Antón Saracibar*
El presidente del Gobierno Rajoy ha entrado en la escena política como un elefante en una cacharrería- al amparo de la crisis económica y del creciente desempleo- ratificando una política de supeditación a los postulados de la UE, lo que significará un aumento del desempleo y consolidará a España a la cabeza de los países de la UE y de la OCDE con mayores cifras de desempleo. Las consideraciones que se vienen haciendo y las medidas que se están tomando -de marcado carácter ideológico- están presididas por la manipulación y la mentira (“el PP es el partido de los trabajadores”), así como por el incumplimiento de las (falsas) promesas electorales: “no aumentaremos los impuestos y no abarataremos el despido”. Muchos ciudadanos de buena fe vienen manifestando que las críticas a Rajoy no respetan ni siquiera los 90 días de cortesía; sin embargo, lo que no saben estos ciudadanos es que Rajoy en 80 días ha producido más estropicios sociales que Zapatero en sus ocho años de Gobierno y, lo que es más grave, nos anuncia para el presente año un crecimiento negativo del PIB (-1,7%) y una tasa de paro del 24,3%, lo que representa la destrucción de 630.000 puestos de trabajo que nos situará en el umbral de los seis millones de parados.
Las previsibles políticas regresivas sobre el aborto, incluso sobre la homosexualidad; la brutal represión de las movilizaciones de jóvenes estudiantes; el recorte de las ayudas a la TV española (dejando el poder mediático en manos de las televisiones autonómicas controladas por Gobiernos del PP y de las digitales en manos del poder económico más reaccionario); los recortes en la investigación, en la sanidad, en la enseñanza y en los servicios sociales; el próximo y previsible recorte presupuestario, que nos adentrará aún más en la recesión y el desempleo; la aberrante campaña antisindical, claramente antidemocrática; la ruptura unilateral del diálogo y la concertación social, echando a la basura el acuerdo entre los interlocutores sociales sobre la limitación de salarios; y, por último, la regresiva reforma laboral (que no tiene nada que ver con el déficit público), son algunos ejemplos de lo realizado por Rajoy en sus primeros meses de gobierno que, todo hay que decirlo, no han evitado un aumento del desempleo. Por otra parte, no debemos olvidar que el actual Gobierno tiene en estudio nuevas medidas: recorte de las prestaciones por desempleo; una ley de huelga que recorte los derechos constitucionales de los trabajadores; la reducción de cuotas a la seguridad social de los empresarios; el endurecimiento del acceso a la pensión de los jóvenes; y el copago sanitario. Tampoco es de recibo la renuncia del Gobierno a frenar el desplome de los ingresos fiscales -para corregir el déficit público- y, en concreto, a abordar una reforma fiscal que penalice a los que más tienen (suficiencia y progresividad), junto a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
No es extraño -ante semejantes atropellos a los logros conseguidos por los trabajadores-que los sindicatos, cargados de razones (“no hay más radical que un moderado engañado”), hayan terminado por convocar una nueva huelga general (la séptima en democracia y la segunda al PP). Algunos ciudadanos, apelando a la responsabilidad de los sindicatos, han venido desaconsejando su convocatoria. Otros, en cambio, están dando la bienvenida a la convocatoria ante la imposibilidad de contestar con otras medidas a los abusos del Gobierno y argumentan que, por mucho menos, los sindicatos convocaron una huelga general a Felipe González, Aznar y Zapatero.
Lo que no cabe duda es que la huelga tiene riesgos para sus convocantes. La crisis económica; el desempleo; la precariedad de nuestro mercado de trabajo; la capacidad de presión mediática del Gobierno, que se visualizará intensamente en los días previos a la huelga y posteriormente en la “guerra de cifras”; el fuerte poder de coacción del empresario, sobre todo después de la reforma laboral; y, finalmente, el establecimiento de servicios mínimos abusivos que- como siempre ha ocurrido con todos los gobiernos- se impondrán con el propósito de abortar el éxito de la huelga, son elementos que se presentan como muy negativos para que los trabajadores más débiles secunden las movilizaciones.
A pesar de ello, los sindicatos no han tenido otra alternativa que convocar una huelga ante una política económica que empeorará la situación económica y aumentará el desempleo, a lo que se debe añadir la reforma laboral que suprime en la práctica la negociación colectiva, devalúa los salarios y el costo del despido y pone patas arriba un modelo de relaciones laborales que ha venido funcionando con éxito en España durante más de 30 años (ET, 1980). Los sindicatos no han tenido nunca tantas razones para ejercer un derecho constitucional como es el derecho de huelga; la prueba es que el propio Rajoy la esperaba como inevitable a pesar de que ahora la critica.
A los derrotistas que dicen que no se consigue nada con las huelgas hay que decirles que la historia demuestra todo lo contrario. Aunque con altibajos, los sindicatos han conseguido a través de la movilización y la huelga importantes logros a corto y medio plazo. Además de estos logros hay que valorar los “intangibles” que se consiguen: mejora la correlación de fuerzas, consolida la capacidad de presión, evita nuevos atropellos y consigue mejorar el contenido de los acuerdos y convenios futuros.
En todo caso, la derecha política, los empresarios y las políticas neoliberales dentro de la UE merecen una respuesta adecuada ante las agresiones a los derechos y conquistas del conjunto del movimiento sindical. Por eso, los sindicatos deben buscar afanosamente que se secunde la huelga. Ello requiere una correcta organización de la misma y, en este sentido, los sindicatos deben recabar la colaboración y el apoyo del mundo de la cultura, de los movimientos sociales, de los indignados (15-M) y del movimiento estudiantil y universitario, con el propósito de explicar minuciosamente las razones y finalidades de la huelga. No sería explicable que aparezcan diferencias artificiales en esta ocasión al margen de lo que pretenden los sindicatos con la convocatoria de la huelga general: modificar sustancialmente el contenido de la reforma laboral y evitar que se siga atentando contra los derechos de los trabajadores recayendo exclusivamente en ellos el costo de la crisis, además de recuperar el diálogo y la concertación social como el mejor procedimiento para salir de la crisis.
La huelga está convocada por los sindicatos representando a todos los trabajadores afectados por la política del Gobierno: jóvenes desempleados y parados de larga duración con y sin prestación por desempleo, empleados públicos, trabajadores con contrato de trabajo fijo que pueden verse expulsados del mercado de trabajo por un proceso de sustitución de empleo fijo por un empleo en precario y con despido más barato; y, por supuesto, a la clase media en general muy afectada por el aumento de las desigualdades y de la pobreza (proletarización), así como a los jubilados y pensionistas que también están sufriendo las consecuencias de la crisis.
Por estas razones, esta huelga general es considerada justa y necesaria por una buena parte de la ciudadanía y eso siempre resulta estimulante para los convocantes (sindicatos) y para las diversas organizaciones que la apoyan, al margen de los resultados que se puedan conseguir a corto plazo para los trabajadores en su conjunto. En esta ocasión, también resultará favorable para la propia democracia vapuleada por los mercados.
La conclusión de este análisis determina que la huelga se ha convertido en una necesidad democrática, tal y como están las cosas. No podemos olvidar que esto no ha terminado y que, si nadie lo remedia, continuarán las medidas regresivas, porque los mercados son insaciables y ya conocen el camino para conseguir lo que pretenden. La pretensión última es el desmantelamiento del modelo social europeo, la drástica reducción de salarios y la precarización de las condiciones de trabajo. Un salto en el vacío que seguramente traerá consigo un aumento de las desigualdades y de la pobreza, la inestabilidad social y un modelo productivo obsoleto e incapacitado para competir con garantías de éxito en un mundo globalizado. Nadie puede desconocer que no es posible competir con el trabajo de esclavos…
Lo más grave de esta situación es que todo esto es posible por la estudiada complicidad y el doble juego de la CEOE, que ha abusado -junto al Gobierno- de la buena fe de los sindicatos, poniendo en grave riesgo la necesaria confianza entre los interlocutores sociales para continuar con el diálogo social: ¿quién se puede fiar de la CEOE de aquí en adelante con las políticas que defiende y con las penosas manifestaciones (en clave política) que están haciendo algunos de sus máximos responsables, particularmente el de Madrid?
Finalmente, en el plano político el posicionamiento de los partidos está resultando previsible. El PSOE e IU ya han mostrado su rechazo a la reforma laboral, aunque su poder en el parlamento resulta insuficiente para condicionar el texto final que, por el contrario, tendrá el apoyo de los nacionalistas catalanes (CIU). Menos clara está la repercusión de la reforma laboral y de la política económica del Gobierno en las elecciones a celebrar en este mes (25-M) en Andalucía y Asturias. La pregunta que se hacen muchos es si la repercusión de esta regresiva política será suficiente para evitar la mayoría absoluta del PP en Andalucía; la misma pregunta se hace en Asturias ante la división de la derecha que ha conducido inevitablemente al adelanto electoral y a levantar expectativas en torno a la oposición de izquierdas.
El problema que se vuelve a plantear en nuestro país es que el descontento sindical tiene una fácil canalización social (movilizaciones y huelga) y una difícil canalización política en la actualidad ante la falta de credibilidad del PSOE (muy afectado por la etapa Zapatero) y el escaso gancho electoral de IU y de los partidos minoritarios de izquierda de corte nacionalista. Nuevamente nos encontramos con la contradicción que representa el voto político (favorable a la reforma en el parlamento) y el voto sindical (contrario a la reforma en la calle). En todo caso, no debemos olvidar que los dos posicionamientos son legítimos, aunque a la vez contradictorios en si mismos, lo que demuestra que la dinámica política no tiene nada que ver con la dinámica sindical.
Debemos recordar que ello tiene mucho que ver con la escasa cultura política existente en nuestro país- que todavía conserva vestigios reaccionarios del pasado-, así como con la existencia de unos medios de comunicación controlados por un poder económico ultra liberal que siempre han resultado beligerantes en función de sus propios intereses.
Resumiendo: es evidente que los sindicatos tienen poderosas razones para ir a la huelga; sin embargo, no resultará fácil evitar que la crisis siga recayendo en los más débiles. Por eso, debemos seguir trabajando activamente en el presente y redoblar el esfuerzo para construir un futuro más justo y solidario que, no lo olvidemos, pasa por reforzar la centralidad del trabajo en una sociedad democrática. Sin duda, el futuro sigue estando en manos de los trabajadores.
