Alberto Piris*
Muchas operaciones antiterroristas suelen desarrollarse en el ámbito de las cloacas del Estado, por su turbidez, ilegalidad y secreto, sea cual sea el lugar donde se lleven a cabo o la calidad más o menos democrática del Gobierno que las ejecute. Un factor que contribuye a que se llegue a aceptar esta aberrante situación es la inherente crueldad del terrorismo, su fanatismo y su capacidad para sembrar el miedo y la desconfianza en amplios estratos de la población. Si se está de acuerdo en que su actividad es dañina y repugnante, se argumenta, no debería haber razones para rechazar cualquier acción del Estado que tenga por objeto combatirlo y destruirlo.
Un crítico informe publicado en el semanario estadounidense The Nation por Anand Gopal, periodista del Wall Street Journal y del Christian Science Monitor especializado en Afganistán, describe algunos detalles de esa guerra oculta que EEUU libra en Afganistán, dentro del amplio espectro de la guerra contra el terror que puso en marcha Bush y que nadie parece decidido a terminar o a reconducir por otros rumbos.
En la ciudad afgana de Khost desapareció el invierno pasado un joven funcionario del Gobierno. Se le vio por última vez con unos amigos en el bazar. La intensa búsqueda emprendida por amigos y familiares fue infructuosa. Los ancianos de la localidad tomaron contacto con los jefes talibanes del lugar, que podrían haberlo secuestrado, con resultado negativo. Hasta el gobernador de la provincia se implicó en su búsqueda y la policía efectuó redadas entre los sospechosos de la zona, sin éxito alguno.
El tiempo transcurrió, el asunto fue olvidado y la búsqueda fue suspendida. Varios meses después, el correo entregó a la familia del desaparecido una carta manuscrita por él, en papel de la Cruz Roja, en la que les informaba de que se encontraba en Bagram, una de las prisiones de EEUU en Afganistán, sin saber cuándo sería puesto en libertad ni cuáles eran los cargos que se le imputaban.
El funcionario afgano, sin embargo, podía darse por satisfecho de haber salvado la vida y haber podido comunicar su paradero a la familia. No todos los que sufren las actividades ilegales del antiterrorismo estatal pueden contarlo después. Aunque parezca olvidado en la noche del pasado, el llamado "caso Lasa y Zabala" fue en su momento un grave motivo de escándalo para la opinión pública española. En 1983, dos miembros de ETA fueron secuestrados en Bayona por agentes del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), sometidos a tortura en el cuartel donostiarra de la Guardia Civil y trasladados a Alicante, donde tras ser obligados a cavar sus propias tumbas fueron asesinados y enterrados en cal viva.
Pero no todo lo que describe Gopal tiene un final incruento. La noche se ha hecho temible para muchas familias afganas, a esas horas intempestivas en las que, si suena el timbre y se trata de una democracia, solo puede ser el repartidor de la leche. Pero si se trata de Afganistán, los que irrumpen en la vivienda suelen ser unos hombres fuertemente armados, tatuados y con el rostro tiznado, miembros de las fuerzas especiales de EEUU, que arrasan y destrozan el domicilio, buscando las pruebas que permitan arrestar a algún presunto culpable de actividades terroristas.
Escribe el periodista: "Las incursiones nocturnas solo son el primer paso en el proceso de arrestos en Afganistán". Los sospechosos son trasladados a alguna de las prisiones secretas establecidas en las bases militares de EEUU". Y en ellas nada puede impedir que se repitan escenas como las conocidas en Abu Ghraib o en Guantánamo. Tortura, violencia, humillación y, a veces, muerte. En muchos casos, desaparición y pérdida de todo rastro.
Todo obedece a una pauta conocida. Los talibanes atacan un convoy militar que atraviesa una localidad y se esfuman después. Los soldados regresan por la noche y buscan sospechosos. Si en la emboscada han sufrido bajas, no se andarán con miramientos y apenas podrán reprimir sus ansias de venganza. Es común aceptar que no es posible combatir a la insurgencia sin efectuar incursiones y detenciones, procediendo con violencia y a menudo en forma humillante. Pero esto crea resentimiento y alimenta también los deseos de venganza entre la población. La espiral de odio no deja de crecer.
No se sabe cuántos jóvenes se incorporaron a las filas etarras cuando fue de público conocimiento el modo en que fueron asesinados Lasa y Zabala por las fuerzas de seguridad del Estado. Pero en Afganistán se ha comprobado el efecto de reclutamiento en las filas de la insurgencia producido por algunas de las más violentas acciones de las fuerzas de ocupación.
El efecto de las actividades ilegales de un Gobierno en su lucha contra el terrorismo no es solo aumentar el número de ciudadanos que se suman a la insurgencia. Hay algo peor y de más difícil solución: concierne a la pérdida de los más elementales valores morales y éticos del Estado, sin los que la democracia pasa a ser un engaño y la autoridad que confiere el poder se corrompe hasta su más honda esencia. De ese modo, al fin, solo queda un triunfador: el terrorismo que ha logrado corromper los fundamentos básicos del Estado.
* http://www.javierortiz.net/voz/piris
sábado, 13 de febrero de 2010
domingo, 7 de febrero de 2010
responder a la extorsión
Juan Torres López*
Los financieros, los bancos y las agencias de rating que trabajan para ellos provocaron una crisis gigantesca. Para poder ganar más dinero influyeron de mil modos sobre los gobiernos y consiguieron que éstos y los bancos centrales cambiaran las normas legales e hicieran la vista gorda ante la acumulación ingente de riesgo que soportaban para ampliar sin cesar sus beneficios. Impusieron un modo de producir y de repartir desequilibrado e irracional, alimentando una burbuja detrás de otra. Y terminaron por quebrar y descapitalizarse. Obligaron entonces a que los gobiernos intervinieran y pusieran a su disposición billones de euros. Gobiernos, como el español, que hasta entonces incluso habían tenido superávit presupuestarios tuvieron que endeudarse. Los financieros y los bancos, con el apoyo de las agencias de rating que trabajaban para ellos, suscribieron esa deuda en gran parte con el dinero que los propios gobiernos y bancos centrales les daban para salvarlos de la quiebra y para lograr que así refluyera el crédito, cuya carencia había provocado la paralización de la actividad económica, el cierre de miles de negocios y el desempleo. Pero a los financieros, a los bancos y a las agencias de rating que trabajan para ellos solo les importa recuperar sus inversiones al coste social que sea y con la mayor seguridad y rapidez posible, así que no utilizaron esos recursos para ello sino para ganar enseguida más dinero. Se dispusieron entonces a presionar a los gobiernos y a los bancos centrales para que estos actúen con el único fin de que sus inversiones en la deuda estén seguras y puedan recuperarlas lo más pronto posible sin tener que cargar con el coste de la crisis que ellos mismos habían provocado. Y como llevan haciendo todo esto desde hace mucho tiempo tienen ya el poder suficiente como para conseguir que esa sea, efectivamente, la secuencia de los hechos una vez y otra. Si el gobierno va por otro lado las presiones se desatan. Si hace lo que les conviene, la patronal o algún gran banquero le concederá algún momento de respiro. Ésta es la historia y parece que el presidente Rodríguez Zapatero lo ha podido comprobar directa y personalmente en su inoportuna visita a la Cumbre de Davos. Hablemos claro: los financieros, los bancos y las agencias de rating que trabajan para ellos están extorsionando al gobierno de España. Lo están llevando al terreno que ellos quieren y al que les conviene: el de la improvisación, el de la renuncia a sus propuestas anteriores y a sus compromisos electorales, al que lo separa de sus socios naturales y de su base electoral, el que lo llena de contradicciones y lo deja, no hay más que verlo, como un boxeador inexperto bamboleándose de un lado a otro de la lona.
Lo que buscan es derrotarlo fuera de las urnas haciéndole que quede a la deriva y que salten por los aires sus alianzas con los sindicatos y con el electorado para poder imponerle así políticas que saben que nunca podrían aplicarse si se tuvieran que decidir mediante una confrontación electoral democrática.
Los ciudadanos deben saber que los financieros, los bancos y la gran patronal, con la ayuda de los economistas liberales y de los organismos financieros que trabajan para ellos, no le están imponiendo al gobierno de España la salida a la crisis, como todos ellos dicen, sino la respuesta a la crisis que mantiene sus privilegios, que garantiza que puedan seguir teniendo cantidades ya inmorales de beneficio y que deja que las cosas sigan como siempre han estado. Pero esa es justamente la salida de la crisis que volvería a provocarla de nuevo.
Es sencillamente falso que para crear empleo, como dicen la patronal y los economistas liberales, haya que actuar solamente en los mercados de trabajo. Sin perjuicio de que haya que procurar que haya un marco adecuado de relaciones laborales (que no puede ser simplemente el que da todo el poder a los empleadores) lo que hay que procurar para ello es recuperar la demanda y los mercados de bienes y servicios. ¿De qué les va a servir a los empresarios que los salarios sean más bajos si luego no disponen de mercados con demanda efectiva suficiente donde puedan vender las mercancías que producen? ¿O es que quieren que España se limite a competir a la baja convertida en una economía barata al servicio del capital extranjero?
Por eso, reducir los derechos sociales, precarizar aún más el empleo, disminuir los salarios, renunciar al gasto público y social que se precisa para apoyar un modelo productivo que consolide a la economía española y a una fiscalidad más justa y que generase otro tipo de incentivos a los sujetos económicos, solo dará lugar a que los más ricos lo sean cada vez más y a que la economía española se consolide como una economía de segunda, desvertebrada, dependiente y simplemente especializada en proporcionar bienes y servicios de baja calidad. Pero así nunca se podrá conseguir que la economía española despegue y se modernice definitivamente, que disponga de un mercado interior más potente (algo que en realidad no le importa a los Adolfo Domínguez y compañía que tienen a su disposición mano de obra siempre más barata y mercados selectos en cualquier otra parte del mundo), que se reindustrialice, que genere empleo de calidad y renta suficientes para todos y que no tenga que dedicarse a actividades que destrozan nuestro medio natural e hipotecan el bienestar de las generaciones futuras. Esa no es una verdadera salida de la crisis.
La situación a la que ha llegado el gobierno es difícil, sobre todo, cuando se encuentra además con las restricciones que impone nuestra presencia en la Unión Europea. Ha renunciado a tener un proyecto económico propio al convertir al partido que lo sostiene en una claque en lugar de servirse de su organización como fuente de pensamiento y de propuestas alternativas. Y ha puesto el diseño y la ejecución de la política económica en manos de personas que explícitamente defienden y proponen las medidas que reclaman la patronal empresarial y bancaria. Así, y cediendo a la extorsión de los mercados, será muy difícil que cuente con el apoyo de los sindicatos y perderá lentamente el de todos los ciudadanos hasta el punto en que la situación puede llegar a ser insostenible.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero necesita el apoyo de los ciudadanos que no queremos una España de resabios franquistas, incapaz de convivir plenamente con las libertades civiles y controlada por los mismos grupos oligárquicos de siempre. Pero no es lógico que reclame ese apoyo gratuitamente y mientras pone en marcha políticas que en realidad solo benefician a estos grupos.
En una situación tan delicada como la actual, sería necesario que los ciudadanos supieran quién ha provocado de verdad la crisis y por qué, quién ha puesto las bases para convertir a la economía española en un espacio productivo tan débil y vulnerable y por qué, y qué se logra de verdad con unas medidas políticas o con otras. Con la fuerza de su propio partido, de otros que sin duda podrían y deberían apoyarle en ese camino, de los sindicatos y del más directo de los propios ciudadanos, el Gobierno podría estar entonces en condiciones de proponer un equilibrio diferente a la sociedad española, un pacto de rentas frente a una situación excepcional, y tratar así de hacer frente de otra forma a las dificultades derivadas de la actual conformación y equilibrio de poderes en la Unión Europea, algo que nos está resultando muy desfavorable por su propia naturaleza y por nuestra falta de proyecto propio.
Hace unos meses escribía Nicolás Sartorius que lo que se necesita es "modificar la dirección de la historia de España en términos económicos" y que ello "exige un nuevo contrato y unas nuevas reglas. Un contrato donde se especifique lo que cada parte debe aportar -y no realidades frente a promesas- y nuevas reglas que impidan, en lo posible, que se repita dentro de un tiempo el mismo desastre, acrecentado". (EL PAÍS, 28 de octubre de 2009).
En un esfuerzo de ese tipo, que naturalmente ni sería fácil ni tampoco apoyado gratuitamente por nadie, el gobierno de Rodríguez Zapatero podría encontrar un nuevo y decisivo impulso. Si no lo hace, es fácil adivinar lo que va a ocurrir.
* http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl/
Los financieros, los bancos y las agencias de rating que trabajan para ellos provocaron una crisis gigantesca. Para poder ganar más dinero influyeron de mil modos sobre los gobiernos y consiguieron que éstos y los bancos centrales cambiaran las normas legales e hicieran la vista gorda ante la acumulación ingente de riesgo que soportaban para ampliar sin cesar sus beneficios. Impusieron un modo de producir y de repartir desequilibrado e irracional, alimentando una burbuja detrás de otra. Y terminaron por quebrar y descapitalizarse. Obligaron entonces a que los gobiernos intervinieran y pusieran a su disposición billones de euros. Gobiernos, como el español, que hasta entonces incluso habían tenido superávit presupuestarios tuvieron que endeudarse. Los financieros y los bancos, con el apoyo de las agencias de rating que trabajaban para ellos, suscribieron esa deuda en gran parte con el dinero que los propios gobiernos y bancos centrales les daban para salvarlos de la quiebra y para lograr que así refluyera el crédito, cuya carencia había provocado la paralización de la actividad económica, el cierre de miles de negocios y el desempleo. Pero a los financieros, a los bancos y a las agencias de rating que trabajan para ellos solo les importa recuperar sus inversiones al coste social que sea y con la mayor seguridad y rapidez posible, así que no utilizaron esos recursos para ello sino para ganar enseguida más dinero. Se dispusieron entonces a presionar a los gobiernos y a los bancos centrales para que estos actúen con el único fin de que sus inversiones en la deuda estén seguras y puedan recuperarlas lo más pronto posible sin tener que cargar con el coste de la crisis que ellos mismos habían provocado. Y como llevan haciendo todo esto desde hace mucho tiempo tienen ya el poder suficiente como para conseguir que esa sea, efectivamente, la secuencia de los hechos una vez y otra. Si el gobierno va por otro lado las presiones se desatan. Si hace lo que les conviene, la patronal o algún gran banquero le concederá algún momento de respiro. Ésta es la historia y parece que el presidente Rodríguez Zapatero lo ha podido comprobar directa y personalmente en su inoportuna visita a la Cumbre de Davos. Hablemos claro: los financieros, los bancos y las agencias de rating que trabajan para ellos están extorsionando al gobierno de España. Lo están llevando al terreno que ellos quieren y al que les conviene: el de la improvisación, el de la renuncia a sus propuestas anteriores y a sus compromisos electorales, al que lo separa de sus socios naturales y de su base electoral, el que lo llena de contradicciones y lo deja, no hay más que verlo, como un boxeador inexperto bamboleándose de un lado a otro de la lona.
Lo que buscan es derrotarlo fuera de las urnas haciéndole que quede a la deriva y que salten por los aires sus alianzas con los sindicatos y con el electorado para poder imponerle así políticas que saben que nunca podrían aplicarse si se tuvieran que decidir mediante una confrontación electoral democrática.
Los ciudadanos deben saber que los financieros, los bancos y la gran patronal, con la ayuda de los economistas liberales y de los organismos financieros que trabajan para ellos, no le están imponiendo al gobierno de España la salida a la crisis, como todos ellos dicen, sino la respuesta a la crisis que mantiene sus privilegios, que garantiza que puedan seguir teniendo cantidades ya inmorales de beneficio y que deja que las cosas sigan como siempre han estado. Pero esa es justamente la salida de la crisis que volvería a provocarla de nuevo.
Es sencillamente falso que para crear empleo, como dicen la patronal y los economistas liberales, haya que actuar solamente en los mercados de trabajo. Sin perjuicio de que haya que procurar que haya un marco adecuado de relaciones laborales (que no puede ser simplemente el que da todo el poder a los empleadores) lo que hay que procurar para ello es recuperar la demanda y los mercados de bienes y servicios. ¿De qué les va a servir a los empresarios que los salarios sean más bajos si luego no disponen de mercados con demanda efectiva suficiente donde puedan vender las mercancías que producen? ¿O es que quieren que España se limite a competir a la baja convertida en una economía barata al servicio del capital extranjero?
Por eso, reducir los derechos sociales, precarizar aún más el empleo, disminuir los salarios, renunciar al gasto público y social que se precisa para apoyar un modelo productivo que consolide a la economía española y a una fiscalidad más justa y que generase otro tipo de incentivos a los sujetos económicos, solo dará lugar a que los más ricos lo sean cada vez más y a que la economía española se consolide como una economía de segunda, desvertebrada, dependiente y simplemente especializada en proporcionar bienes y servicios de baja calidad. Pero así nunca se podrá conseguir que la economía española despegue y se modernice definitivamente, que disponga de un mercado interior más potente (algo que en realidad no le importa a los Adolfo Domínguez y compañía que tienen a su disposición mano de obra siempre más barata y mercados selectos en cualquier otra parte del mundo), que se reindustrialice, que genere empleo de calidad y renta suficientes para todos y que no tenga que dedicarse a actividades que destrozan nuestro medio natural e hipotecan el bienestar de las generaciones futuras. Esa no es una verdadera salida de la crisis.
La situación a la que ha llegado el gobierno es difícil, sobre todo, cuando se encuentra además con las restricciones que impone nuestra presencia en la Unión Europea. Ha renunciado a tener un proyecto económico propio al convertir al partido que lo sostiene en una claque en lugar de servirse de su organización como fuente de pensamiento y de propuestas alternativas. Y ha puesto el diseño y la ejecución de la política económica en manos de personas que explícitamente defienden y proponen las medidas que reclaman la patronal empresarial y bancaria. Así, y cediendo a la extorsión de los mercados, será muy difícil que cuente con el apoyo de los sindicatos y perderá lentamente el de todos los ciudadanos hasta el punto en que la situación puede llegar a ser insostenible.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero necesita el apoyo de los ciudadanos que no queremos una España de resabios franquistas, incapaz de convivir plenamente con las libertades civiles y controlada por los mismos grupos oligárquicos de siempre. Pero no es lógico que reclame ese apoyo gratuitamente y mientras pone en marcha políticas que en realidad solo benefician a estos grupos.
En una situación tan delicada como la actual, sería necesario que los ciudadanos supieran quién ha provocado de verdad la crisis y por qué, quién ha puesto las bases para convertir a la economía española en un espacio productivo tan débil y vulnerable y por qué, y qué se logra de verdad con unas medidas políticas o con otras. Con la fuerza de su propio partido, de otros que sin duda podrían y deberían apoyarle en ese camino, de los sindicatos y del más directo de los propios ciudadanos, el Gobierno podría estar entonces en condiciones de proponer un equilibrio diferente a la sociedad española, un pacto de rentas frente a una situación excepcional, y tratar así de hacer frente de otra forma a las dificultades derivadas de la actual conformación y equilibrio de poderes en la Unión Europea, algo que nos está resultando muy desfavorable por su propia naturaleza y por nuestra falta de proyecto propio.
Hace unos meses escribía Nicolás Sartorius que lo que se necesita es "modificar la dirección de la historia de España en términos económicos" y que ello "exige un nuevo contrato y unas nuevas reglas. Un contrato donde se especifique lo que cada parte debe aportar -y no realidades frente a promesas- y nuevas reglas que impidan, en lo posible, que se repita dentro de un tiempo el mismo desastre, acrecentado". (EL PAÍS, 28 de octubre de 2009).
En un esfuerzo de ese tipo, que naturalmente ni sería fácil ni tampoco apoyado gratuitamente por nadie, el gobierno de Rodríguez Zapatero podría encontrar un nuevo y decisivo impulso. Si no lo hace, es fácil adivinar lo que va a ocurrir.
* http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
