Vicenç Navarro*
Según las cifras de Eurostat (la agencia de datos de la Unión Europea), publicadas en el último informe del Observatorio Social de España, OSE, (La Situación Social en España, volumen III), España es el país más desigual de la Unión Europea. Mírese como se mire, los datos hablan por sí mismos. El Coeficiente Gini (que mide el grado de desigualdad de un país) es el más alto de la UE y la distancia en el nivel de renta entre el 20% de la población de renta superior (que incluye la burguesía, la pequeña burguesía y las clases medias de renta alta) y el 20% de la población de renta inferior (la mayoría de clase trabajadora no cualificada) es la más elevada de la UE.
Las diferencias en la calidad de vida entre las clases sociales son también las más acentuadas de la UE. En indicadores que reflejan tal calidad, como son las cifras de mortalidad, las diferencias son enormes. Un burgués en España vive casi dos años más que un pequeño burgués, que vive casi dos años más que una persona de clase media de renta media alta, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora no cualificada, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora no cualificada con más de cinco años en el paro. La distancia en años de vida entre el último y el primero son diez años (repito, no diez días, o diez meses, sino diez años). El promedio de la UE son siete.
¿Por qué estas desigualdades? La causa mayor es el enorme poder económico, mediático y político que ha tenido históricamente y continúa teniendo el 20% de la población de la renta superior del país (que incluye, entre otros grupos sociales, a los creadores de opinión). Este grupo social (que en España se le llama clase alta) tiene una enorme influencia en el Estado español, causa de que sea el menos redistributivo de todos los estados de la UE. Según los mismos datos de Eurostat, las intervenciones del Estado español reducen la pobreza sólo 4 puntos, pasando de ser un 24% de la población (casi uno de cada cuatro españoles) antes de que intervenga el Estado a un 20% de la población (uno de cada cinco). En el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo que España, la pobreza pasa de un 26% de la población a un 16%, una reducción de 10 puntos. Suecia (país donde históricamente las izquierdas han sido más fuertes) pasa de un 29% a un 12%, una reducción de 17 puntos. Esta reducción se da no sólo entre ricos y pobres sino entre todas las clases sociales.
Una causa importante de que el Estado español sea tan poco redistributivo se debe al escaso desarrollo de su Estado del bienestar, es decir, de las transferencias públicas (como las pensiones) y de los servicios públicos (como sanidad, educación, servicios del cuarto pilar del bienestar –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios a las personas con dependencias–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros), que tienen una gran importancia para explicar la calidad de vida de la ciudadanía y muy en particular de las clases populares, que son las que más utilizan tales transferencias y servicios. Ejemplo de la importancia de estas transferencias es que sin las pensiones, por ejemplo, el 62% de los ancianos en este país serían pobres.
Este subdesarrollo del Estado del bienestar se debe a su subfinanciación. El gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15. Y esta subfinanciación se debe a que los ingresos del Estado son reducidos, consecuencia de que la carga fiscal en España es la más baja de la UE-15, el 36% del PIB (el promedio de la UE-15 es el 46%; el de Suecia es el 55,5%). Decir que los impuestos son bajos, sin embargo, no es suficiente. Es cierto que la mayoría de impuestos en España son más bajos que en la UE. Pero en algunos tipos y para algunos grupos de la población los impuestos en España son mucho más bajos que en la UE-15. Y aquí no me refiero a los tipos (que a través de las exenciones se anula su efecto progresivo) sino a toda la carga fiscal, que es la más regresiva que existe en la UE-15. El 20% de la población de renta superior en España contribuye al fisco menos que sus homólogos en la UE-15 (parte de ello se debe al enorme fraude fiscal, entre otros, de la Banca, que tiene los beneficios más altos de la UE-15 y de los más altos del mundo, lo cual no se debe a su eficiencia sino a su enorme poder y excesiva influencia sobre el Estado). De ahí que, mientras lo que paga en impuestos un obrero en España no es mucho menos (en términos porcentuales) que lo que paga un obrero en la UE-15, lo que paga un burgués, sin embargo, es mucho más bajo que lo que paga su homólogo en el promedio de la UE-15.
Y ahí está el meollo de la cuestión. Las políticas fiscales en España son las más regresivas de la UE-15. Nuestro país es donde menos se respeta aquel principio –que fue la guía de las izquierdas– de que las políticas públicas debieran ir creando una sociedad en la que “a cada uno, según sus necesidades y de cada uno, según sus habilidades”. Indicar, como lo dijo recientemente Miguel Sebastián, que “los impuestos no están para redistribuir la riqueza, sino para obtener ingresos” (Público, 29-09-09),es no sólo abandonar unas intervenciones claves para redistribuir recursos, sino también renunciar al principio que debiera ser guía para un Gobierno socialdemócrata. Parecía que, por un momento, el presidente Rodríguez Zapatero, cuando habló de enfrentarse a los poderosos, así lo entendía. Por desgracia, las propuestas hechas no traducen este compromiso. Los “poderosos” no verán sus rentas afectadas seriamente y el Estado español continuará siendo el que en la UE menos redistribuya las riquezas del país, con lo cual un burgués continuará viviendo diez años más que un obrero.
* http://www.vnavarro.org/?p=3488
sábado, 10 de octubre de 2009
domingo, 4 de octubre de 2009
políticas económicas frente a la crisis: ¿basta con volver a Keynes o hay que cambiar el mundo?
Alberto Montero Soler*
La crisis económica en la que nos encontramos inmersos carece de precedentes en la historia del capitalismo contemporáneo.
De entrada, existen rasgos de carácter cuantitativo que marcan una diferencia sustantiva con otras crisis anteriores. Entre ellos podrían destacarse la virulencia con la que ha sacudido a la economía mundial y, especialmente, al selecto grupo de economías desarrolladas; la magnitud de las turbulencias que han hecho tambalearse a los mercados financieros internacionales provocando pérdidas de riqueza financiera de incalculable valor; el efecto encadenado que ha afectado a casi todos los mercados de productos financieros internacionales sin que se sepa aún cuando tocará fondo ni si dejará alguno de ellos sin afectar; o la rapidez con la que esas turbulencias se han trasladado hacia la economía real incidiendo de forma desproporcionada en el empleo y sin que se perciban perspectivas ciertas de recuperación de éste a corto y medio plazo.
Sin embargo, si hay algo que diferencia radicalmente esta crisis de las precedentes es que, más allá de encontrarnos ante una crisis coyuntural, nos hallamos ante una crisis de carácter estructural que marca el declive definitivo de la potencia que ha ejercido su hegemonía sobre el modelo de acumulación capitalista generado tras la Segunda Guerra Mundial: los Estados Unidos de América.
Pocas dudas pueden caber a estas alturas de que la hegemonía estadounidense ha entrado en declive y si no se asume el análisis y la comprensión de esta crisis en esos términos estaremos engañándonos acerca de los términos de su trascendencia y, lo que es más grave, acerca de las vías para superarla.
En este sentido, es útil recordar que la crisis estructural de los años setenta, cuando los Estados Unidos ya gozaban de una posición hegemónica en el mundo capitalista, se solventó a través de una huida hacia delante que estuvo caracterizada por la retirada de las bridas keynesianas que regulaban la economía desde el Estado y la dotaban de una elevada estabilidad.
Para ello se procedió a la progresiva liberalización de las relaciones económicas tanto a nivel nacional como internacional; a la retirada del Estado de los ámbitos productivos y redistributivos; y a la privatización masiva de empresas y servicios públicos. Y, al mismo tiempo, se crearon las condiciones para que el patrón de acumulación trasladara su centro de gravedad desde la producción de bienes y servicios al ámbito de las finanzas. En concreto, la ruptura del vínculo que mantenía unido al dólar, que era la divisa clave del sistema, con el oro, fue uno de los elementos centrales de la estrategia que permitiría a los Estados Unidos seguir manteniendo su hegemonía en esa nueva etapa del capitalismo financierizado por la vía de liberarlo de la restricción externa sobre sus finanzas internas.
Finalmente, el neoliberalismo de la década de los ochenta y noventa intensificó la preeminencia de lo financiero frente a lo productivo y dotó de soporte ideológico a los procesos de ingeniería social, económica y cultural que acabaron por homogeneizar un mundo en donde la búsqueda de alternativas se marginalizó y tachó de inviable.
La conclusión es que la salida de aquella crisis estructural, aunque prolongó la hegemonía estadounidense, también sentó las condiciones para la inestabilidad sistémica global. La resultante fue una nueva fase del capitalismo caracterizada por la recurrencia de crisis financieras que no sólo se trasladaban con celeridad a la esfera productiva sino que cada vez iban siendo más frecuentes y se iban aproximando peligrosamente al núcleo del sistema.
Esa aproximación se ha consumado con esta crisis, que por este motivo no puede caracterizarse tan sólo por su intensidad, sino sobre todo por el hecho de que ha golpeado por primera vez al músculo del sistema financiero, hasta entonces cuartel de invierno al que retornaban los capitales cuando se producían turbulencias en cualquier otra parte del mundo.
A partir de esta constatación, es fácil intuir que el tipo de lectura que se haga de esta crisis determinará decisivamente las posiciones frente a la misma, las posibilidades de intervención a corto y medio plazo y los escenarios previsibles a largo plazo.
Del dicho al hecho…
Así, resulta evidente que a los Estados Unidos y a la mayor parte de las economías occidentales les interesa atribuir a esta crisis una dimensión meramente coyuntural, destacando a lo sumo su magnitud, pero no que la misma pudiera estar alterando radicalmente las relaciones de poder en el mundo.
Por ello sus recetas para enfrentarla no plantean una salida que no sea, en el mejor de los casos, un retorno a posiciones de “neoliberalismo regulado” (si se me permite el oxímoron).
Son propuestas que parten de un acto de contrición por los errores cometidos y se acompañan de unas tímidas líneas de reforma del sistema, pero sin entrar a cuestionar, en ningún caso, algunos de los pilares básicos que lo han llevado hasta la situación de crisis actual.
Tal es así que, por ejemplo, las medidas de regulación del sistema financiero que se plantean no llegan a poner en tela de juicio la hipertrofia existente en lo que a mercados, agentes y productos financieros se refiere, a pesar de ser éste uno de los principales factores desencadenantes de la crisis.
Además, ignoran que este sector tiene una tendencia innata a recurrir a la innovación para huir de las regulaciones que debiera ser radicalmente cercenada si se aspira a una mínima estabilidad en ese ámbito.
Si esos dos aspectos no son enfrentados con voluntad transformadora, tratando de eliminar la dimensión especulativa de carácter autorreferencial en la que se desenvuelven ahora las finanzas y buscando la recuperación de su función básica en tanto que intermediarios entre ahorradores e inversores productivos, muy poco o casi nada se habrá logrado.
Esa misma impresión se tiene cuando se comprueba que también en el ámbito del comercio internacional la apuesta sigue siendo de carácter neoliberal: la profundización en el proceso liberalizador y la denuncia de las actitudes proteccionistas a pesar de que muchos de los mismos gobiernos participantes en el G-20, desde donde se denuncian las mismas, son los mismos que las han aplicado para salvar su sistema financiero o su cada vez más debilitado sector industrial. De esta forma, al tiempo que se imponen políticas proteccionistas de defensa de los mercados nacionales por parte de las economías más avanzadas del mundo, se trata de obligar al resto de países a seguir prácticas librecambistas. El objetivo último sería recuperar por la vía comercial lo que hundieron las finanzas internacionales.
Sin embargo, esa opción es profundamente cortoplacista e ignora la contribución que el desmantelamiento de las barreras comerciales ha tenido en el empobrecimiento de los países en vías de desarrollo gracias a su carácter funcional al proceso de drenaje de sus recursos hacia las economías desarrolladas.
Y, finalmente, también se anuncian los intentos de recuperación del hasta ahora denostado papel del Estado en las economías. El desmantelamiento de su papel en los procesos productivos como consecuencia de la privatización de todas o casi todas las empresa públicas; el debilitamiento de su capacidad reguladora por la vía de su renuncia explícita a la misma y la transferencia de esa función hacia los mercados de los que se esperaba que acabarían imponiendo un orden natural y eficiente; o la jibarización de los Estados de Bienestar y, con ello, la disminución de su capacidad redistribuidora son tendencias que, al menos ahora, son tímidamente puestas en entredicho.
Sin embargo, nuevamente prima la retórica sobre la realidad de lo hechos y las encendidas proclamas por retornar a posiciones pre-neoliberales, en donde el Estado tenía una participación crucial en las economías, van menguando en su intensidad conforme la crisis se apacigua en su dimensión financiera a pesar de la persistencia de su gravedad en sus dimensiones productiva y laboral.
Estos tres ejemplos constituyen una buena muestra de hasta qué punto las políticas frente a la crisis la están tratando como si ésta tuviera una dimensión meramente coyuntural en un marco de normalidad estructural que no es el actual.
Políticas para la coyuntura en tiempos de crisis de la estructura
Lo que entendemos que ocurre es, precisamente, que estamos perdiendo de vista que las distintas fases de cambio profundo por las que ha pasado el sistema capitalista –y que, además, se caracterizaban porque se producía simultáneamente un cambio en la potencia hegemónica que lo lideraba-, se han producido bajo la forma de crisis estructurales.
Pero, además, no debemos tampoco olvidar que esas crisis dieron lugar a cambios de paradigma en la teoría económica y, consiguientemente, en la política económica. Sólo cuando se percibía que el capitalismo había entrado una nueva fase y se reformulaba todo el marco cognitivo que permitía entenderlo y gestionarlo se podía comenzar a articular una política económica acorde a los nuevos tiempos.
Sin embargo, en estos momentos sigue sin percibirse que los tiempos han cambiado, que la geopolítica y la geoeconomía del capitalismo del siglo XXI es muy diferente a la de la segunda mitad del siglo XX y que ello requiere, en consecuencia, de una reformulación absoluta del marco teórico y de las propuestas de política económica al respecto.
La respuesta que se está dando es, por el contrario, el retorno al paradigma teórico que permitió la salida de la gran crisis del siglo XX, la de 1929. Se ha tratado así de resucitar forzadamente el keynesianismo -aunque en una dimensión conservadora que no duda en recurrir al gasto público para ayudar al sector financiero pero que pone en cuestión el uso de recursos para el mantenimiento de rentas de los desempleados o su reincorporación a la producción-, como si el mundo siguiera siendo el de los años cincuenta o sesenta del siglo pasado.
Se obvian, de esa manera, todos los cambios estructurales producidos en el capitalismo desde el último cuarto del siglo XX y las consecuencias que los mismos tienen sobre la viabilidad y efectividad de las políticas keynesianas, diseñadas para un mundo mucho menos volátil.
Es por ello que el retorno al keynesianismo como paradigma teórico desde el que se diseñan las políticas económicas para este período de crisis y para los tiempos que deban seguirla debería comenzar, precisamente, por hacer que las relaciones económicas nacionales y mundiales se acomoden a las existentes cuando Keynes y los keynesianos elaboraron su teoría, si es que tal cosa es posible.
Nada de ello se vislumbra en el horizonte. No es ya que no exista conciencia de que el capitalismo está llegando a sus límites y que es necesario buscar fórmulas alternativas de gestión de la vida social y económica en su conjunto. No es tampoco que el socialismo se haya casi borrado de la faz de la tierra acusado de inviabilidad o, en el mejor de los casos, de proyecto utópico al que es preciso renunciar en aras de un mayor realismo.
Se trata, más bien, de que la crisis se está tratando de superar con políticas anticuadas que buscan reanimar a un enfermo anciano y en fase terminal. En tanto que no seamos conscientes de esto, los tratamientos se sucederán sin éxito y el mundo se irá aproximando cada vez más a la barbarie. ¿Llegará entonces la hora del socialismo? ¿O será entonces demasiado tarde?
* Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga
La crisis económica en la que nos encontramos inmersos carece de precedentes en la historia del capitalismo contemporáneo.
De entrada, existen rasgos de carácter cuantitativo que marcan una diferencia sustantiva con otras crisis anteriores. Entre ellos podrían destacarse la virulencia con la que ha sacudido a la economía mundial y, especialmente, al selecto grupo de economías desarrolladas; la magnitud de las turbulencias que han hecho tambalearse a los mercados financieros internacionales provocando pérdidas de riqueza financiera de incalculable valor; el efecto encadenado que ha afectado a casi todos los mercados de productos financieros internacionales sin que se sepa aún cuando tocará fondo ni si dejará alguno de ellos sin afectar; o la rapidez con la que esas turbulencias se han trasladado hacia la economía real incidiendo de forma desproporcionada en el empleo y sin que se perciban perspectivas ciertas de recuperación de éste a corto y medio plazo.
Sin embargo, si hay algo que diferencia radicalmente esta crisis de las precedentes es que, más allá de encontrarnos ante una crisis coyuntural, nos hallamos ante una crisis de carácter estructural que marca el declive definitivo de la potencia que ha ejercido su hegemonía sobre el modelo de acumulación capitalista generado tras la Segunda Guerra Mundial: los Estados Unidos de América.
Pocas dudas pueden caber a estas alturas de que la hegemonía estadounidense ha entrado en declive y si no se asume el análisis y la comprensión de esta crisis en esos términos estaremos engañándonos acerca de los términos de su trascendencia y, lo que es más grave, acerca de las vías para superarla.
En este sentido, es útil recordar que la crisis estructural de los años setenta, cuando los Estados Unidos ya gozaban de una posición hegemónica en el mundo capitalista, se solventó a través de una huida hacia delante que estuvo caracterizada por la retirada de las bridas keynesianas que regulaban la economía desde el Estado y la dotaban de una elevada estabilidad.
Para ello se procedió a la progresiva liberalización de las relaciones económicas tanto a nivel nacional como internacional; a la retirada del Estado de los ámbitos productivos y redistributivos; y a la privatización masiva de empresas y servicios públicos. Y, al mismo tiempo, se crearon las condiciones para que el patrón de acumulación trasladara su centro de gravedad desde la producción de bienes y servicios al ámbito de las finanzas. En concreto, la ruptura del vínculo que mantenía unido al dólar, que era la divisa clave del sistema, con el oro, fue uno de los elementos centrales de la estrategia que permitiría a los Estados Unidos seguir manteniendo su hegemonía en esa nueva etapa del capitalismo financierizado por la vía de liberarlo de la restricción externa sobre sus finanzas internas.
Finalmente, el neoliberalismo de la década de los ochenta y noventa intensificó la preeminencia de lo financiero frente a lo productivo y dotó de soporte ideológico a los procesos de ingeniería social, económica y cultural que acabaron por homogeneizar un mundo en donde la búsqueda de alternativas se marginalizó y tachó de inviable.
La conclusión es que la salida de aquella crisis estructural, aunque prolongó la hegemonía estadounidense, también sentó las condiciones para la inestabilidad sistémica global. La resultante fue una nueva fase del capitalismo caracterizada por la recurrencia de crisis financieras que no sólo se trasladaban con celeridad a la esfera productiva sino que cada vez iban siendo más frecuentes y se iban aproximando peligrosamente al núcleo del sistema.
Esa aproximación se ha consumado con esta crisis, que por este motivo no puede caracterizarse tan sólo por su intensidad, sino sobre todo por el hecho de que ha golpeado por primera vez al músculo del sistema financiero, hasta entonces cuartel de invierno al que retornaban los capitales cuando se producían turbulencias en cualquier otra parte del mundo.
A partir de esta constatación, es fácil intuir que el tipo de lectura que se haga de esta crisis determinará decisivamente las posiciones frente a la misma, las posibilidades de intervención a corto y medio plazo y los escenarios previsibles a largo plazo.
Del dicho al hecho…
Así, resulta evidente que a los Estados Unidos y a la mayor parte de las economías occidentales les interesa atribuir a esta crisis una dimensión meramente coyuntural, destacando a lo sumo su magnitud, pero no que la misma pudiera estar alterando radicalmente las relaciones de poder en el mundo.
Por ello sus recetas para enfrentarla no plantean una salida que no sea, en el mejor de los casos, un retorno a posiciones de “neoliberalismo regulado” (si se me permite el oxímoron).
Son propuestas que parten de un acto de contrición por los errores cometidos y se acompañan de unas tímidas líneas de reforma del sistema, pero sin entrar a cuestionar, en ningún caso, algunos de los pilares básicos que lo han llevado hasta la situación de crisis actual.
Tal es así que, por ejemplo, las medidas de regulación del sistema financiero que se plantean no llegan a poner en tela de juicio la hipertrofia existente en lo que a mercados, agentes y productos financieros se refiere, a pesar de ser éste uno de los principales factores desencadenantes de la crisis.
Además, ignoran que este sector tiene una tendencia innata a recurrir a la innovación para huir de las regulaciones que debiera ser radicalmente cercenada si se aspira a una mínima estabilidad en ese ámbito.
Si esos dos aspectos no son enfrentados con voluntad transformadora, tratando de eliminar la dimensión especulativa de carácter autorreferencial en la que se desenvuelven ahora las finanzas y buscando la recuperación de su función básica en tanto que intermediarios entre ahorradores e inversores productivos, muy poco o casi nada se habrá logrado.
Esa misma impresión se tiene cuando se comprueba que también en el ámbito del comercio internacional la apuesta sigue siendo de carácter neoliberal: la profundización en el proceso liberalizador y la denuncia de las actitudes proteccionistas a pesar de que muchos de los mismos gobiernos participantes en el G-20, desde donde se denuncian las mismas, son los mismos que las han aplicado para salvar su sistema financiero o su cada vez más debilitado sector industrial. De esta forma, al tiempo que se imponen políticas proteccionistas de defensa de los mercados nacionales por parte de las economías más avanzadas del mundo, se trata de obligar al resto de países a seguir prácticas librecambistas. El objetivo último sería recuperar por la vía comercial lo que hundieron las finanzas internacionales.
Sin embargo, esa opción es profundamente cortoplacista e ignora la contribución que el desmantelamiento de las barreras comerciales ha tenido en el empobrecimiento de los países en vías de desarrollo gracias a su carácter funcional al proceso de drenaje de sus recursos hacia las economías desarrolladas.
Y, finalmente, también se anuncian los intentos de recuperación del hasta ahora denostado papel del Estado en las economías. El desmantelamiento de su papel en los procesos productivos como consecuencia de la privatización de todas o casi todas las empresa públicas; el debilitamiento de su capacidad reguladora por la vía de su renuncia explícita a la misma y la transferencia de esa función hacia los mercados de los que se esperaba que acabarían imponiendo un orden natural y eficiente; o la jibarización de los Estados de Bienestar y, con ello, la disminución de su capacidad redistribuidora son tendencias que, al menos ahora, son tímidamente puestas en entredicho.
Sin embargo, nuevamente prima la retórica sobre la realidad de lo hechos y las encendidas proclamas por retornar a posiciones pre-neoliberales, en donde el Estado tenía una participación crucial en las economías, van menguando en su intensidad conforme la crisis se apacigua en su dimensión financiera a pesar de la persistencia de su gravedad en sus dimensiones productiva y laboral.
Estos tres ejemplos constituyen una buena muestra de hasta qué punto las políticas frente a la crisis la están tratando como si ésta tuviera una dimensión meramente coyuntural en un marco de normalidad estructural que no es el actual.
Políticas para la coyuntura en tiempos de crisis de la estructura
Lo que entendemos que ocurre es, precisamente, que estamos perdiendo de vista que las distintas fases de cambio profundo por las que ha pasado el sistema capitalista –y que, además, se caracterizaban porque se producía simultáneamente un cambio en la potencia hegemónica que lo lideraba-, se han producido bajo la forma de crisis estructurales.
Pero, además, no debemos tampoco olvidar que esas crisis dieron lugar a cambios de paradigma en la teoría económica y, consiguientemente, en la política económica. Sólo cuando se percibía que el capitalismo había entrado una nueva fase y se reformulaba todo el marco cognitivo que permitía entenderlo y gestionarlo se podía comenzar a articular una política económica acorde a los nuevos tiempos.
Sin embargo, en estos momentos sigue sin percibirse que los tiempos han cambiado, que la geopolítica y la geoeconomía del capitalismo del siglo XXI es muy diferente a la de la segunda mitad del siglo XX y que ello requiere, en consecuencia, de una reformulación absoluta del marco teórico y de las propuestas de política económica al respecto.
La respuesta que se está dando es, por el contrario, el retorno al paradigma teórico que permitió la salida de la gran crisis del siglo XX, la de 1929. Se ha tratado así de resucitar forzadamente el keynesianismo -aunque en una dimensión conservadora que no duda en recurrir al gasto público para ayudar al sector financiero pero que pone en cuestión el uso de recursos para el mantenimiento de rentas de los desempleados o su reincorporación a la producción-, como si el mundo siguiera siendo el de los años cincuenta o sesenta del siglo pasado.
Se obvian, de esa manera, todos los cambios estructurales producidos en el capitalismo desde el último cuarto del siglo XX y las consecuencias que los mismos tienen sobre la viabilidad y efectividad de las políticas keynesianas, diseñadas para un mundo mucho menos volátil.
Es por ello que el retorno al keynesianismo como paradigma teórico desde el que se diseñan las políticas económicas para este período de crisis y para los tiempos que deban seguirla debería comenzar, precisamente, por hacer que las relaciones económicas nacionales y mundiales se acomoden a las existentes cuando Keynes y los keynesianos elaboraron su teoría, si es que tal cosa es posible.
Nada de ello se vislumbra en el horizonte. No es ya que no exista conciencia de que el capitalismo está llegando a sus límites y que es necesario buscar fórmulas alternativas de gestión de la vida social y económica en su conjunto. No es tampoco que el socialismo se haya casi borrado de la faz de la tierra acusado de inviabilidad o, en el mejor de los casos, de proyecto utópico al que es preciso renunciar en aras de un mayor realismo.
Se trata, más bien, de que la crisis se está tratando de superar con políticas anticuadas que buscan reanimar a un enfermo anciano y en fase terminal. En tanto que no seamos conscientes de esto, los tratamientos se sucederán sin éxito y el mundo se irá aproximando cada vez más a la barbarie. ¿Llegará entonces la hora del socialismo? ¿O será entonces demasiado tarde?
* Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
