domingo, 17 de febrero de 2013
hay alternativas, incluso dentro del euro
Juan Torres López*
La situación en la que se encuentra la economía española y la de otros
países de la Eurozona es dramática. Se mire por donde se mire,
permanecer en las condiciones en las que estamos no puede llevarnos sino
a un desastre de consecuencias imprevisibles.
No se trata de ser
catastrofistas sino de contemplar con realismo lo que está sucediendo y
de anticipar lo que es previsible que venga detrás, a la vista de lo que
ya ha ocurrido en otros países que pasaron por circunstancias parecidas
a las nuestras.
Permanecer sin más en el euro y aplicar las
políticas de austeridad va a destruir la actividad productiva y a poner
en las nubes la cifra de parados. Nos hundirá en la depresión durante
años y hará que se vaya acumulando un volumen de deuda insoportable que
imposibilitará cualquier tipo de cambio en el futuro inmediato. Seguir
como estamos, simplemente aguantar el chaparrón, es suicida y, a mi modo
de ver, la peor política posible.
La impresión generalizada es
que no hay alternativas a las imposiciones de Europa, que no queda más
remedio que obedecer lo que dice la señora Merkel y aplicar sin
rechistar lo que impone la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Es cierto que
nuestra pertenencia a la Unión Monetaria supone un corsé agobiante
teniendo en cuenta la forma tan inadecuada en que conformó en su día. Y
tan apretado que, a estas alturas, sería muy difícil salir de él sin
tener que soportar un trauma social extraordinario (de hecho, ni
siquiera está formalmente contemplado que un país abandone el euro) y
costes económicos muy grandes.
Pero, incluso en el marco de ese
estrecho corsé, hay posibilidades alternativas y caminos diferentes a
los que estamos siguiendo en España bajo el gobierno del Partido
Socialista primero y ahora del Partido Popular.
No me refiero
aquí a políticas concretas o sectoriales, de las que me ocupé junto a
Vicenç Navarro y Alberto Garzón en nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España
, sino a los grandes escenarios en las que podría ser posible afrontar
la parálisis económica en la que estamos como consecuencia, sobre todo,
del incremento de la deuda soberana y de la falta de demanda y
financiación que nos agobia.
En este sentido más general ta
mbién hay alternativas diversas, de diferente naturaleza y efectos, que
incluso son compatibles con la pertenencia al euro. Me he ocupado de
alguna de ellas en los últimos artículos que vengo escribiendo, que
pueden encontrarse en mi web ( http://www.juantorreslopez.com ), y ahora me voy a limitar a mencionar las cinco que señalaba Ellen Brown hace unos meses refiriéndose al caso griego ( G reece and the euro: fifty ways to leave your lover ) y que creo que son perfectamente extrapolables a nuestro país.
Una primera sería la emisión por parte del Banco de España de una
moneda complementaria al euro. Sería una moneda de curso legal
electrónica, cerrada, es decir, no convertible en otras divisas y
utilizada como paralela y complementaria del euro, solo en los
intercambios nacionales y que serviría para que se puedan realizar las
transacciones que ahora no se pueden llevar a cabo por insuficiencia de
euros.
Aunque su puesta en marcha presenta lógicas dificultades
técnicas y legales, que son comprensibles y evitables sin demasiados
problemas, tendría grandes ventajas porque permitiría reducir el déficit
comercial, bajar la necesidad de financiación y su coste, y propiciar
una rápida recuperación de la liquidez interna para dinamizar la
actividad empresarial y el consumo.
Otra segunda vía sería que
el propio Banco de España fuese el que emitiese euros para financiar sin
apenas coste al Estado y evitar así que éste tenga que pagar unos
intereses tan elevados como los que han provocado el gran incremento de
la deuda en los últimos años. Puede parecer una posibilidad estrambótica
pero lo cierto es que lo permite la normativa que regula el
funcionamiento del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y que
ya se ha utilizado en Irlanda. Si allí se permitió para salvar a los
bancos privados lo complicado sería justificar que no se haya permitido
para salvar a los países enteros.
La tercera es una vía que si
no ha sido utilizada ya es porque los gobiernos actúan o con una torpeza
gigantesca o con una enorme complicidad con los intereses privados más
poderosos. Como es sabido, el Banco Central Europeo tiene prohibido
financiar a los gobiernos y eso es lo que ha obligado a estos últimos a
endeudarse a altos tipos de interés en lugar de haberlo hecho sin apenas
coste (España ha debido pagar en concepto de intereses unos 350.000
millones de euros de 1995 a 2011). Pero el artículo 123.1 del Tratado de
Lisboa sí le permite financiar a las entidades de crédito públicas, de
modo que si se hubieran nacionalizado bancos o cajas de ahorros podrían
recurrir a la liquidez que proporciona el BCE sin apenas coste
(actualmente al 0,75%) y utilizarla, a diferencia de lo que están
haciendo los bancos privados que la reciben a manos llenas, para
proporcionar crédito a las empresas y consumidores.
El
argumento que se da para no adoptar estas dos vías anteriores es que
provocarían inflación. Pero eso no tiene fundamento. Si esa medida va
acompañada de un plan efectivo de recuperación económica no cabe temer
que produzca alza de precios y, en todo caso, no tiene por qué tener un
efecto inflacionista mayor que el que puede provocar el extraordinario
incremento de la base monetaria que se ha generado inyectando liquidez a
los bancos privados.
La cuarta vía que propone Ellen Brown la
hemos defendido también otros muchos economistas y organizaciones
sociales: un impuesto sobre las transacciones financieras. Algunos
cálculos, como el del investigador Simon Thorpe a partir de los datos
del Banco Central Europeo cifran el volumen total de transacciones
financieras en Europa entendidas en el más amplio sentido en 1.600
billones de euros ( Total Eurozone Transactions in 2011: € 1.6 quadrillion)
lo que da idea de la inmensa cantidad de recursos que se podría obtener
(además de otros efectos positivos de la medida) si se aplicase incluso
un impuesto moderado del 0,3 ó 0,5% .
Cualquiera de estas
medidas o su combinación permitiría abordar y solucionar los problemas
que padecemos con mayor eficacia y desde luego con mucha más justicia.
El mencionado Simon Thorpe pone el ejemplo de Grecia y señala que si
allí se crease una banca pública y esta recibiera prestado del Banco
Central Europeo al 1% el dinero suficiente para comprar la deuda griega,
podría amortizar ese préstamo en diez años solo con el rendimiento de
un modesto impuesto del 0,3% sobre las transacciones financieras. Es
decir, sin necesidad de recurrir a los dramáticos recortes y sacrificios
que se le están imponiendo a su población.
Finalmente, Ellen
Brown indica que los pueblos también tienen como alternativa, y como
derecho, el repudio de una deuda que es verdaderamente odiosa si se
tiene en cuenta que en gran parte es el resultado de manipulaciones en
los mercados o, simplemente, de no haber tomado medidas como las que
acabo de señalar y de las que ni siquiera nadie puede decir que sean
contrarias a lo establecido en las normas que regulan la unión
monetaria.
Es precisamente el hecho de que no se hayan tomado
para evitar fácilmente el sufrimiento de la población y la ruina de las
economías lo que demuestra que las políticas que se vienen imponiendo no
se aplican porque sean irremediables o no tengan alternativas sino
porque lo que se desea es favorecer con ellas a los grandes poderes
financieros y empresariales. Así lo demuestra el resultado distributivo
tan desigual que vienen produciendo. Y de ahí, justamente, el carácter
inmoral, odioso y repudiable de la deuda que generan.
Hay,
pues, alternativas, no diré abundantes pero sí suficientes, que si se
pusieran en marcha podrían evitar los daños que están causando las
políticas actuales de austeridad y recortes de derechos.
Nadie
afirma que los caminos alternativos sean de fácil factura o que su
implementación esté exenta de riesgos y dificultades pero lo cierto es
que están a nuestro alcance. Es mentira que no los haya y que solo se
pueda hacer lo que dictan los de arriba por boca de la señora Merkel. Se
podrían poner en marcha si hubiese voluntad política y eso demuestra
una vez más que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas y
neutras sino políticas que tienen más bien que ver con el poder y con
la democracia realmente existente.
viernes, 18 de enero de 2013
el conflicto en mali servirá de pretexto para una intervención militar occidental en argelia
Exactamente como se predijo, el curso de la "intervención" francesa en la nación norteafricana de Malí se ha extendido a Argelia - el siguiente objetivo más probable de los intereses geopolíticos occidentales en la región desde la exitosa desestabilización de Libia en 2011. En el artículo de la semana pasada "La hipocresía de Francia mientras caen las bombas en Malí" se señaló específicamente que:
"Ya en agosto de 2011, Bruce Riedel, del think-tank financiado por el sistema financiero corporativo, la Institución Brookings, escribió que "Argelia será la próxima en caer", donde alegremente predijo que el éxito en Libia podría envalentonar a los elementos radicales en Argelia, AQMI en particular. Entre la violencia extremista y la perspectiva de ataques aéreos franceses, Riedel esperaba ver la caída del gobierno argelino. Irónicamente Riedel señaló:
Argelia ha expresado particular preocupación de que los disturbios en Libia podrían llevar al desarrollo de un refugio seguro y principal santuario de Al-Qaeda y otros yihadistas extremistas.
Y gracias a la OTAN, eso es exactamente en lo que se ha convertido Libia - un santuario patrocinado por Occidente para Al-Qaeda. El avance de AQMI (al-Qaeda en el Magreb Islámico) en el norte de Malí y la participación francesa ahora verá el conflicto inevitablemente extenderse a Argelia. Debe tenerse en cuenta que Riedel es co-autor del libro "Wich path to Persia?" que abiertamente conspira para armar a una nueva organización listada como terrorista por el Departamento de Estado de EE.UU. (listada como la #28), los Mujahedin-e Khalq (MEK) para causar estragos en todo Irán y ayudar a derrumbar el gobierno de ese país - que muestra un patrón de utilización de organizaciones claramente terroristas, incluso las que figuran como tal por el Departamento de Estado de EE.UU., para llevar a cabo la política exterior de EE.UU."
Ahora, se informa de que terroristas vinculados a al-Qaeda han tomado rehenes estadounidenses en Argelia en lo que está siendo descrito por la prensa occidental como un "desbordamiento" de las operaciones de Francia en Mali. The Washington Post, en su artículo, "Militantes vinculados a al-Qaeda se apoderan de un complejo petrolero de BP en Argelia, toman rehenes en venganza por Malí", afirma:
"Mientras los helicópteros militares argelinos sobrevolaban el desierto del Sahara, los militantes islamistas se escondieron para pasar la noche en un complejo de gas natural que habían asaltado la mañana del miércoles, matando a dos personas y tomando decenas de rehenes extranjeros en lo que podría ser el primer derrame de la intervención de Francia en Malí".
The Wall Street Journal, en su artículo, "Militantes toman rehenes estadounidenses en Argelia", informa que:
"Militantes con posibles vínculos con al-Qaeda han capturado unos 40 rehenes extranjeros, incluidos varios estadounidenses, en un campo de gas natural en Argelia, lo que representa un nuevo nivel de amenaza para los países que tratan de mitigar la creciente influencia de los extremistas islámicos en África.
Mientras los agentes de seguridad en los EE.UU. y Europa evaluaron las opciones para llegar a los cautivos desde bases lejanas, las fuerzas de seguridad argelinas fracasaron en su intento de asaltar la noche del miércoles las instalaciones".
El Wall Street Journal también ha añadido:
"El secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que los EE.UU. tomarían" las medidas necesarias y adecuadas "en la situación de los rehenes, y no descartó una acción militar. Agregó que el ataque en Argelia podría representar un derrame del conflicto de Malí."
Y es la acción militar, tanto encubierta como cada vez mas manifiesta, la que hará que los elementos extremistas manipulados por Occidente y sus falsos esfuerzos por frenarlos, que cada vez más se infiltren y se extiendan a través de la frontera entre Malí y Argelia, al tiempo que los viejos mapas imperiales de Europa se vuelven a redibujar ante nuestros ojos.
Imagen: El imperio francés en su apogeo justo antes de las guerras mundiales. Las regiones que son ahora Libia, Argelia, Mali y Costa de Marfil, todas afrontan una reconquista por parte de los franceses y anglo-americanos, con las tropas francesas, literalmente, ocupando la región y desempeñando un papel fundamental en la instalación de regímenes afines a Occidente. Observe también que Siria era también un holding francés - ahora bajo el ataque de terroristas financiados, entrenados y respaldados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña - los mismos terroristas contra los que supuestamente luchan en Malí y ahora en Argelia.
Mientras tanto, estas fuerzas terroristas mismas continuan recibiendo fondos, armas, apoyo militar encubierto y reconocimiento diplomático en Siria, por porte de la OTAN, y en particular los EE.UU. y Francia, que son a la vez los que afirman luchar contra los aliados ideológicos del "Ejército Libre de Siria" en el norte de África. En realidad, Al Qaeda está permitiendo que los EE.UU. y Francia intervengan e interfieran en Argelia, después de varios intentos en 2011 de provocar la subversión política que fue derrotada por el gobierno argelino. Al Qaeda es esencialmente a la vez un casus belli y una fuerza mercenaria, desplegada por Occidente contra los países que son su objetivo. Es evidente que las operaciones francesas tratan de desencadenar conflictos armados en Argelia, así como una posible intervención militar occidental allí también, con el conflicto de Malí sirviendo sólo como un pretexto.
domingo, 2 de diciembre de 2012
¿por qué obama está silenciando la nueva guerra en el congo?
Shamus Cooke*
La
última guerra del Congo acabó en 2003 después de causar 5,4 millones de
muertos, el mayor desastre humanitario desde la Segunda Guerra Mundial.
El silencio internacional permitió aquella masacre al ignorar la guerra
y ocultar sus causas porque los gobiernos apoyaban a los grupos
involucrados en los combates. Ahora ha empezado otra guerra en el Congo y
el silencio, otra vez, es atronador.
Podría
parecer que el presidente Obama no se ha enterado de que ha estallado
otra guerra en el Congo, marcada todavía por la guerra anterior, y que
no ve el problema de los refugiados ni los crímenes de guerra cometidos
por la milicia M23 que invade el país y ataca al gobierno de la
República Democrática del Congo (RDC) elegido democráticamente.
Pero
las apariencias engañan. Las manos del gobierno estadounidense están
tan manchadas de sangre en este conflicto del Congo como lo estuvieron
en el anterior, bajo la presidencia de Bill Clinton. La inmovilidad del
presidente Obama es un aliento voluntario para los invasores de la misma
manera que lo fue la de Clinton. En vez de denunciar la invasión y el
intento de derrocar a un gobierno democrático elegido, Obama se
convierte en cómplice voluntario de los invasores guardando silencio, un
silencio muy expresivo.
¿Por
qué hace esto Obama? Los invasores están armados y financiados por
Ruanda, una «gran aliada», una marioneta de Estados Unidos. La ONU ha
publicado un informe que demuestra que el gobierno de Ruanda apoya a los
rebeldes, pero el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses
pretenden que creamos que esa información es cuestionable.
La
última guerra del Congo causó 5,4 millones de muertos y también fue
consecuencia de la invasión de soldados ruandeses y ugandeses, como
explica el periodista francés Gérard Prunier en su excelente obra La guerre mondiale de l’Afrique.
De
hecho hay numerosos criminales de guerra ruandeses implicados en la
última guerra del Congo y perseguidos por la Corte Penal Internacional,
como Bosco Ntaganda, dirigente de la milicia M23. El presidente de
Ruanda, Paul Kagame, es un «gran amigo» de Estados Unidos y uno de los
criminales de guerra más notorios del mundo por el papel principal que
desempeñó en el genocidio ruandés y en la guerra del Congo que tuvo
lugar a continuación.
Un
grupo de militantes congoleños y ruandeses no deja de reclamar que se
juzgue a Kagame por su papel clave en el genocidio ruandés.
Como
explica Prunier en su libro, el genocidio ruandés fue desencadenado por
la invasión de Ruanda de Kagame –desde Uganda, aliada de Estados
Unidos- Cuando Kagame tomó el poder en Ruanda tras el genocidio, informó
a Estados Unidos –durante un viaje a Washington- de que iba a invadir
el Congo. En La guerre mondiale de l’Afrique Prunier cita a Kagame:
«He
mencionado (a Estados Unidos) el hecho de que si la comunidad
internacional no hace nada (contra el Congo), Ruanda actuará… Pero ellos
(el gobierno de Clinton) no han dado respuesta» (p. 68)
En
el lenguaje de la diplomacia internacional, el hecho de no responder a
la amenaza de una invasión militar constituye una luz verde diplomática
indiscutible.
Obama vuelve a dar la misma luz verde cegando a los mismos criminales de guerra mientras vuelven a invadir el Congo.
¿Pero por qué empezar otra guerra? El presidente de la RDC, Joseph Kabila, colaboró
en la invasión militar durante la última guerra congoleña. Como un buen
chucho entregó la inmensa riqueza mineral y petrolera del Congo a las
multinacionales. Pero enseguida empezó a tirar de su correa.
Se
distanció de las marionetas estadounidenses de Ruanda y Uganda, por no
hablar del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial controlados
por Estados Unidos. El FMI, por ejemplo, desaconsejó a Kabila que
firmara un acuerdo estratégico de desarrollo e infraestructuras con
China, pero Kabila no hizo caso. Según The Economist:
«…Parece
que (El Congo) ha ganado el combate que le enfrentaba a los donantes
extranjeros con respecto a un acuerdo de explotación minera y de
desarrollo de las infraestructuras, por valor de 9.000 millones de
dólares, que firmó el año pasado con China. El FMI, que se oponía con la
objeción de que el acuerdo impondría al Congo una nueva deuda masiva,
rechazó la anulación de la deuda de más de 10.000 millones de dólares
que ya tiene el Congo».
Esos
sucesos han convertido de pronto al dudoso amigo Kabila en enemigo.
China y Estados Unidos se precipitan ambos como locos sobre la inmensa
riqueza de materias primas de África y EE.UU. no tolera la nueva alianza
de Kabila con China.
Kabila
ha enojado todavía más a sus antiguos aliados con la exigencia de
renegociar contratos que garantizarían grandes beneficios a las
multinacionales que explotasen los metales preciosos del Congo, con el
fin de que el país se beneficie un poco de sus propias riquezas.
La
RDC posee el 80% del cobalto mundial, un mineral muy precioso que se
utiliza en la fabricación de aparatos tecnológicos modernos como armas,
teléfonos móviles y teléfonos fijos. La RDC probablemente es el país más
rico del mundo en recursos minerales –tiene de todo en abundancia,
desde diamantes hasta petróleo- pero su población es una de las más
pobres del mundo porque desde hace generaciones se saquean sus riquezas.
Y
ahora se perfila una nueva guerra y la ONU no se mueve. Ya hay 17.500
cascos azules en la RDC sin hablar de las fuerzas especiales
estadounidenses. La milicia M23 de los invasores cuenta con 3.000
combatientes. ¿Cuál fue la reacción de la ONU a la invasión? Según el New York Times:
«Los
oficiales de la ONU dicen que no tienen bastante personal para repeler a
los rebeldes y que temen daños colaterales, pero muchos congoleños han
dado su propio veredicto. El miércoles, los agitadores de Bunia, al
norte de Goma, saquearon las instalaciones del personal de las Naciones
Unidas».
Si
Obama y/o la ONU hubieran declarado oficialmente que defenderían
militarmente de la invasión al gobierno congoleño elegido
democráticamente, la milicia M23 no se habría movido.
La
Organización de los Derechos Humanos y otros grupos han acusado, con
razón, a los comandantes de M23 «de masacres étnicas, reclutamiento de
niños, violaciones masivas, asesinatos, secuestros y torturas».
Pero en la ONU el gobierno de Obama ha defendido activamente a la milicia. El New York Times añade:
«Algunos
grupos de defensa de los derechos humanos reprochan a Susan E. Rice, la
embajadora estadounidense en las Naciones Unidas y principal candidata
al puesto de secretaria de Estado del presidente Obama, que hasta ahora
ha sido demasiado blanda con Ruanda, aliada fiel de Estados Unidos, y
con su presidente, Paul Kagame, a quien conoce desde hace años. Los
militantes la han acusado de dulcificar una resolución del Consejo de
Seguridad que debía mencionar los vínculos del M23 con Ruanda y de
intentar bloquear la publicación de una parte de un informe de la ONU
que detallaba la forma en que Ruanda apoyaba en secreto al M23».
Es
probable que la administración de Obama abandone su inmovilidad en
cuanto sus aliados del M23 consigan derrocar al régimen y reabran el
acceso de las multinacionales estadounidenses a las riquezas congoleñas.
En este momento ya hay conversaciones en Uganda, un país a las órdenes
de Estados Unidos, entre el M23 y el gobierno congoleño. Es poco
probable que esas conversaciones den muchos resultados a menos que
Kabila dimita y esa dimisión permita al M23 y a sus patrocinadores
ruandeses tomar el poder en el país. El M23 sabe que está en una
posición favorable para negociar, con el silencio de la ONU y del
gobierno estadounidense.
Si
la guerra se eterniza, habrá que esperar más silencio internacional,
más masacres y limpiezas étnicas y que al pueblo congoleño, que todavía
no se ha recuperado de la guerra anterior, le arrojen a los campos de
refugiados donde volverá a ser masacrado por la milicia, violado,
hambreado y sometido a toda la barbarie que acompaña a esta guerra
particularmente brutal, una barbarie que se desencadena sin límites
protegida por el silencio.
martes, 13 de noviembre de 2012
los motivos de la eurohuelga
Vicenç Navarro
Partidos conservadores y neoliberales están gobernando, tanto en
España como en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo los
de la Eurozona, implementando políticas públicas que tienen como
consecuencia: 1) la realización de reformas laborales que conllevan la
disminución de los salarios y el aumento del desempleo; 2) el descenso
de la población activa; 3) la reducción de la protección social; 4) el
recorte del gasto público social; 5) la privatización de las
transferencias y de los servicios públicos del Estado del Bienestar; 6)
la reducción de los derechos laborales y sociales; 7) la disminución y
privatización de las pensiones públicas; y 8) el debilitamiento de la
negociación colectiva y de los sindicatos. La evidencia de que esto está
ocurriendo es robusta y claramente convincente (ver sección Economía
Política en www.vnavarro.org).
Donde tales políticas han alcanzado su máximo desarrollo ha sido en los
países periféricos de la Eurozona, y muy en particular Grecia, Portugal
y España. No es por casualidad que estos tres países sean los países
donde las fuerzas conservadoras han sido más poderosas e influyentes en
sus Estados durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Todos ellos
han tenido dictaduras fascistas o fascistoides por un largo periodo de
su historia e, incluso, durante su periodo democrático, cuando han
estado gobernados por partidos de centro izquierda, las políticas de
estos gobiernos han estado seriamente condicionadas por tales fuerzas
conservadoras.
Tal dominio conservador explica que estos Estados
se caractericen por: 1) ser muy pobres (sus ingresos al Estado
representan sólo el 34% de su PIB en España, el 37% en Grecia y el 39%
en Portugal, porcentajes mucho más bajos que el promedio de la UE-15,
44%, y mucho, mucho más bajos que en Suecia, el país donde las
izquierdas han gobernado por más tiempo durante los últimos cincuenta
años, y cuyo porcentaje es el 54%; 2) tener escasa sensibilidad social
con sus Estados del Bienestar (transferencias, pensiones y servicios
públicos, como sanidad, educación y servicios sociales) muy poco
financiados (su gasto público social como porcentaje del PIB es el 22%
en España, el 25% en Grecia y el 24% en Portugal, de nuevo más bajos que
el promedio de la UE-15 con un 27% y mucho, mucho más bajos que el de
Suecia, 30%); 3) la escasez de los recursos públicos, incluyendo empleo
en los servicios de tal Estado del Bienestar –como, de nuevo, sanidad,
educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas
con dependencia, servicios sociales, entre otros- (sólo uno de cada diez
adultos trabaja en tales servicios en España, comparado con uno de cada
cuatro en Suecia. Si en España fuera uno de cada cuatro, se crearían
cinco millones más de puestos de trabajo, eliminando con ello el
desempleo); 4) tener las políticas públicas más regresivas y menos
redistributivas de la UE-15. (La pobreza en España se reduce, mediante
las políticas del Estado -tanto central como autonómico-, sólo 4 puntos,
pasando del 24% de la población al 20%, el porcentaje de reducción de
la pobreza más bajo –junto con Grecia y Portugal- de la UE-15. El
promedio de la UE-15 es de 9 puntos, y en Suecia es de 14 puntos. Como
consecuencia, España, Grecia y Portugal son los países con mayor
porcentaje de la población que son pobres); 5) tener las cargas
impositivas más regresivas e injustas (el trabajador de la manufactura
en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia.
El súper rico español, el 1% de la población con mayor renta, paga en
impuestos sólo el 10% de lo que paga el súper rico en Suecia); 6) tener
los fraudes fiscales más elevados de la UE-15 y también más concentrados
en las rentas superiores y en las rentas derivadas del capital (en
España el 74% del fraude fiscal -44.000 millones de euros- lo realizan
las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150
millones de euros al año –un 0,12% de todas las empresas- y la banca. Un
tanto semejante ocurre en Grecia y Portugal).
En todos estos
países un porcentaje muy reducido de la población (las élites
financieras, económicas y mediáticas) tiene una enorme influencia sobre
sus Estados, habiendo diseñado sistemas políticos de escasa
representatividad electoral. Esta característica es especialmente
acentuada en España, donde la Transición (mal definida como modélica) de
la dictadura a la democracia, se hizo en términos muy favorables a las
fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la gran
mayoría de medios de información y persuasión. De ahí que el sistema
electoral sea escasamente proporcional y representativo.
Las consecuencias de este dominio conservador
La reducción de la capacidad adquisitiva de la población, resultado del
descenso real de los salarios forzó a las familias a endeudarse,
beneficiando con ello a la banca, la cual, en maridaje con la actividad
más especulativa de la economía española, la actividad inmobiliaria,
creó la burbuja inmobiliaria, alimentada también con dinero procedente
de la banca alemana (entre otras) que hizo extraordinarios beneficios en
aquella inversión especulativa. Durante el boom económico, creado
artificialmente por tal burbuja, fuerzas conservadoras forzaron reformas
fiscales, bajando los impuestos a las rentas superiores y a las rentas
del capital (20.000 millones de euros en España), que beneficiaron
predominantemente a los sectores más pudientes de la sociedad, creando a
la vez un agujero en las cuentas del Estado, que apareció más tarde
cuando la burbuja estalló y el déficit del Estado apareció en toda su
dimensión.
Como respuesta, el Estado español (así como el griego
y el portugués) intentó reducir tal déficit, no mediante la reversión
de los recortes de impuestos implementados durante la época de falsa
bonanza, sino recortando el ya escasísimo gasto público social. Así se
congelaron las pensiones para conseguir 2.000 millones de euros, cuando
se podían haber obtenido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el
patrimonio o 2.552 millones anulando la bajada de los impuestos de
sucesiones. Y, más recientemente, las mismas fuerzas conservadoras han
ido recortando 6.000 millones de euros en la sanidad española, cuando se
podrían haber obtenido 5.300 millones anulando la bajada de impuestos
de las grandes compañías financieras. Hoy el Estado español ha apoyado a
la banca con una cantidad semejante al 10% del PIB a la vez que están
recortando a diestro y siniestro los servicios y transferencias del
Estado del Bienestar. Diariamente se están echando a más de 500 familias
de sus hogares por no poder pagar su hipoteca, a la vez que se está
ayudando a los bancos con el dinero de todos. Y se están imponiendo
enormes sacrificios, y otros que vendrán, para pagar a la banca, tanto
española como alemana (entre otras), el dinero que como usurera está
consiguiendo a costa de unas prácticas inmorales, injustas y
antidemocráticas.
Y digo antidemocrática porque, tal como indiqué en mi artículo “La necesaria huelga general” (Público, 01.11.12),
todas estas políticas que se están llevando a cabo no tienen ningún
mandato popular, pues ninguna de ellas estaba en los programas
electorales sobre los que fueron elegidos. De ahí la necesidad en todos
estos países de protestar y denunciar estas prácticas que se están
realizando en contra y a espaldas de la gran mayoría de su población. Lo
que estamos viendo en cada uno de estos países es el gobierno de una
minoría a favor de una minoría, en contra de una mayoría. Las derechas
de siempre, en cada uno de ellos, están ahora, bajo el falso argumento
de que no hay alternativas, intentando conseguir lo que siempre
desearon: la reducción de los salarios y de la protección social y la
eliminación del Estado de Bienestar. Y no se puede permitir, por mera
salud democrática, que ello ocurra. De ahí que se hayan convocado
Huelgas Generales y/o movilizaciones el próximo día 14 de noviembre en
cada uno de ellos, para protestar e impedirlo. La propia existencia de
la democracia está en peligro.
lunes, 1 de octubre de 2012
otra estafa: el test que han hecho a los bancos también tiene trampas
Juan Torres López
En diversas
ocasiones he demostrado que la crisis que padecemos es en realidad una
sucesión de estafas cometidas por los banqueros, las agencias de
calificación, los gobiernos, los grandes medios de comunicación, y los
bancos centrales, entre otros (ver La crisis, una estafa detrás de otra).
La
sucesión de engaños es realmente impresionante y es raro que pase una
semana o dos sin que tengamos que hacernos eco de una nueva. La
penúltima, en España, han sido los desvergonzados Presupuestos Generales
del Estado que ha presentado el Gobierno de Rajoy y sobre los que
escribí ayer (Presupuestos 2013, un engaño más).
Pero es que el mismo día en que fueron presentados volvimos a sufrir
una nueva estafa, ahora con el test que acaban de realizar a los bancos
españoles supuestamente con el fin de conocer rigurosamente su situación
patrimonial presente y futura.
La verdad es que era fácil
aventurar que algo de eso iba a ocurrir dado que diversos portavoces del
gobierno y de la banca llevaban días diciendo que las necesidades eran
más o menos de 60.000 millones de euros. Y, sobre todo, sabiendo que
quien iba a hacer el test es Oliver Wyman, la consultora que, entre
otros grandes hitos financieros, calificó a Anglo Irish como el “mejor
banco del mundo” poco antes de que quebrase.
¡Y así ha sido!
Pero resulta que no se ha tardado ni 48 horas en descubrirse que las
cifras del test están trucadas para que saliese la cantidad que
previamente habían decidido que tenía que salir.
Efectivamente,
nada más conocerse los resultados del test, diversos analistas han
puesto de relieve que está hecho a base de mentiras y trampas ( ver El test de Oliver Wyman ha cocinado la cifra de 60.000 millones para la banca y no son datos creíbles ).
El truco
Los
temas financieros suelen ser complicados y difíciles de entender para
la gente normal y corriente pero creo que en este caso se puede explicar
fácilmente donde radica el engaño para que cada uno saque entonces
conclusiones.
Antes que nada hay que saber que estos test son
sencillamente un ejercicio de simulación: se establecen unos escenarios
hipotéticos para la economía, y se analiza cómo pueden afectar a los
créditos que han dado los bancos para saber, finalmente, cuántas
pérdidas van a tener y, si las tienen, si les hará falta o no capital
adicional para absorberlas.
La clave, por tanto, está en acertar en tres cuestiones:
a) el escenario que se cree que se va a dar.
b) los diferentes activos o créditos que tienen los bancos y cómo les va a afectar cada situación,
c) la exigencia de capital necesario para hacer frente a cada situación.
Pues
bien, al análisis que ha hecho la empresa Oliver Wyman por encargo del
gobierno se le descubren fácilmente los siguientes "fallos":
El
primero podría ser más discutibles y es que los escenarios que contempla
(uno base más favorable y al que califica como adverso) son demasiado
optimistas, de modo que los efectos sobre la situación de los bancos es
mucho más suave que los que se deducirían si se hubiera establecido
otros más realistas.
El segundo es que, para que le salgan los
números que antes de hacer el examen se quería que saliesen, contempla
dos exigencias de capital distintas en cada escenario. En el favorable
se fija que los bancos deben mantener en el llamado capital core
(es decir, en el capital puro con el que de verdad pueden hacer frente a
supuestas pérdidas) el 9% de los créditos concedidos. Un porcentaje que
no es gratuito sino que es el establecido este verano pasado por el
propio gobierno siguiendo las directrices europeas. Sin embargo, en el
escenario adverso solo fijan el 6%.
De esta forma, no solo se
contraviene la legislación sino que se comete un absurdo: se pide a los
bancos menos capital para hacer frente a pérdidas si la situación es
peor que si es mejor . Y el absurdo se refleja con toda nitidez en el
propio informe que señala que al Banco de Santander y al BBVA le
"sobrará" menos capital en la situación favorable que en la situación
adversa (al primero, 19.181 millones de euros y 25.297 millones de
euros, respectivamente, y al BBVA 10.945 millones y 11.183 millones).
El
examen también tiene un fallo garrafal a la hora de considerar los
activos o créditos que pueden dejar de cobrarse en cada escenario.
Efectivamente,
para deducir las posibles pérdidas de los bancos españoles se
contabilizan el total de 1,4 billones de euros que tenían concedidos en
créditos a finales de 2011 (227.000 a empresas inmobiliarias, 602.000 en
hipotecas hogares, 254.000 a grandes empresas, 237.000 a Pymes y
115.000 en otros créditos diversos). Y a partir de ahí se estima que en
el escenario favorable los bancos perderían 129.400 millones de euros
(64.900 millones de inmobiliarias, 10.900 millones de hipotecas a
familias, 14.000 de las grandes empresas y 25.000 millones de las
Pymes). En el escenario adverso las pérdidas se serían 209.100 millones
de euros.
Al comparar esas pérdidas estimadas con el capital de
cada uno de los bancos es como se deduce que las exigencias de capital
total serán de 26.000 millones de euros en el escenario más favorable y
de 54.000 millones en el escenario adverso ( 59.300 millones sin
considerar los procesos de fusión y el impacto fiscal) .
Ahora
bien, el optimismo de esas cifras proviene, en primer lugar, de que el
examen no ha tomado en cuenta los créditos que la banca española ha
concedido al Estado español y que según el Banco de España a finales de
agosto alcanzaban una cifra de 184.511 millones de euros.
Es
mucho suponer que la banca española vaya a cobrar todo ese crédito
soberano, es decir, que a corto o medio plazo no se vaya a producir en
España una quita o reestructuración de la deuda que suponga pérdidas
adicionales a los bancos que la posean.
Y en segundo lugar,
algún analista también ha detectado que hay trampas en los cálculos
efectuados para cada una de las entid ades. Así Guru Huky demuestra que
con otras hipótesis más realistas que las del examen de Oliver Wyman a
La Caixa no le sobrarían 5.700 millones de euros sino que le faltan casi
4.800 millones de euros (ver Informe Oliver Wyman. Tres trampas y una mentira y La trampa del test de estrés de Oliver Wyman. En realidad sólo 4 bancos no necesitán más capital ).
Y a estas trampas hay que sumar evidentemente el mismo engaño que se
produce cada vez que se le da dinero a bancos: que todo se hace para que
vuelvan a dar crédito a empresas y consumidores. Incluso el muy
optimista test de Oliver Wyman demuestra que la banca española va a
acumular enormes pérdidas en los próximos años y que tendrá que ir
reduciendo "apalancamiento", es decir, el porcentaje de crédito sobre su
capital. Por lo tanto, será prácticamente imposible que el crédito
fluya mientras se siga esta política de rescatar a bancos que están
medio muertos para salvar a los banqueros.
¿Hasta cuándo?
En conclusión, los ciudadanos vamos a ser engañados una vez más: ya lo
hicieron hace unos meses cuando después de examinar a Bankia el Banco de
España afirmaba que estaba perfectamente, tal y como sucedió en otros
países con otros bancos, que cayeron pocos meses o semanas después de
haber superado "exitosamente" test de solvencia bancaria como los de
ahora.
Tienen previsto darle a los banqueros lo que haga falta
para salvarlos y ya han decidido que el dinero lo pongamos la gente
normal y corriente. Y punto. Si hace falta inventarse continuamente
números, informes y mil excusas, se inventan.
Lo impresionante
es el poder de manipulación tan imponente que han acumulado y que les
está permitiendo robar a plena luz del día sin que haya una movilización
social gigantesca que les pare los pies de una vez por todas.
lunes, 17 de septiembre de 2012
¿es ee.uu. una democracia?
Vicenç Navarro*
Esta pregunta parece, a primera vista,
una provocación, pero no lo es. En un momento como el actual con una
extensa cobertura mediática de las elecciones a la Presidencia y al
Congreso de EEUU, en la que aparece un debate vivo e intenso entre dos
posturas distintas representadas por dos opciones claramente
diferenciadas, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, cuyos
candidatos a la Presidencia del país han sido resultado de unas
primarias, especialmente intensas en el caso del Partido Republicano,
tal pregunta será interpretada por la sabiduría convencional que tales
medios reproducen, como una “frivolidad” en el mejor de los casos, o
como un indicador más del supuesto “antiamericanismo” que supuestamente
caracteriza a las izquierdas europeas. Puesto que tal acusación ya se ha
hecho en más de una ocasión, me siento en la necesidad de aclarar que
he vivido durante muchos años en EEUU y que me siento comprometido
emotiva y políticamente con el bienestar de las clases populares de
aquel país a las que he intentado servir durante mis años de trabajo en
EEUU (desde las aulas de la academia hasta los despachos de la Casa
Blanca), siendo mis críticas a las instituciones representativas de
aquel país fruto de tal compromiso, pues comparto la percepción
generalizada que tiene la mayoría de la población estadounidense de que
tales instituciones representativas no representan en realidad sus
intereses. El 85% (repito, el 85%) de la población estadounidense, por
ejemplo, no considera que el Congreso de los EEUU represente sus
intereses. Y cuando se les pide a quién creen que representa, la
respuesta mayoritaría (el 82%) es la Corporate Class (los componentes de
las élites empresariales de las grandes compañías o empresas del país).
La mayoría de la población lleva razón.
Los debates de la vida política se hacen dentro de unos márgenes muy
limitados definidos precisamente por tal Corporate Class, que es la que
financia el proceso electoral y las campañas electorales de la gran
mayoría de los políticos. Ni que decir tiene que existe diversidad en el
abanico de propuestas hechas por los dos partidos mayoritarios –el
Partido Republicano y el Partido Demócrata-, diversidad que es la que
alimenta el debate político y mediático en el país. Pero tal diversidad
está muy limitada debido a las fronteras ideológicas definidas por la
Corporate Class. Existen miles de ejemplos de esta falta de diversidad.
Por ejemplo, todas las ofertas de cambio en el sistema de sanidad,
eminentemente privado (aunque financiado públicamente en un 48% de todo
el gasto sanitario) no cuestionan el protagonismo de las compañías de
seguro privadas en la gestión del sistema, y ello a pesar de que según
las encuestas de opinión popular, una mayoría de ciudadanos en aquel
país preferiría un sistema (como existe en Canadá) en que el papel de
tales compañías sería muy inferior. En realidad, la aplicación del
sistema canadiense en EEUU permitiría la extensión de la cobertura
sanitaria a toda la población (medida deseada por la mayoría de la
población) a un coste mucho menor que el actual de EEUU (que alcanza a
ser un 16% del PIB). Tal posibilidad, sin embargo, ha sido descartada,
incluso por el Presidente Obama. Las compañías de seguros privadas han
financiado extensamente las campañas de todos los candidatos (tanto de
los demócratas como de los republicanos) a la Presidencia de EEUU,
impidiendo que tal alternativa sea incluso discutida. Y ello, repito, a
pesar de su popularidad.
La baja calidad democrática de los sistemas mayoritarios
El sistema bilateral mayoritario, sin
ningún sesgo de proporcionalidad, favorece esta captura de los partidos
por los componentes de la Corporate Class. Es paradójico que EEUU, el
prototipo del sistema electoral mayoritario sea tomado como ejemplo por
algunas voces en España. El reciente artículo en El País “Una teoría de
la clase política española” (14.09.12) proponiendo el sistema
mayoritario muestra un claro desconocimiento de su autor, César Molinas,
de la realidad política estadounidense, el sistema mayoritario “por
excelencia”. En realidad las graves limitaciones que existen en la
democracia española se basan precisamente en la escasa proporcionalidad
de su sistema electoral. El protagonismo de la vida política y mediática
del país por parte de dos opciones mayoritarias (favorecido por tal
sistema electoral) en España ha empobrecido enormemente la vida política
del país, facilitando, a su vez, su adaptación (cuando no coaptación) a
los poderes financieros y económicos dominantes en España. No es
extraño, por cierto, que los movimientos a favor de cambios profundos en
sus sistemas democráticos –como el Occupy Wall Street y el 15M- hayan
ocurrido en dos de los países con menor proporcionalidad en su sistema
político (EEUU y España).
La privatización del sistema electoral
El otro problema de la democracia
estadounidense es la privatización del sistema electoral. Las elecciones
son financiadas predominantemente por fondos privados provenientes en
su gran mayoría de las grandes empresas y de los grupos fácticos que
donan su dinero con el objetivo (exitoso) de influenciar a aquellos que
reciben el dinero. La gran mayoría de fondos que financian a los
candidatos (incluyendo a Barack Obama en las últimas elecciones
presidenciales y en las presentes) procedían y proceden de grandes
empresas o asociaciones comerciales o profesionales.
Esta situación ha alcanzado su máxima
dimensión con la aprobación por parte del Tribunal Supremo de EEUU, de
una sentencia, en el caso Citizens United vs Federal Electoral
Commission, permitiendo que las empresas pudieran dar tanto dinero como
quisieran a los candidatos políticos a fin de influenciar las elecciones
y/o las decisiones políticas. Estas empresas pueden, incluso, ser
extranjeras. Hemos visto así como el Instituto Americano del Petróleo
(IAP), el portavoz de las compañías petrolíferas, se ha gastado 7.3
millones de dólares para oponerse (exitosamente) a cualquier legislación
federal que previniera el calentamiento ambiental, resultado de la
utilización de petróleo. Uno de los dirigentes más activos ha sido Tofiq
Al-Gabsani, el representante de las empresas petrolíferas basadas en
Arabia Saudí, hoy uno de los mayores financiadores del candidato
republicano Romney.
La participación activa del IAP en la
financiación del Partido Republicano fue la causa de que el 86% de los
nuevos miembros republicanos en las últimas elecciones al Congreso de
EEUU firmaran un manifiesto, redactado por IAP, en el que se
comprometían a oponerse a cualquier tipo de legislación que regulara el
comportamiento de la industria petrolífera para prevenir el cambio
climático. El IAP ha negado que el obvio cambio climático tenga nada que
ver con la utilización del petróleo, financiando estudios de nula
credibilidad científica que supuestamente muestran que tal cambio
climático se deba a causas naturales (ver Lee Fang “How Citizens United
unleashed millions in secretive spending by US and foreign firms”. The
Nation. 27.08.12).
Otro ejemplo es la Asociación de la
Industria Farmacéutica, que ha gastado 10 millones de dólares para
evitar (exitosamente) que el gobierno federal sea el que defina el
precio de los fármacos que éste compra, con lo cual el precio de tales
fármacos los dicta la propia industria farmacéutica en lugar del
gobierno federal. EEUU es el único país que no utiliza su enorme poder
de compra de fármacos para dictar los precios de los productos
farmacéuticos que compra. Tiene que comprarlos al precio marcado por la
industria.
¿En qué se gasta el dinero?
Esta cantidad de dinero se utiliza sobre
todo para comprar tiempo televisivo y radiofónico, abierto al mejor
pagador sin ninguna regulación en la distribución de tal espacio. Y el
contenido de los anuncios políticos, cuyo número y tiempo de exposición
depende del dinero del candidato político, tampoco tiene ningún tipo de
regulación. Un anuncio puede mentir descaradamente –como lo hacen los
candidatos Romney y Ryan- sobre sus adversarios políticos sin que haya
ninguna capacidad de respuesta, excepto comprando otro anuncio que lo
rebata. El que tiene menos fondos puede aparecer y rebatir menos. De ahí
que el objetivo de Romney sea conseguir varias veces más dinero que el
candidato Obama, hoy Presidente, pues está seguro (y lleva razón en sus
predicciones) que con tal abundancia de fondos puede derrotarlo. Y estos
fondos proceden, de nuevo, en su gran mayoría de la Corporate Class.
Como ha reconocido nada menos que el Senador Republicano John McCain,
candidato republicano a la presidencia de EEUU en 2008, “las elecciones
en EEUU son un juego de poder en el que ambos partidos políticos –el
Republicano y el Demócrata- compiten para permanecer en sus cargos,
vendiendo el país al mejor postor” (citado en Bill Moyers, Money in
Politics: where is the outrage?). ¿Es esto una democracia? Imagínense
que esto ocurriera en Venezuela. El follón que se armaría en los medios
sería enorme. Ocurre en EEUU, y tales medios dedican horas y horas a lo
que llaman proceso democrático en aquel país, sin cuestionar, ni una
sola vez, si es, en realidad, un proceso democrático.
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