Juan Torres López*
A nadie le puede extrañar que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saliera por la puerta del garaje del Senado para no tener que dar cuentas a los medios de comunicación de las últimas medidas económicas que ha adoptado y concretamente del recorte adicional de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. No extraña, porque hasta el truhán más descarado sentiría vergüenza si tuviera que justificar una chapuza tan grande, una mentira tan evidente y una traición a los intereses de la Nación tan cobarde. Es una chapuza monumental que una semana después de haber presentado los Presupuestos Generales del Estado, y después de haber negado por la mañana que se iría en esa dirección (por no hablar de las promesas que se lanzaban cuando se trataba de criticar al anterior Gobierno) se anuncie un gigantesco recorte presupuestario adicional en sanidad y educación.
Si hubieran transcurrido unos meses quizá se podría argumentar que se trata de un cambio de coyuntura, de una necesidad adicional, pero ¿cómo justificar una rectificación tan grande cuando casi se puede contar en horas el tiempo transcurrido desde la presentación de las cuentas del Estado? ¿Cómo puede seguir en su puesto sin morirse de la vergüenza y dimitir un Ministro de Hacienda que ha preparado nada más y nada menos que los Presupuestos Generales del Estado con semejante falta de perspectiva y de rigor? ¿Qué se puede esperar de un Ejecutivo que actúa con una estrategia tan errada, con una percepción tan alicorta de las necesidades de la economía y la sociedad española? ¿Cómo se puede sostener un Gobierno que de una semana a otra considera que la educación y la sanidad española necesitan 10.000 millones de euros menos?
Salvo, claro está, que ese Gobierno no se esté pensando en lo que necesita el Estado y la población a la que sirve, sino lo que le exigen intereses extranjeros o particulares que actúan a la sombra incluso de los propios agentes que, por lo que se ve, mantienen en ese Consejo de Ministros.
El anuncio del recorte responde también a una mentira que es bastante fácil descubrir. Reducir los presupuestos de educación y sanidad en esa cifra tan extraordinaria no va a contribuir decisivamente a reducir el déficit público.
Docenas de estudios empíricos han demostrado que una disminución del gasto público supone una caída prácticamente inmediata y muy importante del Producto Interior Bruto, cuya magnitud depende del tipo de economía y de las partidas concretas en que se materialice, pero que en el caso español, y dándose en materia de educación y salud, podría ser de entre el 60 y el 75 u 80%. También sabemos que al caer el PIB disminuye lógicamente la recaudación impositiva, porque hay menos actividad económica, menos beneficios, menos sueldos y menos transacciones que gravar. La magnitud final de esta disminución también depende de diversas circunstancias (de la estructura impositiva, del peso de los impuestos en el PIB) pero no sería exagerado decir que en un país como España la disminución del PIB producida por un recorte de 10.000 millones de euros en el gasto en sanidad y educación podría suponer una disminución de más de 4.000 millones en los ingresos fiscales del Estado. Y no solo eso, sino que al aumentar el desempleo, aumentarán los subsidios del paro y posiblemente otras transferencias a las familias, en una cantidad más difícil de estimar, pero que seguramente no fuese inferior a 1.000 o 1.500 millones de euros.
Salvo, claro está, que ese Gobierno no se esté pensando en lo que necesita el Estado y la población a la que sirve, sino lo que le exigen intereses extranjeros o particulares que actúan a la sombra incluso de los propios agentes que, por lo que se ve, mantienen en ese Consejo de Ministros.
El anuncio del recorte responde también a una mentira que es bastante fácil descubrir. Reducir los presupuestos de educación y sanidad en esa cifra tan extraordinaria no va a contribuir decisivamente a reducir el déficit público.
Docenas de estudios empíricos han demostrado que una disminución del gasto público supone una caída prácticamente inmediata y muy importante del Producto Interior Bruto, cuya magnitud depende del tipo de economía y de las partidas concretas en que se materialice, pero que en el caso español, y dándose en materia de educación y salud, podría ser de entre el 60 y el 75 u 80%. También sabemos que al caer el PIB disminuye lógicamente la recaudación impositiva, porque hay menos actividad económica, menos beneficios, menos sueldos y menos transacciones que gravar. La magnitud final de esta disminución también depende de diversas circunstancias (de la estructura impositiva, del peso de los impuestos en el PIB) pero no sería exagerado decir que en un país como España la disminución del PIB producida por un recorte de 10.000 millones de euros en el gasto en sanidad y educación podría suponer una disminución de más de 4.000 millones en los ingresos fiscales del Estado. Y no solo eso, sino que al aumentar el desempleo, aumentarán los subsidios del paro y posiblemente otras transferencias a las familias, en una cantidad más difícil de estimar, pero que seguramente no fuese inferior a 1.000 o 1.500 millones de euros.
Es verdad que, al disminuir la provisión pública de servicios de educación y salud que conlleva ese recorte, un determinado porcentaje de la población optaría por adquirirlos en el sector privado, de modo que el efecto que acabo de señalar se vería compensado, aunque es evidente que no sería realista pensar que lo hiciera en la misma magnitud.
En definitiva, y dejando aparte el efecto distributivo y la connotación ética que sin duda tendría el recorte, lo cierto es que su efecto final sobre el déficit es bastante más reducido del que pretende alcanzar el Gobierno. Digamos que, aunque es buena noticia para los proveedores privados de servicios educativos y sanitarios, es una medida que seguirá siendo insuficiente para los especuladores que lo que están haciendo es apostar con ventaja y a tiro fijo sobre el hecho evidente de que con estas políticas de austeridad (y con formas de actuar como las del Partido Popular en la oposición y en el Gobierno) no se va a poder reducir decisivamente el déficit público español.
Y es precisamente esta última circunstancia la que me lleva a una consideración final, pero que no es la menos importante. La actuación del Gobierno me parece que supone una auténtica traición a la Nación a la que debería defender. ¿Para qué diablos sirve que nos gastemos miles de millones de euros en el Ministerio de Defensa si resulta que los verdaderos ataques que sufre nuestra población no vienen de fuerzas militares sino de los mercados, y nuestros Gobiernos, en lugar de hacerles frente para defenderla, se pliegan ante ellos de manera tan cobarde? Se podría argumentar con razón que recurrimos a los mercados para financiar nuestros gastos (e incluso que algunos de estos han sido innecesarios e injustificables y que nuestra economía necesita reformas profundas para evitar que se repitan en el futuro) y que es lógico que los mercados sean los que impongan entonces sus condiciones pero, ¿hemos de aceptar sin más que los grupos financieros que dominan los mercados los manipulen para alzar artificialmente el precio de la deuda o que impongan los derechos que puedan o no disfrutar nuestros ciudadanos y las medidas de política económica que ha de adoptar nuestro Gobierno?, ¿no han generado así una deuda odiosa e ilegítima a la que tenemos el derecho de repudiar?,¿no tienen nuestros Gobiernos el deber moral y político de denunciar lo que está ocurriendo, de reclamar a las autoridades europeas que igualmente la condenen y la repudien, en lugar de limitarse a aceptar los dictados de los terroristas financieros?
¿Debemos limitarnos sin más a pertenecer a un club que permite que eso suceda, que nos arruina y que institucionaliza el saqueo de las arcas públicas por los bancos y los especuladores privados, como sucede cuando se permite que el Banco Central Europeo prácticamente regale a los bancos todo el dinero que quieran para que resuelvan sus quebrantos patrimoniales especulando y comprando deuda de los Gobiernos dejando sin financiación a las economía, en lugar de que lo proporcionen a los Estados y estos garanticen el funcionamiento normal de las empresas y de la economía en su conjunto?
Las enciclopedias y diccionarios dicen que traicionar a la Patria es colaborar o asociarse con elementos “non gratos” o enemigos defraudando así a los nacionales y perjudicando sus intereses, ¿no es evidente entonces que la traiciona el Gobierno que renuncia a defender la soberanía nacional y que daña a sus ciudadanos con tal de contentar a quienes dominan los mercados?
