Antón Saracíbar*
Las
sociedades más justas y avanzadas en términos económicos y sociales se
identifican por apostar fuertemente por decididas políticas de empleo
(encaminadas hacia el pleno empleo), políticas fiscales basadas en la
suficiencia, equidad y progresividad, sistemas de seguridad social
eficientes y solidarios (pensiones y dependencia), potentes servicios
públicos (sanidad, educación y servicios sociales) y, desde luego, por
promover fuertes organizaciones sindicales. La salida neoliberal de la
crisis está destrozando estas políticas y dejando en precario el Estado
de Bienestar social y, como consecuencia de todo ello, las sociedades
son más pobres, injustas y desiguales.
El caso de España es particularmente significativo. Los ciudadanos
contemplan con estupor e indignación -desde hace dos años y,
particularmente desde hace seis meses- un considerable aumento de las
desigualdades: salarios y pensiones escandalosas en el sector financiero
(no sólo en Bankia); gastos suntuarios (la venta de artículos y coches
de lujo está aumentando); especulación y engaño; en definitiva,
concentración de riqueza en manos de unos pocos. Por el contrario, se
multiplican los recortes en servicios básicos (sanidad, enseñanza,
servicios sociales e investigación); en pensiones y salarios; y aumenta
rápidamente el desempleo y la precariedad de nuestro mercado de trabajo.
A ello hay que añadir el anuncio de nuevas medidas que pueden afectar a
la fiscalidad (IVA), a las pensiones, a las cotizaciones de los
empresarios a la seguridad social (reducción de las mismas) e, incluso, a
las prestaciones por desempleo.
En
todo caso, la desigualdad ha estado creciendo desde hace mucho tiempo;
por lo tanto, se viene produciendo desde antes del comienzo de la
crisis, según el informe Benchmarking Working Europe 2012 (Christophe
Degryse, ETUI). Las políticas neoliberales desarrolladas en la UE,
durante más de 20 años (finales de la década de los ochenta), han
contribuido a intensificar las disparidades sociales y salariales; cada
vez resulta más evidente que las políticas justificadas en nombre del
crecimiento y del empleo han conducido a una menor cohesión social y a
una mayor desigualdad, particularmente en relación con los salarios, las
pensiones, las prestaciones sociales, los servicios públicos, la
fiscalidad y el mercado de trabajo. También las desigualdades han
aumentado con las medidas aplicadas para salir de la crisis -basadas en
la austeridad y en los recortes presupuestarios-, que han afectado a los
más débiles al alargarse los periodos de desempleo y de exclusión
social. Mientras eso ha ocurrido, el BCE no ha dudado en ayudar a una
parte del sector financiero con préstamos de bajo interés (1%) y, en la
actualidad, el Gobierno español se prepara para ayudar a Bankia (23.000
millones de euros), hipotecada por el ladrillo y la morosidad (sin una
investigación profunda de lo ocurrido), lo que está produciendo una
indignación generalizada entre las personas más afectadas por el ajuste
fiscal y los recortes. Esa cantidad se añade a los 105.000 millones de
euros (11% del PIB) que los gobiernos han canalizado al sector
financiero desde el comienzo de la crisis.
Por su parte, el Barómetro Social de España que recoge el Colectivo Ioé, en su informe sobre desigualdad de abril de 2012, hace especial hincapié en que la desigualdad social ha aumentado al amparo de la actual crisis económica. Según la Estadística de Salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la masa salarial se ha incrementado un 69,3% entre 1994 y 2010 (debido al aumento de los asalariados: han pasado de 11 a 18 millones); sin embargo, el salario medio en moneda constante sólo ha aumentado un 1,9%. Mientras tanto, los beneficios empresariales se han incrementado un 47, 8% en términos de PIB, lo que significa que los ingresos de los empresarios han sido muy superiores a los de los asalariados (transferencia de rentas del trabajo al capital).
Las desigualdades salariales por sexo también son dignas de mención y han aumentado en la última década. En el año 2000 la retribución media de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 2010 y la de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60%. Por sectores de actividad, el sector menos retribuido es el agrícola y pesquero, con un salario medio cinco veces inferior al percibido en el sector financiero. Por CCAA, los salarios en Extremadura son un 23,1% menos que la media española y un 40,6% menos que los de Madrid. Por último, la mano de obra inmigrante (subproletariado) recibe un salario inferior en un 49,2% a la española y lo mismo ocurre con los trabajadores afectados por problemas de exclusión social.
Sin embargo, la peor parte de la crisis la soportan los desempleados que han sufrido el ajuste de la crisis y han pasado del 8,3% al 20,1%, entre 2007 y 2010 (24,3%, en el primer trimestre de 2012). El paro de larga duración (más de un año buscando empleo) ha pasado del 23,7 al 43,3% de las personas en paro y las que no reciben ninguna prestación han subido del 22,5 al 34,3%; además, los hogares con todas las personas activas en paro se han triplicado pasando del 3,3 al 10,1%. Al finalizar el pasado año se ha confirmado que España es el país con mayor tasa de desempleo de la UE -duplicando la media europea (11%)-, lo que representa el principal problema de los españoles de acuerdo con el barómetro del CIS, tanto por sus repercusiones económicas como sociales. Por otra parte, en el primer trimestre del año 2012, el empleo temporal y el paro afecta al 45,2% de los asalariados (9,1 millones de trabajadores) y el empleo indefinido con salarios intermedios (entre 1.000 y 2.500 euros) se sitúa en 11,3 millones de empleados; por último, dentro de la escala superior con mayores ingresos y estabilidad (3,8 millones de personas), una minoría (156.000 trabajadores: 0,8% del total) percibe nada menos que un salario medio de 12.000 euros (directivos financieros y de grandes empresas).
Con la seguridad social ocurre algo parecido. Las pensiones representan más de la cuarta parte del gasto social -distribuidas en prestaciones contributivas (94,5%) y en no contributivas (4,5%)- y su peso en relación con el PIB bajó del 8,3% en 1994 al 6,4% en 2006, para subir al 7,3% en 2009 y estancarse en los años siguientes.
Por su parte, las prestaciones por desempleo están aumentando en porcentajes del PIB debido al incremento del paro. A pesar de ello, la prestación contributiva media se ha reducido, a medida que aumentaba la prestación asistencial, por el desempleo de larga duración. Por eso, la tasa de cobertura de la prestación por desempleo ha pasado del 77,5% en 2007 al 56,9% en 2011, lo que significa que casi la mitad de los desempleados no tienen prestación por desempleo. Como consecuencia de todo ello, ha aumentado la pobreza. Según EUROSTAT -que relaciona la pobreza en los hogares con una renta por persona por debajo del 60% de la media-, se ha pasado del 19,6% en 2007 al 21,8% en 2010; esto es, de 8,9 a 10,3 millones de personas pobres, además de constatar un aumento de los desalojos, desahucios y embargos de las viviendas.
La política fiscal (con una fuerte capacidad redistributiva) no ha participado en la superación de las desigualdades; más bien está colaborando en agravar las mismas. Las rentas del trabajo aportan al fisco más del doble que las rentas del capital y más de tres cuartas partes del fraude fiscal proceden de la banca, las empresas multinacionales y los grandes patrimonios, según la propia Agencia Tributaria. Efectivamente, la política llevada a cabo desde 2010 se ha encaminado a aumentar la carga impositiva de la población asalariada y reducir las prestaciones del Estado de Bienestar respondiendo a una orientación claramente neoliberal que, por otra parte, garantiza las rentas del capital financiero a costa de la socialización de sus pérdidas y de empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Por último, en el informe ‘Employment and Social Developments in Europe 2011’, la Comisión Europea también reconoce que se está incrementando la desigualdad con los consiguientes problemas de cohesión social, amenaza a la democracia y estabilidad económica. Superar esta situación requiere fortalecer las políticas sociales y los sistemas de seguridad social, pero también las políticas redistributivas a través de políticas fiscales que penalicen la especulación financiera y las rentas más altas, impulsar las políticas activas de empleo, repartir el tiempo de trabajo, potenciar la negociación colectiva y fortalecer a los sindicatos en su lucha por conseguir una sociedad más justa.
Por su parte, el Barómetro Social de España que recoge el Colectivo Ioé, en su informe sobre desigualdad de abril de 2012, hace especial hincapié en que la desigualdad social ha aumentado al amparo de la actual crisis económica. Según la Estadística de Salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la masa salarial se ha incrementado un 69,3% entre 1994 y 2010 (debido al aumento de los asalariados: han pasado de 11 a 18 millones); sin embargo, el salario medio en moneda constante sólo ha aumentado un 1,9%. Mientras tanto, los beneficios empresariales se han incrementado un 47, 8% en términos de PIB, lo que significa que los ingresos de los empresarios han sido muy superiores a los de los asalariados (transferencia de rentas del trabajo al capital).
Las desigualdades salariales por sexo también son dignas de mención y han aumentado en la última década. En el año 2000 la retribución media de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 2010 y la de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60%. Por sectores de actividad, el sector menos retribuido es el agrícola y pesquero, con un salario medio cinco veces inferior al percibido en el sector financiero. Por CCAA, los salarios en Extremadura son un 23,1% menos que la media española y un 40,6% menos que los de Madrid. Por último, la mano de obra inmigrante (subproletariado) recibe un salario inferior en un 49,2% a la española y lo mismo ocurre con los trabajadores afectados por problemas de exclusión social.
Sin embargo, la peor parte de la crisis la soportan los desempleados que han sufrido el ajuste de la crisis y han pasado del 8,3% al 20,1%, entre 2007 y 2010 (24,3%, en el primer trimestre de 2012). El paro de larga duración (más de un año buscando empleo) ha pasado del 23,7 al 43,3% de las personas en paro y las que no reciben ninguna prestación han subido del 22,5 al 34,3%; además, los hogares con todas las personas activas en paro se han triplicado pasando del 3,3 al 10,1%. Al finalizar el pasado año se ha confirmado que España es el país con mayor tasa de desempleo de la UE -duplicando la media europea (11%)-, lo que representa el principal problema de los españoles de acuerdo con el barómetro del CIS, tanto por sus repercusiones económicas como sociales. Por otra parte, en el primer trimestre del año 2012, el empleo temporal y el paro afecta al 45,2% de los asalariados (9,1 millones de trabajadores) y el empleo indefinido con salarios intermedios (entre 1.000 y 2.500 euros) se sitúa en 11,3 millones de empleados; por último, dentro de la escala superior con mayores ingresos y estabilidad (3,8 millones de personas), una minoría (156.000 trabajadores: 0,8% del total) percibe nada menos que un salario medio de 12.000 euros (directivos financieros y de grandes empresas).
Con la seguridad social ocurre algo parecido. Las pensiones representan más de la cuarta parte del gasto social -distribuidas en prestaciones contributivas (94,5%) y en no contributivas (4,5%)- y su peso en relación con el PIB bajó del 8,3% en 1994 al 6,4% en 2006, para subir al 7,3% en 2009 y estancarse en los años siguientes.
Por su parte, las prestaciones por desempleo están aumentando en porcentajes del PIB debido al incremento del paro. A pesar de ello, la prestación contributiva media se ha reducido, a medida que aumentaba la prestación asistencial, por el desempleo de larga duración. Por eso, la tasa de cobertura de la prestación por desempleo ha pasado del 77,5% en 2007 al 56,9% en 2011, lo que significa que casi la mitad de los desempleados no tienen prestación por desempleo. Como consecuencia de todo ello, ha aumentado la pobreza. Según EUROSTAT -que relaciona la pobreza en los hogares con una renta por persona por debajo del 60% de la media-, se ha pasado del 19,6% en 2007 al 21,8% en 2010; esto es, de 8,9 a 10,3 millones de personas pobres, además de constatar un aumento de los desalojos, desahucios y embargos de las viviendas.
La política fiscal (con una fuerte capacidad redistributiva) no ha participado en la superación de las desigualdades; más bien está colaborando en agravar las mismas. Las rentas del trabajo aportan al fisco más del doble que las rentas del capital y más de tres cuartas partes del fraude fiscal proceden de la banca, las empresas multinacionales y los grandes patrimonios, según la propia Agencia Tributaria. Efectivamente, la política llevada a cabo desde 2010 se ha encaminado a aumentar la carga impositiva de la población asalariada y reducir las prestaciones del Estado de Bienestar respondiendo a una orientación claramente neoliberal que, por otra parte, garantiza las rentas del capital financiero a costa de la socialización de sus pérdidas y de empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Por último, en el informe ‘Employment and Social Developments in Europe 2011’, la Comisión Europea también reconoce que se está incrementando la desigualdad con los consiguientes problemas de cohesión social, amenaza a la democracia y estabilidad económica. Superar esta situación requiere fortalecer las políticas sociales y los sistemas de seguridad social, pero también las políticas redistributivas a través de políticas fiscales que penalicen la especulación financiera y las rentas más altas, impulsar las políticas activas de empleo, repartir el tiempo de trabajo, potenciar la negociación colectiva y fortalecer a los sindicatos en su lucha por conseguir una sociedad más justa.
En definitiva, la distribución de la riqueza es particularmente injusta al subordinarse las políticas sociales a las prioridades de la acumulación de capital (en torno al sector financiero), lo que ha precipitado el descontento y la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y el poder legislativo, al constatar el deterioro de la democracia representativa supeditada, de hecho, al sistema financiero internacional.
A tenor de lo dicho, la lucha contra la desigualdad y la pobreza resulta ineludible y debe ser protagonizada por la izquierda en el conjunto de la UE. En este sentido, el triunfo de Hollande en Francia ha significado un soplo de aire fresco; sin embargo, nada será fácil en un contexto de crisis y desempleo generalizado hasta que la izquierda sea capaz de recuperar la confianza perdida y de generar ilusión en el conjunto de la ciudadanía. También los sindicatos están sufriendo las consecuencias de las duras campañas antisindicales que se están llevando a cabo en el marco de la UE, y cada vez se sienten más marginados, como ocurre en la nueva Estrategia Europea 2020. A pesar de ello, si queremos salir de la crisis debemos avanzar por este camino, removiendo los obstáculos contrarios a las políticas encaminadas a conseguir la igualdad y la justicia social.
En todo caso, impulsar el crecimiento (en los últimos años ha generado desigualdad) no será suficiente para salir de la crisis y resolver los problemas pendientes. Cada vez se está más de acuerdo en que la desigualdad ha sido la causante de la crisis y no su consecuencia y en que el crecimiento ya no reduce las desigualdades sino todo lo contrario (Niechoj et al., 2011), como se ha demostrado en los últimos años. ¿Es posible salir de la crisis sin reducir primero la desigualdad social en todas sus formas? Para algunos, la respuesta es claramente: “No” (Reich, 2011). ¿Es posible que un mayor crecimiento económico mejore el bienestar de la población europea? Algunos creen que la respuesta es también: “No” (Wilkinson y Pickett, 2009). Finalmente, si hacemos la misma pregunta, pero esta vez en positivo: ¿Es posible que una mayor igualdad proporcione un camino alternativo a la austeridad para salir de la crisis y volver a la prosperidad sostenible? Un número cada vez mayor de personas responden: “Sí” a esta pregunta.
Esta última y rotunda afirmación nos compromete a todos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En una sociedad moderna y muy bien comunicada, la ciudadanía no va a tolerar que los más ricos sigan repartiéndose la “tarta” a su antojo. Ese modelo económico y social basado en las desigualdades está condenado al fracaso, como se está divulgando a través de las redes sociales y se pone de manifiesto en las reiteradas movilizaciones populares. Por el contrario, la salida de la crisis pasa por fortalecer las políticas que contribuyan a eliminar las diferentes formas de explotación, corrupción y desigualdad social; evitando, por supuesto, la excesiva concentración de riqueza en manos de unos pocos. Rajoy debe tomar nota: lo primero es la igualdad y la justicia social (por sí mismas generan empleo) y, después, el crecimiento económico.
