domingo, 2 de junio de 2013

las ilusiones fatales de quienes propugnan ahora una salida de la eurozona

Michael R. Krätke*

Uno de cada dos alemanes desearía regresar al marco, mientras que en los países europeos meridionales –como Portugal y España— una mayoría quiere dar la espalda a la UE. Mejor hoy que mañana. De derecha a izquierda, desde los nacionalistas del emplazamiento territorial competitivo de la Alternativa para Alemania [AfD, por sus siglas en alemán], el antiguo senador de finanzas berlinés Thilo Sarrazin y el economista Heiner Flasbeck, hasta Oskar Lafontaine y Sarah Wagenknecht: de tal amplitud es el frente único de los partidarios de salir del euro. A Grecia, a España, a Portugal, a Italia incluso: desde el estallido de la eurocrisis a comienzos de 2011, a todos se les habría enseñado la puerta. Ahora se acumulan las voces que abogan por una Alemania sin euro o aun por una "disolución ordenada" de la moneda común. Ni que decir tiene: el malhadado rescate de Chipre ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Ilusiones fatales

La frustración nacida de la estulticia de la Troika en la gestión de la crisis está tan justificada como la crítica de los errores de diseño en la construcción de la Unión Monetaria. Pero un regreso al parapeto atrincherado de las monedas nacionales no ofrece solución ninguna. Nadie debería sucumbir a la ilusión fatal de que eso permitiría poner freno a la política económica y financiera neoliberal. Al contrario. Mientras esté en vigor el Tratado de Lisboa suscrito en 2007, seguirá el baile. El error intelectual cardinal en la gestión de la crisis del euro consiste en confundir la Unión Monetaria con un recinto habilitado para la actividad económica mundialmente competitiva. Pero la disolución del euro no alteraría eso para nada. Ni pondría fin a los gravosos desequilibrios económicos entre el Norte y el Sur de la UE. Que una competición devaluatoria sacaría de la miseria a los países en crisis, es cosa que sólo los ilusos pueden llegar a creer. Los Estados golpeados no se sustraerían a la crisis, y lo poco que de ella pudieran ahorrase, no sería desde luego a cuenta de la devaluación monetaria. De los shocks monetarios que seguirían a la desintegración del euro sólo se alegrarían los especuladores internacionales de divisas. Los gobiernos que devaluaran su moneda un 20%, un 30% o más, tendrían que atenerse sin demasiadas sorpresas a las reacciones de los mercados financieros. Quien devalúa, es castigado con intereses y primas de riesgo más elevados. Eso debería tenerse ya por bien sabido desde la prehistoria del euro. Los países en crisis de la Eurozona, además, no se han endeudado en la propia moneda. Puesto que los patrimonios y las deudas exteriores de sus ciudadanos están denominados en euros, la devaluación no puede sino provocarles pérdidas: significa cerrar cualquier vía de escape a su actual situación de servidumbre por deuda. 

El espectáculo más estupefaciente de este debate sobre la salida del euro lo ofrecen los críticos de izquierda de la gestión política hecha hasta ahora de la crisis del euro cuando se suben al carro de la "competitividad". Para los nacionalistas del emplazamiento territorial competitivo esto es lo más normal del mundo: creen en el mantra de una competitividad que depende supuestamente sólo de los costes salariales. Desgraciadamente, otros se tragan también la fabula, según la cual la fortaleza exportadora de Alemania sería indiscutiblemente (y absurdamente) atribuible a la pérdida de salario real. Conforme a eso, la culpa de las debilidades de los países en crisis la tendría un crecimiento demasiado fuerte del salario real. Puesto que los fanáticos de la austeridad cometen el mismo error intelectual, abogan por doquiera a favor de falsas reformas de estructuras: en nombre de la competividad.  

Quien, empero, aguce un poco la mirada, observará esto: en ninguna parte del mundo occidental dependen del comercio exterior tantos puestos de trabajo como en Alemania; y sin embargo, las industrias y las empresas exportadoras alemanas raramente pagan salarios bajos. Por lo general, los ingresos reales de su personal han aumentado, en vivo contraste con lo ocurrido en la evolución del promedio salarial alemán. El caso es que los exportadores alemanes tienen costes salariales por unidad producida claramente inferiores a los de sus competidores en la Eurozona. Eso es todo. Aquí se refleja la ansiada ganancia de productividad, que no se consigue precisamente con presión salarial a la baja o con salarios bajos. 

Desde luego que la construcción de la Unión Monetaria adolece de errores de diseño, pero no de los errores de que parlotean los aspirantes a salir de ella. Disparidades económicas y diferencias estructurales hay en cualquier espacio monetario. Incluso en países pequeños como Holanda o Bélgica pueden observarse notables diferencias regionales. De eso no se sigue que cada provincia deba tener su propia moneda; el espacio monetario homogéneo óptimo sólo existe en los modelos económicos neoclásicos. 

Recaída en la dispersión de pequeños Estados

También un país como Alemania tiene que lidiar desde hace décadas con distintos criterios económicos en distintas partes del país, lo que se equilibra con una compensación financiera intraalemana, una especie de solidaridad estatalmente organizada entre autonomías y regiones. Esa solidaridad falta en la Unión Monetaria, lo que, desde la erupción de la eurocrisis, viene corrigiéndose de modo unilateral: merced a la hegemonía alemana, toda Eurolandia ha sido metida en la camisa de fuerza de una unión de austeridad: pacto fiscal más pacto de competitividad. Hay, pues, una política económica y monetaria común: desgraciadamente, de todo punto falsa. En el camino de la política acertada, por la que abogan incluso expertos económicos alemanes, se atraviesan el miedo a la deuda y el miedo a la inflación, y naufraga por causa del egoísmo nacional. Y los alemanes, que son quienes más han podido hasta ahora beneficiarse del euro, carecen de razones para negarse a una comunidad de responsabilidades (eurobonos, o una unión de transferencias). Desde luego que un cambio de rumbo le costaría algo a la República Federal de Alemania, pero manifiestamente menos que una recaída en una dispersión de pequeños Estados promovida y dominada por el marco alemán. 

Una Alemania sin el euro tendría que contar con graves quebrantos económicos. No bien de regreso el marco, los mercados de divisas lo reevaluarían, y no precisamente poco (véase más arriba). Ni siquiera la Bundesbank se alegraría demasiado con el poder recobrado. La salida del euro le echaría a perder los balances, pues habría perdido el grueso de la deuda activa que ella misma, el Estado alemán y la banca y las empresas privadas alemanas tienen en la zona euro exterior. De modo que, saliendo del euro, habrían logrado lo que precisamente se quiere evitar: una deuda pública harto mayor –de proporciones italianas o aun griegas— en la patria de los histéricos de la deuda…

Supongamos que Alemania regresara al marco y abandonara la Eurozona el próximo 1 de enero de 2014. ¿Qué pasaría entonces?

Un marco de regreso experimentaría fuertes presiones alcistas frente a los Estados que se mantuvieran en el euro o aun frente a otros que recuperaran sus monedas nacionales. El alza del marco se situaría entre el 20% y el 30%. Eso dañaría enormemente a las exportaciones alemanas: sería el final del milagro exportador. Deberían caer o los salarios o el grueso de las empresas exportadoras. En cualquier caso, el mercado laboral y la coyuntura económica interna resultarían gravemente dañadas.

La Bundesbank estaría sometida a una enorme presión, tendría que acumular pérdidas y no podría seguir contribuyendo al presupuesto federal. Al gobierno federal le quedarían dos opciones: o valorizar las reservas alemanas de oro, lo que resulta arriesgado a la vista de las fluctuaciones de precios del oro; o vincular el capital de la Bundesbank con las reservas federales. En cualquier caso, la deuda pública crecería, y no tardaría en rebasar el 100% del PIB.

La precaria situación económica de los Estados de la UE llevó a una situación en la que las exportaciones alemanas tenían que pagarse muchas veces con créditos alemanes. La deuda activa exigible por la Bundesbank, resultante del sistema Target-2, tenía el 30 de abril de 2013 un monto de 607,0 mil millones de euros: cerca de dos presupuestos federales. Si Alemania abandonara la Unión Monetaria, buena parte de ese dinero se perdería. A fin de cuentas, el euro caería drásticamente en relación con el nuevo marco alemán, lo que tendría también consecuencias para las deudas de muchos socios de la UE. 

Huelga decir que los bancos privados no se sustraerían al pánico bancario: no sólo tendrían que lidiar con depreciaciones y quitas de deuda, sino que perderían de la noche a la mañana su credibilidad. La Bundesbank no podría seguir ayudándoles, lo que quiere decir que los depositantes se verían afectados: el pánico bancario sería ineluctable; el sálvese quien pueda. Lo que estaría amenazado serían ahorros y seguros de vida por valor de 3,2 billones de euros: en cualquier caso, un marco más caro les haría perder valor.


domingo, 19 de mayo de 2013

sobre la guerra antiterrorista

Alberto Piris*

La guerra hoy llamada antiterrorista distorsiona muchos de los principios en los que se basaba la guerra clásica; suprime de un plumazo casi todas las leyes y preceptos tácticos y estratégicos elaborados por los teóricos de la guerra, desde Sun Tzu a Clausewitz. Esto es así porque, por un lado, para los altos mandos que la dirigen se trata de desarrollar acciones bélicas contra enemigos no propiamente militares, en un teatro de operaciones que se confunde con el ámbito de la vida cotidiana de la población que allí reside.

Por otra parte, para los soldados que la llevan a efecto, por muchas reglas de enfrentamiento que se dicten para prevenir la violencia contra los inocentes -mujeres, niños y ancianos-, todos estos quedan a merced de las incidencias de la guerra igual que si estuvieran encuadrados en la primera línea de combate enemiga. Además, ocurre que los éxitos y fracasos de las operaciones antiterroristas se suelen valorar por el número de cadáveres enemigos generados al fin de cada jornada, a falta de cotas a conquistar o de líneas enemigas a ocupar.

Entre esas operaciones antiterroristas se han dado casos de aniquilamiento de toda una población campesina mediante napalm, desbrozando previamente la zona con el deletéreo “agente naranja” -como ocurrió en Vietnam- o el exterminio violento e imprevisto, fulminándolos por sorpresa desde el aire, de los asistentes a una ceremonia religiosa, confundida con una concentración de terroristas por las “infalibles” fuentes de información de los servicios que dirigen a distancia la acción, presuntamente “quirúrgica”, de los omnipresentes drones.

Todo eso ha venido contribuyendo a crear en las tropas más implicadas en la guerra antiterrorista una sensación de impunidad ante acciones que violan las más elementales leyes del derecho internacional humanitario, impunidad que suele extenderse por conducto reglamentario hasta alcanzar los más elevados escalones del mando. Es así como conviene interpretar la “Historia del soldado Charlie”, publicada en el suplemento dominical de El País del pasado 12 de mayo, que tanto ha chocado a muchos de los lectores de ese diario, sobre todo por tratarse de un soldado español. Testimonio tan estremecedor de la brutalidad esencial del antiterrorismo militarizado obliga a reflexionar sobre qué es lo que se quiere conseguir en cada caso y cuáles son los medios más adecuados para alcanzarlo, sin necesidad de copiar o adaptar los manuales tácticos que genera el Pentágono para sus propios fines.

La historia de las guerras recientes muestra lo fácil que es derivar hacia una degeneración moral de los combatientes, como la que en Vietnam creó el neologismo inglés fragging, palabra con la que se designaba el hecho de atacar al propio jefe lanzándole por la espalda una granada de mano, cuando sus órdenes o exigencias no eran del agrado de los soldados que debían ejecutarlas.

Una consecuencia de lo anterior fue la supresión del reclutamiento obligatorio en EE.UU. en cuanto se dio por terminada la guerra de Vietnam. Se trataba de eliminar los problemas disciplinarios que tanto habían contribuido a la descomposición militar. Sin embargo, para algunos analistas estadounidenses eso supuso el final de la democracia en los ejércitos. Un conocido periodista escribió: “El ejército [de conscripción] era democrático y el Gobierno se veía forzado a reconocer y respetar los deseos de la población y de los soldados y oficiales civiles que lo constituían. Lo que Vietnam destruyó fue el ejército democrático. El nuevo ejército profesional de voluntarios hace posible las guerras no democráticas, ideológicas por su naturaleza y motivos, y las guerras interminables”.

Pero el retorno al ejército de conscripción es imposible ya en EE.UU. En las últimas guerras “clásicas” de EE.UU. (la 2ª G.M. y la de Corea), el reclutamiento se valoraba mayoritariamente como algo patriótico que no admitía excepciones: era lo que había que hacer. Pero en Vietnam, la primera gran guerra antiterrorista que libró el país, desapareció la universalidad del servicio: había más negros que blancos empuñando las armas, y no era fácil encontrar allí a los jóvenes de las clases altas, a los que las juntas de reclutamiento solían enviar a destinos alejados de los disparos. Como le ocurrió al expresidente Bush (camuflado en la Guardia Nacional de Texas) o a su vicepresidente Cheney, que se vio forzado a justificar su ausencia de la guerra alegando que tenía “otras prioridades” que le hicieron buscar subterfugios para eludir el reclutamiento.

Sin embargo, es erróneo considerar no democráticos a los ejércitos profesionales de alistamiento voluntario. El ejército no es más ni menos democrático que el Estado al que sirve. Los desmanes (torturas, abusos, violaciones, desapariciones…) publicados profusamente en los últimos años se producen cuando la democracia es una virtud para uso interior de la propia población pero se desdeña cuando se combate contra pueblos extraños, tenidos por inferiores. Además, soldados voluntarios o forzosos, por igual, han oprimido y exterminado en ocasiones a sus propios pueblos en los regímenes dictatoriales. Los ejércitos son instrumentos de muy delicado uso: como las armas domésticas. El abuso de unos y otras suele conducir a situaciones de muy alta peligrosidad.

domingo, 17 de febrero de 2013

hay alternativas, incluso dentro del euro

Juan Torres López*

La situación en la que se encuentra la economía española y la de otros países de la Eurozona es dramática. Se mire por donde se mire, permanecer en las condiciones en las que estamos no puede llevarnos sino a un desastre de consecuencias imprevisibles. 


No se trata de ser catastrofistas sino de contemplar con realismo lo que está sucediendo y de anticipar lo que es previsible que venga detrás, a la vista de lo que ya ha ocurrido en otros países que pasaron por circunstancias parecidas a las nuestras. 

Permanecer sin más en el euro y aplicar las políticas de austeridad va a destruir la actividad productiva y a poner en las nubes la cifra de parados. Nos hundirá en la depresión durante años y hará que se vaya acumulando un volumen de deuda insoportable que imposibilitará cualquier tipo de cambio en el futuro inmediato. Seguir como estamos, simplemente aguantar el chaparrón, es suicida y, a mi modo de ver, la peor política posible. 

La impresión generalizada es que no hay alternativas a las imposiciones de Europa, que no queda más remedio que obedecer lo que dice la señora Merkel y aplicar sin rechistar lo que impone la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. 

Es cierto que nuestra pertenencia a la Unión Monetaria supone un corsé agobiante teniendo en cuenta la forma tan inadecuada en que conformó en su día. Y tan apretado que, a estas alturas, sería muy difícil salir de él sin tener que soportar un trauma social extraordinario (de hecho, ni siquiera está formalmente contemplado que un país abandone el euro) y costes económicos muy grandes. 

Pero, incluso en el marco de ese estrecho corsé, hay posibilidades alternativas y caminos diferentes a los que estamos siguiendo en España bajo el gobierno del Partido Socialista primero y ahora del Partido Popular. 

No me refiero aquí a políticas concretas o sectoriales, de las que me ocupé junto a Vicenç Navarro y Alberto Garzón en nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España , sino a los grandes escenarios en las que podría ser posible afrontar la parálisis económica en la que estamos como consecuencia, sobre todo, del incremento de la deuda soberana y de la falta de demanda y financiación que nos agobia. 

En este sentido más general ta mbién hay alternativas diversas, de diferente naturaleza y efectos, que incluso son compatibles con la pertenencia al euro. Me he ocupado de alguna de ellas en los últimos artículos que vengo escribiendo, que pueden encontrarse en mi web ( http://www.juantorreslopez.com ), y ahora me voy a limitar a mencionar las cinco que señalaba Ellen Brown hace unos meses refiriéndose al caso griego ( G reece and the euro: fifty ways to leave your lover ) y que creo que son perfectamente extrapolables a nuestro país. 

Una primera sería la emisión por parte del Banco de España de una moneda complementaria al euro. Sería una moneda de curso legal electrónica, cerrada, es decir, no convertible en otras divisas y utilizada como paralela y complementaria del euro, solo en los intercambios nacionales y que serviría para que se puedan realizar las transacciones que ahora no se pueden llevar a cabo por insuficiencia de euros. 

Aunque su puesta en marcha presenta lógicas dificultades técnicas y legales, que son comprensibles y evitables sin demasiados problemas, tendría grandes ventajas porque permitiría reducir el déficit comercial, bajar la necesidad de financiación y su coste, y propiciar una rápida recuperación de la liquidez interna para dinamizar la actividad empresarial y el consumo. 

Otra segunda vía sería que el propio Banco de España fuese el que emitiese euros para financiar sin apenas coste al Estado y evitar así que éste tenga que pagar unos intereses tan elevados como los que han provocado el gran incremento de la deuda en los últimos años. Puede parecer una posibilidad estrambótica pero lo cierto es que lo permite la normativa que regula el funcionamiento del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y que ya se ha utilizado en Irlanda. Si allí se permitió para salvar a los bancos privados lo complicado sería justificar que no se haya permitido para salvar a los países enteros. 

La tercera es una vía que si no ha sido utilizada ya es porque los gobiernos actúan o con una torpeza gigantesca o con una enorme complicidad con los intereses privados más poderosos. Como es sabido, el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a los gobiernos y eso es lo que ha obligado a estos últimos a endeudarse a altos tipos de interés en lugar de haberlo hecho sin apenas coste (España ha debido pagar en concepto de intereses unos 350.000 millones de euros de 1995 a 2011). Pero el artículo 123.1 del Tratado de Lisboa sí le permite financiar a las entidades de crédito públicas, de modo que si se hubieran nacionalizado bancos o cajas de ahorros podrían recurrir a la liquidez que proporciona el BCE sin apenas coste (actualmente al 0,75%) y utilizarla, a diferencia de lo que están haciendo los bancos privados que la reciben a manos llenas, para proporcionar crédito a las empresas y consumidores. 

El argumento que se da para no adoptar estas dos vías anteriores es que provocarían inflación. Pero eso no tiene fundamento. Si esa medida va acompañada de un plan efectivo de recuperación económica no cabe temer que produzca alza de precios y, en todo caso, no tiene por qué tener un efecto inflacionista mayor que el que puede provocar el extraordinario incremento de la base monetaria que se ha generado inyectando liquidez a los bancos privados. 

La cuarta vía que propone Ellen Brown la hemos defendido también otros muchos economistas y organizaciones sociales: un impuesto sobre las transacciones financieras. Algunos cálculos, como el del investigador Simon Thorpe a partir de los datos del Banco Central Europeo cifran el volumen total de transacciones financieras en Europa entendidas en el más amplio sentido en 1.600 billones de euros ( Total Eurozone Transactions in 2011: € 1.6 quadrillion) lo que da idea de la inmensa cantidad de recursos que se podría obtener (además de otros efectos positivos de la medida) si se aplicase incluso un impuesto moderado del 0,3 ó 0,5% . 

Cualquiera de estas medidas o su combinación permitiría abordar y solucionar los problemas que padecemos con mayor eficacia y desde luego con mucha más justicia. El mencionado Simon Thorpe pone el ejemplo de Grecia y señala que si allí se crease una banca pública y esta recibiera prestado del Banco Central Europeo al 1% el dinero suficiente para comprar la deuda griega, podría amortizar ese préstamo en diez años solo con el rendimiento de un modesto impuesto del 0,3% sobre las transacciones financieras. Es decir, sin necesidad de recurrir a los dramáticos recortes y sacrificios que se le están imponiendo a su población. 

Finalmente, Ellen Brown indica que los pueblos también tienen como alternativa, y como derecho, el repudio de una deuda que es verdaderamente odiosa si se tiene en cuenta que en gran parte es el resultado de manipulaciones en los mercados o, simplemente, de no haber tomado medidas como las que acabo de señalar y de las que ni siquiera nadie puede decir que sean contrarias a lo establecido en las normas que regulan la unión monetaria.

Es precisamente el hecho de que no se hayan tomado para evitar fácilmente el sufrimiento de la población y la ruina de las economías lo que demuestra que las políticas que se vienen imponiendo no se aplican porque sean irremediables o no tengan alternativas sino porque lo que se desea es favorecer con ellas a los grandes poderes financieros y empresariales. Así lo demuestra el resultado distributivo tan desigual que vienen produciendo. Y de ahí, justamente, el carácter inmoral, odioso y repudiable de la deuda que generan. 

Hay, pues, alternativas, no diré abundantes pero sí suficientes, que si se pusieran en marcha podrían evitar los daños que están causando las políticas actuales de austeridad y recortes de derechos. 

Nadie afirma que los caminos alternativos sean de fácil factura o que su implementación esté exenta de riesgos y dificultades pero lo cierto es que están a nuestro alcance. Es mentira que no los haya y que solo se pueda hacer lo que dictan los de arriba por boca de la señora Merkel. Se podrían poner en marcha si hubiese voluntad política y eso demuestra una vez más que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas y neutras sino políticas que tienen más bien que ver con el poder y con la democracia realmente existente. 

viernes, 18 de enero de 2013

el conflicto en mali servirá de pretexto para una intervención militar occidental en argelia


Exactamente como se predijo, el curso de la "intervención" francesa en la nación norteafricana de Malí se ha extendido a Argelia - el siguiente objetivo más probable de los intereses geopolíticos occidentales en la región desde la exitosa desestabilización de Libia en 2011. En el artículo de la semana pasada "La hipocresía de Francia mientras caen las bombas en Malí" se señaló específicamente que:

"Ya en agosto de 2011, Bruce Riedel, del think-tank financiado por el sistema financiero corporativo, la Institución Brookings, escribió que "Argelia será la próxima en caer", donde alegremente predijo que el éxito en Libia podría envalentonar a los elementos radicales en Argelia, AQMI en particular. Entre la violencia extremista y la perspectiva de ataques aéreos franceses, Riedel esperaba ver la caída del gobierno argelino. Irónicamente Riedel señaló:


Argelia ha expresado particular preocupación de que los disturbios en Libia podrían llevar al desarrollo de un refugio seguro y principal santuario de Al-Qaeda y otros yihadistas extremistas.

 
Y gracias a la OTAN, eso es exactamente en lo que se ha convertido Libia - un santuario patrocinado por Occidente para Al-Qaeda. El avance de AQMI (al-Qaeda en el Magreb Islámico) en el norte de Malí y la participación francesa ahora verá el conflicto inevitablemente extenderse a Argelia. Debe tenerse en cuenta que Riedel es co-autor del libro "Wich path to Persia?" que abiertamente conspira para armar a una nueva organización listada como terrorista por el Departamento de Estado de EE.UU.  (listada como la #28), los Mujahedin-e Khalq (MEK) para causar estragos en todo Irán y ayudar a derrumbar el gobierno de ese país - que muestra un patrón de utilización de organizaciones claramente terroristas, incluso las que figuran como tal por el Departamento de Estado de EE.UU., para llevar a cabo la política exterior de EE.UU."

 
Ahora, se informa de que terroristas vinculados a al-Qaeda han tomado rehenes estadounidenses en Argelia en lo que está siendo descrito por la prensa occidental como un "desbordamiento" de las operaciones de Francia en Mali. The Washington Post, en su artículo, "Militantes vinculados a al-Qaeda se apoderan de un complejo petrolero de BP en Argelia, toman rehenes en venganza por Malí", afirma:

"Mientras los helicópteros militares argelinos sobrevolaban el desierto del Sahara, los militantes islamistas se escondieron para pasar la noche en un complejo de gas natural que habían asaltado la mañana del miércoles, matando a dos personas y tomando decenas de rehenes extranjeros en lo que podría ser el primer derrame de la intervención de Francia en Malí".


The Wall Street Journal, en su artículo, "Militantes toman rehenes estadounidenses en Argelia", informa que:


"Militantes con posibles vínculos con al-Qaeda han capturado unos 40 rehenes extranjeros, incluidos varios estadounidenses, en un campo de gas natural en Argelia, lo que representa un nuevo nivel de amenaza para los países que tratan de mitigar la creciente influencia de los extremistas islámicos en África.


Mientras los agentes de seguridad en los EE.UU. y Europa evaluaron las opciones para llegar a los cautivos desde bases lejanas, las fuerzas de seguridad argelinas fracasaron en su intento de asaltar la noche del miércoles las instalaciones".

 
El Wall Street Journal también ha añadido:

 
"El secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que los EE.UU. tomarían" las medidas necesarias y adecuadas "en la situación de los rehenes, y no descartó una acción militar. Agregó que el ataque en Argelia podría representar un derrame del conflicto de Malí."

Y es la acción militar, tanto encubierta como cada vez mas manifiesta, la que hará que los elementos extremistas manipulados por Occidente y sus falsos esfuerzos por frenarlos, que cada vez más se infiltren y se extiendan a través de la frontera entre Malí y Argelia, al tiempo que los viejos mapas imperiales de Europa se vuelven a redibujar ante nuestros ojos.



Imagen: El imperio francés en su apogeo justo antes de las guerras mundiales. Las regiones que son ahora Libia, Argelia, Mali y Costa de Marfil, todas afrontan una reconquista por parte de los franceses y anglo-americanos, con las tropas francesas, literalmente, ocupando la región y desempeñando un papel fundamental en la instalación de regímenes afines a Occidente. Observe también que Siria era también un holding francés - ahora bajo el ataque de terroristas financiados, entrenados y respaldados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña - los mismos terroristas contra los que supuestamente luchan en Malí y ahora en Argelia.

Mientras tanto, estas fuerzas terroristas mismas continuan recibiendo fondos, armas, apoyo militar encubierto y reconocimiento diplomático en Siria, por porte de la OTAN, y en particular los EE.UU. y Francia, que son a la vez los que afirman luchar contra los aliados ideológicos del "Ejército Libre de Siria" en el norte de África. En realidad, Al Qaeda está permitiendo que los EE.UU. y Francia intervengan e interfieran en Argelia, después de varios intentos en 2011 de provocar la subversión política que fue derrotada por el gobierno argelino. Al Qaeda es esencialmente a la vez un casus belli y una fuerza mercenaria, desplegada por Occidente contra los países que son su objetivo. Es evidente que las operaciones francesas tratan de desencadenar conflictos armados en Argelia, así como una posible intervención militar occidental allí también, con el conflicto de Malí sirviendo sólo como un pretexto.




domingo, 2 de diciembre de 2012

¿por qué obama está silenciando la nueva guerra en el congo?

Shamus Cooke*

La última guerra del Congo acabó en 2003 después de causar 5,4 millones de muertos, el mayor desastre humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. El silencio internacional permitió aquella masacre al ignorar la guerra y ocultar sus causas porque los gobiernos apoyaban a los grupos involucrados en los combates. Ahora ha empezado otra guerra en el Congo y el silencio, otra vez, es atronador.

Podría parecer que el presidente Obama no se ha enterado de que ha estallado otra guerra en el Congo, marcada todavía por la guerra anterior, y que no ve el problema de los refugiados ni los crímenes de guerra cometidos por la milicia M23 que invade el país y ataca al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elegido democráticamente. 

Pero las apariencias engañan. Las manos del gobierno estadounidense están tan manchadas de sangre en este conflicto del Congo como lo estuvieron en el anterior, bajo la presidencia de Bill Clinton. La inmovilidad del presidente Obama es un aliento voluntario para los invasores de la misma manera que lo fue la de Clinton. En vez de denunciar la invasión y el intento de derrocar a un gobierno democrático elegido, Obama se convierte en cómplice voluntario de los invasores guardando silencio, un silencio muy expresivo.

¿Por qué hace esto Obama? Los invasores están armados y financiados por Ruanda, una «gran aliada», una marioneta de Estados Unidos. La ONU ha publicado un informe que demuestra que el gobierno de Ruanda apoya a los rebeldes, pero el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses pretenden que creamos que esa información es cuestionable. 

La última guerra del Congo causó 5,4 millones de muertos y también fue consecuencia de la invasión de soldados ruandeses y ugandeses, como explica el periodista francés Gérard Prunier en su excelente obra La guerre mondiale de l’Afrique. 

De hecho hay numerosos criminales de guerra ruandeses implicados en la última guerra del Congo y perseguidos por la Corte Penal Internacional, como Bosco Ntaganda, dirigente de la milicia M23. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, es un «gran amigo» de Estados Unidos y uno de los criminales de guerra más notorios del mundo por el papel principal que desempeñó en el genocidio ruandés y en la guerra del Congo que tuvo lugar a continuación. 

Un grupo de militantes congoleños y ruandeses no deja de reclamar que se juzgue a Kagame por su papel clave en el genocidio ruandés. 

Como explica Prunier en su libro, el genocidio ruandés fue desencadenado por la invasión de Ruanda de Kagame –desde Uganda, aliada de Estados Unidos- Cuando Kagame tomó el poder en Ruanda tras el genocidio, informó a Estados Unidos –durante un viaje a Washington- de que iba a invadir el Congo. En La guerre mondiale de l’Afrique Prunier cita a Kagame:

«He mencionado (a Estados Unidos) el hecho de que si la comunidad internacional no hace nada (contra el Congo), Ruanda actuará… Pero ellos (el gobierno de Clinton) no han dado respuesta» (p. 68)

En el lenguaje de la diplomacia internacional, el hecho de no responder a la amenaza de una invasión militar constituye una luz verde diplomática indiscutible.

Obama vuelve a dar la misma luz verde cegando a los mismos criminales de guerra mientras vuelven a invadir el Congo.

¿Pero por qué empezar otra guerra? El presidente de la RDC, Joseph Kabila,  colaboró en la invasión militar durante la última guerra congoleña. Como un buen chucho entregó la inmensa riqueza mineral y petrolera del Congo a las multinacionales. Pero enseguida empezó a tirar de su correa.

Se distanció de las marionetas estadounidenses de Ruanda y Uganda, por no hablar del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial controlados por Estados Unidos. El FMI, por ejemplo, desaconsejó a Kabila que firmara un acuerdo estratégico de desarrollo e infraestructuras con China, pero Kabila no hizo caso. Según The Economist

«…Parece que (El Congo) ha ganado el combate que le enfrentaba a los donantes extranjeros con respecto a un acuerdo de explotación minera y de desarrollo de las infraestructuras, por valor de 9.000 millones de dólares, que firmó el año pasado con China. El FMI, que se oponía con la objeción de que el acuerdo impondría al Congo una nueva deuda masiva, rechazó la anulación de la deuda de más de 10.000 millones de dólares que ya tiene el Congo».

Esos sucesos han convertido de pronto al dudoso amigo Kabila en enemigo. China y Estados Unidos se precipitan ambos como locos sobre la inmensa riqueza de materias primas de África y EE.UU. no tolera la nueva alianza de Kabila con China. 

Kabila ha enojado todavía más a sus antiguos aliados con la exigencia de renegociar contratos que garantizarían grandes beneficios a las multinacionales que explotasen los metales preciosos del Congo, con el fin de que el país se beneficie un poco de sus propias riquezas.

La RDC posee el 80% del cobalto mundial, un mineral muy precioso que se utiliza en la fabricación de aparatos tecnológicos modernos como armas, teléfonos móviles y teléfonos fijos. La RDC probablemente es el país más rico del mundo en recursos minerales –tiene de todo en abundancia, desde diamantes hasta petróleo- pero su población es una de las más pobres del mundo porque desde hace generaciones se saquean sus riquezas.

Y ahora se perfila una nueva guerra y la ONU no se mueve. Ya hay 17.500 cascos azules en la RDC sin hablar de las fuerzas especiales estadounidenses. La milicia M23 de los invasores cuenta con 3.000 combatientes. ¿Cuál fue la reacción de la ONU a la invasión? Según el New York Times

«Los oficiales de la ONU dicen que no tienen bastante personal para repeler a los rebeldes y que temen daños colaterales, pero muchos congoleños han dado su propio veredicto. El miércoles, los agitadores de Bunia, al norte de Goma, saquearon las instalaciones del personal de las Naciones Unidas».

Si Obama y/o la ONU hubieran declarado oficialmente que defenderían militarmente de la invasión al gobierno congoleño elegido democráticamente, la milicia M23 no se habría movido.

La Organización de los Derechos Humanos y otros grupos han acusado, con razón, a los comandantes de M23 «de masacres étnicas, reclutamiento de niños, violaciones masivas, asesinatos, secuestros y torturas». 

Pero en la ONU el gobierno de Obama ha defendido activamente a la milicia. El New York Times añade: 

«Algunos grupos de defensa de los derechos humanos reprochan a Susan E. Rice, la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas y principal candidata al puesto de secretaria de Estado del presidente Obama, que hasta ahora ha sido demasiado blanda con Ruanda, aliada fiel de Estados Unidos, y con su presidente, Paul Kagame, a quien conoce desde hace años. Los militantes la han acusado de dulcificar una resolución del Consejo de Seguridad que debía mencionar los vínculos del M23 con Ruanda y de intentar bloquear la publicación de una parte de un informe de la ONU que detallaba la forma en que Ruanda apoyaba en secreto al M23».

Es probable que la administración de Obama abandone su inmovilidad en cuanto sus aliados del M23 consigan derrocar al régimen y reabran el acceso de las multinacionales estadounidenses a las riquezas congoleñas. En este momento ya hay conversaciones en Uganda, un país a las órdenes de Estados Unidos, entre el M23 y el gobierno congoleño. Es poco probable que esas conversaciones den muchos resultados a menos que Kabila dimita y esa dimisión permita al M23 y a sus patrocinadores ruandeses tomar el poder en el país. El M23 sabe que está en una posición favorable para negociar, con el silencio de la ONU y del gobierno estadounidense.

Si la guerra se eterniza, habrá que esperar más silencio internacional, más masacres y limpiezas étnicas y que al pueblo congoleño, que todavía no se ha recuperado de la guerra anterior, le arrojen a los campos de refugiados donde volverá a ser masacrado por la milicia, violado, hambreado y sometido a toda la barbarie que acompaña a esta guerra particularmente brutal, una barbarie que se desencadena sin límites protegida por el silencio.

martes, 13 de noviembre de 2012

los motivos de la eurohuelga

Vicenç Navarro

Partidos conservadores y neoliberales están gobernando, tanto en España como en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo los de la Eurozona, implementando políticas públicas que tienen como consecuencia: 1) la realización de reformas laborales que conllevan la disminución de los salarios y el aumento del desempleo; 2) el descenso de la población activa; 3) la reducción de la protección social; 4) el recorte del gasto público social; 5) la privatización de las transferencias y de los servicios públicos del Estado del Bienestar; 6) la reducción de los derechos laborales y sociales; 7) la disminución y privatización de las pensiones públicas; y 8) el debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. La evidencia de que esto está ocurriendo es robusta y claramente convincente (ver sección Economía Política en www.vnavarro.org).

Donde tales políticas han alcanzado su máximo desarrollo ha sido en los países periféricos de la Eurozona, y muy en particular Grecia, Portugal y España. No es por casualidad que estos tres países sean los países donde las fuerzas conservadoras han sido más poderosas e influyentes en sus Estados durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Todos ellos han tenido dictaduras fascistas o fascistoides por un largo periodo de su historia e, incluso, durante su periodo democrático, cuando han estado gobernados por partidos de centro izquierda, las políticas de estos gobiernos han estado seriamente condicionadas por tales fuerzas conservadoras.

Tal dominio conservador explica que estos Estados se caractericen por: 1) ser muy pobres (sus ingresos al Estado representan sólo el 34% de su PIB en España, el 37% en Grecia y el 39% en Portugal, porcentajes mucho más bajos que el promedio de la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajos que en Suecia, el país donde las izquierdas han gobernado por más tiempo durante los últimos cincuenta años, y cuyo porcentaje es el 54%; 2) tener escasa sensibilidad social con sus Estados del Bienestar (transferencias, pensiones y servicios públicos, como sanidad, educación y servicios sociales) muy poco financiados (su gasto público social como porcentaje del PIB es el 22% en España, el 25% en Grecia y el 24% en Portugal, de nuevo más bajos que el promedio de la UE-15 con un 27% y mucho, mucho más bajos que el de Suecia, 30%); 3) la escasez de los recursos públicos, incluyendo empleo en los servicios de tal Estado del Bienestar –como, de nuevo, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, servicios sociales, entre otros- (sólo uno de cada diez adultos trabaja en tales servicios en España, comparado con uno de cada cuatro en Suecia. Si en España fuera uno de cada cuatro, se crearían cinco millones más de puestos de trabajo, eliminando con ello el desempleo); 4) tener las políticas públicas más regresivas y menos redistributivas de la UE-15. (La pobreza en España se reduce, mediante las políticas del Estado -tanto central como autonómico-, sólo 4 puntos, pasando del 24% de la población al 20%, el porcentaje de reducción de la pobreza más bajo –junto con Grecia y Portugal- de la UE-15. El promedio de la UE-15 es de 9 puntos, y en Suecia es de 14 puntos. Como consecuencia, España, Grecia y Portugal son los países con mayor porcentaje de la población que son pobres); 5) tener las cargas impositivas más regresivas e injustas (el trabajador de la manufactura en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El súper rico español, el 1% de la población con mayor renta, paga en impuestos sólo el 10% de lo que paga el súper rico en Suecia); 6) tener los fraudes fiscales más elevados de la UE-15 y también más concentrados en las rentas superiores y en las rentas derivadas del capital (en España el 74% del fraude fiscal -44.000 millones de euros- lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año –un 0,12% de todas las empresas- y la banca. Un tanto semejante ocurre en Grecia y Portugal).

En todos estos países un porcentaje muy reducido de la población (las élites financieras, económicas y mediáticas) tiene una enorme influencia sobre sus Estados, habiendo diseñado sistemas políticos de escasa representatividad electoral. Esta característica es especialmente acentuada en España, donde la Transición (mal definida como modélica) de la dictadura a la democracia, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la gran mayoría de medios de información y persuasión. De ahí que el sistema electoral sea escasamente proporcional y representativo.

Las consecuencias de este dominio conservador

La reducción de la capacidad adquisitiva de la población, resultado del descenso real de los salarios forzó a las familias a endeudarse, beneficiando con ello a la banca, la cual, en maridaje con la actividad más especulativa de la economía española, la actividad inmobiliaria, creó la burbuja inmobiliaria, alimentada también con dinero procedente de la banca alemana (entre otras) que hizo extraordinarios beneficios en aquella inversión especulativa. Durante el boom económico, creado artificialmente por tal burbuja, fuerzas conservadoras forzaron reformas fiscales, bajando los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital (20.000 millones de euros en España), que beneficiaron predominantemente a los sectores más pudientes de la sociedad, creando a la vez un agujero en las cuentas del Estado, que apareció más tarde cuando la burbuja estalló y el déficit del Estado apareció en toda su dimensión.

Como respuesta, el Estado español (así como el griego y el portugués) intentó reducir tal déficit, no mediante la reversión de los recortes de impuestos implementados durante la época de falsa bonanza, sino recortando el ya escasísimo gasto público social. Así se congelaron las pensiones para conseguir 2.000 millones de euros, cuando se podían haber obtenido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el patrimonio o 2.552 millones anulando la bajada de los impuestos de sucesiones. Y, más recientemente, las mismas fuerzas conservadoras han ido recortando 6.000 millones de euros en la sanidad española, cuando se podrían haber obtenido 5.300 millones anulando la bajada de impuestos de las grandes compañías financieras. Hoy el Estado español ha apoyado a la banca con una cantidad semejante al 10% del PIB a la vez que están recortando a diestro y siniestro los servicios y transferencias del Estado del Bienestar. Diariamente se están echando a más de 500 familias de sus hogares por no poder pagar su hipoteca, a la vez que se está ayudando a los bancos con el dinero de todos. Y se están imponiendo enormes sacrificios, y otros que vendrán, para pagar a la banca, tanto española como alemana (entre otras), el dinero que como usurera está consiguiendo a costa de unas prácticas inmorales, injustas y antidemocráticas.

Y digo antidemocrática porque, tal como indiqué en mi artículo “La necesaria huelga general” (Público, 01.11.12), todas estas políticas que se están llevando a cabo no tienen ningún mandato popular, pues ninguna de ellas estaba en los programas electorales sobre los que fueron elegidos. De ahí la necesidad en todos estos países de protestar y denunciar estas prácticas que se están realizando en contra y a espaldas de la gran mayoría de su población. Lo que estamos viendo en cada uno de estos países es el gobierno de una minoría a favor de una minoría, en contra de una mayoría. Las derechas de siempre, en cada uno de ellos, están ahora, bajo el falso argumento de que no hay alternativas, intentando conseguir lo que siempre desearon: la reducción de los salarios y de la protección social y la eliminación del Estado de Bienestar. Y no se puede permitir, por mera salud democrática, que ello ocurra. De ahí que se hayan convocado Huelgas Generales y/o movilizaciones el próximo día 14 de noviembre en cada uno de ellos, para protestar e impedirlo. La propia existencia de la democracia está en peligro.