Ignacio Ramonet*
Brasil
acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20”
porque se celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la
Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las
discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una
“economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el
desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra
la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y
ecologistas del mundo.
Las
cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen
constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero
esta realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la
gravedad de la crisis económica y financiera. Normal.
La
eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del
fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La
recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y
dramáticas tensiones financieras. España, en particular, vive sus
momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando quebró el banco
Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los
inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona
de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la
solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa
quiebra de Bankia.
Ante
el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del
sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas
“independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los
bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que
España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del
Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y
Portugal. El 62% de los españoles lo teme.
Cunde
pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña
al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que
Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida
de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata
la fuga de capitales hacia los países vecinos y la retirada en masa de
los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a
Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por
cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un
corralito bancario (4)...
En
esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen
con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas
francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo
día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que
decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la
austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y
del resurgimiento. Dilema vital.
Pero
ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala
del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el
principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión,
también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio
climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que
ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto
económico estimado en más de 100.000 millones de euros…
Otra
contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más
crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas
advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre
mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los
limitados recursos del planeta...
Los
líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos,
empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos
sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de
Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar
la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la
igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía
verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de
“economía solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin
la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la
acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.
Los
países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía
verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las
veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre.
Un “enverdecimiento”, en suma, del capitalismo especulativo. Esos
países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las
Naciones Unidas para empezar a definir, a escala planetaria, una serie
de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes
funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un
mercado mundial de servicios ambientales.
Esa
“economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material
de la naturaleza sino la mercantilización de los procesos y funciones
de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el
activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera
de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de
dióxido de carbono de esos mismos bosques (5).
El
objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión
privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la
biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio
ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores
privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear
productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e
instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El
mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que
recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su
antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de
nuevo cuantiosas ganancias.
Frente
a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la
sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se
presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la
humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel
local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva.
Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos,
océanos y lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas,
la biodiversidad, los parques naturales, el lenguaje, el paisaje, la
memoria, el conocimiento, Internet, los productos distribuidos con
licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a
ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su
privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito.
Otra
idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición
gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización
biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de
los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la
prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito.
También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder
controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y
productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la
especulación financiera con los alimentos.
En
fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo
responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir;
una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos;
una preferencia por los bienes producidos por la economía social y
solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del
consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).
La
Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a
escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental
en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del
intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la
“economía verde” no constituye una solución a la crisis ambiental y
alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará
el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo
disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los
disfraces. Y del sistema.
(1) Léase Ignacio Ramonet, “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.
(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.
(3) The New York Times, Nueva York, 13 de mayo de 2012. http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/05/13/eurodammerung-2/?smid=tw-NytimesKrugman&seid=auto
(4)
“Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica
argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos
para retirar sus ahorros, el ministro Domingo Cavallo decidió que cada
titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana.
El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo
causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en
España es una posibilidad técnicamente imposible.
(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación para Rio+20?”, 4 de abril de 2012. http://rio20.net/documentos/que-pasa-en-la-negociacion-para-rio20
(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012. http://redconvergenciasocial.org/?p=160
