. La influencia de la banca y de las compañías de seguros va incluso más allá de la financiación de las campañas electorales de los políticos. Incluye otras maneras de ejercer su influencia, tales como el hecho de que la mayoría de lobistas que defienden los intereses de la Banca han trabajado antes en aquellos Comités que supervisan a la Banca. Estas redes de influencia también corrompen la democracia.
Además de los lobistas, existe la puerta rotativa de cargos políticos que proceden de la banca y cargos bancarios que proceden del mundo político. Geithner (el Ministro actual de Economía de la Administración Obama, encargado de rescatar la banca) tiene como su jefe de gabinete al que había sido jefe del grupo de lobistas de Goldman Sachs (uno de los bancos más beneficiados en la tal llamada recuperación financiera federal). El secretario general de tal Ministerio había sido el delegado general de City Group (otro banco ayudado). Otro delegado de City Group trabaja en la Casa Blanca asesorando al Presidente Obama, el cual ha nombrado también a un economista que dirigió UBS (hoy en los tribunales por asesorar a ricos sobre cómo realizar fraude fiscal), como miembro del grupo de trabajo que trabaja en la recuperación económica.
Tal maridaje (bajo la administración Obama) del gobierno federal con Wall Street, continúa el existente bajo las administraciones anteriores. El Ministro de Economía de la Administración Bush junior fue Henry Paulson, presidente de Goldman Sachs, y uno de los mayores proponentes de la desregulación financiera, habiendo terminado la normativa de la Comisión de Seguridades e Intercambios (Securities and Exchange Commissions), que prohibía ciertas prácticas crediticias de tipo especulativo. Y el mismo Ministro actual de Economía, el Sr. Geithner, cuando era el director del FRB de Nueva York, fue uno de los mayores proponentes de la desregulación bancaria, conociéndose su amistad con los máximos dirigentes de Wall Street. Todos estos y otros datos explican que en una entrevista al que fue el principal economista (chief economist) del Fondo Monetario Internacional, Mr. Simon Johnson, éste definiera en un reciente artículo en Athlantic Monthly (mayo de 2009) que lo que había ocurrido en EEUU era un golpe de estado “silencioso y silenciado” del capital financiero que había tomado el gobierno federal.
El neoliberalismo facilitó tal corrupción
Es importante subrayar que tales conexiones han representado la matriz material sobre la cual se ha basado el proyecto neoliberal. La fortaleza de este último es el síntoma del poder del capital financiero. Tal neoliberalismo ha sido la justificación de unas políticas enormemente corruptas, desarrolladas predominantemente en beneficio de los intereses del capital financiero. Creerse que los que promueven el neoliberalismo están equivocados es asumir que no saben lo que hacen. Lo saben y les está yendo muy bien. Como siempre ha hecho cualquier clase o élite dominante, ha identificado sus intereses con los intereses del país. Un ejemplo de ello es el Sr. Summers, uno de los diseñadores de las políticas de rescate de la banca. Summers es el chief economic advisor del Presidente Obama, que no tuvo ninguna duda en desarrollar el mayor programa de beneficencia asistencial que se haya conocido en la historia de cualquier país, beneficencia de asistencia, no a los pobres, sino a los bancos. El Sr. Summers, que fue uno de los arquitectos del programa de privatizaciones en los países del Este de Europa (responsable de que la esperanza de vida de Rusia descendiera dramáticamente) defendió sus políticas bajo el argumento de que defendía los intereses del país. En realidad, los únicos que se beneficiaron fueron los intereses bancarios (y empresariales) de EEUU, para los cuales trabajaba, incluyendo el City Group y los hedge funds (de los cuales ha recibido, en estos últimos años, cinco millones de dólares).
La pregunta que se han hecho sectores progresistas que apoyaron a Obama, es cómo pudo el presidente Obama nombrar a estas personas tan próximas a Wall Street, algunas de las cuales eran responsables de las medidas desreguladoras que habían desencadenado la crisis. La respuesta que dio Obama es que necesitaba nombrar a personas que conocían bien el sistema financiero para poder resolver la crisis, subrayando que él sería quien dictaría las políticas a seguir. Obama, sin embargo, había aceptado el marco ideológico, el neoliberalismo, que había promovido las causas de la crisis. De ahí que el resultado ha sido que se han desarrollado políticas que han fortalecido a los megabancos. Podría haber nombrado a otros economistas, también conocedores del sistema financiero, que podrían haber seguido políticas distintas. Pero, escogió a aquellos economistas liberales porque encajaban con su percepción de lo que era necesario para resolver la crisis. Identificó los intereses de la banca con los intereses del país.
La relevancia de estos hechos en España
En la lectura de este artículo, el lector habrá podido ver algunas semejanzas con el caso español. El enorme fallo del Banco de España en la supervisión y regulación de la banca, en su laxitud reguladora, en su incapacidad de prevenir la burbuja inmobiliaria (la mayor responsable de la crisis financiera en España), su excesiva complicidad con la banca, su liberalismo financiero y económico, su falta de transparencia y responsabilidad pública, son todos ellos datos que debieran exigir el establecimiento de una comisión parlamentaria de análisis de cuáles han sido las causas de tal crisis en España, incluyendo también un estudio de las relaciones entre la Administración Pública por una parte y los intereses económicos y financieros por otra. La gran tolerancia hacia la existencia de estas relaciones (tipificada por el caso David Taguas, procedente de la Banca, que pasó de trabajar en La Moncloa diseñando políticas económicas y financieras, a dirigir el lobby inmobiliario constructor) es también síntoma de esta política corrupta que está dañando enormemente a la democracia española.
Por otra parte, la misma pregunta que las fuerzas progresistas estadounidenses le hacen a Obama, debiera hacerse al Presidente Zapatero. ¿Cómo es que muchos de los economistas de los sucesivos equipos económicos del gobierno socialista han pertenecido a la sensibilidad liberal (Taguas favorece la privatización de la Seguridad Social, como ha ocurrido en Chile), procedentes muchos de ellos de los centros de estudios de la Banca o del Banco de España? ¿Cómo es que el Gobierno nombró a Fernández Ordóñez, conocido liberal, Gobernador del Banco de España, institución que ha confundido los intereses de la Banca con los intereses de España y que ha sido uno de los agentes que han fallado más en esta crisis? Una respuesta a estas preguntas es que el Gobierno aceptó por demasiado tiempo las premisas liberales que causaron la crisis y que ahora están dificultando la recuperación económica. Sería de desear que el Gobierno recuperara plenamente su vocación transformadora que quedaba reflejada en su programa y que todavía necesita desarrollarse plenamente. Para ello debe aliarse con las fuerzas a su izquierda que le permitan neutralizar a las fuerzas conservadoras y liberales promovidas por el capital financiero en España.
* Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
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