los motivos de la eurohuelga

Vicenç Navarro

Partidos conservadores y neoliberales están gobernando, tanto en España como en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo los de la Eurozona, implementando políticas públicas que tienen como consecuencia: 1) la realización de reformas laborales que conllevan la disminución de los salarios y el aumento del desempleo; 2) el descenso de la población activa; 3) la reducción de la protección social; 4) el recorte del gasto público social; 5) la privatización de las transferencias y de los servicios públicos del Estado del Bienestar; 6) la reducción de los derechos laborales y sociales; 7) la disminución y privatización de las pensiones públicas; y 8) el debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. La evidencia de que esto está ocurriendo es robusta y claramente convincente (ver sección Economía Política en www.vnavarro.org).

Donde tales políticas han alcanzado su máximo desarrollo ha sido en los países periféricos de la Eurozona, y muy en particular Grecia, Portugal y España. No es por casualidad que estos tres países sean los países donde las fuerzas conservadoras han sido más poderosas e influyentes en sus Estados durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Todos ellos han tenido dictaduras fascistas o fascistoides por un largo periodo de su historia e, incluso, durante su periodo democrático, cuando han estado gobernados por partidos de centro izquierda, las políticas de estos gobiernos han estado seriamente condicionadas por tales fuerzas conservadoras.

Tal dominio conservador explica que estos Estados se caractericen por: 1) ser muy pobres (sus ingresos al Estado representan sólo el 34% de su PIB en España, el 37% en Grecia y el 39% en Portugal, porcentajes mucho más bajos que el promedio de la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajos que en Suecia, el país donde las izquierdas han gobernado por más tiempo durante los últimos cincuenta años, y cuyo porcentaje es el 54%; 2) tener escasa sensibilidad social con sus Estados del Bienestar (transferencias, pensiones y servicios públicos, como sanidad, educación y servicios sociales) muy poco financiados (su gasto público social como porcentaje del PIB es el 22% en España, el 25% en Grecia y el 24% en Portugal, de nuevo más bajos que el promedio de la UE-15 con un 27% y mucho, mucho más bajos que el de Suecia, 30%); 3) la escasez de los recursos públicos, incluyendo empleo en los servicios de tal Estado del Bienestar –como, de nuevo, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, servicios sociales, entre otros- (sólo uno de cada diez adultos trabaja en tales servicios en España, comparado con uno de cada cuatro en Suecia. Si en España fuera uno de cada cuatro, se crearían cinco millones más de puestos de trabajo, eliminando con ello el desempleo); 4) tener las políticas públicas más regresivas y menos redistributivas de la UE-15. (La pobreza en España se reduce, mediante las políticas del Estado -tanto central como autonómico-, sólo 4 puntos, pasando del 24% de la población al 20%, el porcentaje de reducción de la pobreza más bajo –junto con Grecia y Portugal- de la UE-15. El promedio de la UE-15 es de 9 puntos, y en Suecia es de 14 puntos. Como consecuencia, España, Grecia y Portugal son los países con mayor porcentaje de la población que son pobres); 5) tener las cargas impositivas más regresivas e injustas (el trabajador de la manufactura en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El súper rico español, el 1% de la población con mayor renta, paga en impuestos sólo el 10% de lo que paga el súper rico en Suecia); 6) tener los fraudes fiscales más elevados de la UE-15 y también más concentrados en las rentas superiores y en las rentas derivadas del capital (en España el 74% del fraude fiscal -44.000 millones de euros- lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año –un 0,12% de todas las empresas- y la banca. Un tanto semejante ocurre en Grecia y Portugal).

En todos estos países un porcentaje muy reducido de la población (las élites financieras, económicas y mediáticas) tiene una enorme influencia sobre sus Estados, habiendo diseñado sistemas políticos de escasa representatividad electoral. Esta característica es especialmente acentuada en España, donde la Transición (mal definida como modélica) de la dictadura a la democracia, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la gran mayoría de medios de información y persuasión. De ahí que el sistema electoral sea escasamente proporcional y representativo.

Las consecuencias de este dominio conservador

La reducción de la capacidad adquisitiva de la población, resultado del descenso real de los salarios forzó a las familias a endeudarse, beneficiando con ello a la banca, la cual, en maridaje con la actividad más especulativa de la economía española, la actividad inmobiliaria, creó la burbuja inmobiliaria, alimentada también con dinero procedente de la banca alemana (entre otras) que hizo extraordinarios beneficios en aquella inversión especulativa. Durante el boom económico, creado artificialmente por tal burbuja, fuerzas conservadoras forzaron reformas fiscales, bajando los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital (20.000 millones de euros en España), que beneficiaron predominantemente a los sectores más pudientes de la sociedad, creando a la vez un agujero en las cuentas del Estado, que apareció más tarde cuando la burbuja estalló y el déficit del Estado apareció en toda su dimensión.

Como respuesta, el Estado español (así como el griego y el portugués) intentó reducir tal déficit, no mediante la reversión de los recortes de impuestos implementados durante la época de falsa bonanza, sino recortando el ya escasísimo gasto público social. Así se congelaron las pensiones para conseguir 2.000 millones de euros, cuando se podían haber obtenido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el patrimonio o 2.552 millones anulando la bajada de los impuestos de sucesiones. Y, más recientemente, las mismas fuerzas conservadoras han ido recortando 6.000 millones de euros en la sanidad española, cuando se podrían haber obtenido 5.300 millones anulando la bajada de impuestos de las grandes compañías financieras. Hoy el Estado español ha apoyado a la banca con una cantidad semejante al 10% del PIB a la vez que están recortando a diestro y siniestro los servicios y transferencias del Estado del Bienestar. Diariamente se están echando a más de 500 familias de sus hogares por no poder pagar su hipoteca, a la vez que se está ayudando a los bancos con el dinero de todos. Y se están imponiendo enormes sacrificios, y otros que vendrán, para pagar a la banca, tanto española como alemana (entre otras), el dinero que como usurera está consiguiendo a costa de unas prácticas inmorales, injustas y antidemocráticas.

Y digo antidemocrática porque, tal como indiqué en mi artículo “La necesaria huelga general” (Público, 01.11.12), todas estas políticas que se están llevando a cabo no tienen ningún mandato popular, pues ninguna de ellas estaba en los programas electorales sobre los que fueron elegidos. De ahí la necesidad en todos estos países de protestar y denunciar estas prácticas que se están realizando en contra y a espaldas de la gran mayoría de su población. Lo que estamos viendo en cada uno de estos países es el gobierno de una minoría a favor de una minoría, en contra de una mayoría. Las derechas de siempre, en cada uno de ellos, están ahora, bajo el falso argumento de que no hay alternativas, intentando conseguir lo que siempre desearon: la reducción de los salarios y de la protección social y la eliminación del Estado de Bienestar. Y no se puede permitir, por mera salud democrática, que ello ocurra. De ahí que se hayan convocado Huelgas Generales y/o movilizaciones el próximo día 14 de noviembre en cada uno de ellos, para protestar e impedirlo. La propia existencia de la democracia está en peligro.

http://www.vnavarro.org/?p=8060

otra estafa: el test que han hecho a los bancos también tiene trampas

Juan Torres López

En diversas ocasiones he demostrado que la crisis que padecemos es en realidad una sucesión de estafas cometidas por los banqueros, las agencias de calificación, los gobiernos, los grandes medios de comunicación, y los bancos centrales, entre otros (ver La crisis, una estafa detrás de otra).

La sucesión de engaños es realmente impresionante y es raro que pase una semana o dos sin que tengamos que hacernos eco de una nueva. La penúltima, en España, han sido los desvergonzados Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de Rajoy y sobre los que escribí ayer (Presupuestos 2013, un engaño más). Pero es que el mismo día en que fueron presentados volvimos a sufrir una nueva estafa, ahora con el test que acaban de realizar a los bancos españoles supuestamente con el fin de conocer rigurosamente su situación patrimonial presente y futura.

 

La verdad es que era fácil aventurar que algo de eso iba a ocurrir dado que diversos portavoces del gobierno y de la banca llevaban días diciendo que las necesidades eran más o menos de 60.000 millones de euros. Y, sobre todo, sabiendo que quien iba a hacer el test es Oliver Wyman, la consultora que, entre otros grandes hitos financieros, calificó a Anglo Irish como el “mejor banco del mundo” poco antes de que quebrase. 

¡Y así ha sido! Pero resulta que no se ha tardado ni 48 horas en descubrirse que las cifras del test están trucadas para que saliese la cantidad que previamente habían decidido que tenía que salir.

Efectivamente, nada más conocerse los resultados del test, diversos analistas han puesto de relieve que está hecho a base de mentiras y trampas ( ver El test de Oliver Wyman ha cocinado la cifra de 60.000 millones para la banca y no son datos creíbles ).

El truco

Los temas financieros suelen ser complicados y difíciles de entender para la gente normal y corriente pero creo que en este caso se puede explicar fácilmente donde radica el engaño para que cada uno saque entonces conclusiones.

Antes que nada hay que saber que estos test son sencillamente un ejercicio de simulación: se establecen unos escenarios hipotéticos para la economía, y se analiza cómo pueden afectar a los créditos que han dado los bancos para saber, finalmente, cuántas pérdidas van a tener y, si las tienen, si les hará falta o no capital adicional para absorberlas.

La clave, por tanto, está en acertar en tres cuestiones: 

a) el escenario que se cree que se va a dar.

b) los diferentes activos o créditos que tienen los bancos y cómo les va a afectar cada situación,

c) la exigencia de capital necesario para hacer frente a cada situación.

Pues bien, al análisis que ha hecho la empresa Oliver Wyman por encargo del gobierno se le descubren fácilmente los siguientes "fallos":

El primero podría ser más discutibles y es que los escenarios que contempla (uno base más favorable y al que califica como adverso) son demasiado optimistas, de modo que los efectos sobre la situación de los bancos es mucho más suave que los que se deducirían si se hubiera establecido otros más realistas.

El segundo es que, para que le salgan los números que antes de hacer el examen se quería que saliesen, contempla dos exigencias de capital distintas en cada escenario. En el favorable se fija que los bancos deben mantener en el llamado capital core (es decir, en el capital puro con el que de verdad pueden hacer frente a supuestas pérdidas) el 9% de los créditos concedidos. Un porcentaje que no es gratuito sino que es el establecido este verano pasado por el propio gobierno siguiendo las directrices europeas. Sin embargo, en el escenario adverso solo fijan el 6%.

De esta forma, no solo se contraviene la legislación sino que se comete un absurdo: se pide a los bancos menos capital para hacer frente a pérdidas si la situación es peor que si es mejor . Y el absurdo se refleja con toda nitidez en el propio informe que señala que al Banco de Santander y al BBVA le "sobrará" menos capital en la situación favorable que en la situación adversa (al primero, 19.181 millones de euros y 25.297 millones de euros, respectivamente, y al BBVA 10.945 millones y 11.183 millones).

El examen también tiene un fallo garrafal a la hora de considerar los activos o créditos que pueden dejar de cobrarse en cada escenario. 

Efectivamente, para deducir las posibles pérdidas de los bancos españoles se contabilizan el total de 1,4 billones de euros que tenían concedidos en créditos a finales de 2011 (227.000 a empresas inmobiliarias, 602.000 en hipotecas hogares, 254.000 a grandes empresas, 237.000 a Pymes y 115.000 en otros créditos diversos). Y a partir de ahí se estima que en el escenario favorable los bancos perderían 129.400 millones de euros (64.900 millones de inmobiliarias, 10.900 millones de hipotecas a familias, 14.000 de las grandes empresas y 25.000 millones de las Pymes). En el escenario adverso las pérdidas se serían 209.100 millones de euros. 

Al comparar esas pérdidas estimadas con el capital de cada uno de los bancos es como se deduce que las exigencias de capital total serán de 26.000 millones de euros en el escenario más favorable y de 54.000 millones en el escenario adverso ( 59.300 millones sin considerar los procesos de fusión y el impacto fiscal) . 

Ahora bien, el optimismo de esas cifras proviene, en primer lugar, de que el examen no ha tomado en cuenta los créditos que la banca española ha concedido al Estado español y que según el Banco de España a finales de agosto alcanzaban una cifra de 184.511 millones de euros. 
  

Es mucho suponer que la banca española vaya a cobrar todo ese crédito soberano, es decir, que a corto o medio plazo no se vaya a producir en España una quita o reestructuración de la deuda que suponga pérdidas adicionales a los bancos que la posean. 

 

Y en segundo lugar, algún analista también ha detectado que hay trampas en los cálculos efectuados para cada una de las entid ades. Así Guru Huky demuestra que con otras hipótesis más realistas que las del examen de Oliver Wyman a La Caixa no le sobrarían 5.700 millones de euros sino que le faltan casi 4.800 millones de euros (ver Informe Oliver Wyman. Tres trampas y una mentira y La trampa del test de estrés de Oliver Wyman. En realidad sólo 4 bancos no necesitán más capital ). 
 
 

Y a estas trampas hay que sumar evidentemente el mismo engaño que se produce cada vez que se le da dinero a bancos: que todo se hace para que vuelvan a dar crédito a empresas y consumidores. Incluso el muy optimista test de Oliver Wyman demuestra que la banca española va a acumular enormes pérdidas en los próximos años y que tendrá que ir reduciendo "apalancamiento", es decir, el porcentaje de crédito sobre su capital. Por lo tanto, será prácticamente imposible que el crédito fluya mientras se siga esta política de rescatar a bancos que están medio muertos para salvar a los banqueros. 

¿Hasta cuándo?  

En conclusión, los ciudadanos vamos a ser engañados una vez más: ya lo hicieron hace unos meses cuando después de examinar a Bankia el Banco de España afirmaba que estaba perfectamente, tal y como sucedió en otros países con otros bancos, que cayeron pocos meses o semanas después de haber superado "exitosamente" test de solvencia bancaria como los de ahora. 

Tienen previsto darle a los banqueros lo que haga falta para salvarlos y ya han decidido que el dinero lo pongamos la gente normal y corriente. Y punto. Si hace falta inventarse continuamente números, informes y mil excusas, se inventan. 

Lo impresionante es el poder de manipulación tan imponente que han acumulado y que les está permitiendo robar a plena luz del día sin que haya una movilización social gigantesca que les pare los pies de una vez por todas.

 http://juantorreslopez.com/

¿es ee.uu. una democracia?

Vicenç Navarro*

Esta pregunta parece, a primera vista, una provocación, pero no lo es. En un momento como el actual con una extensa cobertura mediática de las elecciones a la Presidencia y al Congreso de EEUU, en la que aparece un debate vivo e intenso entre dos posturas distintas representadas por dos opciones claramente diferenciadas, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, cuyos candidatos a la Presidencia del país han sido resultado de unas primarias, especialmente intensas en el caso del Partido Republicano, tal pregunta será interpretada por la sabiduría convencional que tales medios reproducen, como una “frivolidad” en el mejor de los casos, o como un indicador más del supuesto “antiamericanismo” que supuestamente caracteriza a las izquierdas europeas. Puesto que tal acusación ya se ha hecho en más de una ocasión, me siento en la necesidad de aclarar que he vivido durante muchos años en EEUU y que me siento comprometido emotiva y políticamente con el bienestar de las clases populares de aquel país a las que he intentado servir durante mis años de trabajo en EEUU (desde las aulas de la academia hasta los despachos de la Casa Blanca), siendo mis críticas a las instituciones representativas de aquel país fruto de tal compromiso, pues comparto la percepción generalizada que tiene la mayoría de la población estadounidense de que tales instituciones representativas no representan en realidad sus intereses. El 85% (repito, el 85%) de la población estadounidense, por ejemplo, no considera que el Congreso de los EEUU represente sus intereses. Y cuando se les pide a quién creen que representa, la respuesta mayoritaría (el 82%) es la Corporate Class (los componentes de las élites empresariales de las grandes compañías o empresas del país).

La mayoría de la población lleva razón. Los debates de la vida política se hacen dentro de unos márgenes muy limitados definidos precisamente por tal Corporate Class, que es la que financia el proceso electoral y las campañas electorales de la gran mayoría de los políticos. Ni que decir tiene que existe diversidad en el abanico de propuestas hechas por los dos partidos mayoritarios –el Partido Republicano y el Partido Demócrata-, diversidad que es la que alimenta el debate político y mediático en el país. Pero tal diversidad está muy limitada debido a las fronteras ideológicas definidas por la Corporate Class. Existen miles de ejemplos de esta falta de diversidad. Por ejemplo, todas las ofertas de cambio en el sistema de sanidad, eminentemente privado (aunque financiado públicamente en un 48% de todo el gasto sanitario) no cuestionan el protagonismo de las compañías de seguro privadas en la gestión del sistema, y ello a pesar de que según las encuestas de opinión popular, una mayoría de ciudadanos en aquel país preferiría un sistema (como existe en Canadá) en que el papel de tales compañías sería muy inferior. En realidad, la aplicación del sistema canadiense en EEUU permitiría la extensión de la cobertura sanitaria a toda la población (medida deseada por la mayoría de la población) a un coste mucho menor que el actual de EEUU (que alcanza a ser un 16% del PIB). Tal posibilidad, sin embargo, ha sido descartada, incluso por el Presidente Obama. Las compañías de seguros privadas han financiado extensamente las campañas de todos los candidatos (tanto de los demócratas como de los republicanos) a la Presidencia de EEUU, impidiendo que tal alternativa sea incluso discutida. Y ello, repito, a pesar de su popularidad.

La baja calidad democrática de los sistemas mayoritarios

El sistema bilateral mayoritario, sin ningún sesgo de proporcionalidad, favorece esta captura de los partidos por los componentes de la Corporate Class. Es paradójico que EEUU, el prototipo del sistema electoral mayoritario sea tomado como ejemplo por algunas voces en España. El reciente artículo en El País “Una teoría de la clase política española” (14.09.12) proponiendo el sistema mayoritario muestra un claro desconocimiento de su autor, César Molinas, de la realidad política estadounidense, el sistema mayoritario “por excelencia”. En realidad las graves limitaciones que existen en la democracia española se basan precisamente en la escasa proporcionalidad de su sistema electoral. El protagonismo de la vida política y mediática del país por parte de dos opciones mayoritarias (favorecido por tal sistema electoral) en España ha empobrecido enormemente la vida política del país, facilitando, a su vez, su adaptación (cuando no coaptación) a los poderes financieros y económicos dominantes en España. No es extraño, por cierto, que los movimientos a favor de cambios profundos en sus sistemas democráticos –como el Occupy Wall Street y el 15M- hayan ocurrido en dos de los países con menor proporcionalidad en su sistema político (EEUU y España).

La privatización del sistema electoral

El otro problema de la democracia estadounidense es la privatización del sistema electoral. Las elecciones son financiadas predominantemente por fondos privados provenientes en su gran mayoría de las grandes empresas y de los grupos fácticos que donan su dinero con el objetivo (exitoso) de influenciar a aquellos que reciben el dinero. La gran mayoría de fondos que financian a los candidatos (incluyendo a Barack Obama en las últimas elecciones presidenciales y en las presentes) procedían y proceden de grandes empresas o asociaciones comerciales o profesionales.

Esta situación ha alcanzado su máxima dimensión con la aprobación por parte del Tribunal Supremo de EEUU, de una sentencia, en el caso Citizens United vs Federal Electoral Commission, permitiendo que las empresas pudieran dar tanto dinero como quisieran a los candidatos políticos a fin de influenciar las elecciones y/o las decisiones políticas. Estas empresas pueden, incluso, ser extranjeras. Hemos visto así como el Instituto Americano del Petróleo (IAP), el portavoz de las compañías petrolíferas, se ha gastado 7.3 millones de dólares para oponerse (exitosamente) a cualquier legislación federal que previniera el calentamiento ambiental, resultado de la utilización de petróleo. Uno de los dirigentes más activos ha sido Tofiq Al-Gabsani, el representante de las empresas petrolíferas basadas en Arabia Saudí, hoy uno de los mayores financiadores del candidato republicano Romney.

La participación activa del IAP en la financiación del Partido Republicano fue la causa de que el 86% de los nuevos miembros republicanos en las últimas elecciones al Congreso de EEUU firmaran un manifiesto, redactado por IAP, en el que se comprometían a oponerse a cualquier tipo de legislación que regulara el comportamiento de la industria petrolífera para prevenir el cambio climático. El IAP ha negado que el obvio cambio climático tenga nada que ver con la utilización del petróleo, financiando estudios de nula credibilidad científica que supuestamente muestran que tal cambio climático se deba a causas naturales (ver Lee Fang “How Citizens United unleashed millions in secretive spending by US and foreign firms”. The Nation. 27.08.12).

Otro ejemplo es la Asociación de la Industria Farmacéutica, que ha gastado 10 millones de dólares para evitar (exitosamente) que el gobierno federal sea el que defina el precio de los fármacos que éste compra, con lo cual el precio de tales fármacos los dicta la propia industria farmacéutica en lugar del gobierno federal. EEUU es el único país que no utiliza su enorme poder de compra de fármacos para dictar los precios de los productos farmacéuticos que compra. Tiene que comprarlos al precio marcado por la industria.

¿En qué se gasta el dinero?

Esta cantidad de dinero se utiliza sobre todo para comprar tiempo televisivo y radiofónico, abierto al mejor pagador sin ninguna regulación en la distribución de tal espacio. Y el contenido de los anuncios políticos, cuyo número y tiempo de exposición depende del dinero del candidato político, tampoco tiene ningún tipo de regulación. Un anuncio puede mentir descaradamente –como lo hacen los candidatos Romney y Ryan- sobre sus adversarios políticos sin que haya ninguna capacidad de respuesta, excepto comprando otro anuncio que lo rebata. El que tiene menos fondos puede aparecer y rebatir menos. De ahí que el objetivo de Romney sea conseguir varias veces más dinero que el candidato Obama, hoy Presidente, pues está seguro (y lleva razón en sus predicciones) que con tal abundancia de fondos puede derrotarlo. Y estos fondos proceden, de nuevo, en su gran mayoría de la Corporate Class. Como ha reconocido nada menos que el Senador Republicano John McCain, candidato republicano a la presidencia de EEUU en 2008, “las elecciones en EEUU son un juego de poder en el que ambos partidos políticos –el Republicano y el Demócrata- compiten para permanecer en sus cargos, vendiendo el país al mejor postor” (citado en Bill Moyers, Money in Politics: where is the outrage?). ¿Es esto una democracia? Imagínense que esto ocurriera en Venezuela. El follón que se armaría en los medios sería enorme. Ocurre en EEUU, y tales medios dedican horas y horas a lo que llaman proceso democrático en aquel país, sin cuestionar, ni una sola vez, si es, en realidad, un proceso democrático.

 

*http://www.vnavarro.org

la guerra en cuestión de semanas

Paul Joseph Watson*

El líder supremo iraní ayatolá Alí Jamenei, dijo a los más altos jefes militares iraníes que esperaran  "la guerra en cuestión de semanas", en una reciente reunión del consejo de guerra, de acuerdo con la agencia israelí de noticias DEBKAfile.

"A pesar de que las represalias han estado exhaustivamente presentes en los ejercicios militares regulares durante el año pasado, Jamenei ordenó el mayor proyecto de fortificación en la historia de Irán para salvar su programa nuclear de la más poderosa de las super-armas de América. Las rocas se están reuniendo desde lejos, amontonadas sobre las principales instalaciones nucleares, cubiertas con varias toneladas de hormigón y finalmente con recubrimiento de acero", señala el informe.

A pesar de todos los reportajes de fondo que especulan que la decisión de atacar a Irán por parte de  Israel había sido retrasada hasta la primavera de 2013, un relato paralelo de que un ataque militar podría tener lugar en septiembre u octubre ha estado rondando mas recientemente.

Sea correcto o no el informe de DEBKAfile, Irán ha concluido los preparativos para un conflicto con su reciente anuncio de que los planes para cerrar el Estrecho de Ormuz, un punto clave del Golfo Pérsico a través del cual el 33% de los embarques de petróleo del mundo pasan todos los días, ya están terminados.

Los Estados Unidos respondieron el mes pasado con el envío de submarinos no tripulados bajo el agua del mar para encontrar y destruir las minas y evitar que Irán sea capaz de bloquear el Estrecho.

El portaaviones de EEUU Eisenhower y el Enterprise siguen estacionados en las aguas que rodean a Irán, apoyados por varios barcos de ataque más pequeños.

Aunque el Secretario de Defensa, Leon Panetta, negó informes de que su próximo viaje a Israel incluye las discusiones sobre un marco de tiempo potencial para atacar las instalaciones nucleares de Irán, durante una reciente visita presidencial de Mitt Romney, el candidato señaló que iba a respaldar  un asalto por parte del Estado judío.

Según el Guardian de Londres, las principales figuras militares israelíes se oponen a un ataque contra Irán a corto plazo, con el Primer Ministro Binyamin Netanyahu insistiendo en que él tomaría la decisión.

Sin embargo, el Jefe de Estado Mayor, el Teniente General Benny Gantz negó públicamente que se opusiera al ataque y volvió a afirmar que el ejército israelí llevará a cabo la orden de atacar las instalaciones nucleares de Irán si se da tal orden.

 *http://www.infowars.com/iranian-ayatollah-war-within-weeks/

la nueva aristocracia financiera

Andre Damon*

Mientras gobiernos en todo el mundo cierran escuelas, despiden trabajadores y recortan el apoyo a los pobres, ancianos y enfermos, la oligarquía financiera que gobierna el mundo aumenta su riqueza y su poder. 

Los ingresos de los directores ejecutivos bancarios mejor remunerados aumentaron un 12% el año pasado, según un análisis de los 15 mayores bancos globales realizados por el grupo de investigación Equilar. Esos ejecutivos recibieron un promedio de 12,8 millones de dólares per cápita, a pesar de la baja de los valores de las acciones y de las ganancias de la mayoría de los bancos. 

Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, nuevamente lideró la lista al recibir 23,1 millones de dólares, un aumento de 11% respecto a 2010. Bajo la dirección de Dimon, JPMorgan reveló pérdidas especulativas de miles de millones de dólares. 

Gobiernos de todo el globo han rescatado a estos bancos con billones (millones de millones) de dólares. Han subvencionado masivamente a esas gigantes instituciones financieras en manos privadas, y están listos para volver a rescatarlos cuando sea necesario.

El informe del pago a los banqueros se publicó pocos días después de que el gobernador de Hawái anunció que el director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, compró Lanai, la sexta isla hawaiana por un importe de entre 500 y 600 millones de dólares. Los 3.000 residentes de la isla dependerán de la buena voluntad de Ellison como los vasallos de la Edad Media dependían de su señor. 

Ellison, el tercer individuo más rico en EE.UU., es tristemente célebre por su extravagancia y su mezquina avaricia. En 2008, obtuvo un reembolso tributario de 3 millones de dólares de la ciudad de Woodside, California, después que un tribunal dictaminara que su casa, una reproducción del predio de un emperador japonés cuya construcción costó 200 millones de dólares, tenía un valor de solo 100 millones en el mercado actual. 

El tribunal declaró que nadie, con la excepción de Ellison, podía permitirse vivir en la casa, lo que le daba “un atractivo limitado en el mercado” y por ello redujo las contribuciones de bienes raíces del ejecutivo de Oracle. 

Los impuestos cuyo pago eluden Ellison y los demás multimillonarios de California han contribuido al déficit presupuestario de 15.000 millones de dólares que ahora encaramos mediante recortes en programas sociales vitales que protegen a millones de personas de la pobreza extrema. 

El gobernador de California Jerry Brown, demócrata, y la legislatura estatal controlada por su partido llegaron a un acuerdo la semana pasada sobre recortes de los gastos por un mínimo de 8.000 millones de dólares. Las prestaciones sociales del Estado se reducirán a la mitad y se recortarán 1.000 millones del programa Medicaid del Estado, 402 millones de los salarios de los trabajadores estatales y 240 millones de dólares del programa de atención infantil.

Ellison, cuyo patrimonio neto es de 36.500 millones de dólares, podría firmar un cheque que cubriría el monto de esos recortes… multiplicado por cuatro. Y hay otros 99 multimillonarios en el Estado. 

Otro ejemplo de cómo utilizan los súper-ricos sus vastas fortunas se ha grabado en un documental que se exhibirá próximamente: La reina de Versalles. La película muestra los esfuerzos del multimillonario fundador de Westgate Resorts (alojamientos vacacionales de lujo) y su esposa, exmodelo, para construir la casa más grande de EE.UU. Con 8.361 metros cuadrados, la mansión en Orlando, Florida, incluye diez cocinas y una bolera. 

La suntuosa casa en Florida se llama Versalles en honor al palacio de Luis XVI y María Antonieta. El hecho de que la Revolución Francesa decapitase a la pareja real parece haber sido olvidado por los constructores del nuevo Versalles. 

Un detalle encantador revelado en la cinta sobre el estilo de vida en el nuevo Versalles es que nunca han educado a los perros de la familia porque siempre hay un pequeño ejército de sirvientes a mano para limpiar sus residuos. 

Aristocracia, según su raíz griega, significa “gobierno de los mejores”. Sin embargo la oligarquía financiera, cuyos intereses egoístas determinan las políticas de los gobiernos del planeta, incluye a los segmentos más ignorantes y depravados de la sociedad moderna. “La basura se separa flotando hacia arriba”, dijo Marx sobre los especuladores y estafadores de su época. 

“La aristocracia financiera”, agregó, “en su modo de adquisición así como en sus placeres, no es otra cosa que el renacimiento del lumpen-proletariado en las alturas de la sociedad burguesa”. 

Las décadas que precedieron al crac Wall Street de 2008 presenciaron un dramático enriquecimiento de ese elemento social y la remodelación de la política para ajustarla a sus necesidades. La oligarquía financiera ejerce una influencia monopolista en la vida política y los mecanismos policiales del Estado, reforzados desde 2001, se han establecido en gran parte para proteger su riqueza. 

El propio gobierno de Obama es una expresión de este proceso. En 2008, Barack Obama recibió más dinero de la industria financiera que cualquier otro candidato de la historia de EE.UU. Y después de su elección, procedió a llenar su gabinete de antiguos ejecutivos de Wall Street. Una vez asumido el mando, Obama puso millones de millones de dólares a disposición de los bancos y protegió a los responsables del crac de 2008 de una investigación criminal o procesamiento. 

La concentración de esta gran riqueza en manos de una aristocracia financiera se hace directamente a costa del resto de la sociedad. Una de cada dos personas en EE.UU. es pobre o casi pobre, y la riqueza de un grupo familiar promedio cayó un 39% entre 2007 y 2010.

Millones de personas tienen dificultades para que les alcance el dinero y el aumento de los que viven en una pobreza extrema es impresionante. La proporción de la población que vive en “pobreza extrema” ha aumentado un 50% desde 2000, de 4,5% a 6,7%. La calificación de extremadamente pobre es cuando un individuo percibe menos de 5.851 dólares y una familia de cuatro menos de 11.509 dólares. 

Como escribió Mark Twain: “Nunca hubo una revolución a menos que hubiera algunas condiciones opresivas e intolerables contra las cuales hacerla”. 

 

Todos los años se desperdician billones de dólares en yates, mansiones y clubes de campo de los ricos y la microeconomía que crean a su alrededor. Vastos recursos se dedican a la especulación financiera, canalizados al casino de juego de Wall Street. Si esta riqueza recibiera un uso racional contribuiría considerablemente a la erradicación del desempleo, la pobreza y la enfermedad. 

El fin de la anarquía y de la explotación en el corazón del sistema capitalista, que encuentran una expresión particularmente nociva en la concentración de obscenos niveles de riqueza en la cima, permitiría que la humanidad movilizara y desarrollara las fuerzas productivas, incluidas la ciencia y la tecnología, para aumentar enormemente el nivel material y cultural de la sociedad humana y eliminar la desigualdad. 

Y no obstante el grito universal de la política oficial es que “no hay dinero” para financiar programas sociales o pagar salarios decentes, y los que trabajadores, incluidos los más pobres y más vulnerables, deben “apretarse el cinturón”. 

Es el carácter de las clases gobernantes en bancarrota histórica. El problema no es solo su riqueza personal, sino, más fundamentalmente, su dominio de las fuerzas productivas de la sociedad. Hay que arrancar las gigantescas corporaciones e instituciones financieras de las manos privadas y dirigirlas democráticamente para reconstruir la sociedad que los súper-ricos han devastado. 

Fuera de la revolución socialista no existe ningún camino para limitar el poder político y económico de la nueva aristocracia que saquea la sociedad para su enriquecimiento personal. 

* http://www.wsws.org/index.shtml

los retos de rio + 20

Ignacio Ramonet*

Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.

Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal. 

La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas ­tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia. 

Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.

Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)... 

En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros…

Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...

Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.

Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.

Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5). 

El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias.

Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito. 

Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos. 

En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).

La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su  lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.

(1) Léase Ignacio Ramonet,  “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.

(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.

(3) The New York Times, Nueva York, 13 de mayo de 2012. http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/05/13/eurodammerung-2/?smid=tw-NytimesKrugman&seid=auto

(4) “Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos para retirar sus ahorros, el ministro  Domingo Cavallo decidió que cada titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible.

(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación  para Rio+20?”, 4 de abril de 2012. http://rio20.net/documentos/que-pasa-en-la-negociacion-para-rio20

(6) http://rio20.net/en-camino-a-rio

(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012. http://redconvergenciasocial.org/?p=160

* http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Ramonet

crisis, desigualdad y pobreza

Antón Saracíbar*

Las sociedades más justas y avanzadas en términos económicos y sociales se identifican por apostar fuertemente por decididas políticas de empleo (encaminadas hacia el pleno empleo), políticas fiscales basadas en la suficiencia, equidad y progresividad, sistemas de seguridad social eficientes y solidarios (pensiones y dependencia), potentes servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) y, desde luego, por promover fuertes organizaciones sindicales. La salida neoliberal de la crisis está destrozando estas políticas y dejando en precario el Estado de Bienestar social y, como consecuencia de todo ello, las sociedades son más pobres, injustas y desiguales. El caso de España es particularmente significativo. Los ciudadanos contemplan con estupor e indignación -desde hace dos años y, particularmente desde hace seis meses- un considerable aumento de las desigualdades: salarios y pensiones escandalosas en el sector financiero (no sólo en Bankia); gastos suntuarios (la venta de artículos y coches de lujo está aumentando); especulación y engaño; en definitiva, concentración de riqueza en manos de unos pocos. Por el contrario, se multiplican los recortes en servicios básicos (sanidad, enseñanza, servicios sociales e investigación); en pensiones y salarios; y aumenta rápidamente el desempleo y la precariedad de nuestro mercado de trabajo. A ello hay que añadir el anuncio de nuevas medidas que pueden afectar a la fiscalidad (IVA), a las pensiones, a las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social (reducción de las mismas) e, incluso, a las prestaciones por desempleo.

En todo caso, la desigualdad ha estado creciendo desde hace mucho tiempo; por lo tanto, se viene produciendo desde antes del comienzo de la crisis, según el informe Benchmarking Working Europe 2012 (Christophe Degryse, ETUI). Las políticas neoliberales desarrolladas en la UE, durante más de 20 años (finales de la década de los ochenta), han contribuido a intensificar las disparidades sociales y salariales; cada vez resulta más evidente que las políticas justificadas en nombre del crecimiento y del empleo han conducido a una menor cohesión social y a una mayor desigualdad, particularmente en relación con los salarios, las pensiones, las prestaciones sociales, los servicios públicos, la fiscalidad y el mercado de trabajo. También las desigualdades han aumentado con las medidas aplicadas para salir de la crisis -basadas en la austeridad y en los recortes presupuestarios-, que han afectado a los más débiles al alargarse los periodos de desempleo y de exclusión social. Mientras eso ha ocurrido, el BCE no ha dudado en ayudar a una parte del sector financiero con préstamos de bajo interés (1%) y, en la actualidad, el Gobierno español se prepara para ayudar a Bankia (23.000 millones de euros), hipotecada por el ladrillo y la morosidad (sin una investigación profunda de lo ocurrido), lo que está produciendo una indignación generalizada entre las personas más afectadas por el ajuste fiscal y los recortes. Esa cantidad se añade a los 105.000 millones de euros (11% del PIB) que los gobiernos han canalizado al sector financiero desde el comienzo de la crisis.

Por su parte, el Barómetro Social de España que recoge el Colectivo Ioé, en su informe sobre desigualdad de abril de 2012, hace especial hincapié en que la desigualdad social ha aumentado al amparo de la actual crisis económica. Según la Estadística de Salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la masa salarial se ha incrementado un 69,3% entre 1994 y 2010 (debido al aumento de los asalariados: han pasado de 11 a 18 millones); sin embargo, el salario medio en moneda constante sólo ha aumentado un 1,9%. Mientras tanto, los beneficios empresariales se han incrementado un 47, 8% en términos de PIB, lo que significa que los ingresos de los empresarios han sido muy superiores a los de los asalariados (transferencia de rentas del trabajo al capital).

Las desigualdades salariales por sexo también son dignas de mención y han aumentado en la última década. En el año 2000 la retribución media de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 2010 y la de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60%. Por sectores de actividad, el sector menos retribuido es el agrícola y pesquero, con un salario medio cinco veces inferior al percibido en el sector financiero. Por CCAA, los salarios en Extremadura son un 23,1% menos que la media española y un 40,6% menos que los de Madrid. Por último, la mano de obra inmigrante (subproletariado) recibe un salario inferior en un 49,2% a la española y lo mismo ocurre con los trabajadores afectados por problemas de exclusión social.

Sin embargo, la peor parte de la crisis la soportan los desempleados que han sufrido el ajuste de la crisis y han pasado del 8,3% al 20,1%, entre 2007 y 2010 (24,3%, en el primer trimestre de 2012). El paro de larga duración (más de un año buscando empleo) ha pasado del 23,7 al 43,3% de las personas en paro y las que no reciben ninguna prestación han subido del 22,5 al 34,3%; además, los hogares con todas las personas activas en paro se han triplicado pasando del 3,3 al 10,1%. Al finalizar el pasado año se ha confirmado que España es el país con mayor tasa de desempleo de la UE -duplicando la media europea (11%)-, lo que representa el principal problema de los españoles de acuerdo con el barómetro del CIS, tanto por sus repercusiones económicas como sociales. Por otra parte, en el primer trimestre del año 2012, el empleo temporal y el paro afecta al 45,2% de los asalariados (9,1 millones de trabajadores) y el empleo indefinido con salarios intermedios (entre 1.000 y 2.500 euros) se sitúa en 11,3 millones de empleados; por último, dentro de la escala superior con mayores ingresos y estabilidad (3,8 millones de personas), una minoría (156.000 trabajadores: 0,8% del total) percibe nada menos que un salario medio de 12.000 euros (directivos financieros y de grandes empresas).

Con la seguridad social ocurre algo parecido. Las pensiones representan más de la cuarta parte del gasto social -distribuidas en prestaciones contributivas (94,5%) y en no contributivas (4,5%)- y su peso en relación con el PIB bajó del 8,3% en 1994 al 6,4% en 2006, para subir al 7,3% en 2009 y estancarse en los años siguientes.

Por su parte, las prestaciones por desempleo están aumentando en porcentajes del PIB debido al incremento del paro. A pesar de ello, la prestación contributiva media se ha reducido, a medida que aumentaba la prestación asistencial, por el desempleo de larga duración. Por eso, la tasa de cobertura de la prestación por desempleo ha pasado del 77,5% en 2007 al 56,9% en 2011, lo que significa que casi la mitad de los desempleados no tienen prestación por desempleo. Como consecuencia de todo ello, ha aumentado la pobreza. Según EUROSTAT -que relaciona la pobreza en los hogares con una renta por persona por debajo del 60% de la media-, se ha pasado del 19,6% en 2007 al 21,8% en 2010; esto es, de 8,9 a 10,3 millones de personas pobres, además de constatar un aumento de los desalojos, desahucios y embargos de las viviendas.

La política fiscal (con una fuerte capacidad redistributiva) no ha participado en la superación de las desigualdades; más bien está colaborando en agravar las mismas. Las rentas del trabajo aportan al fisco más del doble que las rentas del capital y más de tres cuartas partes del fraude fiscal proceden de la banca, las empresas multinacionales y los grandes patrimonios, según la propia Agencia Tributaria. Efectivamente, la política llevada a cabo desde 2010 se ha encaminado a aumentar la carga impositiva de la población asalariada y reducir las prestaciones del Estado de Bienestar respondiendo a una orientación claramente neoliberal que, por otra parte, garantiza las rentas del capital financiero a costa de la socialización de sus pérdidas y de empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Por último, en el informe ‘Employment and Social Developments in Europe 2011’, la Comisión Europea también reconoce que se está incrementando la desigualdad con los consiguientes problemas de cohesión social, amenaza a la democracia y estabilidad económica. Superar esta situación requiere fortalecer las políticas sociales y los sistemas de seguridad social, pero también las políticas redistributivas a través de políticas fiscales que penalicen la especulación financiera y las rentas más altas, impulsar las políticas activas de empleo, repartir el tiempo de trabajo, potenciar la negociación colectiva y fortalecer a los sindicatos en su lucha por conseguir una sociedad más justa. 

En definitiva, la distribución de la riqueza es particularmente injusta al subordinarse las políticas sociales a las prioridades de la acumulación de capital (en torno al sector financiero), lo que ha precipitado el descontento y la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y el poder legislativo, al constatar el deterioro de la democracia representativa supeditada, de hecho, al sistema financiero internacional.

A tenor de lo dicho, la lucha contra la desigualdad y la pobreza resulta ineludible y debe ser protagonizada por la izquierda en el conjunto de la UE. En este sentido, el triunfo de Hollande en Francia ha significado un soplo de aire fresco; sin embargo, nada será fácil en un contexto de crisis y desempleo generalizado hasta que la izquierda sea capaz de recuperar la confianza perdida y de generar ilusión en el conjunto de la ciudadanía. También los sindicatos están sufriendo las consecuencias de las duras campañas antisindicales que se están llevando a cabo en el marco de la UE, y cada vez se sienten más marginados, como ocurre en la nueva Estrategia Europea 2020. A pesar de ello, si queremos salir de la crisis debemos avanzar por este camino, removiendo los obstáculos contrarios a las políticas encaminadas a conseguir la igualdad y la justicia social.

En todo caso, impulsar el crecimiento (en los últimos años ha generado desigualdad) no será suficiente para salir de la crisis y resolver los problemas pendientes. Cada vez se está más de acuerdo en que la desigualdad ha sido la causante de la crisis y no su consecuencia y en que el crecimiento ya no reduce las desigualdades sino todo lo contrario (Niechoj et al., 2011), como se ha demostrado en los últimos años. ¿Es posible salir de la crisis sin reducir primero la desigualdad social en todas sus formas? Para algunos, la respuesta es claramente: “No” (Reich, 2011). ¿Es posible que un mayor crecimiento económico mejore el bienestar de la población europea? Algunos creen que la respuesta es también: “No” (Wilkinson y Pickett, 2009). Finalmente, si hacemos la misma pregunta, pero esta vez en positivo: ¿Es posible que una mayor igualdad proporcione un camino alternativo a la austeridad para salir de la crisis y volver a la prosperidad sostenible? Un número cada vez mayor de personas responden: “Sí” a esta pregunta.

Esta última y rotunda afirmación nos compromete a todos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En una sociedad moderna y muy bien comunicada, la ciudadanía no va a tolerar que los más ricos sigan repartiéndose la “tarta” a su antojo. Ese modelo económico y social basado en las desigualdades está condenado al fracaso, como se está divulgando a través de las redes sociales y se pone de manifiesto en las reiteradas movilizaciones populares. Por el contrario, la salida de la crisis pasa por fortalecer las políticas que contribuyan a eliminar las diferentes formas de explotación, corrupción y desigualdad social; evitando, por supuesto, la excesiva concentración de riqueza en manos de unos pocos. Rajoy debe tomar nota: lo primero es la igualdad y la justicia social (por sí mismas generan empleo) y, después, el crecimiento económico.

* http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Sarac%C3%ADbar

sintomatología de la guerra: el petróleo

Alberto Piris*

En la ya larga historia bélica de la humanidad, las guerras han estallado cuando los dirigentes de las sociedades humanas -sean éstas tribus, clanes, reinos, imperios o Estados- necesitaban disponer de ciertos recursos de los que carecían, o de los que solo disponían en poca cuantía, para acrecentar su (1) poder, (2) riqueza, (3) prestigio o (4) hegemonía regional o universal. Todas las guerras, incluso las civiles, pueden clasificarse en alguno de esos cuatro apartados, cuando no en varios de ellos a la vez. Los generales que se sublevaron contra la República española deseaban hacerse con el poder; casi todas las guerras coloniales tuvieron por objeto apoderarse de las riquezas naturales de los pueblos colonizados; el Imperio y el Papado guerrearon por cuestiones de prestigio; y los sucesivos imperios que se han sucedido en el mundo (salvo algunos asiáticos orientales) han derramado la sangre de sus soldados en busca de una hegemonía que podría darles todo lo demás.

Religión, carbón, petróleo, metales raros, zonas o enclaves estratégicos, puertos, salidas al mar, disputas dinásticas, agravios históricos, odios étnicos, fronteras vulnerables, delincuencia, contrabando... han sido los motivos concretos que han llevado a unos Estados a luchar contra otros en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. En los últimos meses se advierte una clara sintomatología que apunta hacia un recurso fundamental para el mundo de hoy: los hidrocarburos energéticos.

Michael Klare es un veterano investigador estadounidense, algunas de cuyas obras tuve ocasión de traducir y prologar en tiempos pasados, cuando la seguridad de la humanidad se veía amenazada por la Guerra Fría y, desde distintos ámbitos, compartíamos preocupaciones comunes. Acaba de publicar un interesante libro titulado The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources ("La carrera por lo que queda: la rebatiña global por los últimos recursos mundiales"), donde identifica los síntomas de nuevos e inminentes conflictos en torno al petróleo. 

En los primeros meses de 2012 se advierten ya estallidos que anuncian una agravación del conflicto petrolero mundial. Klare identifica seis puntos críticos que han sido objeto de la atención de los medios de comunicación; cinco de ellos se han revelado durante el mes de abril.

El día 7 de ese mes, buques de guerra chinos y filipinos protagonizaron un incidente en torno a una pequeña isla del Mar de la China Meridional. La tensión se alivió después, pero ambos países reclaman la soberanía sobre unos fondos marítimos en los que se han descubierto nuevos yacimientos de hidrocarburos. El día 10, tropas del nuevo Estado de Sudán del Sur ocuparon unos yacimientos que, según el tratado de independencia, pertenecen a Sudán; la aviación de este país bombardeó varias localidades de su vecino meridional. Aunque entre ambos países hay serios conflictos étnicos y económicos, el reparto de los recursos petrolíferos del antiguo Sudán es el eje del problema.

El 16 de abril Argentina anunció la nacionalización de YPF, la principal empresa petrolífera del país, participada mayoritariamente por la española Repsol YPF, creando un conflicto con España y con la Unión Europea. Aparte de las tendencias nacionalistas del régimen argentino, se trata de obtener más beneficios económicos y políticos de sus recursos naturales, que incluyen grandes yacimientos de gas de pizarra, considerados los terceros del mundo.

Por estas mismas fechas, la Cumbre de Las Américas en Cartagena de Indias apoyó la reivindicación argentina de las islas Malvinas. Si la guerra de 1982 se hizo por prestigio nacional, las cosas han cambiado desde que unas recientes prospecciones han confirmado la existencia de vastos recursos de petróleo y gas natural en las aguas del archipiélago. El 22 de abril, Egipto cortó el envío de gas natural a Israel, en un ambiente de algaradas populares y atentados contra los oleoductos. No se trata solo de discrepancias en el precio a pagar sino en el uso del suministro petrolífero como arma política en las relaciones entre ambos países. 

Por último, es evidente que EE.UU. prepara sus recursos militares frente a Irán, aunque hasta que transcurran las elecciones presidenciales es poco probable que se adopten medidas drásticas. Si bien existen otras razones, a las que no es ajena la política del Gobierno israelí, el petróleo también juega aquí un papel importante: tanto por la amenaza iraní de cerrar el estrecho de Ormuz, por donde circula una tercera parte del tráfico mundial de este producto, a las exportaciones en caso de ser atacado, como por la amenaza de imponer restricciones a la exportación iraní de hidrocarburos.

Si la diferencia entre países ricos y pobres en recursos petrolíferos ha sido siempre motivo de conflictos, el constante aumento de la demanda y una oferta cada vez más compleja y reducida solo pueden apuntar a nuevos problemas, causados por la tendencia a recurrir a la fuerza o a la amenaza de fuerza, para hacerse con los valiosos depósitos de petróleo o gas que escasean cada vez más. Atención, pues, a una lucha por la energía, que se avecina implacable.

*http://www.javierortiz.net/voz/piris