domingo, 17 de febrero de 2013

hay alternativas, incluso dentro del euro

Juan Torres López*

La situación en la que se encuentra la economía española y la de otros países de la Eurozona es dramática. Se mire por donde se mire, permanecer en las condiciones en las que estamos no puede llevarnos sino a un desastre de consecuencias imprevisibles. 


No se trata de ser catastrofistas sino de contemplar con realismo lo que está sucediendo y de anticipar lo que es previsible que venga detrás, a la vista de lo que ya ha ocurrido en otros países que pasaron por circunstancias parecidas a las nuestras. 

Permanecer sin más en el euro y aplicar las políticas de austeridad va a destruir la actividad productiva y a poner en las nubes la cifra de parados. Nos hundirá en la depresión durante años y hará que se vaya acumulando un volumen de deuda insoportable que imposibilitará cualquier tipo de cambio en el futuro inmediato. Seguir como estamos, simplemente aguantar el chaparrón, es suicida y, a mi modo de ver, la peor política posible. 

La impresión generalizada es que no hay alternativas a las imposiciones de Europa, que no queda más remedio que obedecer lo que dice la señora Merkel y aplicar sin rechistar lo que impone la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. 

Es cierto que nuestra pertenencia a la Unión Monetaria supone un corsé agobiante teniendo en cuenta la forma tan inadecuada en que conformó en su día. Y tan apretado que, a estas alturas, sería muy difícil salir de él sin tener que soportar un trauma social extraordinario (de hecho, ni siquiera está formalmente contemplado que un país abandone el euro) y costes económicos muy grandes. 

Pero, incluso en el marco de ese estrecho corsé, hay posibilidades alternativas y caminos diferentes a los que estamos siguiendo en España bajo el gobierno del Partido Socialista primero y ahora del Partido Popular. 

No me refiero aquí a políticas concretas o sectoriales, de las que me ocupé junto a Vicenç Navarro y Alberto Garzón en nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España , sino a los grandes escenarios en las que podría ser posible afrontar la parálisis económica en la que estamos como consecuencia, sobre todo, del incremento de la deuda soberana y de la falta de demanda y financiación que nos agobia. 

En este sentido más general ta mbién hay alternativas diversas, de diferente naturaleza y efectos, que incluso son compatibles con la pertenencia al euro. Me he ocupado de alguna de ellas en los últimos artículos que vengo escribiendo, que pueden encontrarse en mi web ( http://www.juantorreslopez.com ), y ahora me voy a limitar a mencionar las cinco que señalaba Ellen Brown hace unos meses refiriéndose al caso griego ( G reece and the euro: fifty ways to leave your lover ) y que creo que son perfectamente extrapolables a nuestro país. 

Una primera sería la emisión por parte del Banco de España de una moneda complementaria al euro. Sería una moneda de curso legal electrónica, cerrada, es decir, no convertible en otras divisas y utilizada como paralela y complementaria del euro, solo en los intercambios nacionales y que serviría para que se puedan realizar las transacciones que ahora no se pueden llevar a cabo por insuficiencia de euros. 

Aunque su puesta en marcha presenta lógicas dificultades técnicas y legales, que son comprensibles y evitables sin demasiados problemas, tendría grandes ventajas porque permitiría reducir el déficit comercial, bajar la necesidad de financiación y su coste, y propiciar una rápida recuperación de la liquidez interna para dinamizar la actividad empresarial y el consumo. 

Otra segunda vía sería que el propio Banco de España fuese el que emitiese euros para financiar sin apenas coste al Estado y evitar así que éste tenga que pagar unos intereses tan elevados como los que han provocado el gran incremento de la deuda en los últimos años. Puede parecer una posibilidad estrambótica pero lo cierto es que lo permite la normativa que regula el funcionamiento del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y que ya se ha utilizado en Irlanda. Si allí se permitió para salvar a los bancos privados lo complicado sería justificar que no se haya permitido para salvar a los países enteros. 

La tercera es una vía que si no ha sido utilizada ya es porque los gobiernos actúan o con una torpeza gigantesca o con una enorme complicidad con los intereses privados más poderosos. Como es sabido, el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a los gobiernos y eso es lo que ha obligado a estos últimos a endeudarse a altos tipos de interés en lugar de haberlo hecho sin apenas coste (España ha debido pagar en concepto de intereses unos 350.000 millones de euros de 1995 a 2011). Pero el artículo 123.1 del Tratado de Lisboa sí le permite financiar a las entidades de crédito públicas, de modo que si se hubieran nacionalizado bancos o cajas de ahorros podrían recurrir a la liquidez que proporciona el BCE sin apenas coste (actualmente al 0,75%) y utilizarla, a diferencia de lo que están haciendo los bancos privados que la reciben a manos llenas, para proporcionar crédito a las empresas y consumidores. 

El argumento que se da para no adoptar estas dos vías anteriores es que provocarían inflación. Pero eso no tiene fundamento. Si esa medida va acompañada de un plan efectivo de recuperación económica no cabe temer que produzca alza de precios y, en todo caso, no tiene por qué tener un efecto inflacionista mayor que el que puede provocar el extraordinario incremento de la base monetaria que se ha generado inyectando liquidez a los bancos privados. 

La cuarta vía que propone Ellen Brown la hemos defendido también otros muchos economistas y organizaciones sociales: un impuesto sobre las transacciones financieras. Algunos cálculos, como el del investigador Simon Thorpe a partir de los datos del Banco Central Europeo cifran el volumen total de transacciones financieras en Europa entendidas en el más amplio sentido en 1.600 billones de euros ( Total Eurozone Transactions in 2011: € 1.6 quadrillion) lo que da idea de la inmensa cantidad de recursos que se podría obtener (además de otros efectos positivos de la medida) si se aplicase incluso un impuesto moderado del 0,3 ó 0,5% . 

Cualquiera de estas medidas o su combinación permitiría abordar y solucionar los problemas que padecemos con mayor eficacia y desde luego con mucha más justicia. El mencionado Simon Thorpe pone el ejemplo de Grecia y señala que si allí se crease una banca pública y esta recibiera prestado del Banco Central Europeo al 1% el dinero suficiente para comprar la deuda griega, podría amortizar ese préstamo en diez años solo con el rendimiento de un modesto impuesto del 0,3% sobre las transacciones financieras. Es decir, sin necesidad de recurrir a los dramáticos recortes y sacrificios que se le están imponiendo a su población. 

Finalmente, Ellen Brown indica que los pueblos también tienen como alternativa, y como derecho, el repudio de una deuda que es verdaderamente odiosa si se tiene en cuenta que en gran parte es el resultado de manipulaciones en los mercados o, simplemente, de no haber tomado medidas como las que acabo de señalar y de las que ni siquiera nadie puede decir que sean contrarias a lo establecido en las normas que regulan la unión monetaria.

Es precisamente el hecho de que no se hayan tomado para evitar fácilmente el sufrimiento de la población y la ruina de las economías lo que demuestra que las políticas que se vienen imponiendo no se aplican porque sean irremediables o no tengan alternativas sino porque lo que se desea es favorecer con ellas a los grandes poderes financieros y empresariales. Así lo demuestra el resultado distributivo tan desigual que vienen produciendo. Y de ahí, justamente, el carácter inmoral, odioso y repudiable de la deuda que generan. 

Hay, pues, alternativas, no diré abundantes pero sí suficientes, que si se pusieran en marcha podrían evitar los daños que están causando las políticas actuales de austeridad y recortes de derechos. 

Nadie afirma que los caminos alternativos sean de fácil factura o que su implementación esté exenta de riesgos y dificultades pero lo cierto es que están a nuestro alcance. Es mentira que no los haya y que solo se pueda hacer lo que dictan los de arriba por boca de la señora Merkel. Se podrían poner en marcha si hubiese voluntad política y eso demuestra una vez más que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas y neutras sino políticas que tienen más bien que ver con el poder y con la democracia realmente existente. 

viernes, 18 de enero de 2013

el conflicto en mali servirá de pretexto para una intervención militar occidental en argelia


Exactamente como se predijo, el curso de la "intervención" francesa en la nación norteafricana de Malí se ha extendido a Argelia - el siguiente objetivo más probable de los intereses geopolíticos occidentales en la región desde la exitosa desestabilización de Libia en 2011. En el artículo de la semana pasada "La hipocresía de Francia mientras caen las bombas en Malí" se señaló específicamente que:

"Ya en agosto de 2011, Bruce Riedel, del think-tank financiado por el sistema financiero corporativo, la Institución Brookings, escribió que "Argelia será la próxima en caer", donde alegremente predijo que el éxito en Libia podría envalentonar a los elementos radicales en Argelia, AQMI en particular. Entre la violencia extremista y la perspectiva de ataques aéreos franceses, Riedel esperaba ver la caída del gobierno argelino. Irónicamente Riedel señaló:


Argelia ha expresado particular preocupación de que los disturbios en Libia podrían llevar al desarrollo de un refugio seguro y principal santuario de Al-Qaeda y otros yihadistas extremistas.

 
Y gracias a la OTAN, eso es exactamente en lo que se ha convertido Libia - un santuario patrocinado por Occidente para Al-Qaeda. El avance de AQMI (al-Qaeda en el Magreb Islámico) en el norte de Malí y la participación francesa ahora verá el conflicto inevitablemente extenderse a Argelia. Debe tenerse en cuenta que Riedel es co-autor del libro "Wich path to Persia?" que abiertamente conspira para armar a una nueva organización listada como terrorista por el Departamento de Estado de EE.UU.  (listada como la #28), los Mujahedin-e Khalq (MEK) para causar estragos en todo Irán y ayudar a derrumbar el gobierno de ese país - que muestra un patrón de utilización de organizaciones claramente terroristas, incluso las que figuran como tal por el Departamento de Estado de EE.UU., para llevar a cabo la política exterior de EE.UU."

 
Ahora, se informa de que terroristas vinculados a al-Qaeda han tomado rehenes estadounidenses en Argelia en lo que está siendo descrito por la prensa occidental como un "desbordamiento" de las operaciones de Francia en Mali. The Washington Post, en su artículo, "Militantes vinculados a al-Qaeda se apoderan de un complejo petrolero de BP en Argelia, toman rehenes en venganza por Malí", afirma:

"Mientras los helicópteros militares argelinos sobrevolaban el desierto del Sahara, los militantes islamistas se escondieron para pasar la noche en un complejo de gas natural que habían asaltado la mañana del miércoles, matando a dos personas y tomando decenas de rehenes extranjeros en lo que podría ser el primer derrame de la intervención de Francia en Malí".


The Wall Street Journal, en su artículo, "Militantes toman rehenes estadounidenses en Argelia", informa que:


"Militantes con posibles vínculos con al-Qaeda han capturado unos 40 rehenes extranjeros, incluidos varios estadounidenses, en un campo de gas natural en Argelia, lo que representa un nuevo nivel de amenaza para los países que tratan de mitigar la creciente influencia de los extremistas islámicos en África.


Mientras los agentes de seguridad en los EE.UU. y Europa evaluaron las opciones para llegar a los cautivos desde bases lejanas, las fuerzas de seguridad argelinas fracasaron en su intento de asaltar la noche del miércoles las instalaciones".

 
El Wall Street Journal también ha añadido:

 
"El secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que los EE.UU. tomarían" las medidas necesarias y adecuadas "en la situación de los rehenes, y no descartó una acción militar. Agregó que el ataque en Argelia podría representar un derrame del conflicto de Malí."

Y es la acción militar, tanto encubierta como cada vez mas manifiesta, la que hará que los elementos extremistas manipulados por Occidente y sus falsos esfuerzos por frenarlos, que cada vez más se infiltren y se extiendan a través de la frontera entre Malí y Argelia, al tiempo que los viejos mapas imperiales de Europa se vuelven a redibujar ante nuestros ojos.



Imagen: El imperio francés en su apogeo justo antes de las guerras mundiales. Las regiones que son ahora Libia, Argelia, Mali y Costa de Marfil, todas afrontan una reconquista por parte de los franceses y anglo-americanos, con las tropas francesas, literalmente, ocupando la región y desempeñando un papel fundamental en la instalación de regímenes afines a Occidente. Observe también que Siria era también un holding francés - ahora bajo el ataque de terroristas financiados, entrenados y respaldados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña - los mismos terroristas contra los que supuestamente luchan en Malí y ahora en Argelia.

Mientras tanto, estas fuerzas terroristas mismas continuan recibiendo fondos, armas, apoyo militar encubierto y reconocimiento diplomático en Siria, por porte de la OTAN, y en particular los EE.UU. y Francia, que son a la vez los que afirman luchar contra los aliados ideológicos del "Ejército Libre de Siria" en el norte de África. En realidad, Al Qaeda está permitiendo que los EE.UU. y Francia intervengan e interfieran en Argelia, después de varios intentos en 2011 de provocar la subversión política que fue derrotada por el gobierno argelino. Al Qaeda es esencialmente a la vez un casus belli y una fuerza mercenaria, desplegada por Occidente contra los países que son su objetivo. Es evidente que las operaciones francesas tratan de desencadenar conflictos armados en Argelia, así como una posible intervención militar occidental allí también, con el conflicto de Malí sirviendo sólo como un pretexto.




domingo, 2 de diciembre de 2012

¿por qué obama está silenciando la nueva guerra en el congo?

Shamus Cooke*

La última guerra del Congo acabó en 2003 después de causar 5,4 millones de muertos, el mayor desastre humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. El silencio internacional permitió aquella masacre al ignorar la guerra y ocultar sus causas porque los gobiernos apoyaban a los grupos involucrados en los combates. Ahora ha empezado otra guerra en el Congo y el silencio, otra vez, es atronador.

Podría parecer que el presidente Obama no se ha enterado de que ha estallado otra guerra en el Congo, marcada todavía por la guerra anterior, y que no ve el problema de los refugiados ni los crímenes de guerra cometidos por la milicia M23 que invade el país y ataca al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elegido democráticamente. 

Pero las apariencias engañan. Las manos del gobierno estadounidense están tan manchadas de sangre en este conflicto del Congo como lo estuvieron en el anterior, bajo la presidencia de Bill Clinton. La inmovilidad del presidente Obama es un aliento voluntario para los invasores de la misma manera que lo fue la de Clinton. En vez de denunciar la invasión y el intento de derrocar a un gobierno democrático elegido, Obama se convierte en cómplice voluntario de los invasores guardando silencio, un silencio muy expresivo.

¿Por qué hace esto Obama? Los invasores están armados y financiados por Ruanda, una «gran aliada», una marioneta de Estados Unidos. La ONU ha publicado un informe que demuestra que el gobierno de Ruanda apoya a los rebeldes, pero el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses pretenden que creamos que esa información es cuestionable. 

La última guerra del Congo causó 5,4 millones de muertos y también fue consecuencia de la invasión de soldados ruandeses y ugandeses, como explica el periodista francés Gérard Prunier en su excelente obra La guerre mondiale de l’Afrique. 

De hecho hay numerosos criminales de guerra ruandeses implicados en la última guerra del Congo y perseguidos por la Corte Penal Internacional, como Bosco Ntaganda, dirigente de la milicia M23. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, es un «gran amigo» de Estados Unidos y uno de los criminales de guerra más notorios del mundo por el papel principal que desempeñó en el genocidio ruandés y en la guerra del Congo que tuvo lugar a continuación. 

Un grupo de militantes congoleños y ruandeses no deja de reclamar que se juzgue a Kagame por su papel clave en el genocidio ruandés. 

Como explica Prunier en su libro, el genocidio ruandés fue desencadenado por la invasión de Ruanda de Kagame –desde Uganda, aliada de Estados Unidos- Cuando Kagame tomó el poder en Ruanda tras el genocidio, informó a Estados Unidos –durante un viaje a Washington- de que iba a invadir el Congo. En La guerre mondiale de l’Afrique Prunier cita a Kagame:

«He mencionado (a Estados Unidos) el hecho de que si la comunidad internacional no hace nada (contra el Congo), Ruanda actuará… Pero ellos (el gobierno de Clinton) no han dado respuesta» (p. 68)

En el lenguaje de la diplomacia internacional, el hecho de no responder a la amenaza de una invasión militar constituye una luz verde diplomática indiscutible.

Obama vuelve a dar la misma luz verde cegando a los mismos criminales de guerra mientras vuelven a invadir el Congo.

¿Pero por qué empezar otra guerra? El presidente de la RDC, Joseph Kabila,  colaboró en la invasión militar durante la última guerra congoleña. Como un buen chucho entregó la inmensa riqueza mineral y petrolera del Congo a las multinacionales. Pero enseguida empezó a tirar de su correa.

Se distanció de las marionetas estadounidenses de Ruanda y Uganda, por no hablar del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial controlados por Estados Unidos. El FMI, por ejemplo, desaconsejó a Kabila que firmara un acuerdo estratégico de desarrollo e infraestructuras con China, pero Kabila no hizo caso. Según The Economist

«…Parece que (El Congo) ha ganado el combate que le enfrentaba a los donantes extranjeros con respecto a un acuerdo de explotación minera y de desarrollo de las infraestructuras, por valor de 9.000 millones de dólares, que firmó el año pasado con China. El FMI, que se oponía con la objeción de que el acuerdo impondría al Congo una nueva deuda masiva, rechazó la anulación de la deuda de más de 10.000 millones de dólares que ya tiene el Congo».

Esos sucesos han convertido de pronto al dudoso amigo Kabila en enemigo. China y Estados Unidos se precipitan ambos como locos sobre la inmensa riqueza de materias primas de África y EE.UU. no tolera la nueva alianza de Kabila con China. 

Kabila ha enojado todavía más a sus antiguos aliados con la exigencia de renegociar contratos que garantizarían grandes beneficios a las multinacionales que explotasen los metales preciosos del Congo, con el fin de que el país se beneficie un poco de sus propias riquezas.

La RDC posee el 80% del cobalto mundial, un mineral muy precioso que se utiliza en la fabricación de aparatos tecnológicos modernos como armas, teléfonos móviles y teléfonos fijos. La RDC probablemente es el país más rico del mundo en recursos minerales –tiene de todo en abundancia, desde diamantes hasta petróleo- pero su población es una de las más pobres del mundo porque desde hace generaciones se saquean sus riquezas.

Y ahora se perfila una nueva guerra y la ONU no se mueve. Ya hay 17.500 cascos azules en la RDC sin hablar de las fuerzas especiales estadounidenses. La milicia M23 de los invasores cuenta con 3.000 combatientes. ¿Cuál fue la reacción de la ONU a la invasión? Según el New York Times

«Los oficiales de la ONU dicen que no tienen bastante personal para repeler a los rebeldes y que temen daños colaterales, pero muchos congoleños han dado su propio veredicto. El miércoles, los agitadores de Bunia, al norte de Goma, saquearon las instalaciones del personal de las Naciones Unidas».

Si Obama y/o la ONU hubieran declarado oficialmente que defenderían militarmente de la invasión al gobierno congoleño elegido democráticamente, la milicia M23 no se habría movido.

La Organización de los Derechos Humanos y otros grupos han acusado, con razón, a los comandantes de M23 «de masacres étnicas, reclutamiento de niños, violaciones masivas, asesinatos, secuestros y torturas». 

Pero en la ONU el gobierno de Obama ha defendido activamente a la milicia. El New York Times añade: 

«Algunos grupos de defensa de los derechos humanos reprochan a Susan E. Rice, la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas y principal candidata al puesto de secretaria de Estado del presidente Obama, que hasta ahora ha sido demasiado blanda con Ruanda, aliada fiel de Estados Unidos, y con su presidente, Paul Kagame, a quien conoce desde hace años. Los militantes la han acusado de dulcificar una resolución del Consejo de Seguridad que debía mencionar los vínculos del M23 con Ruanda y de intentar bloquear la publicación de una parte de un informe de la ONU que detallaba la forma en que Ruanda apoyaba en secreto al M23».

Es probable que la administración de Obama abandone su inmovilidad en cuanto sus aliados del M23 consigan derrocar al régimen y reabran el acceso de las multinacionales estadounidenses a las riquezas congoleñas. En este momento ya hay conversaciones en Uganda, un país a las órdenes de Estados Unidos, entre el M23 y el gobierno congoleño. Es poco probable que esas conversaciones den muchos resultados a menos que Kabila dimita y esa dimisión permita al M23 y a sus patrocinadores ruandeses tomar el poder en el país. El M23 sabe que está en una posición favorable para negociar, con el silencio de la ONU y del gobierno estadounidense.

Si la guerra se eterniza, habrá que esperar más silencio internacional, más masacres y limpiezas étnicas y que al pueblo congoleño, que todavía no se ha recuperado de la guerra anterior, le arrojen a los campos de refugiados donde volverá a ser masacrado por la milicia, violado, hambreado y sometido a toda la barbarie que acompaña a esta guerra particularmente brutal, una barbarie que se desencadena sin límites protegida por el silencio.

martes, 13 de noviembre de 2012

los motivos de la eurohuelga

Vicenç Navarro

Partidos conservadores y neoliberales están gobernando, tanto en España como en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo los de la Eurozona, implementando políticas públicas que tienen como consecuencia: 1) la realización de reformas laborales que conllevan la disminución de los salarios y el aumento del desempleo; 2) el descenso de la población activa; 3) la reducción de la protección social; 4) el recorte del gasto público social; 5) la privatización de las transferencias y de los servicios públicos del Estado del Bienestar; 6) la reducción de los derechos laborales y sociales; 7) la disminución y privatización de las pensiones públicas; y 8) el debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. La evidencia de que esto está ocurriendo es robusta y claramente convincente (ver sección Economía Política en www.vnavarro.org).

Donde tales políticas han alcanzado su máximo desarrollo ha sido en los países periféricos de la Eurozona, y muy en particular Grecia, Portugal y España. No es por casualidad que estos tres países sean los países donde las fuerzas conservadoras han sido más poderosas e influyentes en sus Estados durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Todos ellos han tenido dictaduras fascistas o fascistoides por un largo periodo de su historia e, incluso, durante su periodo democrático, cuando han estado gobernados por partidos de centro izquierda, las políticas de estos gobiernos han estado seriamente condicionadas por tales fuerzas conservadoras.

Tal dominio conservador explica que estos Estados se caractericen por: 1) ser muy pobres (sus ingresos al Estado representan sólo el 34% de su PIB en España, el 37% en Grecia y el 39% en Portugal, porcentajes mucho más bajos que el promedio de la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajos que en Suecia, el país donde las izquierdas han gobernado por más tiempo durante los últimos cincuenta años, y cuyo porcentaje es el 54%; 2) tener escasa sensibilidad social con sus Estados del Bienestar (transferencias, pensiones y servicios públicos, como sanidad, educación y servicios sociales) muy poco financiados (su gasto público social como porcentaje del PIB es el 22% en España, el 25% en Grecia y el 24% en Portugal, de nuevo más bajos que el promedio de la UE-15 con un 27% y mucho, mucho más bajos que el de Suecia, 30%); 3) la escasez de los recursos públicos, incluyendo empleo en los servicios de tal Estado del Bienestar –como, de nuevo, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, servicios sociales, entre otros- (sólo uno de cada diez adultos trabaja en tales servicios en España, comparado con uno de cada cuatro en Suecia. Si en España fuera uno de cada cuatro, se crearían cinco millones más de puestos de trabajo, eliminando con ello el desempleo); 4) tener las políticas públicas más regresivas y menos redistributivas de la UE-15. (La pobreza en España se reduce, mediante las políticas del Estado -tanto central como autonómico-, sólo 4 puntos, pasando del 24% de la población al 20%, el porcentaje de reducción de la pobreza más bajo –junto con Grecia y Portugal- de la UE-15. El promedio de la UE-15 es de 9 puntos, y en Suecia es de 14 puntos. Como consecuencia, España, Grecia y Portugal son los países con mayor porcentaje de la población que son pobres); 5) tener las cargas impositivas más regresivas e injustas (el trabajador de la manufactura en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El súper rico español, el 1% de la población con mayor renta, paga en impuestos sólo el 10% de lo que paga el súper rico en Suecia); 6) tener los fraudes fiscales más elevados de la UE-15 y también más concentrados en las rentas superiores y en las rentas derivadas del capital (en España el 74% del fraude fiscal -44.000 millones de euros- lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año –un 0,12% de todas las empresas- y la banca. Un tanto semejante ocurre en Grecia y Portugal).

En todos estos países un porcentaje muy reducido de la población (las élites financieras, económicas y mediáticas) tiene una enorme influencia sobre sus Estados, habiendo diseñado sistemas políticos de escasa representatividad electoral. Esta característica es especialmente acentuada en España, donde la Transición (mal definida como modélica) de la dictadura a la democracia, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la gran mayoría de medios de información y persuasión. De ahí que el sistema electoral sea escasamente proporcional y representativo.

Las consecuencias de este dominio conservador

La reducción de la capacidad adquisitiva de la población, resultado del descenso real de los salarios forzó a las familias a endeudarse, beneficiando con ello a la banca, la cual, en maridaje con la actividad más especulativa de la economía española, la actividad inmobiliaria, creó la burbuja inmobiliaria, alimentada también con dinero procedente de la banca alemana (entre otras) que hizo extraordinarios beneficios en aquella inversión especulativa. Durante el boom económico, creado artificialmente por tal burbuja, fuerzas conservadoras forzaron reformas fiscales, bajando los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital (20.000 millones de euros en España), que beneficiaron predominantemente a los sectores más pudientes de la sociedad, creando a la vez un agujero en las cuentas del Estado, que apareció más tarde cuando la burbuja estalló y el déficit del Estado apareció en toda su dimensión.

Como respuesta, el Estado español (así como el griego y el portugués) intentó reducir tal déficit, no mediante la reversión de los recortes de impuestos implementados durante la época de falsa bonanza, sino recortando el ya escasísimo gasto público social. Así se congelaron las pensiones para conseguir 2.000 millones de euros, cuando se podían haber obtenido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el patrimonio o 2.552 millones anulando la bajada de los impuestos de sucesiones. Y, más recientemente, las mismas fuerzas conservadoras han ido recortando 6.000 millones de euros en la sanidad española, cuando se podrían haber obtenido 5.300 millones anulando la bajada de impuestos de las grandes compañías financieras. Hoy el Estado español ha apoyado a la banca con una cantidad semejante al 10% del PIB a la vez que están recortando a diestro y siniestro los servicios y transferencias del Estado del Bienestar. Diariamente se están echando a más de 500 familias de sus hogares por no poder pagar su hipoteca, a la vez que se está ayudando a los bancos con el dinero de todos. Y se están imponiendo enormes sacrificios, y otros que vendrán, para pagar a la banca, tanto española como alemana (entre otras), el dinero que como usurera está consiguiendo a costa de unas prácticas inmorales, injustas y antidemocráticas.

Y digo antidemocrática porque, tal como indiqué en mi artículo “La necesaria huelga general” (Público, 01.11.12), todas estas políticas que se están llevando a cabo no tienen ningún mandato popular, pues ninguna de ellas estaba en los programas electorales sobre los que fueron elegidos. De ahí la necesidad en todos estos países de protestar y denunciar estas prácticas que se están realizando en contra y a espaldas de la gran mayoría de su población. Lo que estamos viendo en cada uno de estos países es el gobierno de una minoría a favor de una minoría, en contra de una mayoría. Las derechas de siempre, en cada uno de ellos, están ahora, bajo el falso argumento de que no hay alternativas, intentando conseguir lo que siempre desearon: la reducción de los salarios y de la protección social y la eliminación del Estado de Bienestar. Y no se puede permitir, por mera salud democrática, que ello ocurra. De ahí que se hayan convocado Huelgas Generales y/o movilizaciones el próximo día 14 de noviembre en cada uno de ellos, para protestar e impedirlo. La propia existencia de la democracia está en peligro.

lunes, 1 de octubre de 2012

otra estafa: el test que han hecho a los bancos también tiene trampas

Juan Torres López


En diversas ocasiones he demostrado que la crisis que padecemos es en realidad una sucesión de estafas cometidas por los banqueros, las agencias de calificación, los gobiernos, los grandes medios de comunicación, y los bancos centrales, entre otros (ver La crisis, una estafa detrás de otra).

La sucesión de engaños es realmente impresionante y es raro que pase una semana o dos sin que tengamos que hacernos eco de una nueva. La penúltima, en España, han sido los desvergonzados Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de Rajoy y sobre los que escribí ayer (Presupuestos 2013, un engaño más). Pero es que el mismo día en que fueron presentados volvimos a sufrir una nueva estafa, ahora con el test que acaban de realizar a los bancos españoles supuestamente con el fin de conocer rigurosamente su situación patrimonial presente y futura.

 
La verdad es que era fácil aventurar que algo de eso iba a ocurrir dado que diversos portavoces del gobierno y de la banca llevaban días diciendo que las necesidades eran más o menos de 60.000 millones de euros. Y, sobre todo, sabiendo que quien iba a hacer el test es Oliver Wyman, la consultora que, entre otros grandes hitos financieros, calificó a Anglo Irish como el “mejor banco del mundo” poco antes de que quebrase. 
¡Y así ha sido! Pero resulta que no se ha tardado ni 48 horas en descubrirse que las cifras del test están trucadas para que saliese la cantidad que previamente habían decidido que tenía que salir.

Efectivamente, nada más conocerse los resultados del test, diversos analistas han puesto de relieve que está hecho a base de mentiras y trampas ( ver El test de Oliver Wyman ha cocinado la cifra de 60.000 millones para la banca y no son datos creíbles ).


El truco

Los temas financieros suelen ser complicados y difíciles de entender para la gente normal y corriente pero creo que en este caso se puede explicar fácilmente donde radica el engaño para que cada uno saque entonces conclusiones.
Antes que nada hay que saber que estos test son sencillamente un ejercicio de simulación: se establecen unos escenarios hipotéticos para la economía, y se analiza cómo pueden afectar a los créditos que han dado los bancos para saber, finalmente, cuántas pérdidas van a tener y, si las tienen, si les hará falta o no capital adicional para absorberlas.

La clave, por tanto, está en acertar en tres cuestiones: 

a) el escenario que se cree que se va a dar.


b) los diferentes activos o créditos que tienen los bancos y cómo les va a afectar cada situación,

c) la exigencia de capital necesario para hacer frente a cada situación.

Pues bien, al análisis que ha hecho la empresa Oliver Wyman por encargo del gobierno se le descubren fácilmente los siguientes "fallos":

El primero podría ser más discutibles y es que los escenarios que contempla (uno base más favorable y al que califica como adverso) son demasiado optimistas, de modo que los efectos sobre la situación de los bancos es mucho más suave que los que se deducirían si se hubiera establecido otros más realistas.

El segundo es que, para que le salgan los números que antes de hacer el examen se quería que saliesen, contempla dos exigencias de capital distintas en cada escenario. En el favorable se fija que los bancos deben mantener en el llamado capital core (es decir, en el capital puro con el que de verdad pueden hacer frente a supuestas pérdidas) el 9% de los créditos concedidos. Un porcentaje que no es gratuito sino que es el establecido este verano pasado por el propio gobierno siguiendo las directrices europeas. Sin embargo, en el escenario adverso solo fijan el 6%.

De esta forma, no solo se contraviene la legislación sino que se comete un absurdo: se pide a los bancos menos capital para hacer frente a pérdidas si la situación es peor que si es mejor . Y el absurdo se refleja con toda nitidez en el propio informe que señala que al Banco de Santander y al BBVA le "sobrará" menos capital en la situación favorable que en la situación adversa (al primero, 19.181 millones de euros y 25.297 millones de euros, respectivamente, y al BBVA 10.945 millones y 11.183 millones).

El examen también tiene un fallo garrafal a la hora de considerar los activos o créditos que pueden dejar de cobrarse en cada escenario. 

Efectivamente, para deducir las posibles pérdidas de los bancos españoles se contabilizan el total de 1,4 billones de euros que tenían concedidos en créditos a finales de 2011 (227.000 a empresas inmobiliarias, 602.000 en hipotecas hogares, 254.000 a grandes empresas, 237.000 a Pymes y 115.000 en otros créditos diversos). Y a partir de ahí se estima que en el escenario favorable los bancos perderían 129.400 millones de euros (64.900 millones de inmobiliarias, 10.900 millones de hipotecas a familias, 14.000 de las grandes empresas y 25.000 millones de las Pymes). En el escenario adverso las pérdidas se serían 209.100 millones de euros. 

Al comparar esas pérdidas estimadas con el capital de cada uno de los bancos es como se deduce que las exigencias de capital total serán de 26.000 millones de euros en el escenario más favorable y de 54.000 millones en el escenario adverso ( 59.300 millones sin considerar los procesos de fusión y el impacto fiscal) . 

Ahora bien, el optimismo de esas cifras proviene, en primer lugar, de que el examen no ha tomado en cuenta los créditos que la banca española ha concedido al Estado español y que según el Banco de España a finales de agosto alcanzaban una cifra de 184.511 millones de euros. 
  
Es mucho suponer que la banca española vaya a cobrar todo ese crédito soberano, es decir, que a corto o medio plazo no se vaya a producir en España una quita o reestructuración de la deuda que suponga pérdidas adicionales a los bancos que la posean. 

 
Y en segundo lugar, algún analista también ha detectado que hay trampas en los cálculos efectuados para cada una de las entid ades. Así Guru Huky demuestra que con otras hipótesis más realistas que las del examen de Oliver Wyman a La Caixa no le sobrarían 5.700 millones de euros sino que le faltan casi 4.800 millones de euros (ver Informe Oliver Wyman. Tres trampas y una mentira y La trampa del test de estrés de Oliver Wyman. En realidad sólo 4 bancos no necesitán más capital ). 
 
 
Y a estas trampas hay que sumar evidentemente el mismo engaño que se produce cada vez que se le da dinero a bancos: que todo se hace para que vuelvan a dar crédito a empresas y consumidores. Incluso el muy optimista test de Oliver Wyman demuestra que la banca española va a acumular enormes pérdidas en los próximos años y que tendrá que ir reduciendo "apalancamiento", es decir, el porcentaje de crédito sobre su capital. Por lo tanto, será prácticamente imposible que el crédito fluya mientras se siga esta política de rescatar a bancos que están medio muertos para salvar a los banqueros. 

¿Hasta cuándo?  

En conclusión, los ciudadanos vamos a ser engañados una vez más: ya lo hicieron hace unos meses cuando después de examinar a Bankia el Banco de España afirmaba que estaba perfectamente, tal y como sucedió en otros países con otros bancos, que cayeron pocos meses o semanas después de haber superado "exitosamente" test de solvencia bancaria como los de ahora. 

Tienen previsto darle a los banqueros lo que haga falta para salvarlos y ya han decidido que el dinero lo pongamos la gente normal y corriente. Y punto. Si hace falta inventarse continuamente números, informes y mil excusas, se inventan. 

Lo impresionante es el poder de manipulación tan imponente que han acumulado y que les está permitiendo robar a plena luz del día sin que haya una movilización social gigantesca que les pare los pies de una vez por todas.



lunes, 17 de septiembre de 2012

¿es ee.uu. una democracia?

Vicenç Navarro*

Esta pregunta parece, a primera vista, una provocación, pero no lo es. En un momento como el actual con una extensa cobertura mediática de las elecciones a la Presidencia y al Congreso de EEUU, en la que aparece un debate vivo e intenso entre dos posturas distintas representadas por dos opciones claramente diferenciadas, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, cuyos candidatos a la Presidencia del país han sido resultado de unas primarias, especialmente intensas en el caso del Partido Republicano, tal pregunta será interpretada por la sabiduría convencional que tales medios reproducen, como una “frivolidad” en el mejor de los casos, o como un indicador más del supuesto “antiamericanismo” que supuestamente caracteriza a las izquierdas europeas. Puesto que tal acusación ya se ha hecho en más de una ocasión, me siento en la necesidad de aclarar que he vivido durante muchos años en EEUU y que me siento comprometido emotiva y políticamente con el bienestar de las clases populares de aquel país a las que he intentado servir durante mis años de trabajo en EEUU (desde las aulas de la academia hasta los despachos de la Casa Blanca), siendo mis críticas a las instituciones representativas de aquel país fruto de tal compromiso, pues comparto la percepción generalizada que tiene la mayoría de la población estadounidense de que tales instituciones representativas no representan en realidad sus intereses. El 85% (repito, el 85%) de la población estadounidense, por ejemplo, no considera que el Congreso de los EEUU represente sus intereses. Y cuando se les pide a quién creen que representa, la respuesta mayoritaría (el 82%) es la Corporate Class (los componentes de las élites empresariales de las grandes compañías o empresas del país).

La mayoría de la población lleva razón. Los debates de la vida política se hacen dentro de unos márgenes muy limitados definidos precisamente por tal Corporate Class, que es la que financia el proceso electoral y las campañas electorales de la gran mayoría de los políticos. Ni que decir tiene que existe diversidad en el abanico de propuestas hechas por los dos partidos mayoritarios –el Partido Republicano y el Partido Demócrata-, diversidad que es la que alimenta el debate político y mediático en el país. Pero tal diversidad está muy limitada debido a las fronteras ideológicas definidas por la Corporate Class. Existen miles de ejemplos de esta falta de diversidad. Por ejemplo, todas las ofertas de cambio en el sistema de sanidad, eminentemente privado (aunque financiado públicamente en un 48% de todo el gasto sanitario) no cuestionan el protagonismo de las compañías de seguro privadas en la gestión del sistema, y ello a pesar de que según las encuestas de opinión popular, una mayoría de ciudadanos en aquel país preferiría un sistema (como existe en Canadá) en que el papel de tales compañías sería muy inferior. En realidad, la aplicación del sistema canadiense en EEUU permitiría la extensión de la cobertura sanitaria a toda la población (medida deseada por la mayoría de la población) a un coste mucho menor que el actual de EEUU (que alcanza a ser un 16% del PIB). Tal posibilidad, sin embargo, ha sido descartada, incluso por el Presidente Obama. Las compañías de seguros privadas han financiado extensamente las campañas de todos los candidatos (tanto de los demócratas como de los republicanos) a la Presidencia de EEUU, impidiendo que tal alternativa sea incluso discutida. Y ello, repito, a pesar de su popularidad.

La baja calidad democrática de los sistemas mayoritarios

El sistema bilateral mayoritario, sin ningún sesgo de proporcionalidad, favorece esta captura de los partidos por los componentes de la Corporate Class. Es paradójico que EEUU, el prototipo del sistema electoral mayoritario sea tomado como ejemplo por algunas voces en España. El reciente artículo en El País “Una teoría de la clase política española” (14.09.12) proponiendo el sistema mayoritario muestra un claro desconocimiento de su autor, César Molinas, de la realidad política estadounidense, el sistema mayoritario “por excelencia”. En realidad las graves limitaciones que existen en la democracia española se basan precisamente en la escasa proporcionalidad de su sistema electoral. El protagonismo de la vida política y mediática del país por parte de dos opciones mayoritarias (favorecido por tal sistema electoral) en España ha empobrecido enormemente la vida política del país, facilitando, a su vez, su adaptación (cuando no coaptación) a los poderes financieros y económicos dominantes en España. No es extraño, por cierto, que los movimientos a favor de cambios profundos en sus sistemas democráticos –como el Occupy Wall Street y el 15M- hayan ocurrido en dos de los países con menor proporcionalidad en su sistema político (EEUU y España).

La privatización del sistema electoral

El otro problema de la democracia estadounidense es la privatización del sistema electoral. Las elecciones son financiadas predominantemente por fondos privados provenientes en su gran mayoría de las grandes empresas y de los grupos fácticos que donan su dinero con el objetivo (exitoso) de influenciar a aquellos que reciben el dinero. La gran mayoría de fondos que financian a los candidatos (incluyendo a Barack Obama en las últimas elecciones presidenciales y en las presentes) procedían y proceden de grandes empresas o asociaciones comerciales o profesionales.

Esta situación ha alcanzado su máxima dimensión con la aprobación por parte del Tribunal Supremo de EEUU, de una sentencia, en el caso Citizens United vs Federal Electoral Commission, permitiendo que las empresas pudieran dar tanto dinero como quisieran a los candidatos políticos a fin de influenciar las elecciones y/o las decisiones políticas. Estas empresas pueden, incluso, ser extranjeras. Hemos visto así como el Instituto Americano del Petróleo (IAP), el portavoz de las compañías petrolíferas, se ha gastado 7.3 millones de dólares para oponerse (exitosamente) a cualquier legislación federal que previniera el calentamiento ambiental, resultado de la utilización de petróleo. Uno de los dirigentes más activos ha sido Tofiq Al-Gabsani, el representante de las empresas petrolíferas basadas en Arabia Saudí, hoy uno de los mayores financiadores del candidato republicano Romney.

La participación activa del IAP en la financiación del Partido Republicano fue la causa de que el 86% de los nuevos miembros republicanos en las últimas elecciones al Congreso de EEUU firmaran un manifiesto, redactado por IAP, en el que se comprometían a oponerse a cualquier tipo de legislación que regulara el comportamiento de la industria petrolífera para prevenir el cambio climático. El IAP ha negado que el obvio cambio climático tenga nada que ver con la utilización del petróleo, financiando estudios de nula credibilidad científica que supuestamente muestran que tal cambio climático se deba a causas naturales (ver Lee Fang “How Citizens United unleashed millions in secretive spending by US and foreign firms”. The Nation. 27.08.12).

Otro ejemplo es la Asociación de la Industria Farmacéutica, que ha gastado 10 millones de dólares para evitar (exitosamente) que el gobierno federal sea el que defina el precio de los fármacos que éste compra, con lo cual el precio de tales fármacos los dicta la propia industria farmacéutica en lugar del gobierno federal. EEUU es el único país que no utiliza su enorme poder de compra de fármacos para dictar los precios de los productos farmacéuticos que compra. Tiene que comprarlos al precio marcado por la industria.

¿En qué se gasta el dinero?

Esta cantidad de dinero se utiliza sobre todo para comprar tiempo televisivo y radiofónico, abierto al mejor pagador sin ninguna regulación en la distribución de tal espacio. Y el contenido de los anuncios políticos, cuyo número y tiempo de exposición depende del dinero del candidato político, tampoco tiene ningún tipo de regulación. Un anuncio puede mentir descaradamente –como lo hacen los candidatos Romney y Ryan- sobre sus adversarios políticos sin que haya ninguna capacidad de respuesta, excepto comprando otro anuncio que lo rebata. El que tiene menos fondos puede aparecer y rebatir menos. De ahí que el objetivo de Romney sea conseguir varias veces más dinero que el candidato Obama, hoy Presidente, pues está seguro (y lleva razón en sus predicciones) que con tal abundancia de fondos puede derrotarlo. Y estos fondos proceden, de nuevo, en su gran mayoría de la Corporate Class. Como ha reconocido nada menos que el Senador Republicano John McCain, candidato republicano a la presidencia de EEUU en 2008, “las elecciones en EEUU son un juego de poder en el que ambos partidos políticos –el Republicano y el Demócrata- compiten para permanecer en sus cargos, vendiendo el país al mejor postor” (citado en Bill Moyers, Money in Politics: where is the outrage?). ¿Es esto una democracia? Imagínense que esto ocurriera en Venezuela. El follón que se armaría en los medios sería enorme. Ocurre en EEUU, y tales medios dedican horas y horas a lo que llaman proceso democrático en aquel país, sin cuestionar, ni una sola vez, si es, en realidad, un proceso democrático.