Vicenç Navarro
Partidos conservadores y neoliberales están gobernando, tanto en
España como en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo los
de la Eurozona, implementando políticas públicas que tienen como
consecuencia: 1) la realización de reformas laborales que conllevan la
disminución de los salarios y el aumento del desempleo; 2) el descenso
de la población activa; 3) la reducción de la protección social; 4) el
recorte del gasto público social; 5) la privatización de las
transferencias y de los servicios públicos del Estado del Bienestar; 6)
la reducción de los derechos laborales y sociales; 7) la disminución y
privatización de las pensiones públicas; y 8) el debilitamiento de la
negociación colectiva y de los sindicatos. La evidencia de que esto está
ocurriendo es robusta y claramente convincente (ver sección Economía
Política en www.vnavarro.org).
Donde tales políticas han alcanzado su máximo desarrollo ha sido en los
países periféricos de la Eurozona, y muy en particular Grecia, Portugal
y España. No es por casualidad que estos tres países sean los países
donde las fuerzas conservadoras han sido más poderosas e influyentes en
sus Estados durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Todos ellos
han tenido dictaduras fascistas o fascistoides por un largo periodo de
su historia e, incluso, durante su periodo democrático, cuando han
estado gobernados por partidos de centro izquierda, las políticas de
estos gobiernos han estado seriamente condicionadas por tales fuerzas
conservadoras.
Tal dominio conservador explica que estos Estados
se caractericen por: 1) ser muy pobres (sus ingresos al Estado
representan sólo el 34% de su PIB en España, el 37% en Grecia y el 39%
en Portugal, porcentajes mucho más bajos que el promedio de la UE-15,
44%, y mucho, mucho más bajos que en Suecia, el país donde las
izquierdas han gobernado por más tiempo durante los últimos cincuenta
años, y cuyo porcentaje es el 54%; 2) tener escasa sensibilidad social
con sus Estados del Bienestar (transferencias, pensiones y servicios
públicos, como sanidad, educación y servicios sociales) muy poco
financiados (su gasto público social como porcentaje del PIB es el 22%
en España, el 25% en Grecia y el 24% en Portugal, de nuevo más bajos que
el promedio de la UE-15 con un 27% y mucho, mucho más bajos que el de
Suecia, 30%); 3) la escasez de los recursos públicos, incluyendo empleo
en los servicios de tal Estado del Bienestar –como, de nuevo, sanidad,
educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas
con dependencia, servicios sociales, entre otros- (sólo uno de cada diez
adultos trabaja en tales servicios en España, comparado con uno de cada
cuatro en Suecia. Si en España fuera uno de cada cuatro, se crearían
cinco millones más de puestos de trabajo, eliminando con ello el
desempleo); 4) tener las políticas públicas más regresivas y menos
redistributivas de la UE-15. (La pobreza en España se reduce, mediante
las políticas del Estado -tanto central como autonómico-, sólo 4 puntos,
pasando del 24% de la población al 20%, el porcentaje de reducción de
la pobreza más bajo –junto con Grecia y Portugal- de la UE-15. El
promedio de la UE-15 es de 9 puntos, y en Suecia es de 14 puntos. Como
consecuencia, España, Grecia y Portugal son los países con mayor
porcentaje de la población que son pobres); 5) tener las cargas
impositivas más regresivas e injustas (el trabajador de la manufactura
en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia.
El súper rico español, el 1% de la población con mayor renta, paga en
impuestos sólo el 10% de lo que paga el súper rico en Suecia); 6) tener
los fraudes fiscales más elevados de la UE-15 y también más concentrados
en las rentas superiores y en las rentas derivadas del capital (en
España el 74% del fraude fiscal -44.000 millones de euros- lo realizan
las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150
millones de euros al año –un 0,12% de todas las empresas- y la banca. Un
tanto semejante ocurre en Grecia y Portugal).
En todos estos
países un porcentaje muy reducido de la población (las élites
financieras, económicas y mediáticas) tiene una enorme influencia sobre
sus Estados, habiendo diseñado sistemas políticos de escasa
representatividad electoral. Esta característica es especialmente
acentuada en España, donde la Transición (mal definida como modélica) de
la dictadura a la democracia, se hizo en términos muy favorables a las
fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la gran
mayoría de medios de información y persuasión. De ahí que el sistema
electoral sea escasamente proporcional y representativo.
Las consecuencias de este dominio conservador
La reducción de la capacidad adquisitiva de la población, resultado del
descenso real de los salarios forzó a las familias a endeudarse,
beneficiando con ello a la banca, la cual, en maridaje con la actividad
más especulativa de la economía española, la actividad inmobiliaria,
creó la burbuja inmobiliaria, alimentada también con dinero procedente
de la banca alemana (entre otras) que hizo extraordinarios beneficios en
aquella inversión especulativa. Durante el boom económico, creado
artificialmente por tal burbuja, fuerzas conservadoras forzaron reformas
fiscales, bajando los impuestos a las rentas superiores y a las rentas
del capital (20.000 millones de euros en España), que beneficiaron
predominantemente a los sectores más pudientes de la sociedad, creando a
la vez un agujero en las cuentas del Estado, que apareció más tarde
cuando la burbuja estalló y el déficit del Estado apareció en toda su
dimensión.
Como respuesta, el Estado español (así como el griego
y el portugués) intentó reducir tal déficit, no mediante la reversión
de los recortes de impuestos implementados durante la época de falsa
bonanza, sino recortando el ya escasísimo gasto público social. Así se
congelaron las pensiones para conseguir 2.000 millones de euros, cuando
se podían haber obtenido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el
patrimonio o 2.552 millones anulando la bajada de los impuestos de
sucesiones. Y, más recientemente, las mismas fuerzas conservadoras han
ido recortando 6.000 millones de euros en la sanidad española, cuando se
podrían haber obtenido 5.300 millones anulando la bajada de impuestos
de las grandes compañías financieras. Hoy el Estado español ha apoyado a
la banca con una cantidad semejante al 10% del PIB a la vez que están
recortando a diestro y siniestro los servicios y transferencias del
Estado del Bienestar. Diariamente se están echando a más de 500 familias
de sus hogares por no poder pagar su hipoteca, a la vez que se está
ayudando a los bancos con el dinero de todos. Y se están imponiendo
enormes sacrificios, y otros que vendrán, para pagar a la banca, tanto
española como alemana (entre otras), el dinero que como usurera está
consiguiendo a costa de unas prácticas inmorales, injustas y
antidemocráticas.
Y digo antidemocrática porque, tal como indiqué en mi artículo “La necesaria huelga general” (Público, 01.11.12),
todas estas políticas que se están llevando a cabo no tienen ningún
mandato popular, pues ninguna de ellas estaba en los programas
electorales sobre los que fueron elegidos. De ahí la necesidad en todos
estos países de protestar y denunciar estas prácticas que se están
realizando en contra y a espaldas de la gran mayoría de su población. Lo
que estamos viendo en cada uno de estos países es el gobierno de una
minoría a favor de una minoría, en contra de una mayoría. Las derechas
de siempre, en cada uno de ellos, están ahora, bajo el falso argumento
de que no hay alternativas, intentando conseguir lo que siempre
desearon: la reducción de los salarios y de la protección social y la
eliminación del Estado de Bienestar. Y no se puede permitir, por mera
salud democrática, que ello ocurra. De ahí que se hayan convocado
Huelgas Generales y/o movilizaciones el próximo día 14 de noviembre en
cada uno de ellos, para protestar e impedirlo. La propia existencia de
la democracia está en peligro.
