martes, 19 de junio de 2012

los retos de rio + 20

Ignacio Ramonet*

Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.

Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal. 

La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas ­tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia. 

Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.

Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)... 

En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros…

Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...

Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.

Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.

Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5). 

El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias.

Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito. 

Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos. 

En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).

La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su  lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.

(1) Léase Ignacio Ramonet,  “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.
(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.
(4) “Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos para retirar sus ahorros, el ministro  Domingo Cavallo decidió que cada titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible.
(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación  para Rio+20?”, 4 de abril de 2012. http://rio20.net/documentos/que-pasa-en-la-negociacion-para-rio20
(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012. http://redconvergenciasocial.org/?p=160


domingo, 10 de junio de 2012

crisis, desigualdad y pobreza

Antón Saracíbar*

Las sociedades más justas y avanzadas en términos económicos y sociales se identifican por apostar fuertemente por decididas políticas de empleo (encaminadas hacia el pleno empleo), políticas fiscales basadas en la suficiencia, equidad y progresividad, sistemas de seguridad social eficientes y solidarios (pensiones y dependencia), potentes servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) y, desde luego, por promover fuertes organizaciones sindicales. La salida neoliberal de la crisis está destrozando estas políticas y dejando en precario el Estado de Bienestar social y, como consecuencia de todo ello, las sociedades son más pobres, injustas y desiguales. El caso de España es particularmente significativo. Los ciudadanos contemplan con estupor e indignación -desde hace dos años y, particularmente desde hace seis meses- un considerable aumento de las desigualdades: salarios y pensiones escandalosas en el sector financiero (no sólo en Bankia); gastos suntuarios (la venta de artículos y coches de lujo está aumentando); especulación y engaño; en definitiva, concentración de riqueza en manos de unos pocos. Por el contrario, se multiplican los recortes en servicios básicos (sanidad, enseñanza, servicios sociales e investigación); en pensiones y salarios; y aumenta rápidamente el desempleo y la precariedad de nuestro mercado de trabajo. A ello hay que añadir el anuncio de nuevas medidas que pueden afectar a la fiscalidad (IVA), a las pensiones, a las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social (reducción de las mismas) e, incluso, a las prestaciones por desempleo.

En todo caso, la desigualdad ha estado creciendo desde hace mucho tiempo; por lo tanto, se viene produciendo desde antes del comienzo de la crisis, según el informe Benchmarking Working Europe 2012 (Christophe Degryse, ETUI). Las políticas neoliberales desarrolladas en la UE, durante más de 20 años (finales de la década de los ochenta), han contribuido a intensificar las disparidades sociales y salariales; cada vez resulta más evidente que las políticas justificadas en nombre del crecimiento y del empleo han conducido a una menor cohesión social y a una mayor desigualdad, particularmente en relación con los salarios, las pensiones, las prestaciones sociales, los servicios públicos, la fiscalidad y el mercado de trabajo. También las desigualdades han aumentado con las medidas aplicadas para salir de la crisis -basadas en la austeridad y en los recortes presupuestarios-, que han afectado a los más débiles al alargarse los periodos de desempleo y de exclusión social. Mientras eso ha ocurrido, el BCE no ha dudado en ayudar a una parte del sector financiero con préstamos de bajo interés (1%) y, en la actualidad, el Gobierno español se prepara para ayudar a Bankia (23.000 millones de euros), hipotecada por el ladrillo y la morosidad (sin una investigación profunda de lo ocurrido), lo que está produciendo una indignación generalizada entre las personas más afectadas por el ajuste fiscal y los recortes. Esa cantidad se añade a los 105.000 millones de euros (11% del PIB) que los gobiernos han canalizado al sector financiero desde el comienzo de la crisis.

Por su parte, el Barómetro Social de España que recoge el Colectivo Ioé, en su informe sobre desigualdad de abril de 2012, hace especial hincapié en que la desigualdad social ha aumentado al amparo de la actual crisis económica. Según la Estadística de Salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la masa salarial se ha incrementado un 69,3% entre 1994 y 2010 (debido al aumento de los asalariados: han pasado de 11 a 18 millones); sin embargo, el salario medio en moneda constante sólo ha aumentado un 1,9%. Mientras tanto, los beneficios empresariales se han incrementado un 47, 8% en términos de PIB, lo que significa que los ingresos de los empresarios han sido muy superiores a los de los asalariados (transferencia de rentas del trabajo al capital).

Las desigualdades salariales por sexo también son dignas de mención y han aumentado en la última década. En el año 2000 la retribución media de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 2010 y la de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60%. Por sectores de actividad, el sector menos retribuido es el agrícola y pesquero, con un salario medio cinco veces inferior al percibido en el sector financiero. Por CCAA, los salarios en Extremadura son un 23,1% menos que la media española y un 40,6% menos que los de Madrid. Por último, la mano de obra inmigrante (subproletariado) recibe un salario inferior en un 49,2% a la española y lo mismo ocurre con los trabajadores afectados por problemas de exclusión social.

Sin embargo, la peor parte de la crisis la soportan los desempleados que han sufrido el ajuste de la crisis y han pasado del 8,3% al 20,1%, entre 2007 y 2010 (24,3%, en el primer trimestre de 2012). El paro de larga duración (más de un año buscando empleo) ha pasado del 23,7 al 43,3% de las personas en paro y las que no reciben ninguna prestación han subido del 22,5 al 34,3%; además, los hogares con todas las personas activas en paro se han triplicado pasando del 3,3 al 10,1%. Al finalizar el pasado año se ha confirmado que España es el país con mayor tasa de desempleo de la UE -duplicando la media europea (11%)-, lo que representa el principal problema de los españoles de acuerdo con el barómetro del CIS, tanto por sus repercusiones económicas como sociales. Por otra parte, en el primer trimestre del año 2012, el empleo temporal y el paro afecta al 45,2% de los asalariados (9,1 millones de trabajadores) y el empleo indefinido con salarios intermedios (entre 1.000 y 2.500 euros) se sitúa en 11,3 millones de empleados; por último, dentro de la escala superior con mayores ingresos y estabilidad (3,8 millones de personas), una minoría (156.000 trabajadores: 0,8% del total) percibe nada menos que un salario medio de 12.000 euros (directivos financieros y de grandes empresas).

Con la seguridad social ocurre algo parecido. Las pensiones representan más de la cuarta parte del gasto social -distribuidas en prestaciones contributivas (94,5%) y en no contributivas (4,5%)- y su peso en relación con el PIB bajó del 8,3% en 1994 al 6,4% en 2006, para subir al 7,3% en 2009 y estancarse en los años siguientes.

Por su parte, las prestaciones por desempleo están aumentando en porcentajes del PIB debido al incremento del paro. A pesar de ello, la prestación contributiva media se ha reducido, a medida que aumentaba la prestación asistencial, por el desempleo de larga duración. Por eso, la tasa de cobertura de la prestación por desempleo ha pasado del 77,5% en 2007 al 56,9% en 2011, lo que significa que casi la mitad de los desempleados no tienen prestación por desempleo. Como consecuencia de todo ello, ha aumentado la pobreza. Según EUROSTAT -que relaciona la pobreza en los hogares con una renta por persona por debajo del 60% de la media-, se ha pasado del 19,6% en 2007 al 21,8% en 2010; esto es, de 8,9 a 10,3 millones de personas pobres, además de constatar un aumento de los desalojos, desahucios y embargos de las viviendas.

La política fiscal (con una fuerte capacidad redistributiva) no ha participado en la superación de las desigualdades; más bien está colaborando en agravar las mismas. Las rentas del trabajo aportan al fisco más del doble que las rentas del capital y más de tres cuartas partes del fraude fiscal proceden de la banca, las empresas multinacionales y los grandes patrimonios, según la propia Agencia Tributaria. Efectivamente, la política llevada a cabo desde 2010 se ha encaminado a aumentar la carga impositiva de la población asalariada y reducir las prestaciones del Estado de Bienestar respondiendo a una orientación claramente neoliberal que, por otra parte, garantiza las rentas del capital financiero a costa de la socialización de sus pérdidas y de empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Por último, en el informe ‘Employment and Social Developments in Europe 2011’, la Comisión Europea también reconoce que se está incrementando la desigualdad con los consiguientes problemas de cohesión social, amenaza a la democracia y estabilidad económica. Superar esta situación requiere fortalecer las políticas sociales y los sistemas de seguridad social, pero también las políticas redistributivas a través de políticas fiscales que penalicen la especulación financiera y las rentas más altas, impulsar las políticas activas de empleo, repartir el tiempo de trabajo, potenciar la negociación colectiva y fortalecer a los sindicatos en su lucha por conseguir una sociedad más justa. 

En definitiva, la distribución de la riqueza es particularmente injusta al subordinarse las políticas sociales a las prioridades de la acumulación de capital (en torno al sector financiero), lo que ha precipitado el descontento y la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y el poder legislativo, al constatar el deterioro de la democracia representativa supeditada, de hecho, al sistema financiero internacional.

A tenor de lo dicho, la lucha contra la desigualdad y la pobreza resulta ineludible y debe ser protagonizada por la izquierda en el conjunto de la UE. En este sentido, el triunfo de Hollande en Francia ha significado un soplo de aire fresco; sin embargo, nada será fácil en un contexto de crisis y desempleo generalizado hasta que la izquierda sea capaz de recuperar la confianza perdida y de generar ilusión en el conjunto de la ciudadanía. También los sindicatos están sufriendo las consecuencias de las duras campañas antisindicales que se están llevando a cabo en el marco de la UE, y cada vez se sienten más marginados, como ocurre en la nueva Estrategia Europea 2020. A pesar de ello, si queremos salir de la crisis debemos avanzar por este camino, removiendo los obstáculos contrarios a las políticas encaminadas a conseguir la igualdad y la justicia social.

En todo caso, impulsar el crecimiento (en los últimos años ha generado desigualdad) no será suficiente para salir de la crisis y resolver los problemas pendientes. Cada vez se está más de acuerdo en que la desigualdad ha sido la causante de la crisis y no su consecuencia y en que el crecimiento ya no reduce las desigualdades sino todo lo contrario (Niechoj et al., 2011), como se ha demostrado en los últimos años. ¿Es posible salir de la crisis sin reducir primero la desigualdad social en todas sus formas? Para algunos, la respuesta es claramente: “No” (Reich, 2011). ¿Es posible que un mayor crecimiento económico mejore el bienestar de la población europea? Algunos creen que la respuesta es también: “No” (Wilkinson y Pickett, 2009). Finalmente, si hacemos la misma pregunta, pero esta vez en positivo: ¿Es posible que una mayor igualdad proporcione un camino alternativo a la austeridad para salir de la crisis y volver a la prosperidad sostenible? Un número cada vez mayor de personas responden: “Sí” a esta pregunta.

Esta última y rotunda afirmación nos compromete a todos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En una sociedad moderna y muy bien comunicada, la ciudadanía no va a tolerar que los más ricos sigan repartiéndose la “tarta” a su antojo. Ese modelo económico y social basado en las desigualdades está condenado al fracaso, como se está divulgando a través de las redes sociales y se pone de manifiesto en las reiteradas movilizaciones populares. Por el contrario, la salida de la crisis pasa por fortalecer las políticas que contribuyan a eliminar las diferentes formas de explotación, corrupción y desigualdad social; evitando, por supuesto, la excesiva concentración de riqueza en manos de unos pocos. Rajoy debe tomar nota: lo primero es la igualdad y la justicia social (por sí mismas generan empleo) y, después, el crecimiento económico.

jueves, 24 de mayo de 2012

sintomatología de la guerra: el petróleo

Alberto Piris*

En la ya larga historia bélica de la humanidad, las guerras han estallado cuando los dirigentes de las sociedades humanas -sean éstas tribus, clanes, reinos, imperios o Estados- necesitaban disponer de ciertos recursos de los que carecían, o de los que solo disponían en poca cuantía, para acrecentar su (1) poder, (2) riqueza, (3) prestigio o (4) hegemonía regional o universal. Todas las guerras, incluso las civiles, pueden clasificarse en alguno de esos cuatro apartados, cuando no en varios de ellos a la vez. Los generales que se sublevaron contra la República española deseaban hacerse con el poder; casi todas las guerras coloniales tuvieron por objeto apoderarse de las riquezas naturales de los pueblos colonizados; el Imperio y el Papado guerrearon por cuestiones de prestigio; y los sucesivos imperios que se han sucedido en el mundo (salvo algunos asiáticos orientales) han derramado la sangre de sus soldados en busca de una hegemonía que podría darles todo lo demás.

Religión, carbón, petróleo, metales raros, zonas o enclaves estratégicos, puertos, salidas al mar, disputas dinásticas, agravios históricos, odios étnicos, fronteras vulnerables, delincuencia, contrabando... han sido los motivos concretos que han llevado a unos Estados a luchar contra otros en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. En los últimos meses se advierte una clara sintomatología que apunta hacia un recurso fundamental para el mundo de hoy: los hidrocarburos energéticos.

Michael Klare es un veterano investigador estadounidense, algunas de cuyas obras tuve ocasión de traducir y prologar en tiempos pasados, cuando la seguridad de la humanidad se veía amenazada por la Guerra Fría y, desde distintos ámbitos, compartíamos preocupaciones comunes. Acaba de publicar un interesante libro titulado The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources ("La carrera por lo que queda: la rebatiña global por los últimos recursos mundiales"), donde identifica los síntomas de nuevos e inminentes conflictos en torno al petróleo. 

En los primeros meses de 2012 se advierten ya estallidos que anuncian una agravación del conflicto petrolero mundial. Klare identifica seis puntos críticos que han sido objeto de la atención de los medios de comunicación; cinco de ellos se han revelado durante el mes de abril.

El día 7 de ese mes, buques de guerra chinos y filipinos protagonizaron un incidente en torno a una pequeña isla del Mar de la China Meridional. La tensión se alivió después, pero ambos países reclaman la soberanía sobre unos fondos marítimos en los que se han descubierto nuevos yacimientos de hidrocarburos. El día 10, tropas del nuevo Estado de Sudán del Sur ocuparon unos yacimientos que, según el tratado de independencia, pertenecen a Sudán; la aviación de este país bombardeó varias localidades de su vecino meridional. Aunque entre ambos países hay serios conflictos étnicos y económicos, el reparto de los recursos petrolíferos del antiguo Sudán es el eje del problema.

El 16 de abril Argentina anunció la nacionalización de YPF, la principal empresa petrolífera del país, participada mayoritariamente por la española Repsol YPF, creando un conflicto con España y con la Unión Europea. Aparte de las tendencias nacionalistas del régimen argentino, se trata de obtener más beneficios económicos y políticos de sus recursos naturales, que incluyen grandes yacimientos de gas de pizarra, considerados los terceros del mundo.

Por estas mismas fechas, la Cumbre de Las Américas en Cartagena de Indias apoyó la reivindicación argentina de las islas Malvinas. Si la guerra de 1982 se hizo por prestigio nacional, las cosas han cambiado desde que unas recientes prospecciones han confirmado la existencia de vastos recursos de petróleo y gas natural en las aguas del archipiélago. El 22 de abril, Egipto cortó el envío de gas natural a Israel, en un ambiente de algaradas populares y atentados contra los oleoductos. No se trata solo de discrepancias en el precio a pagar sino en el uso del suministro petrolífero como arma política en las relaciones entre ambos países. 

Por último, es evidente que EE.UU. prepara sus recursos militares frente a Irán, aunque hasta que transcurran las elecciones presidenciales es poco probable que se adopten medidas drásticas. Si bien existen otras razones, a las que no es ajena la política del Gobierno israelí, el petróleo también juega aquí un papel importante: tanto por la amenaza iraní de cerrar el estrecho de Ormuz, por donde circula una tercera parte del tráfico mundial de este producto, a las exportaciones en caso de ser atacado, como por la amenaza de imponer restricciones a la exportación iraní de hidrocarburos.

Si la diferencia entre países ricos y pobres en recursos petrolíferos ha sido siempre motivo de conflictos, el constante aumento de la demanda y una oferta cada vez más compleja y reducida solo pueden apuntar a nuevos problemas, causados por la tendencia a recurrir a la fuerza o a la amenaza de fuerza, para hacerse con los valiosos depósitos de petróleo o gas que escasean cada vez más. Atención, pues, a una lucha por la energía, que se avecina implacable.

domingo, 6 de mayo de 2012

¿hacia dónde nos quieren llevar?

Carlos Berzosa Alonso-Martínez*
 
El escaso tiempo que lleva este Gobierno en el ejercicio de sus funciones no ha podido ser peor. El paro crece, la desconfianza de los mercados hacia la economía española aumenta, y la piqueta de destrucción del Estado de Bienestar avanza sin reparar en qué es lo que se está derribando. Las políticas sociales y educativas se deterioran, la desigualdad crece, y todo basado en un principio, que manifiestan los ministros prácticamente a diario, en que el principal objetivo de lo que se está haciendo es la lucha contra el déficit. Una necesidad fundamental, se nos dice de un modo insistente, para ganar la confianza de los mercados y conseguir el día de mañana una posible recuperación. La evolución diaria de la economía nos enseña que esto no es así y que, a pesar de la aplicación de las mal llamadas reformas, los mercados siguen atacando a la deuda pública española, las bolsas bajan, se entra en otra recesión, y el desempleo aumenta sin cesar. Ante la crudeza de estos hechos habría que esperar del Gobierno algún tipo de iniciativas en la Unión Europea y específicas para nuestro país. No obstante, lo único que se hace es amenazar con más medidas de recortes todos los viernes.

En un país con el elevado número de parados que tiene España, con un desempleo juvenil tan alto, en el que la pérdida de trabajo amenaza a tantos que ahora sí tienen empleo, el afirmar que el problema principal es el déficit no deja de ser llamativo, cuando el objetivo primordial no debería ser otro que el generar empleo y evitar la sangría que se está produciendo. Pero se insiste en que lo que hay que hacer es seguir profundizando en el ajuste y en la privatización. Según las informaciones de los medios de comunicación se quiere privatizar la Renfe, incluso los trenes de cercanías, que en Madrid funcionan muy bien, y lo digo por experiencia propia. Acabar con lo que funciona bien y no arreglar lo que funciona mal, parece que es el lema de este Gobierno y de la ideología neoliberal que defiende, aunque el comportamiento de la realidad lo desmienta una y otra vez. Desde luego, este camino a lo único que conduce es hacia el desastre, y no solamente económico, sino social, educativo, y de desvertebración de la sociedad española.

El Gobierno se encuentra falto de ideas, y todas las acciones que está llevando a cabo, la mayor parte de ellas no estaban contempladas en el programa electoral, da la impresión de que están improvisadas, cada viernes unas cuentas, sin un plan coherente de actuaciones programadas y sin establecer prioridades de ningún tipo. La única finalidad que se persigue es tranquilizar a los mercados, que ya se ve que no es así, pero se persiste en el error una y otra vez.

Acerca del problema que causa la falta de imaginación en política, escribía Gramsci en el ya lejano 1917 y decía al respecto: “La actividad científica es una cuestión que implica un esfuerzo fantástico; quien es incapaz de construir hipótesis nunca será un científico. También en la actividad política hay una parte para la imaginación; pero en la actividad política, la hipótesis no es de hechos inertes, de materia opaca a la vida; la imaginación en política tiene como elementos a los hombres, a la sociedad de los hombres, al dolor, a los afectos, a las necesidades de la vida de los hombres. Si un científico se equivoca en su hipótesis, no es tan grave, después de todo: se pierde una cierta cantidad de riqueza, ‘de cosas’: una solución se precipita, un globo se revienta. Si el hombre político se equivoca en su hipótesis, es la vida de los hombres la que corre peligro, es el hambre, es la rebelión, es la revolución para no morirse de hambre. En la vida política, la actividad de la imaginación debe ser iluminada por una fuerza moral: la simpatía humana; y queda ensombrecida por el diletantismo, igual que entre los científicos. El diletantismo que en este caso es falta de profundidad espiritual, falta de sensibilidad, falta de simpatía humana” (Odio a los indiferentes, Ariel, 2011). Pido disculpas por la cita un tanto larga pero me resulta enormemente esclarecedora y sirve además para entender lo que este Gobierno hace y por qué lo hace.

De esta forma, se puede observar con preocupación que ante el argumento de la herencia recibida que ya se acaba, lo que se utiliza para justificar lo injustificable es responsabilizar a los ciudadanos de ser los culpables de la crisis, y crear una mala conciencia por lo mal que hemos hecho uso de las oportunidades que se nos conceden. El argumento de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es el más socorrido, pero también otros, como que los funcionarios y profesores trabajamos poco, o que gastamos demasiado en medicinas. El día 30 de abril en la ceremonia de la entrega de los premios Max de teatro alguien dijo que a los actores se les intentaba denigrar por vivir de las subvenciones públicas, pero no somos el único sector que vivimos de ellas. No solamente a los actores se les denigra, sino también a colectivos de trabajadores, a instituciones como las universidades, y no digamos a los que ejerciendo un derecho recogido en la Constitución se manifiestan. En suma, que casi todos somos responsables de lo que nos ha sucedido, y ahora por eso se nos castiga, y los que se salvan de esa condena son justamente los que sí que han desempeñado un papel decisivo en el desencadenamiento de los hechos.

¿A dónde se nos quiere llevar con todo esto? A una sociedad más pobre, en renta, en derechos, en igualdad de oportunidades, en igualdad de género, en conocimientos, en investigación, en cohesión social, en medio ambiente, y con mayores grados de exclusión social. Todo ello realizado sin demostrar la más mínima sensibilidad hacia los que sufren.


domingo, 22 de abril de 2012

fragilidad, inconsciencia, belicismo

Rafael Poch*
La confusa destitución de un alto dirigente en la China profunda, los nuevos sobresaltos de la eurocrisis y el poema de un escritor alemán, son las últimas piezas de un rompecabezas: incertidumbre, crisis y belicismo. Piezas que no encajan del todo, de ahí la confusión, pero que sabemos interrelacionadas. El aparente vigor alemán en la crisis depende de China. Los dirigentes chinos están nerviosos porque sienten temblar el suelo bajo sus pies. En Siria asoma lo que podría ser el principio de un “big bang” bélico. El escritor Günter Grass que en Alemania advierte del peligro de una gran guerra, es abucheado con argumentos cuya necedad es multiplicada por la disciplinada unanimidad con que se formulan.
China 
¿Qué ha pasado en Chongqing, ciudad pobre y currante, con 30 millones de habitantes en su municipio, el más poblado del mundo? Su líder que mantenía una nueva línea “social”, invocando una escenografía maoísta, niveladora y anticorrupción, ha sido fulminado ¿Era Bo Xilai, hijo de un padre fundador de la Revolución China, ex guardia rojo, ex ministro de comercio y niño bonito de las multinacionales, antes de acceder a la jefatura del partido en Chongqing, una especie de Boris Yeltsin a la china?
Recordemos que Yeltsin arrancó como “luchador contra los privilegios de la nomenklatura”, reclamándose de la pureza leninista. Se apoyó en la calle, no fue fulminado a tiempo y acabó conquistando el poder y disolviendo el Estado. China no es Rusia y además los dirigentes chinos tienen muy en la mente lo que pasó en la URSS. Pero es un hecho que, en vísperas del XVIII Congreso del próximo otoño en el que el partido chino pasará el testigo a una nueva generación, los dirigentes se han mostrado muy nerviosos ante Bo Xilai. Han vinculado a su mujer, Gu Kailai, con la oscura muerte de un empresario británico y lo han destituido entre advertencias contra una nueva “Revolución Cultural” ¿Qué pasa en China?
Ocurre que los dirigentes sienten que caminan sobre cáscaras de huevo. Aquello que permitió el prodigioso ascenso del país, la integración en la economía global, es visto como posible causa de su hundimiento. Saben que si se hunde la economía global de la que tanto dependen, deberán quitarse la corbata y ponerse el uniforme. En Pekín esa percepción data de varios años, de bastante antes de que la quiebra de Lehman Brothers institucionalizara en 2008 la “crisis financiera”.
Los cambios de línea de China son sonados. Sucedió con el Gran Salto Adelante y con la Revolución Cultural, inesperados, incomprensibles. Lo mismo con la reforma de mercado que sucedió a Mao. Ahora la discusión no es si China va a dar un nuevo bandazo, ya está en ello, sino con qué profundidad lo hará.
Desde hace una década el sector público de su burocracia, empresas estatales, el partido, el ejército, la policía y los sindicatos, está ganando peso a expensas del sector privado que, pese a las apariencias nunca dejó de ser criatura del Estado. La reflexión de fondo parece ser la de que si se hunde el sector exportador y el belicismo asoma como solución global a una crisis general del capitalismo, habrá que tener bien amarrado el poder para no perder el control de la situación. Bien amarrado para afirmar un desarrollo más endógeno –más basado en el consumo interno- para ocupar a la ingente población e impedir su revuelta, al tiempo que se organiza la suficiente disuasión militar para evitar el cinturón de hierro que Estados Unidos lleva años estableciendo con bases, alianzas y despliegue de nuevas armas alrededor de China.
Impedir que la mayor clase obrera del mundo se rebele al quedarse sin trabajo, por hundimiento del sector exportador y explosión de la burbuja inmobiliaria, por citar dos escenarios extremos, obliga a la burocracia a sintonizar con el movimiento telúrico de las fuerzas sociales. Ese giro precisaría un nuevo discurso, actuar contra la desigualdad, la mafia y la corrupción rampante de los últimos veinte años, desempolvar parte del ideario maoísta evitando caer en su componente más inhumano y autodestructivo del que China guarda una viva memoria. Precisamente algo así apuntaba Bo Xilai en Chongqing. Entonces, ¿por qué lo han echado?
Seguramente por miedo a los excesivos estrellatos que pueden degenerar en caudillismos imprevisibles. No hay que destapar la botella que contiene el genio yeltsinista. Hay que conjurar la aparición de líderes carismáticos capaces de apelar a la calle contra el régimen. De ahí la reveladora advertencia del primer ministro Wen Jiabao sobre la Revolución Cultural pronunciada la víspera de la defenestración de Bo Xilai.
El giro que viene hay que hacerlo de forma ordenada, intentando que el cambio sea lo más armónico posible, en primer lugar para la propia burocracia, para los equilibrios entre sus diversos grupos e intereses. Sin revolución. Bo Xilai podría haber sido visto como un peligroso exceso en ese contexto, no por el contenido sino por la forma, no por lo que hacía sino por cómo lo hacía…
Naturalmente, esto es sólo una hipótesis de lectura de un episodio, el de Chongqing, aun demasiado confuso, pero el dato del nerviosismo de unos dirigentes que sienten un suelo frágil bajo sus pies, es claro como la luz del día: China tiene muchas cartas invertidas en ese incierto casino mundial, está más expuesta a un gran hundimiento que nadie, y tiembla.
Europa 
La angustia de Pekín contrasta con la necedad cortoplacista de Berlín. Los alemanes se desayunan cada mañana con noticias optimistas sobre el “milagro alemán”, particularmente real comparado con la miseria de sus vecinos del sur de Europa. Un día es el crecimiento de sus exportaciones, otro el récord de empleo, otro el magnífico índice de “confianza empresarial” y otro el aumento de ventas de Volkswagen o BMW.
Barriendo debajo de la alfombra los datos negativos del parcial desmonte del “Modell Deutschland” de los últimos veinte años (el aumento de la precariedad laboral, el crecimiento de la desigualdad social, el incremento del cinismo hacia la política y el deterioro de la proverbial moral del trabajo), el establishment mantiene su optimista campaña con la vista puesta en las elecciones generales del 2013. Mientras tanto, la Europa del sur se va al garete como consecuencia de una política alemana de austeridad asfixiante y de un Banco Central Europeo de diseño alemán y al servicio del sector financiero.
El aparente y frágil “milagro” se sostiene con las ventas en países como China, cuyos aumentos compensan lo que dejan de comprar los arruinados europeos meridionales. Es decir se sostiene, en buena medida, sobre cáscaras de huevo, porque China se está enfriando y lanza señales de nerviosismo. La diferencia entre China y Alemania es que mientras la primera  piensa en prevenir posibles escenarios de debacle, la segunda cómo máximo piensa en las elecciones de 2013 y en escapar ilesa al hundimiento del Titanic gracias a su billete de primera clase. Todos los partidos alemanes que optan a posiciones de gobierno comparten a grandes rasgos el mismo programa al servicio de la misma oligarquía corporativa-empresarial. En el Politburó del Directorio Berlín-Bruselas ni siquiera hay necesidad de purgas, porque no hay rastro de inquietantes disidentes en las instituciones.
La expectativa que hay en Europa no es alemana, sino una combinación del creciente malestar social, en Grecia, Portugal, España e Italia, con unas elecciones en Francia. Esos dos vectores podrían poner en cuestión la política anticrisis de factura alemana. Habrá que ver lo que eso dará de si, pero, como en el caso de Chongqing, lo que aquí importa es el contexto: China depende de Europa, Europa depende de China. Todos están caminando sobre cáscaras de huevo. Unos lo saben, otros, al parecer, lo ignoran o confían en su billete de primera.
Oriente Medio
Y en eso el anciano escritor les despierta de su dulce sueño. Su poema les presenta una lista de banales evidencias sobre el peligro bélico: critica el “supuesto derecho a un ataque preventivo” de Israel, que “dispone de un creciente potencial nuclear fuera de control e inaccesible a toda inspección”, contra un país, Irán, del que se sospecha la fabricación de una bomba. Menciona la “hipocresía occidental” ante ese hecho que, “pone en peligro una paz mundial ya de por sí quebradiza”. Denuncia a su país, Alemania, por entregar a Israel un nuevo submarino, el sexto, capaz de portar “ojivas aniquiladoras”. Romper el “silencio sobre ese hecho”, un silencio que dice sentir como “una gravosa mentira”, supone ser tachado de “antisemita”, dice.
Günter Grass ha pedido, “un control internacional permanente y sin trabas del potencial nuclear israelí” en bien de “todos los seres humanos de esa región dominada por la demencia”. Puro sentido común. ¿Qué tiene que ver este poema con todo lo anterior, con los miedos de China y la errática deriva europea hacia la recesión?
Esa “región dominada por la demencia” citada por Grass es el Oriente Medio, la principal zona energética del planeta, donde, al calor de los problemas internos del régimen sirio, un adversario, Occidente alienta una guerra civil financiada por otras dictaduras árabes amigas, con objetivo de cambio de régimen. Siria podría ser el aperitivo de la gran guerra contra Irán evocada por Grass. Irán es, a su vez, principal suministrador energético de China y gran parte de Asia Oriental, una región cuyo ascenso en el mundo, impensable sin quemar grandes cantidades de petroleo y carbón,  preocupa al hegemonismo occidental.
Una vez más, las piezas de este rompecabezas son confusas en su ensamblaje concreto, no así el sentido general de la situación: una salida bélica es el escenario clásico de una crisis general del capitalismo. Sólo que en este caso la guerra sería detonante de una verdadera catástrofe general. Como dice James Petras, solo un necio puede pensar que el “ataque preventivo” de Israel a Irán, hacia el que Estados Unidos y Europa muestran tanta indulgencia y complicidad, no degeneraría en una gran guerra en la región con muchos muertos en Irán, misiles lloviendo en respuesta sobre Israel, las terminales petroleras del Golfo en llamas y drástico corte del suministro petrolero, es decir, “colapso de la economía mundial y brutal empobrecimiento de centenares de millones de personas en todas partes”.
Todo esto lo suscribe, con distintas palabras y discursos, el sentido común de la gran mayoría de los israelíes y de los alemanes que se declaran en contra de tal ataque en las encuestas. El diario Haaretz de Israel alerta sobre la insensatez de su gobierno en términos no muy diferentes a los de Grass, recuerda el veterano Alfred Grosser, un judío nacido en Francfort en 1925, el más conocido experto francés en temas alemanes. Hasta Shaul Mofaz, un ex general nacido en Teherán que preside el mayor partido israelí, Kadima, considera un desastre el plan guerrero de Netanyahu, sobre el que se habla con preocupación en las calles de Tel Aviv y Haifa, y en la red israelí.
Que el establishment alemán, con su legión de periodistas y políticos conformistas, proisraelíes por una mezcla de cobardía (el miedo a ser tachados de “antisemitas”) y de responsabilidad mal entendida, haya ridiculizado a Grass con la unanimidad y virulencia con que lo ha hecho, no hace sino evidenciar la profunda ambigüedad del cheque en blanco alemán a Israel.
Alemania apoya al gobierno de Israel, cruel y criminal con los palestinos, para redimir la memoria de los horrendos crímenes de la Alemania nazi contra los judíos. Pero los ciudadanos alemanes deben tener en cuenta una cosa, dice el escritor Tariq Alí; “no fueron los palestinos los responsables del asesinato de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo se han convertido en víctimas indirectas del genocidio cometido contra los judíos porque aquellos que sufrieron el mal, lo practican a su vez contra otros. ¿Por qué entonces ninguna simpatía hacia los palestinos?”. La condena de los crímenes nazis obliga a condenar también los crímenes de Israel, no ha cerrar los ojos ante ellos. Sólo alguien  que ha perdido por completo el sentido de la justicia, alguien moralmente ambiguo, inmaduro y profundamente perdido en sus complejos históricos, puede convivir con este absurdo.
En 2008 el continuado crecimiento de China fue clave para impedir un hundimiento global mucho más drástico. Ahora los dirigentes de China se muestran nerviosos. En Europa la situación española se añade a la griega en la demostración de la completa ausencia de perspectiva de la actual euroreceta neoliberal: solo con austeridad, las cosas empeoran. Y en Alemania se abuchea al anciano escritor que, como Casandra, advierte de un peligro de guerra completamente real. Compongan como quieran esas tres piezas, pero hablan con toda claridad de la fragilidad, la inconsciencia y el belicismo de nuestro mundo.

* http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4872

domingo, 15 de abril de 2012

chapuza, mentira y traición

Juan Torres López*

A nadie le puede extrañar que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saliera por la puerta del garaje del Senado para no tener que dar cuentas a los medios de comunicación de las últimas medidas económicas que ha adoptado y concretamente del recorte adicional de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. No extraña, porque hasta el truhán más descarado sentiría vergüenza si tuviera que justificar una chapuza tan grande, una mentira tan evidente y una traición a los intereses de la Nación tan cobarde. Es una chapuza monumental que una semana después de haber presentado los Presupuestos Generales del Estado, y después de haber negado por la mañana que se iría en esa dirección (por no hablar de las promesas que se lanzaban cuando se trataba de criticar al anterior Gobierno) se anuncie un gigantesco recorte presupuestario adicional en sanidad y educación.

Si hubieran transcurrido unos meses quizá se podría argumentar que se trata de un cambio de coyuntura, de una necesidad adicional, pero ¿cómo justificar una rectificación tan grande cuando casi se puede contar en horas el tiempo transcurrido desde la presentación de las cuentas del Estado? ¿Cómo puede seguir en su puesto sin morirse de la vergüenza y dimitir un Ministro de Hacienda que ha preparado nada más y nada menos que los Presupuestos Generales del Estado con semejante falta de perspectiva y de rigor? ¿Qué se puede esperar de un Ejecutivo que actúa con una estrategia tan errada, con una percepción tan alicorta de las necesidades de la economía y la sociedad española? ¿Cómo se puede sostener un Gobierno que de una semana a otra considera que la educación y la sanidad española necesitan 10.000 millones de euros menos?

Salvo, claro está, que ese Gobierno no se esté pensando en lo que necesita el Estado y la población a la que sirve, sino lo que le exigen intereses extranjeros o particulares que actúan a la sombra incluso de los propios agentes que, por lo que se ve, mantienen en ese Consejo de Ministros.

El anuncio del recorte responde también a una mentira que es bastante fácil descubrir. Reducir los presupuestos de educación y sanidad en esa cifra tan extraordinaria no va a contribuir decisivamente a reducir el déficit público.

Docenas de estudios empíricos han demostrado que una disminución del gasto público supone una caída prácticamente inmediata y muy importante del Producto Interior Bruto, cuya magnitud depende del tipo de economía y de las partidas concretas en que se materialice, pero que en el caso español, y dándose en materia de educación y salud, podría ser de entre el 60 y el 75 u 80%. También sabemos que al caer el PIB disminuye lógicamente la recaudación impositiva, porque hay menos actividad económica, menos beneficios, menos sueldos y menos transacciones que gravar. La magnitud final de esta disminución también depende de diversas circunstancias (de la estructura impositiva, del peso de los impuestos en el PIB) pero no sería exagerado decir que en un país como España la disminución del PIB producida por un recorte de 10.000 millones de euros en el gasto en sanidad y educación podría suponer una disminución de más de 4.000 millones en los ingresos fiscales del Estado. Y no solo eso, sino que al aumentar el desempleo, aumentarán los subsidios del paro y posiblemente otras transferencias a las familias, en una cantidad más difícil de estimar, pero que seguramente no fuese inferior a 1.000 o 1.500 millones de euros.

Es verdad que, al disminuir la provisión pública de servicios de educación y salud que conlleva ese recorte, un determinado porcentaje de la población optaría por adquirirlos en el sector privado, de modo que el efecto que acabo de señalar se vería compensado, aunque es evidente que no sería realista pensar que lo hiciera en la misma magnitud.

En definitiva, y dejando aparte el efecto distributivo y la connotación ética que sin duda tendría el recorte, lo cierto es que su efecto final sobre el déficit es bastante más reducido del que pretende alcanzar el Gobierno. Digamos que, aunque es buena noticia para los proveedores privados de servicios educativos y sanitarios, es una medida que seguirá siendo insuficiente para los especuladores que lo que están haciendo es apostar con ventaja y a tiro fijo sobre el hecho evidente de que con estas políticas de austeridad (y con formas de actuar como las del Partido Popular en la oposición y en el Gobierno) no se va a poder reducir decisivamente el déficit público español.

Y es precisamente esta última circunstancia la que me lleva a una consideración final, pero que no es la menos importante. La actuación del Gobierno me parece que supone una auténtica traición a la Nación a la que debería defender. ¿Para qué diablos sirve que nos gastemos miles de millones de euros en el Ministerio de Defensa si resulta que los verdaderos ataques que sufre nuestra población no vienen de fuerzas militares sino de los mercados, y nuestros Gobiernos, en lugar de hacerles frente para defenderla, se pliegan ante ellos de manera tan cobarde? Se podría argumentar con razón que recurrimos a los mercados para financiar nuestros gastos (e incluso que algunos de estos han sido innecesarios e injustificables y que nuestra economía necesita reformas profundas para evitar que se repitan en el futuro) y que es lógico que los mercados sean los que impongan entonces sus condiciones pero, ¿hemos de aceptar sin más que los grupos financieros que dominan los mercados los manipulen para alzar artificialmente el precio de la deuda o que impongan los derechos que puedan o no disfrutar nuestros ciudadanos y las medidas de política económica que ha de adoptar nuestro Gobierno?, ¿no han generado así una deuda odiosa e ilegítima a la que tenemos el derecho de repudiar?,¿no tienen nuestros Gobiernos el deber moral y político de denunciar lo que está ocurriendo, de reclamar a las autoridades europeas que igualmente la condenen y la repudien, en lugar de limitarse a aceptar los dictados de los terroristas financieros?

¿Debemos limitarnos sin más a pertenecer a un club que permite que eso suceda, que nos arruina y que institucionaliza el saqueo de las arcas públicas por los bancos y los especuladores privados, como sucede cuando se permite que el Banco Central Europeo prácticamente regale a los bancos todo el dinero que quieran para que resuelvan sus quebrantos patrimoniales especulando y comprando deuda de los Gobiernos dejando sin financiación a las economía, en lugar de que lo proporcionen a los Estados y estos garanticen el funcionamiento normal de las empresas y de la economía en su conjunto?

Las enciclopedias y diccionarios dicen que traicionar a la Patria es colaborar o asociarse con elementos “non gratos” o enemigos defraudando así a los nacionales y perjudicando sus intereses, ¿no es evidente entonces que la traiciona el Gobierno que renuncia a defender la soberanía nacional y que daña a sus ciudadanos con tal de contentar a quienes dominan los mercados?


jueves, 5 de abril de 2012

obama prepara a estados unidos para una nueva guerra

Atilio Boron*

Comentamos a continuación una muy preocupante noticia que ha recibido escasa, por no decir nula, atención en la prensa mundial. Según revelara Kenneth Schortgen Jr., del periódico digital Examiner.com el presidente Barack Obama firmó el 16 de Marzo de 2012 una nueva Orden Ejecutiva que amplía considerablemente los poderes presidenciales conferidos por la Orden Ejecutiva para la Preparación ante Desastres emitida por Harry Truman en 1950 . Gracias a este nuevo instrumento legal el presidente Obama está facultado para asumir el control absoluto de todos los recursos de Estados Unidos en tiempos de guerra o emergencia nacional . Dependerá de él elegir el momento en que decida hacer uso de tan enormes prerrogativas y los alcances específicos de la misma.

Según consta en la documentación oficial la nueva orden para la “Preparación de Recursos para la Defensa Nacional ” le otorga poderes inmensos a la Casa Blanca . Mediante ella se le concede la facultad de controlar y distribuir por decreto la energía, la producción, el transporte, la alimentación , e incluso el agua en caso que la defensa y seguridad nacional es estén en peligro . Cabe notar que esta orden no limita su aplicación a tiempos de guerra, sino que se extiende también a tiempos de paz. Quedan asimismo comprendidos bajo la misma el control sobre los contratistas y proveedores , los materiales, los trabajadores calificados y el personal profesional y técnico. Cada uno de los secretarios (ministros) del Poder Ejecutivo (Defensa, Energía, Agricultura, Comercio, Trabajo, etcétera) se encargaría de la ejecución de la orden . 

Órdenes Ejecutivas de este tipo, creadas para preparar al país ante inminentes catástrofes o para asegurar la defensa nacional , no son nuevas en la historia de Estados Unidos . Pero en dos casos muy significativos desencadenaron una crisis constitucional debido a que mediante esos dispositivos jurídicos el Ejecutivo pasa a disponer de facultades dictatoriales sobre los ciudadanos , cuya implementación queda librada a la discrecionalidad del ocupante de la Casa Blanca. Durante la Guerra Civil el presidente Abraham Lincoln suspendió las libertades de palabra y de prensa, revocó el Habeas Corpus y el derecho a un juicio justo bajo la Sexta Enmienda. En ocasión de la Primera Guerra Mundial el Congreso rehusó otorgar al presidente Woodrow Wilson nuevos y más extensos poderes sobre recursos de diverso tipo para colaborar en el esfuerzo de la guerra. Wilson , en respuesta, emitió una Orden Ejecutiva que le permitió acceder a un control completo sobre los negocios, la industria , el transporte, los alimentos así como facultades discrecionales para diseñar e implementar políticas económicas. Según Schortgen Jr. fue sólo luego de la muerte de estos dos presidentes que los poderes constitucionales fueron devueltos al pueblo de Estados Unidos. El cambio operado en el clima ideológico norteamericano, el avance del belicismo y la sutil y persistente manipulación guerrerista de la opinión pública descartan, salvo inesperadas eventualidades, la irrupción de un debate sobre la constitucionalidad, u oportunidad, de la nueva Orden Ejecutiva. 

Con todo, la sorpresiva decisión del presidente Obama abre muy serios interrogantes pues confirma el vigor de la escalada belicista instalada en Washington. Según se informa en el citado artículo del Examiner.com aquélla habría sido precipitada por la certeza de que los planes israelíes para atacar a Irán habrían entrado ya en una cuenta regresiva que Washington demostró ser incapaz de detener. El killer de Jerusalem ya no obedece a las órdenes de sus patrones y financiadores y Washington se prepara , paradojalmente arrastrado por uno de sus peones, para participar en una guerra que incendiará a Medio Oriente . Por eso Obama ha decidido reforzar extraordinariamente los poderes presidenciales y adoptar los recaudos para que, cuando la coyuntura lo exija, toda la maquinaria económica de Estados Unidos sea puesta al servicio de la nueva, y más grave, aventura militar. No es un dato menor recordar que ni siquiera durante la guerra de Vietnam las sucesivas administraciones norteamericanas apelaron a tan fenomenal concentración de poder . Hace ya bastante tiempo que Fidel viene advirtiendo sobre los peligros que se ciernen sobre la paz mundial . En una “reflexión” escrita pocos días después de que Obama emitiera la nueva orden, “Los Caminos que Conducen al Desastre”, el Comandante concluía su nota diciendo que “ no albergo la menor duda de que Estados Unidos está a punto de cometer y conducir el mundo al mayor error de su historia. ” Lamentablemente, los hechos parecen darle la razón una vez más.

*http://www.atilioboron.com.ar/

martes, 27 de marzo de 2012

29 m: huelga general contra la regresión social

Antón Saracibar*

El presidente del Gobierno Rajoy ha entrado en la escena política como un elefante en una cacharrería- al amparo de la crisis económica y del creciente desempleo- ratificando una política de supeditación a los postulados de la UE, lo que significará un aumento del desempleo y consolidará a España a la cabeza de los países de la UE y de la OCDE con mayores cifras de desempleo. Las consideraciones que se vienen haciendo y las medidas que se están tomando -de marcado carácter ideológico- están presididas por la manipulación y la mentira (“el PP es el partido de los trabajadores”), así como por el incumplimiento de las (falsas) promesas electorales: “no aumentaremos los impuestos y no abarataremos el despido”. Muchos ciudadanos de buena fe vienen manifestando que las críticas a Rajoy no respetan ni siquiera los 90 días de cortesía; sin embargo, lo que no saben estos ciudadanos es que Rajoy en 80 días ha producido más estropicios sociales que Zapatero en sus ocho años de Gobierno y, lo que es más grave, nos anuncia para el presente año un crecimiento negativo del PIB (-1,7%) y una tasa de paro del 24,3%, lo que representa la destrucción de 630.000 puestos de trabajo que nos situará en el umbral de los seis millones de parados.

Las previsibles políticas regresivas sobre el aborto, incluso sobre la homosexualidad; la brutal represión de las movilizaciones de jóvenes estudiantes; el recorte de las ayudas a la TV española (dejando el poder mediático en manos de las televisiones autonómicas controladas por Gobiernos del PP y de las digitales en manos del poder económico más reaccionario); los recortes en la investigación, en la sanidad, en la enseñanza y en los servicios sociales; el próximo y previsible recorte presupuestario, que nos adentrará aún más en la recesión y el desempleo; la aberrante campaña antisindical, claramente antidemocrática; la ruptura unilateral del diálogo y la concertación social, echando a la basura el acuerdo entre los interlocutores sociales sobre la limitación de salarios; y, por último, la regresiva reforma laboral (que no tiene nada que ver con el déficit público), son algunos ejemplos de lo realizado por Rajoy en sus primeros meses de gobierno que, todo hay que decirlo, no han evitado un aumento del desempleo. Por otra parte, no debemos olvidar que el actual Gobierno tiene en estudio nuevas medidas: recorte de las prestaciones por desempleo; una ley de huelga que recorte los derechos constitucionales de los trabajadores; la reducción de cuotas a la seguridad social de los empresarios; el endurecimiento del acceso a la pensión de los jóvenes; y el copago sanitario. Tampoco es de recibo la renuncia del Gobierno a frenar el desplome de los ingresos fiscales -para corregir el déficit público- y, en concreto, a abordar una reforma fiscal que penalice a los que más tienen (suficiencia y progresividad), junto a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.


No es extraño -ante semejantes atropellos a los logros conseguidos por los trabajadores-que los sindicatos, cargados de razones (“no hay más radical que un moderado engañado”), hayan terminado por convocar una nueva huelga general (la séptima en democracia y la segunda al PP). Algunos ciudadanos, apelando a la responsabilidad de los sindicatos, han venido desaconsejando su convocatoria. Otros, en cambio, están dando la bienvenida a la convocatoria ante la imposibilidad de contestar con otras medidas a los abusos del Gobierno y argumentan que, por mucho menos, los sindicatos convocaron una huelga general a Felipe González, Aznar y Zapatero.

Lo que no cabe duda es que la huelga tiene riesgos para sus convocantes. La crisis económica; el desempleo; la precariedad de nuestro mercado de trabajo; la capacidad de presión mediática del Gobierno, que se visualizará intensamente en los días previos a la huelga y posteriormente en la “guerra de cifras”; el fuerte poder de coacción del empresario, sobre todo después de la reforma laboral; y, finalmente, el establecimiento de servicios mínimos abusivos que- como siempre ha ocurrido con todos los gobiernos- se impondrán con el propósito de abortar el éxito de la huelga, son elementos que se presentan como muy negativos para que los trabajadores más débiles secunden las movilizaciones.

A pesar de ello, los sindicatos no han tenido otra alternativa que convocar una huelga ante una política económica que empeorará la situación económica y aumentará el desempleo, a lo que se debe añadir la reforma laboral que suprime en la práctica la negociación colectiva, devalúa los salarios y el costo del despido y pone patas arriba un modelo de relaciones laborales que ha venido funcionando con éxito en España durante más de 30 años (ET, 1980). Los sindicatos no han tenido nunca tantas razones para ejercer un derecho constitucional como es el derecho de huelga; la prueba es que el propio Rajoy la esperaba como inevitable a pesar de que ahora la critica. 

A los derrotistas que dicen que no se consigue nada con las huelgas hay que decirles que la historia demuestra todo lo contrario. Aunque con altibajos, los sindicatos han conseguido a través de la movilización y la huelga importantes logros a corto y medio plazo. Además de estos logros hay que valorar los “intangibles” que se consiguen: mejora la correlación de fuerzas, consolida la capacidad de presión, evita nuevos atropellos y consigue mejorar el contenido de los acuerdos y convenios futuros.

En todo caso, la derecha política, los empresarios y las políticas neoliberales dentro de la UE merecen una respuesta adecuada ante las agresiones a los derechos y conquistas del conjunto del movimiento sindical. Por eso, los sindicatos deben buscar afanosamente que se secunde la huelga. Ello requiere una correcta organización de la misma y, en este sentido, los sindicatos deben recabar la colaboración y el apoyo del mundo de la cultura, de los movimientos sociales, de los indignados (15-M) y del movimiento estudiantil y universitario, con el propósito de explicar minuciosamente las razones y finalidades de la huelga. No sería explicable que aparezcan diferencias artificiales en esta ocasión al margen de lo que pretenden los sindicatos con la convocatoria de la huelga general: modificar sustancialmente el contenido de la reforma laboral y evitar que se siga atentando contra los derechos de los trabajadores recayendo exclusivamente en ellos el costo de la crisis, además de recuperar el diálogo y la concertación social como el mejor procedimiento para salir de la crisis.

La huelga está convocada por los sindicatos representando a todos los trabajadores afectados por la política del Gobierno: jóvenes desempleados y parados de larga duración con y sin prestación por desempleo, empleados públicos, trabajadores con contrato de trabajo fijo que pueden verse expulsados del mercado de trabajo por un proceso de sustitución de empleo fijo por un empleo en precario y con despido más barato; y, por supuesto, a la clase media en general muy afectada por el aumento de las desigualdades y de la pobreza (proletarización), así como a los jubilados y pensionistas que también están sufriendo las consecuencias de la crisis.

Por estas razones, esta huelga general es considerada justa y necesaria por una buena parte de la ciudadanía y eso siempre resulta estimulante para los convocantes (sindicatos) y para las diversas organizaciones que la apoyan, al margen de los resultados que se puedan conseguir a corto plazo para los trabajadores en su conjunto. En esta ocasión, también resultará favorable para la propia democracia vapuleada por los mercados.

La conclusión de este análisis determina que la huelga se ha convertido en una necesidad democrática, tal y como están las cosas. No podemos olvidar que esto no ha terminado y que, si nadie lo remedia, continuarán las medidas regresivas, porque los mercados son insaciables y ya conocen el camino para conseguir lo que pretenden. La pretensión última es el desmantelamiento del modelo social europeo, la drástica reducción de salarios y la precarización de las condiciones de trabajo. Un salto en el vacío que seguramente traerá consigo un aumento de las desigualdades y de la pobreza, la inestabilidad social y un modelo productivo obsoleto e incapacitado para competir con garantías de éxito en un mundo globalizado. Nadie puede desconocer que no es posible competir con el trabajo de esclavos…

Lo más grave de esta situación es que todo esto es posible por la estudiada complicidad y el doble juego de la CEOE, que ha abusado -junto al Gobierno- de la buena fe de los sindicatos, poniendo en grave riesgo la necesaria confianza entre los interlocutores sociales para continuar con el diálogo social: ¿quién se puede fiar de la CEOE de aquí en adelante con las políticas que defiende y con las penosas manifestaciones (en clave política) que están haciendo algunos de sus máximos responsables, particularmente el de Madrid?

Finalmente, en el plano político el posicionamiento de los partidos está resultando previsible. El PSOE e IU ya han mostrado su rechazo a la reforma laboral, aunque su poder en el parlamento resulta insuficiente para condicionar el texto final que, por el contrario, tendrá el apoyo de los nacionalistas catalanes (CIU). Menos clara está la repercusión de la reforma laboral y de la política económica del Gobierno en las elecciones a celebrar en este mes (25-M) en Andalucía y Asturias. La pregunta que se hacen muchos es si la repercusión de esta regresiva política será suficiente para evitar la mayoría absoluta del PP en Andalucía; la misma pregunta se hace en Asturias ante la división de la derecha que ha conducido inevitablemente al adelanto electoral y a levantar expectativas en torno a la oposición de izquierdas.

El problema que se vuelve a plantear en nuestro país es que el descontento sindical tiene una fácil canalización social (movilizaciones y huelga) y una difícil canalización política en la actualidad ante la falta de credibilidad del PSOE (muy afectado por la etapa Zapatero) y el escaso gancho electoral de IU y de los partidos minoritarios de izquierda de corte nacionalista. Nuevamente nos encontramos con la contradicción que representa el voto político (favorable a la reforma en el parlamento) y el voto sindical (contrario a la reforma en la calle). En todo caso, no debemos olvidar que los dos posicionamientos son legítimos, aunque a la vez contradictorios en si mismos, lo que demuestra que la dinámica política no tiene nada que ver con la dinámica sindical.

Debemos recordar que ello tiene mucho que ver con la escasa cultura política existente en nuestro país- que todavía conserva vestigios reaccionarios del pasado-, así como con la existencia de unos medios de comunicación controlados por un poder económico ultra liberal que siempre han resultado beligerantes en función de sus propios intereses.

Resumiendo: es evidente que los sindicatos tienen poderosas razones para ir a la huelga; sin embargo, no resultará fácil evitar que la crisis siga recayendo en los más débiles. Por eso, debemos seguir trabajando activamente en el presente y redoblar el esfuerzo para construir un futuro más justo y solidario que, no lo olvidemos, pasa por reforzar la centralidad del trabajo en una sociedad democrática. Sin duda, el futuro sigue estando en manos de los trabajadores.

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